Perú | Comunidades indígenas denuncian la muerte de un líder por contaminación petrolera

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Dirigente Awajún muere por presunta contaminación petrolera en Loreto

Las comunidades nativas Awajún y Federaciones del Datem del Marañón, denunciaron la muerte del Apu, Agustín Ampush Tseje, que ocurrió debido a la contaminación petrolera provocada por la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, dirigida por la empresa estatal Petroperú.

«El Apu Agustín Ampush Tseje ha fallecido a consecuencia de males provocados por la contaminación, igual como han padecido muchos de nuestros familiares y hermanos», se lee en el comunicado firmado por 12 líderes indígenas amazónicos.

En el mismo comunicado los nativos reiteran su pedido de cierre de los lotes petroleros 95, 8, 192, 67 y la estación 5 del Oleoducto Norperuano, debido a denuncias de contaminación ambiental. Además, consideran que estas empresas «no aportan económicamente el incremento del Producto Bruto Interno (PBI)».

«Se han devastado nuestros territorios por la contaminación petrolera, el impacto es irreversible, nuestra subsistencia está en peligro. Se ha atentado contra nuestra soberanía alimentaria, los lagos, cochas, tahuampas, ríos y quebradas están envenenados, por eso decimos: no más actividad petrolera irresponsable o cierre de toda actividad», expresaron.

Como se sabe, las comunidades indígenas de Loreto, afectados por la actividad petrolera, acatan un paro indefinido desde el 4 de octubre y no permitirán la extracción de petróleo en su territorio hasta que se solucione sus demandas.
Vacunas no llegan a nativos

Por otro lado, el líder Awajún, Ismael Pérez, afirmó que Agustín Ampush «nunca fue vacunado». Por ello, pidió al ministro de Salud, Hernando Cevallos, que se apliquen las vacunas en las zonas de frontera con mejor coordinación con los pueblos, debido a que los pobladores permanecen muy dispersados.

«No estaban llegando las brigadas porque no tenían presupuesto, no tenían combustible, varias excusas. Nos reunimos en Lima con el ministro de Salud y se le ha planteado toda esta problemática. Hay que tener en cuenta que para llegar a una población indígena hay que avisar anticipadamente porque para vacunar, al menos a 20 personas, hay que viajar entre 1 o 2 días», agregó.
Petroperú denuncia amenazas

Este martes, Petroperú denunció que «ha recibido la amenaza de incendiar los activos que se encuentran en la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, amenaza realizada por parte de los líderes que mantienen ilegalmente bajo su control esta instalación durante 28 días, lo que constituiría un atentado a infraestructura del Estado peruano».

Cabe recordar que se trata de una zona industrial donde hay cerca de 70 mil barriles de crudo almacenado y otros elementos de combustión que junto al fuego pueden producir un siniestro catastrófico.

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Más conflictos sociales complican al Gobierno

A tres días de que el Congreso resuelva el voto de confianza para la primera ministra Mirtha Vásquez, el Ejecutivo aún debe lidiar con siete conflictos sociales en diversas regiones del país que, durante los últimos días, han tenido una escalada de violencia.

El domingo por la noche, el Gobierno había conseguido que en Ayacucho los habitantes de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara levanten su paro contra el campamento minero Apumayu, que había sido incendiado el 30 de octubre.

Pero en paralelo, ese mismo día quedó en evidencia que al Ejecutivo aún le faltaban resolver otras protestas.

En Áncash, la compañía minera Antamina suspendió sus actividades debido a que los ciudadanos de la Comunidad de Aquia bloquearon el corredor minero. El paro allí data del 24 de octubre. La población denuncia que esta empresa usa de manera ilícita su territorio y que ha ocasionado contaminación ambiental.

La primera ministra Mirtha Vásquez, al respecto, respondió en Canal N que los manifestantes han reclamado durante bastante tiempo que se inicien mesas de diálogo y que no se siga calificando a la gente como violentista o manipulada.

En un intento por calmar las aguas, ayer por la mañana se reunieron el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, y el CEO de Antamina, Víctor Gobitz. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguna de las partes involucradas respondió si hubo acuerdo.

En este diálogo no participó el presidente de la comunidad de Aquia, Adán Damián Gamarra. El dirigente, en conversación con La República, demandó que sea el presidente Pedro Castillo y la jefa de gabinete, Mirtha Vásquez, quienes vayan a Aquia a instalar una mesa de trabajo y resolver el problema para llegar a acuerdos que cuenten con la venia de los pobladores.

“Queremos una comisión de alto nivel en nuestra tierra, que esté el presidente de Antamina, que dé la cara; que venga nuestra primera ministra, que vengan nuestro presidente de la República y nuestros ministros”, solicitó.

Conflictos pendientes

En tanto, en Piura, en el distrito de La Huaca, Paita, el domingo por la noche, un incendio consumió el fundo de Caña Brava, empresa del Grupo Romero. Los pobladores denuncian que esta compañía provocó ello, pues, aseguran, no es la primera vez que lo hacen. Caña Brava rechazó esta versión.

Los bomberos trabajaron largas horas para derrotar el fuego. Mientras que los ciudadanos de este distrito respondieron a la empresa incendiando tres vehículos de Caña Brava.

La congresista de Alianza para el Progreso (APP) Heidy Juárez contó por ejemplo que este problema comenzó en 2009 y denunció que la quema de plantaciones contamina el ambiente.

La Defensoría del Pueblo está investigando los hechos. Los manifestantes demandan que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales tome cartas en el asunto.

En la selva de Loreto, por otro lado, ayer se cumplieron 27 días desde que las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Manseriche permanecen tomadas por 150 ciudadanos en el marco del denominado paro amazónico.

Petroperú, mediante un comunicado, advirtió que los manifestantes están poniendo en riesgo su vida debido a que las instalaciones de esta estación son altamente inflamables.

La empresa alertó, además, de que recibió amenazas de incendio de parte de los líderes de esta toma ilegal.

El problema es que si los dirigentes cumplen con su promesa, al tratarse de una estación con 70.000 barriles de crudo, puede ocasionar una catástrofe.

La protesta se inició el 4 de octubre y es promovida por la Federación Nativa Awajún Río Apaga (Fenara) y los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), que demandan servicios básicos.

En la selva. El paro amazónico de Loreto ha ocasionado protestas en el Lote 8, de Pluspetrol. Foto: difusión

Además de estos tres conflictos mencionados, la Defensoría detalla que hay cuatro más que, por ahora, son los más delicados en el país. La mayoría es en Loreto, debido al paro amazónico, donde hay movilizaciones contra el Lote 95, de PetroTal, y en el Lote 8, de Pluspetrol. Los manifestantes piden una indemnización debido a la contaminación ambiental.

En Loreto también hay una huelga en Barranca porque hay retrasos en la creación de una UGEL intercultural.

Y en Lima, en el distrito de Oyón, la comunidad campesina de Quichas mantiene bloqueado el pase de vehículos que prestan servicios a la empresa minera Raura. Los dirigentes demandan un pago por el uso de su territorio.

La violencia no es la vía

Respecto a los conflictos sociales mencionados, la Confiep rechazó los actos de hostilidad que se han producido. “Lamentamos profundamente que frente a estos actos vandálicos no exista una condena explícita ni una reacción oportuna por parte del Gobierno”, sostuvo en un comunicado.

Lo mismo hizo la Sociedad Nacional de Industrias. “La SIN rechaza la ola de violencia que se ha presentado en Áncash, Ayacucho y en otras regiones del país en contra de la actividad minera, lo que ha puesto en gran riesgo a miles de trabajadores y ciudadanos”, lamentaron en un oficio.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, en tanto, si bien rechazó los actos de violencia, sugirió analizar el contexto y las razones que llevaron a los ciudadanos de regiones al hartazgo.

“No está justificada, pero hay que ver a fondo si las empresas hacen construcción social”, enfatizó.

En Huarmey dan ultimátum a Antamina

El Comité de Lucha de Huarmey inició hace tres días un paro indefinido contra la empresa minera Antamina. Los ciudadanos de este distrito denuncian contaminación ambiental e incumplimientos en pactos firmados por la empresa y que hasta la fecha no han sido cumplidos.

El comité de lucha denuncia que la contaminación perjudica la pesca y agricultura debido a los embarcos de minerales.

La República


 

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