“Quedarse en casa” para resguardar la vida versus la ofensiva descarnada de la oposición – Por Solange Martínez

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Por Solange Martínez *

La disposición del gobierno nacional que instaló el Aislamiento Social Obligatorio en marzo del 2020, y en el lenguaje se popularizó como “cuarentena”,  se sostuvo en el país -no sin conflictos- hasta febrero de este año. La campaña de vacunación masiva más exitosa de la región, y de la historia del país permitió la progresiva vuelta a la presencialidad en la actividad económica, educativa y recreativa.

A partir de allí, a 99 dias de asunción del gobierno del Frente de Todos, la Argentina estuvo atravesada por fuertes tensiones con el complejo agroexportador que, como medida de presión contra el aumento en las retenciones a la exportación de soja, inició una serie de paros protagonizados por las entidades agropecuarias aglutinadas en la Mesa de Enlace “del campo”[2].

Las alícuotas que el Estado Nacional impone a las exportaciones de granos constituye un eje neurálgico en la matriz productiva argentina. La puja con estos sectores es un conflicto histórico y genera grandes divergencias en torno al uso de los ingresos de divisas en nuestro país. Divisas que tras el préstamo más grande la historia del FMI, con el que el macrismo financió su campaña electoral en 2019, fueron y son indispensables para la macroeconomía.

El pico de tensión llegó a mediados del 2020, tras el anuncio de intervención del  conglomerado industrial de productos primarios de exportación, Vicentin, que desató el enfrentamiento abierto con el gobierno nacional. La empresa se declaró incapaz de resolver sus compromisos de deuda -gran parte de ella tomada durante los 4 años de la pandemia amarilla- con el Estado, el sistema financiero y los pequeños productores primarios de granos.

El 8 de junio el presidente Alberto Fernández anunció la intervención y la expropiación de la empresa, para declararla de utilidad pública. En sus declaraciones lo definió como un rescate, y como un aporte para la soberanía alimentaria del país.

La operación de la empresa no tardó en llegar, y show mediático incluido, se hizo tendencia en redes sociales el hashtag #Cacerolazo. Fueron llevados a la calle “vecinos autoconvocados” que organizaron “banderazos” en “defensa a la propiedad” en casi 60 localidades del país, con el lema “Hoy es Vicentin, mañana sos vos”. Vicentin se impuso y el gobierno sufrió su primera gran derrota frente al poder fáctico transnacionalizado.  El 31 de julio el presidente anunció la derogación del decreto que disponía la intervención de la empresa.

En 2021 el lockout patronal continuó con “tractorazos” y desabastecimiento interno ligados al aumento de las retenciones al maíz y el cese de exportaciones de carne dispuesto por 30 días, para paliar el aumento de entre el 75% y 80% en diferentes cortes populares. Y aunque la política se retrotrajo rápidamente,  para desarmar el relato de la Mesa de Enlace basta con saber que según la Bolsa de Comercio de Rosario, este año generaría un ingreso récord de 8 mil  millones de dólares al sector (lo que representa el mayor registro desde la campaña 2001/2002). 

No perdieron, sino que su principal interés es la apropiación de la renta agraria diferencial, a partir de un modelo extractivista, de primarización productiva y basado en el desarrollo de la región central del territorio nacional. Otro sector que no perdió fue el tecnológico, con Mercado Libre a la cabeza. 

En pos de alimentar el malestar social, la fuerza macrista instaló el eje del retorno a clases presenciales a cualquier costo. Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, publicó una carta abierta en Clarín, titulada “Las escuelas ya deberían estar abiertas”. Y un aluvión de mensajes televisivos, radiales y de la prensa escrita moldearon una nueva operación de desestabilización del gobierno nacional, con  movilizaciones en varios puntos del país desde comienzos del 2021.

Consignas tales como “Por la libertad, por escuelas abiertas y presenciales”, “La educación debe ser un servicio esencial”, acompañaron marchas en algunas provincias mientras las organizaciones sindicales docentes rechazaban abiertamente la vuelta a las escuelas sin las condiciones edilicias, sanitarias y salariales necesarias.

Los medios masivos de comunicación concentrados en pocas manos configuran un problema que hay que atacar de raíz, en tiempos donde la guerra psicológica ocupa un rol central en la estrategia del poder corporativo.

 La ligazón entre los grupos de poder económico y los medios, son en Argentina y el mundo, una enfermedad crónica que atraviesa la subjetividad colectiva, permanentemente atacada por el conglomerado mediático que dispara sin cesar noticias falsas, agiganta, oculta o tergiversa hechos, contribuye al armado de causas judiciales (lawfare) en los pasillos de LaNacion+, Canal 13 o TN y desde allí, dirige a parte de la población a sus escenarios, como punta de lanza. Algo que las clases dominantes han realizado en todos los tiempos.

Así, durante el primer año de pandemia, la calle y las redes sociales fueron ocupadas principalmente por la oposición, por las fracciones políticas de izquierda y movimientos sociales que, sin romper con el gobierno, adoptaron una conducta de presión permanente, denunciando la complicada situación que atravesaba la población más vulnerada. La informalidad laboral demostró una vez más ser fuente de exclusión y la antesala de la pobreza y la miseria que crecieron rápidamente. 

La fuerza popular política. ¿Qué pasó con la calle como territorio de lucha?

La emergencia sanitaria y social que ambas pandemias produjeron -la gestión neoliberal precedente y la del coronavirus- debilitó a la fuerza social popular que llevó al gobierno al Frente de Todos.

La fuerza social popular se inmovilizó en pos del resguardo de la vida, perdiendo así momentáneamente la capacidad de articular políticamente y tensionar en la disputa entre los dos modelos de país, en favor de las reivindicaciones propias.

Las medidas de fuerza fueron paros y manifestaciones sectoriales, y una serie de comunicados en relación a la situación salarial. Excepcionalmente y respetando los protocolos de seguridad sanitaria, el pueblo salió a la calle en contadas ocasiones en 2020, para conmemorar el día de la militancia y apoyar la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas que se debatía en el Congreso, pero principalmente empujado por las agendas del feminismo y del ambientalismo.

De regreso a Oktubre, desde octubre de 1945

El mes de la militancia este año encontró al país en otra situación. Con el 75% de la población adulta vacunada, rápidamente el músculo social de movilización se activó, no sin contradicciones tras el negativo resultado electoral de las PASO de septiembre, y la posterior agitación hacia adentro de la alianza de gobierno.

Se vivieron dos jornadas masivas de calle. El 17 de octubre con la iniciativa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el llamado a “iniciar una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda”. Coparon el paisaje banderas, carteles y pintadas con las consignas “Patria o FMI”, “La deuda es con nosotros”, “No al FMI”.

Al día siguiente, por “el desarrollo, la producción y el trabajo” y por “la defensa del aparato productivo nacional y la generación de empleo genuino” se congregaron miles de trabajadores y trabajadoras convocados por la Confederación General del Trabajo y un amplio abanico de movimientos sociales y organizaciones políticas. Se trató de la primera gran movilización en unidad luego de desatada la pandemia. Continuaron manifestaciones del pequeño y mediano empresariado nacional, organizaciones socioambientales y de la diversidad, que coronaron el mes en curso, con la multitudinaria marcha del Orgullo. Mientras, se espera una potente muestra de fuerza del movimiento nacional y popular en el Día de la Militancia, el próximo 17 de noviembre.

La derecha fue perdiendo protagonismo en la calle. Fracasó la movilización convocada por el PRO en apoyo al ex presidente citado en la causa de espionaje ilegal a los familiares de las 44 víctimas del ARA San Juan, como fracasó también el #8N que sentenciaba “la muerte de la República”.

Si bien el Frente de Todos enfrenta profundos problemas a resolver, y la ineludible decisión de quienes esperan acordar con el FMI, el mensaje que las últimas movilizaciones expresan es la voluntad de las mayorías dispuestas a profundizar el proyecto de país que encarnan Alberto Fernandez y Cristina Fernandez de Kirchner.

El movimiento nacional, popular y feminista tensiona la direccionalidad del programa de la coalicion de gobierno, tan heterogéneo como conciente de que ningun avance se consigue sin disputa de poder, articulada en las redes de organizaciones libres del pueblo, que materialicen la produccion de ese poder en las calles.

Vivimos una coyuntura global, regional y nacional de crisis y transformaciones socioproductivas y geopolíticas de magnitud civilizatoria. Y hay dos proyectos en juego, uno que pretende imponerse como de interés general, pero alcanza a una minoría cada vez más excluyente, elitista y voraz y otro que contiene, con contradicciones, las aspiraciones populares y la posibilidad de una sociedad más justa.

En Argentina las posibilidades de futuro se dirimieron históricamente entre realistas o patriotas revolucionarios, unitarios o federales, Braden o Perón, oligarquía o pueblo, y hoy se expresan como Patria o FMI. Entre estas opciones votaremos este 14 de noviembre; no son solo las bancas en el Congreso lo que está en juego.

* Profesora de Psicología (UNSL). Diplomada. en Género y Gestión Institucional (UNDEF). Maestranda en Sociología Política Internacional (UNTREF).  Integrante del CEIL Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús y  del Equipo Editorial del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

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