ONU expresa preocupación por la Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el oficialismo

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Relator especial de la ONU muestra su preocupación por Ley de Agentes Extranjeros y ofrece asistencia técnica al gobierno

Clement Voule, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad sindical y de reunión pacífica, aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter que el proyecto de ley de Agentes Extranjeros le genera una “seria preocupación” por las severas restricciones a las asociaciones y que se pondrá en contacto con el gobierno salvadoreño para ofrecer asistencia técnica.

“Estoy recibiendo información sobre un nuevo proyecto de ley de Agentes Extranjeros en El Salvador que busca imponer severas restricciones a las asociaciones. Me pondré en contacto con el Gobierno para plantear mi seria preocupación por el proyecto y ofrecer asistencia técnica”, escribió en un primer tuit Voule.

La Ley de Agentes Extranjeros fue presentada el pasado martes 9 de noviembre por el Ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, a la Asamblea Legislativa con la justificación que esta servirá para “garantizar la soberanía del país”, sin embargo, especialistas y sectores afectados han asegurado que lo que se busca es callar la crítica y limitar la contraloría hacia el gobierno.

Esta ley exige a las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones sin fines de lucro que reciben fondos de organizaciones en el extranjero un impuesto del 40 % de los recursos recibidos, poniendo en riesgo la ejecución de proyectos de diversas ONG y el trabajo de medios de comunicación.

Por otra parte, el relator especial pidió a la Asamble Legislativa que se abstengan de aprobar dicha ley que ya fue discutida y avalada por la comisión de Relacciones Exteriores luego de tres sesiones en las que recibieron a Bidegaín, así como al fiscal impuesto, Rodolfo González, y al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

“Pido al Congreso que se abstenga de aprobar la ley propuesta! Este tipo de leyes no puede ser adoptada en un procedimiento sumario y sin asegurar la participación significativa del sector de la sociedad civil El Salvador”, dijo Voule en un segundo tuit.

Esta propuesta plantea un Registro de Agentes Extranjeros de obligatorio cumplimiento y una multa que fue aumentada hasta 250 mil dólares, para las entidades que no cumplan con los plazos establecidos en la ley y en reglamentos que serán creados por el Ejecutivo. El Gobierno también podrá “solicitar la cancelación de la personalidad jurídica” si así lo estima conveniente.

Los sujetos obligados en la ley tendrán un plazo de 90 días para inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros” y tendrán prohibido realizar actividades, movimientos de recursos y bienes materiales “mientras no cumplan con esta obligación”.

La iniciativa de ley surgió luego de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) informara sobre el donativo de $300 millones a organizaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras, las cuales trabajarían con temas de migración.

Prensa Gráfica


Ley de Agentes Extranjeros castigará con cárcel a quien “contravenga orden público”

Los diputados de Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa acordaron este martes dar luz verde a la Ley de Agentes Extranjeros, en la cual incluyeron a última hora castigar hasta con cinco años de cárcel a quien “contravenga el orden público”.

La comisión de Relaciones Exteriores incluyó el siguiente artículo: “Toda persona natural o representante de persona jurídica que, para efectos de la presente ley, ostenta la calidad de agente extranjero ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional, o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjeros, será sancionada con pena de prisión de 2 a 5 años”.

Este nuevo artículo 12 fue propuesto por el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua.

A juicio del abogado constitucionalista Enrique Anaya, dicha disposición es inconstitucional porque viola el principio de legalidad.

“En derecho penal, el tipo penal, que es la conducta por la cual se debe sancionar, debe estar específicamente prevista y creo que el lenguaje en el cual ha sido redactada la disposición penales excesivamente ambiguo, y por lo tanto, viola el principio de legalidad penal”, explicó el abogado.

ElSalvador.com

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