Nicaragua | EEUU y Reino Unido sancionan a funcionarios del gobierno

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EE. UU. sanciona al superintendente de Bancos, ministro de energía y otros siete operadores del régimen

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó este lunes 15 de noviembre, a nueve operadores del régimen orteguista, que incluye al Superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, y al viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría, quien firmaba los contratos y acuerdos de esta cartera, después que el ministro Iván Acosta fue sancionado en mayo de 2020.

Además, sanciona al ministro de Energía, Salvador Mansell; al director del Instituto Nacional de Energía, José Castañeda; y al gerente del Despacho de Carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Rodolfo López.

Las sanciones también incluyen al ministro asesor y delegado presidencial para África, Medio Oriente y los países Árabes, Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del fallecido dictador libio Muamar el Gadafi.

Igualmente, al Ministerio Público, encargado del montaje de supuestos delitos en contra de opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios y activistas nicaragüenses, entre ellos siete precandidatos presidenciales.

Esta es la lista más larga de sancionados orteguistas emitida por el Tesoro de Estados Unidos, que también alcanza a tres alcaldes orteguistas: Sadrach Zeledón, de Matagalpa; Francisco Valenzuela, de Estelí, y Leonidas Centeno, de Jinotega.

Sanciones al aparato económico del régimen orteguista

Estas sanciones de Estados Unidos son las primeras tras la farsa electoral del 7 de noviembre, en la que Daniel Ortega se reeligió por cuarto período consecutivo. Las sanciones apuntan a operadores señalados por violaciones contra los derechos humanos, y también a aquellos con relación al sistema bancario y económico de Nicaragua.

El superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, es uno de los más férreos defensores de la dictadura, que antes de 2019 fue presidente de la Contraloría General de la República. Entre los argumentos para sancionarlo, Estados Unidos cita que Montenegro ordenó a los bancos cumplir con una solicitud del Ministerio Público de entregar y auditar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios en el marco de la Ley 1055, que el régimen ha utilizado para acusar a una treintena de líderes políticos, cívicos, profesionales independientes y empresarios, entre ellos siete precandidatos presidenciales a quienes Ortega anuló de la competencia política.

Por otra parte, el viceministro de Hacienda, José Adrián Chavarría es el encargado de firmar los contratos y acuerdos de esta cartera, después que el ministro Iván Acosta fue sancionado en mayo de 2020. Estos contratos, incluyen los del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ha entregado al régimen orteguista más de 2289 millones de dólares —un promedio superior a los 450 millones de dólares anuales— pese a las críticas y demandas para que cese su financiamiento por la violenta represión orteguista y el estado policial de facto que pisotea los derechos humanos.

Las sanciones incluyen a tres funcionarios del sector energía en el régimen orteguista. El primero de ellos: el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, también a cargo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), bajo cuya gestión se han iluminado los árboles de la vida en Managua, el sello del poder de la vicepresidenta Rosario Murillo. Además, el gerente del Despacho de Carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Rodolfo López Gutiérrez, y el presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda.

También fue sancionado el sobrino del fallecido dictador libio Muamar Gadafi, exsecretario privado de Daniel Ortega, socio fundador del Canal 13 (administrado por los hijos de mandatario) y actual ministro asesor para África, Medio Oriente y países Árabes, a Mohamed Lasthar, quien justificó la represión del régimen nicaragüense diciendo que se había tratado con “misericordia” a algunos opositores que procesaban como “traidores de la patria”.

En la lista de sanciones continúan tres alcaldes sandinistas: Sadrach Zeledón Rocha (Matagalpa), Francisco Valenzuela (Estelí) y Leónidas Celedón (Jinotega), señalados por cometer abusos a derechos humanos en 2018. Estados Unidos sostiene que Zeledón está involucrado directamente en la represión; que desde la oficina de Valenzuela se ordenó colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes en Estelí, y que Centeno está vinculado a los órganos que participaron contra los manifestantes.

Sanciones al Ministerio Público por ataque a precandidatos

Las sanciones también incluyen al Ministerio Público a nivel institucional, que se une a la Policía entre las instituciones sancionadas tras la represión desatada contra la población en 2018. En una investigación de CONFIDENCIAL se denunció la existencia de todo un equipo dedicado a inventar falsos cargos para sustentar las acusaciones falsas contra los presos políticos.

Sin embargo en su resolución, Estados Unidos recuerda que fue la Fiscalía la que imputó cargos contra los precandidatos presidenciales presos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

“El Ministerio Público también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas”, sostiene EE. UU., al describir a ese aparato orteguista como instrumento para tomar acciones políticas que atentan contra la democracia e institucionalidad del país.

Primeras sanciones de Estados Unidos tras la farsa electoral

Las nuevas sanciones de Estados Unidos, oficializadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), constituyen la primera respuesta de la Administración de Joe Biden a las votaciones fraudulentas del pasado 7 de noviembre, en las cuales Daniel Ortega se reeligió sin competencia política para un cuarto período consecutivo. Además, es la lista más larga de sancionados, con lo cual ya son casi cuarenta los operadores del régimen sancionados por Estados Unidos.

“El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto”, sostuvo Andrea M. Gacki, directora de la OFAC, quien considera que su país está enviando un mensaje a Ortega y su círculo íntimo de que respalda al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia”.

Confidencial


Reino Unido sanciona a Rosario Murillo y siete funcionarios

El Reino Unido impuso este lunes 15 de noviembre sanciones contra ocho nicaragüenses de alto rango, entre ellos Rosario Murillo, vicepresidenta designada, y otros siete funcionarios de la Policía, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE), Fiscalía, Asamblea Nacional y la Alcaldía de Managua.

Los demás sancionados son los comisionados mayores de la Policía, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle —ambos señalados de dirigir violentos ataques contra opositores al régimen desde el levantamiento social de 2018—; la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; el magistrado del CSE, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

«La elección fue fuertemente criticada por el Reino Unido, Estados Unidos, la UE y Canadá y otros debido al arresto arbitrario y la detención de opositores políticos, la represión de los medios independientes y la disolución forzada de los partidos de oposición», argumenta el Reino Unido ante las medidas impuestas el mismo día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Ministerio Público y nueve funcionarios allegados al régimen orteguista.
Alcance de las sanciones

De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones impuestas tienen como alcance la prohibición de viajes y congelamiento de activos a los sancionados señalados de «ser responsables de socavar los principios e instituciones democráticos de Nicaragua, la comisión de graves violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil».

Los funcionarios sancionados no puedan viajar libremente al Reino Unido, canalizar dinero a través de bancos del Reino Unido o beneficiarse de la economía del Reino Unido. «Estas medidas restrictivas están dirigidas a las personas y están cuidadosamente dirigidas a minimizar el impacto en la economía en general», aclara Reino Unido.

De la misma manera se explica que estas acciones fueron coordinadas con Estados Unidos y Canadá, quienes han impuesto sanciones similares a los principales funcionarios nicaragüenses, para «maximizar la presión sobre el régimen de Ortega para que cambie su comportamiento y ponga fin a la represión de sus ciudadanos». Y a la vez, advierte que «continuaremos trabajando con socios de ideas afines como los EE. UU., Canadá y la Unión Europea (UE) en medidas adicionales coordinadas para responder a la situación en Nicaragua».

El Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE, en un proceso político conocido como brexit​, desde el 31 de enero del 2020. El Reino Unido lo integran los estados de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

«Costo real por sus acciones represivas», indica ministra

Wendy Morton, ministra para Europa y América, manifestó tras el anuncio de las sanciones que el régimen de Ortega «está negando al pueblo nicaragüense sus derechos humanos fundamentales. Las recientes elecciones presidenciales fueron manipuladas y políticos de la oposición y manifestantes pacíficos han sido encarcelados sistemáticamente por motivos políticos».

La ministra afirmó que «el Reino Unido siempre será un campeón feroz de la libertad en todo el mundo y estas sanciones garantizarán que los responsables de los ataques a la democracia en Nicaragua enfrenten un costo real por sus acciones».

Con el anuncio de la imposición de medidas, Reino Unido reitera el pedido de la liberación «inmediata e incondicional» de todos los líderes de la oposición y otros presos políticos en Nicaragua, y el restablecimiento completo de todos sus derechos civiles y políticos, tal como lo afirmó tras el resultado de las elecciones en el territorio nicaragüense, mismo que rechazó.
Los argumentos de Reino Unido

1. Rosario Murillo Zambrana

Reino Unido sancionó a Murillo en calidad de vicepresidenta, primera dama de Nicaragua, portavoz del Gobierno y líder de la Juventud Sandinista (JS). «Hay motivos razonables para sospechar que, en su puesto de vicepresidenta, Murillo tenía autoridad y conocimiento de la represión de manifestaciones y actividades políticas respaldada por el Estado; represión de civiles, incluso a través de su liderazgo en la Juventud Sandinista, y el descrédito de periodistas independientes y la exclusión de candidatos del proceso electoral», sostiene la Administración británica, por lo que señala a Murillo como «responsable de socavar la democracia y el imperio de la ley, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de violaciones de derechos humanos».

2. Fidel Domínguez

Al comisionado y jefe de la Policía en León, Domínguez, lo señalan como «responsable de socavar la democracia y el imperio de la ley, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y las violaciones de derechos humanos dentro de la ciudad de León. También hay motivos razonables para sospechar que tiene conocimiento y autoridad sobre violaciones similares cometidas por sus subordinados dentro del Departamento de Policía de León» bajo su cargo.

3. Juan Valle Valle

A Valle Valle, jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía, Reino Unido lo identifica como «responsable de violaciones de derechos humanos contra civiles durante las protestas, que comenzaron el 18 de abril de 2018. El Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la PNN, del cual Valle Valle es jefe, ha restringido reiteradamente la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses en Managua. Valle Valle fue responsable del hostigamiento policial contra personas refugiadas en el centro comercial Metrocentro de Managua en 2019. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y el Estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de violaciones de derechos humanos».

4. Alba Luz Ramos

En esa misma línea, Reino Unido sancionó a Ramos en su calidad de presidenta de la CSJ de Nicaragua e integrante del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. «Hay motivos razonables para sospechar que, en su función de presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ha socavado la independencia del poder judicial, negando a los acusados en los tribunales un juicio libre y justo, y permitiendo y alentando activamente el trato cruel, degradante e inhumano de los acusados. Es responsable de socavar la democracia y el Estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de violaciones de derechos humanos», indica Reino Unido.

5. Gustavo Porras

En el caso de Porras, el gobierno británico insiste en recalcar que ha sido el eterno presidente de la Asamblea desde el 2017. «Durante este tiempo, Porras ha presidido, presentado, votado, firmado y defendido públicamente leyes que socavan la democracia, violan los derechos humanos y reprimen a la sociedad civil y la oposición democrática. . Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y el Estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de las violaciones de derechos humanos», señala Reino Unido.

6. Ana Julia Guido

A Guido la sancionó Reino Unido en calidad de fiscal general de la República de Nicaragua y precisa que «existen motivos razonables para sospechar que en su rol de fiscal general se ha involucrado activamente en socavar la independencia y competencia del Ministerio Público; reprimir a candidatos políticos, organizaciones no gubernamentales y periodistas; y restringir el acceso a juicios libres y justos, la libertad de arresto y detención arbitrarios, la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y el derecho de todas las personas en Nicaragua a los derechos humanos independientemente de sus opiniones políticas. Es responsable de socavar la democracia y el Estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de violaciones de derechos humanos».

7. Lumberto Campbell

En el caso de Campbell, Reino Unido lo identifica como un alto funcionario del Gobierno de Nicaragua, recuerda que fungió como vicepresidente y posteriormente presidente interino del CSE, en la actualidad continúa como magistrado de esa organización. «Hay motivos razonables para sospechar que en estos roles ha reprimido las elecciones libres y justas durante las protestas cívicas de 2018, ha mostrado su partidismo hacia el régimen de Ortega mientras se desempeñaba como alto funcionario en el Consejo Supremo Electoral y desempeñado una actuación activa en la disolución de los partidos de oposición. Es responsable de socavar la democracia y el Estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de violaciones de derechos humanos», reconoce el gobierno británico.

8. Fidel Moreno

Moreno fue sancionado en su cargo como secretario general de la Alcaldía de Managua desde 2007, y secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). «Hay motivos razonables para sospechar que, en su función de secretario general, es responsable de socavar la democracia y el Estado de derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de violaciones de derechos humanos», indica Reino Unido.

Estos son los funcionarios orteguista sancionados

El gobierno británico añade que las nuevas sanciones se suman a las seis que se prorrogaron cuando el Reino Unido abandonó la UE en virtud de las Regulaciones de Nicaragua en 2020 y una designación que el Reino Unido impuso el 26 de abril de 2021 en virtud de las Regulaciones Globales de Sanciones Anticorrupción 2021. En total son 15 los funcionarios sancionados.

El 4 de mayo de 2020, el Gobierno del Reino Unido adoptó sanciones contra los seis funcionarios del régimen orteguista —mismos que la Unión Europea (UE)— a quienes se las aplicó por violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses. Los sancionados en esa ocasión fueron: el director de la Policía Orteguista, Francisco Díaz; el subdirector Ramón Avellán, los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, así como la exministra de Salud, Sonia Castro y Néstor Moncada Lau, asesor para asuntos de seguridad del dictador Daniel Ortega.

Un año después, el gobierno británico sancionó por corrupción a José Francisco López Centeno, el poderoso tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fiel aliado del dictador Daniel Ortega. El gobierno británico señaló que Chico López, como vicepresidente de la compañía estatal Alba de Nicaragua (Albanisa), ha estado involucrado en casos de «apropiación indebida». «Durante su liderazgo, fondos públicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados», indicó Reino Unido.

El nicaragüense fue incluido en una lista de 22 personas alrededor del mundo sancionadas por el nuevo régimen de anticorrupción global del Gobierno de Reino Unido. Las sanciones que entraron en vigor este mismo lunes, también prohíben la entrada en el país de individuos acusados o sospechosos de casos graves de corrupción, incluidos soborno y apropiación de fondos o activos públicos.

La Prensa


 

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