Uruguay | Relatores de ONU rechazan proyecto de ley que otorga prisión domiciliaria a represores de la dictadura

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Relatores de ONU rechazan proyecto para otorgar prisión domiciliaria a violadores de DD.HH

En una misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, los relatores de Naciones Unidas expresan que la iniciativa “permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.

Consideran que la fundamentación del proyecto de Ley en “razones humanitarias” no es de recibo ya que las medidas de prevención adoptadas en el marco de la lucha contra el Covid-19 deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de facto.

“No existen argumentos de salud pública que justifiquen la reclusión domiciliaria total” para los militares presos en la cárcel de Domingo Arena.

Manifiestan, asimismo, que no se establece que esos beneficios quedarán sin efecto una vez finalizada la emergencia sanitaria. Por el contrario, establece expresamente que los beneficiados continuarán con régimen domiciliario, presumiblemente hasta finalizar su condena.

Indican que el derecho internacional “impone límites al uso de figuras como la amnistía, el indulto y la conmutación de penas respecto de crímenes de lesa humanidad”.

En ese marco, el artículo 18 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, establece que “los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal”.

Los relatores expresan que existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la prohibición de adoptar medidas que “impidan o supriman los efectos de la pena”.

“Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar esclarecer las preocupaciones llevadas a nuestra atención respecto de la incompatibilidad del proyecto de ley con las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de derechos humanos”, señalan.

La carta está firmada por Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Luciano Hazan, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Relatores ONU by LARED21

LR21


Cabildo le respondió a la ONU sobre prisión domiciliaria a mayores de 65: hablan con “supina ignorancia”

Luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresara su “profunda preocupación” ante el contenido del proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para que la pena de prisión sea domiciliaria en forma preceptiva en los casos de personas mayores de 65 años, dentro del partido liderado por Guido Manini Ríos, las reacciones no se hicieron esperar.

El senador Guillermo Domenech dijo a El Observador de que “los organismos internacionales tienen una particular tendencia a opinar sin conocer hechos y realidades de cada país” y catalogó a los que hicieron la carta como unos “burócratas bien pagados”.

“Seguro no fue la ONU sino unos burócratas bien pagados que manifiestan su opinión con supina ignorancia”, aseguró. El senador defendió el proyecto y agregó que las “cárceles no están hechas para mortificar a los presos” y que sigue recomendaciones internacionales en cuanto al estado de situación de las cárceles y de los presos adultos en pandemia. “Todos los delincuentes tienen derechos humanos”, señaló.

La alarma del organismo está fundamentada en el hecho de que beneficiará a individuos “condenados por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”, al considerar que tal iniciativa es “contraria al derecho internacional”. Ante eso, Domenech señaló que la ONU “miente” dado que los presos que se buscan liberar no están condenados por delitos de lesa humanidad sino por delitos comunes.

Si bien nadie en Uruguay está condenado por delitos de lesa humanidad creados en 2006 porque los tribunales en su mayoría han entendido que la ley penal no es retroactiva, los militares que se podrían beneficiar de la prisión domiciliaria han sido procesados y condenados por homicidios especialmente agravados cometidos durante la dictadura (hace más de 20 años).

El proyecto de ley deja afuera del régimen especial a los que cometieron violación, homicidio agravado (salvo los casos en que haya transcurrido desde los hechos, un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para este delito) y los crímenes y delitos de lesa humanidad contenidos en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, que se hubieren cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley, esas excepciones hacen entrar a todos los represores que están recluidos en Domingo Arena.

Domenech no fue el único integrante de Cabildo que respondió a la ONU. El senador y líder del partido, Guido Manini Ríos sostuvo en su cuenta de Twitter que “uno de los pilares del artiguismo, tan vigente hoy como hace dos siglos, es el respeto a la soberanía particular de los pueblos” y que se debe “velar porque los uruguayos se gobiernen a sí mismos, sin injerencias de afuera, aplicando la Constitución por encima de todo”.

Esta posición de Cabildo contraria a la “injerencia de afuera” ya se había dado con La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de el organismo pidiera no votar el proyecto que reinstauraba la Ley de Caducidad. En aquel entonces, los senadores cabildantes habían propuesto emitir una declaración que señalaba que la exhortación excedía “la naturaleza de las ‘recomendaciones’ a los Estados que estipula el literal b del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos” e implicaba “una inadmisible injerencia en la competencia legislativa que tiene este cuerpo en ejercicio de la representación ciudadana”.

La carta enviada por la ONU, a la que accedió El Observador y fechada este martes, fue enviada al jefe de la Misión Permanente de Uruguay ante la ONU en Ginebra, Álvaro Moerzinger, con copia al canciller Francisco Bustillo.

“Permitiría el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”, advirtió la organización, bajo la firma del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli.

El Observador

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