Biden firma ley que endurece las sanciones contra el gobierno de Nicaragua

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Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma la Ley Renacer

La Ley Renacer ya está en vigencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles el texto de la iniciativa legislativa, con lo cual la Administración estadounidense suma una herramienta más para endurecer las sanciones contra los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, podrá revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).

En un comunicado de prensa, la Casa Blanca detalla que la Ley Renacer “impone sanciones al Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega” y servirá “para restringir los préstamos bancarios multilaterales y atacar la corrupción del régimen”.

La legislación —Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer)— fue aprobada la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos, con respaldo de demócratas y republicanos al conseguir 387 votos a favor, 35 en contra y cuatro abstenciones. El texto ya contaba con el aval del Senado estadounidense, donde fue aceptado por una mayoría en agosto pasado.

La iniciativa fue presentada a finales de marzo pasado de manera bipartidista en el Senado. El proyecto fue liderado en la Cámara Alta por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. En la Cámara Baja, la propuesta ha sido impulsada por el congresista demócrata Albio Sires.

Tras “pantomima” electoral

La firma de Biden llega tres días después de las elecciones nicaragüenses, en las que Ortega y Murillo se aseguraron un periodo más de cinco años como presidente y vicepresidenta, respectivamente. La reelección de ambos ha sido rechazada por una mayoría de la comunidad internacional.

El presidente de Estados Unidos calificó las votaciones como “una pantomima que no fue ni libre ni justa”, mientras anunció que su Gobierno utilizará todas las herramientas económicas y diplomáticas, en coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, para responsabilizar al régimen por sus abusos.

En una declaración sobre “las elecciones simuladas” del país centroamericano, Biden denunció a Ortega y Murillo como autócratas que gobiernan en el país con un estilo nada diferente al que usó la familia Somoza, a la que el mismo gobernante sandinista ayudó a derrocar hace 40 años, cuando era un guerrillero.

“El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones. Cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas”, lamentó Biden.

Ley Renacer amplia motivos de sanciones

La Ley Renacer establece específicamente que serán sujetos a sanciones económicas las “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.

El texto detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del Consejo Supremo Electoral (CSE). Así como “miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares”.

También menciona a “personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia”.

Además, ordena a que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.

Entre 2019 y 2021, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.

Instituciones financieras y Rusia

La Ley Renacer amplía también la supervisión de los préstamos y asistencias que otorgan las instituciones financieras internacionales —Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI)—a Nicaragua. Este aspecto ya está contemplado en la Nica Act, firmada en diciembre de 2018 por el entonces presidente Donald Trump.

La legislación ordena “tomar todas las medidas posibles para aumentar el escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua, para asegurar que el préstamo o asistencia se está utilizando para los fines previstos”.

El texto aclara que cualquier suspensión no debe impactar a los proyectos vinculados a las “necesidades humanas básicas de la gente de Nicaragua”.

La ley exige también que el Departamento de Estado elabore informes de inteligencia sobre la influencia y las actividades del Gobierno de Rusia en Nicaragua.

Estos informes deberán contener detalles sobre la cooperación de personal militar entre Rusia y Nicaragua; servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos; las telecomunicaciones y navegación por satélite. Así como “las amenazas y riesgos que tales actividades plantean a los intereses nacionales de los Estados Unidos y su seguridad”, según el texto aprobado.

Revisión del DR-Cafta

La Ley Renacer recomienda también al Gobierno de Biden “revisar la participación continua de Nicaragua” en el acuerdo comercial DR-Cafta.

La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos 1500 millones de dólares en exportaciones, solo del sector textil. Empresarios y economistas consultados por CONFIDENCIAL aseguran que también afectará el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

El DR-Cafta —que entró en vigencia para Nicaragua el 1 de abril de 2006— representó una gran oportunidad para el país. Nicaragua pasó de exportar a Estados Unidos, 228.4 millones de dólares, en 2006, a 1402.1 millones de dólares, en 2020.

Confidencial


Proyecto de resolución de la OEA plantea declarar ilegítimas las elecciones en Nicaragua

El proyecto de la Resolución sobre «La situación de Nicaragua», tema en agenda de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), plantea declarar que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».

El documento, remitido este miércoles a la presidencia del Consejo Permanente del organismo, señala literalmente en el numeral dos: «Declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».

Este miércoles, la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, leyó en Managua el informe de los resultados de las votaciones con el ciento por ciento de las Juntas Receptoras de Votos, otorgándole a Daniel Ortega el 75.87 por ciento de los votos.

Las votaciones generales de Nicaragua, que se llevaron a cabo el domingo, 7 de noviembre, se caracterizaron por la escasa participación ciudadana, la exclusión de la oposición y la represión contra todo tipo de manifestación crítica contra Ortega.

Fuentes ligadas a la OEA, que solicitaron el anonimato, explicaron que el tema de Nicaragua podría ser analizado la tarde de este jueves o en las sesiones programadas para el viernes, día que concluye la 51ra. Asamblea General, que se realiza de manera virtual pero con Guatemala como sede central.

Respecto a la aprobación de la Resolución, una de las fuentes indicó que «Es muy probable. Es un tono bastante objetivo».

La Asamblea General es la máxima autoridad del organismo hemisférico. Para aprobar las mociones se requieren la mayoría simple de los 34 países miembros.

El proyecto de Resolución fue presentado por la representación de Canadá en nombre propio y en representación de las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.

Este miércoles, durante una conferencia de prensa, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, aseguró que serán los países que decidirán la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, en alusión a la toma de accesiones del organismo en el caso de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.

Agregó que en todo caso, los Estados Miembros de la OEA harán «una evaluación colectiva, en función del Artículo 20 de la Carta Democrática».

El artículo 20 de la Carta Democrática explica los pasos a seguir «en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático», y el siguiente artículo (21) establece la expulsión del país infractor, con el respaldo de dos tercios de los Estados Miembros.

En el caso de la aprobación de la aplicación de estos dos artículos (20 y 21) se requiere la aprobación de dos tercios de los países miembros, explicó una de las fuentes del organismo.

A evaluación inmediata
El proyecto de la Resolución instruye al Consejo Permanente del organismo a evaluar inmediatamente y hasta el 30 de noviembre, la situación de Nicaragua, en base la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, a fin de que «tome las acciones apropiadas».

Asimismo concluye que, con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, «las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno» y reitera el llamado para la liberación de todos los candidatos y presos políticos y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil.

Al inicio de la jornada de la Asamblea General de la OEA, los observadores permanentes OEA, la mayoría europeos, hicieron eco del rechazo de sus países a las votaciones de Nicaragua, entre ellos España, Italia, Suecia, Países Bajos y Alemania.

Excancilleres piden evaluar suspender a Nicaragua de la OEA
Por otro lado, cuarenta excancilleres de América Latina pidieron a la Asamblea General de la OEA, desconocer la reelección para un cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua, con sus rivales presos, y evalúe suspenderla del bloque si no hay nuevos comicios.

«Si el Gobierno de Nicaragua no acepta realizar nuevas elecciones libres, transparentes, justas», junto a «la liberación de todos los presos políticos, llamamos a la Asamblea General de la OEA a convocar a un período extraordinario de sesiones para aprobar la suspensión del Estado de Nicaragua» del bloque, dice el documento, en aplicación de la Carta Democrática.

El pedido es firmado por exministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, agrupados bajo iniciativa de la ONG Idea Internacional.

«La OEA no puede reconocer este resultado electoral ni a las autoridades que surgen de esa votación amañada», dice la carta, fechada en Ciudad de Panamá.

El antecedente del 20 de octubre
De pasar a votación, la Resolución sobre la situación de Nicaragua, que ya está incluida en la agenda de la Asamblea General, deberá ser aprobada por los países miembros.

El 20 de octubre, del Consejo Permanente del organismo, discutió la «situación de Nicaragua», donde se abordó el clima político del país a menos de 20 días de las votaciones generales de este país y sin ningún voto en contra y siete abstenciones, fue aprobada una Resolución con el respaldo de 26 países.

El Gobierno de Nicaragua anunció un día antes que no participaría en esta sesión, como rechazo a que se aborden «aspectos que corresponden única y exclusivamente a la decisión de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses», manifestó en una declaración escrita.

La Resolución aprobada indicaba «adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51ra Asamblea General».

La Prensa


CSE asigna el 75.87% de los comicios al Frente Sandinista

El Consejo Supremo Electoral (CSE) en su tercer y último informe sobre los resultados de los comicios del pasado 7 de noviembre, otorgó la victoria al Frente Sandinista con 2,938,346 votos, lo que equivale al 75.87 por ciento de los votos escrutados, indicó Brenda Rocha, magistrada presidente del poder electoral.

Como segunda fuerza política, el CSE ha colocado al Partido Liberal Constitucionalista, (PLC), controlado por María Haydée Osuna, quien ha sido señalada por exmiembros de ese partido por ser colaboracionista de la dictadura.

El tercer lugar en los resultados de las elecciones generales con los resultados de presidente y vicepresidente se encuentra el partido Camino Cristiano Nicaragüense, con su aspirante presidencial, el reverendo Guillermo Osorno.

En la conferencia de prensa a la que solo asistieron medios oficialistas, comparecieron los magistrados Brenda Rocha; Alma Nubia Baltodano; Devoney McDavis; Mayra Salinas Uriarte; Lumberto Campbell Hooker; Cairo Amador y Leonzo Knight.
Participación del 65.26 por ciento

El Poder Electoral dominado por magistrados fieles al dictador, señaló que de las 13 mil 459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas a nivel nacional, hasta el informe final se habían escrutado 13 mil 458 JRV, lo que equivale al 99.99%, quedando pendiente una JRV (0.01%).

Brenda Rocha informó que a nivel nacional se obtuvieron 2 millones 921 mil 430 votos, de ellos 2 millones 759 mil 743 fueron válidos, mientras que 161 mil 687, fueron votos nulos.

El CSE asignó los siguientes porcentajes a los partidos políticos que participaron en la “farsa electoral”.

PLC: 395 mil 406 votos (14.33%)

Alianza FSLN: 2 millones 93 mil 834 votos (75.87%)

Camino Cristiano: 89 mil 853 votos (3.26%)

ALN: 85 mil 711 votos (3.11%)

APRE: 48 mil 429 votos (1,75%)

PLI: 46 mil 510 votos (1.69%)

El observatorio de Urnas Abiertas sitúa la abstención entre un 79% como mínimo y un 84% como máximo para un promedio nacional de 81.5%, así lo destacaron en el segundo informe al final de la noche de este domingo. Este observatorio considera que hubo sólo 18.5% de participación en los comicios convocados por Daniel Ortega.

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