Bolivia | Comité Contra la Tortura de la ONU clasifica como “paramilitares” a grupos de la oposición

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Comité de la ONU señala a la Resistencia Juvenil Cochala y a la Resistencia Juvenil Cruceñista como grupos paramilitares

El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó el viernes a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y a la Resistencia Juvenil Cruceñista como grupos “paramilitares” por haber incitado convulsiones sociales y perpetrar hechos de violencia en contra de la población durante la crisis que se desató en Bolivia a finales de 2019.

“Llamada Resistencia Juvenil Cruceñista, que se desplazaban igual que la anterior (Resistencia Juvenil Cochala) en motocicleta, por los llamados motoqueros, utilizando bazucas caseras o palos como armas, justificando su acción en defensa de la democracia, para apoyar en barrios a los opositores de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante paros y bloqueos”, afirmó el presidente del Comité Contra la Tortura, Claude Heller Rousant, durante la sesión de Ginebra, Suiza.

“Los hechos de discriminación racial se expresaron en acciones conjuntas de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista, y antindígena se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. La gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecía a este segmento de la población”, añadió el representante internacional.

Heller destacó que algunos grupos, denominados “pititas”, fueron los responsables de financiar a estos grupos paramilitares que operaban en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz para contrarrestar las protestas de sectores sociales, durante la crisis de 2019.

“Estos grupos paramilitares fueron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”, sostuvo.

Aseguró también que se perpetraron hechos de racismo y discriminación contra de la sociedad civil y miembros de la prensa, la quema y agravio de símbolos patrios como la wiphala y que las fuerzas del orden y de la seguridad actuaron en “cooperación” con los grupos irregulares mencionados.

Denunció además, que desde “la propia presidencia interina (de Jeanine Áñez) se expresaron discursos racista y de discriminación en contra de los pueblos indígenas.

Viceministerio de Comunicación

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