EEUU sanciona a funcionarios de Bukele por corrupción millonaria y negociar con pandillas

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EE.UU. impone sanciones a Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele, por liderar “esquema de corrupción multimillonario”

En el día internacional de la lucha anticorrupción, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra la jefa de Gabinete del gobierno de Nayib Bukele, Carolina Recinos, bajo la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos y por actos de corrupción. La funcionaria ya había sido incluida en la lista Engel y se le había retirado la visa de entrada a Estados Unidos en julio pasado.

“Martha Carolina Recinos De Bernal (Recinos) fue la jefa de un esquema de corrupción multimillonario de múltiples ministerios que involucra adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital, además de ordenar a varios ministros del gobierno que autoricen varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia, que incluyen millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital de empresas sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación”, afirma el departamento del Tesoro en un comunicado.

Además de este esquema de compras irregulares del que se señala a Recinos, el departamento del Tesoro culpa a la jefa de gabinete de influir en los electores al otorgar las canastas solidarias que entrega el gobierno con fines de apoyar a ciertos candidatos específicos. “Además, Recinos también dirigió un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno destinadas al alivio de COVID-19 se desviaron para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas para obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021.

En lugar de entregar los artículos como un servicio del gobierno, las canastas de alimentos se utilizaron para obtener votos y apoyo en el período previo a las elecciones”, afirma el comunicado. En julio, el departamento de Estado acusó a la jefa de gabinete por “corrupción significativa al abusar de fondos públicos para beneficio personal y participar de un esquema de lavado de dinero”. Aún no se ha especificado el tipo de sanción económica que se impondrá a Recinos, aunque por lo general de se trata de congelación de bienes y activos en los Estados Unidos y la imposibilidad de hacer negocios con empresas de los Estados Unidos.

Este mismo jueves, el departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a dos funcionarios de la administración Bukele.

La embajada de Estados Unidos en el país anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Dpto. del Tesoro de los EE.UU. había designado a Osiris Luna Meza, Carlos Amílcar Marroquín Chica bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos.

Luna, director de Centros penales y Marroquín, director de tejido social, fueron señalados por Estados Unidos de encabezar en nombre del gobierno negociaciones con las pandillas en un contexto electoral. El Gobierno de Bukele no ha respondido sobre los señalamientos de este miércoles y jueves, pero el mandatario sí restó importancia a las sanciones y por el contrario arremetió contra la ex encargada de Negocios de los Estados Unidos, Jean Manes, a quien acusó de solicitarle no reelegir al fiscal impuesto Rodolfo Delgado y concluir el proceso judicial contra el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, entre otras cosas.

La embajada de EE.UU. no ha emitido reacciones al respecto. Tal como anunció el domingo el presidente estadounidense Joe Biden, el departamento del Tesoro de EE.UU. impuso más sanciones a funcionarios salvadoreños en el marco de la cumbre por la democracia que arrancó este jueves y de la cual fue excluido el gobierno de El Salvador, luego de reiterados llamados de la administración de que no respeta la institucionalidad ni la separación de poderes.

El Salvador


Estados Unidos sanciona a funcionarios de Bukele por la negociación secreta con las pandillas

El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la aplicación de sanciones de la Ley Global Magnitsky al director de Centros Penales y Viceministro de Seguridad de El Salvador, Osiris Luna, y al encargado de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, a quienes acusa de haber encabezado durante 2020 un proceso de negociaciones secretas con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, con el fin de que estas redujeran el número de homicidios a cambio de “incentivos económicos” y beneficios carcelarios para sus líderes presos.

Según un comunicado difundido por el Tesoro , Luna y Marroquín “representaban a la administración Bukele en esas transacciones”, que incluyeron un acuerdo para que las pandillas “dieran apoyo electoral al partido Nuevas Ideas” durante los comicios legislativos y municipales de febrero de 2021, en los que el partido del presidente Nayib Bukele logró una abrumadora mayoría.

Luna y Marroquín “facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas con líderes pandilleros encarcelados, en los cuales a conocidos miembros de pandillas se les permitió entrar en instalaciones de prisiones y reunirse con altos líderes de sus pandillas”, dice el comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. “Estas reuniones eran parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con el liderazgo de las pandillas”.

Estados Unidos asegura que Osiris Luna negoció también en secreto, en 2020, para que las pandillas ayudaran al Ejecutivo a hacer cumplir la cuarentena decretada durante la emergencia por la Covid 19, mediante la coacción a la ciudadanía en los territorios que estas controlan.

La Mara Salvatrucha, la mayor de las pandillas que operan en El Salvador, tiene presencia en una decena de países y está designada desde octubre de 2012 por el Departamento del Tesoro como un grupo delictivo transnacional. Estados Unidos considera cualquier negociación con esta un pacto con el crimen organizado. La aplicación de la Ley Magnitsky a Luna y Marroquín implica el bloqueo de todos los activos y bienes que puedan tener en Estados Unidos, y prohíbe a personas o empresas estadounidenses cualquier transacción con ellos.

No es la primera vez que Estados Unidos sanciona a funcionarios clave de este gobierno. La jefa de gabinete, Carolina Recinos; el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; los exministros Rogelio Rivas y Pablo Anliker; o el mismo Osiris Luna ya habían sido sancionados entre mayo y julio con la retirada de la visa y la prohibición de entrar a territorio estadounidense por su inclusión en la conocida como Lista Engel, que expone a actores corruptos o antidemocráticos de los países del norte de Centroamérica. Este nuevo señalamiento tiene sin embargo implicaciones políticas mayores que los anteriores, no solo porque por primera vez conlleva el bloqueo de activos a funcionarios en el cargo, sino porque denuncia hechos que implican al gobierno en su conjunto y apuntan al presidente Nayib Bukele como último responsable de ellos.

Las negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y las pandillas para reducir los homicidios ya habían sido reveladas en septiembre de 2020 por El Faro, después de una larga investigación que incluyó acceso a documentos oficiales de la Dirección de Centros Penales, como bitácoras de ingreso o informes de inteligencia carcelaria, en los que se detallaba la celebración de repetidas reuniones en las que participaron Luna y Marroquín junto a pandilleros que accedían a los recintos carcelarios encapuchados y sin identificarse. El gobierno negó los hechos. El presidente Bukele acusó al periódico de mentir y lanzó una campaña de acoso contra sus periodistas: “Que no les quede una gota de credibilidad”, proclamó desde su cuenta de Twitter.

La investigación llevada a cabo por las autoridades estadounidenses, en la que se basan las sanciones anunciadas, confirma lo publicado entonces y aporta detalles que no eran conocidos por El Faro, como la existencia de pagos a las pandillas o la entrega por parte del Estado de aparatos telefónicos a pandilleros presos y la autorización de entrada de prostitutas a las cárceles.

Al día siguiente de aquella publicación, el Ejecutivo organizó una visita guiada de periodistas a la cárcel de Izalco para tratar de desmentir uno de los detalles de la investigación, que hablaba de la asignación de celdas distintas a pandilleros de cada pandilla como uno de los requisitos de la negociación. El Faro no fue invitado al recorrido.

Casi un año después, en agosto de 2021, El Faro reveló nuevos detalles de la negociación del gobierno actual con las pandillas, a partir de un expediente de la Fiscalía que incluía fotografías de los funcionarios entrando a las cárceles con pandilleros encapuchados, transcripciones de llamadas telefónicas y entrevistas a testigos que revelaron no solo el alcance de la negociación con las tres pandillas de El Salvador (MS-13 y las dos facciones del Barrio 18), sino un esfuerzo deliberado del Gobierno de Bukele por esconder evidencia del diálogo, mediante la retirada de cientos de libros de novedades y computadoras de las cárceles durante éste se llevó a cabo.

Tolerancia a la corrupción

Las sanciones del departamento del Tesoro incluyen a una tercera persona: Yanira Meza Olivares, madre del viceministro Osiris Luna, a quien Estados Unidos acusa de haber participado el año pasado junto a su hijo en un “esquema de robo y reventa” de paquetes de alimentos destinados a las víctimas durante la emergencia por Covid 19, con el consiguiente desvío de “millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador”. El Tesoro de Estados Unidos les acusa además de haber creado “puestos de trabajo fraudulentos en el sistema penitenciario, en los cuales supuestos empleados recibirían sueldos mensuales y devolverían la mayor parte del dinero percibido” a Luna y su madre.

También el desvío de alimentos por parte de Osiris Luna había sido denunciado por El Faro, que el pasado septiembre dio a conocer los hallazgos de otra investigación abierta por la Fiscalía salvadoreña antes de que el partido Nuevas Ideas destituyera ilegalmente el 1 de mayo al Fiscal General Raúl Melara. La investigación contra Luna incluía controles de bodega, transcripciones de llamadas telefónicas y fotografías que documentan la participaron el viceministro y su madre en la negociación y venta a un comerciante privado, entre septiembre y octubre del año pasado, de hasta 42,000 paquetes de ayuda que debían ser para los afectados por la pandemia.

Nunca se le acusó formalmente. El hombre colocado por Nuevas Ideas al frente de la Fiscalía para sustituir a Melara, Rodolfo Delgado, disolvió a las pocas semanas el equipo de fiscales especializados que estaba a cargo de investigar tanto el desvío de ayuda por parte de Osiris Luna como la negociación del gobierno de Bukele con las pandillas. El abultado expediente que incluía ambos casos y otros relacionados con corrupción en el Ejecutivo tenía el nombre de “Catedral”, y también documenta la participación del actual alcalde de San Salvador y exministro de Gobernación de Bukele, Mario Durán, en otra trama para desviar paquetes de alimentos para los afectados de la pandemia hacia su campaña, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Hay un mensaje político en el hecho de que estas sanciones se anuncien el mismo día que inicia la Cumbre por la Democracia, para la que el presidente Joe Biden ha convocado a 110 países y a la que los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua no fueron invitados. Desde su llegada al poder, la administración Biden enfatizó que la lucha contra la corrupción sería uno de los principales ejes de su política hacia Centroamérica, y altos funcionarios estadounidenses han criticado en repetidas ocasiones la falta de acción contra actores corruptos en los gobiernos del istmo.

En el caso de El Salvador, el jueves pasado el principal asesor de Biden para América Latina, Juan S. González, citó “la negativa a actuar contra la corrupción” como una de las razones por las que Bukele no fue invitado a la cumbre, junto a excesos como la entrada al congreso en febrero de 2020 con militares, la destitución ilegal de jueces para sustituirlos por personas leales a él, o el cierre de accesos a información pública.

La Casa Blanca dio a conocer este lunes su Estrategia Global Anticorrupción, que establece un vínculo directo entre corrupción, criminalidad y otras formas de actividad ilícita, y eleva el tema a la consideración de un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. “La criminalidad organizada que tiene apoyo de actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”, se lee en el documento. Uno de los ejes de la estrategia es la construcción de alianzas internacionales para imponer sanciones coordinadas a individuos u organizaciones, como ya ha sucedido en los últimos meses con la imposición de sanciones coordinadas entre Estados Unidos y el Reino Unido a personas vinculadas a corrupción en Guatemala y Nicaragua . Hoy jueves el Tesoro sancionó también a personas vinculadas con organizaciones delictivas transnacionales en Kosovo y Serbia.

Golpe diplomático

Las sanciones a Osiris Luna y Carlos Marroquín, que pese a no tener rango ministerial son operadores clave del gobierno de Nayib Bukele, tensan todavía más la relación entre su administración y la de de Biden, que nació marcada por la alianza tácita que unía a Bukele con el expresidente Donald Trump pero se ha complicado más a medida que el presidente de El Salvador ha avanzado en la cooptación de instituciones y cierre del espacio público.

La condena estadounidense a la destitución arbitraria de magistrados y jueces por parte de la Asamblea Legislativa controlada por Bukele; a su posible búsqueda de la reelección en 2024; o a sus repetidos ataques a medios independientes y defensores de Derechos Humanos, han servido para que el presidente argumente que organizaciones y países extranjeros, con Estados Unidos a la cabeza, financian las manifestaciones en su contra, esconden pactos con los partidos que gobernaron en el pasado y marcan la agenda del periodismo crítico.

Hoy, al conocerse las sanciones del Tesoro contra sus funcionarios, el presidente de El Salvador respondió por Twitter: “¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan”, escribió en referencia a las negociaciones sostenidas por gobiernos anteriores. Después, desplegó un largo hilo de mensajes en los que acusa a la hasta hace poco embajadora interina en el país de un intento de injerencia durante la última conversación que sostuvieron ambos, en la que según él le pidió entre otras cosas “la liberación de Ernesto Muyshondt”, ex alcalde de la capital por el partido Arena y actualmente en prisión preventiva acusado entre otros cargos de negociar con las pandillas.

La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han trascendido a su origen marginal y durante la última década se han convertido en actores políticos de primer orden que, pese a ser responsables de miles de asesinatos, desapariciones y violaciones durante los últimos 20 años en El Salvador, han logrado que los sucesivos gobiernos y numerosos actores privados los acepten como interlocutores para hacer posible la permanencia o tránsito por los barrios y colonias bajo su dominio, o para lograr resultados políticos , como ya lo hizo el FMLN en 2014.

El Faro ha sacado a la luz desde 2012 diversas negociaciones secretas sostenidas por los sucesivos gobiernos nacionales y por casi todos los partidos políticos del país con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, incluidas aquellas en las que participó Muyshondt también en 2014. El mismo Nayib Bukele negoció con ambas pandillas y sus fracciones en 2015 cuando gobernaba la alcaldía de San Salvador, para poder ejecutar sus planes de reordenamiento urbano en el centro capitalino. El mismo Carlos Marroquín, hoy sancionado por el Tesoro, y el vigente alcalde de la capital, Mario Durán, participaron en esas conversaciones con líderes pandilleros, como documentan fotografías publicadas en julio de 2020.

Bukele ha convertido ese historial de negociaciones, con criterio selectivo y evidente doble moral, en un arma de propaganda contra los hoy diezmados partidos de oposición, Arena y FMLN, a los que acusa repetidamente de haber “negociado con la sangre de los salvadoreños”, omitiendo el hecho probado de que él mismo negoció con estos grupos cuando fue alcalde y lo sigue haciendo ahora desde el Ejecutivo.

Las negociaciones con estos grupos criminales están en el centro del debate político en El Salvador de manera permanente y despiertan las emociones más profundas en un electorado marcado a fuego por el dolor y las muertes que las pandillas han provocado. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, ha creado recientemente en la Asamblea legislativa una comisión de antejuicio para retirar al exdirigente arenero Norman Quijano el fuero del que goza como diputado del Parlacen, y juzgarle por haber participado, él también, en aquellos diálogos de 2014 en los que todos los partidos del momento trataron de seducir por separado a las pandillas de cara a las elecciones de marzo de aquel año.

Como hicieron Bukele y Nuevas ideas en 2020, de acuerdo con las abundantes pruebas publicadas y las incómodas sanciones y acusaciones contra el gobierno anunciadas hoy por el Departamento del Tesoro.

El Faro


Bukele divulga supuestas peticiones de Jean Manes como respuesta a sanciones de EUA

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, divulgó una serie de supuestas peticiones de la exencargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, esto como respuesta a los señalamientos del Departamento del Tesoro de EUA de haber pactado con pandillas y tras sancionar a dos de sus altos funcionarios.

Según Bukele, Manes le hizo cuatro peticiones: liberar de la cárcel al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y a quien se le han violentado sus derechos; no reelegir al fiscal Rodolfo Delgado, que él mismo impuso para favorecerlo; “no tocar” al expresidente Alfredo Cristiani y al exfiscal general Douglas Meléndez, es decir, no realizar acciones en contra de ellos; así como detener arrestos de personas involucradas en la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores.

En el caso mencionado sobre Muyshondt, el mandatario asegura que está en prisión por tener pruebas contundentes sobre su participación en negociaciones con pandillas, sin embargo, el proceso real que enfrenta el exalcalde es por apropiación indebida de retenciones durante su gestión, así como por incumplimiento de deberes.

Así reaccionó Bukele ante las sanciones aplicadas este miércoles contra Osiris Luna, director de Centros Penales y Carlos Marroquín, director de Tejido Social, en las que se les acusó de negociar en nombre del Gobierno con las pandillas para disminuir los homicidios en el país y obtener beneficios electorales.

El mandatario cuestionó los resultados obtenidos por parte de la investigación realizada por el Departamento del Tesoro estadounidense en la que ambos funcionarios son señalados de brindar beneficios a las pandillas, entre ellos la entrega de dinero, así como otros beneficios para los líderes encarcelados.

El Tesoro designó una investigación en la cual se revelan las “negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y la organización criminal”. En el comunicado se describe que estas negociaciones son parte de los esfuerzos del gobierno salvadoreño por negociar con estos grupos criminales.

En las publicaciones realizadas por Bukele, él asegura que después de ese supuesto pliego de solicitudes, no se volvió a reunir con Manes desde el 16 de septiembre, un día después de que en El Salvador se realizaron marchas multitudinarias en descontento con la gestión de Bukele.

Manes anunció la finalización de su misión en el país el pasado 22 de noviembre y antes ya había declarado sobre el deterioro en las relaciones entre EUA y El Salvador, señalando la poca disposición del gobierno de Bukele en rectificar sus decisiones como la remoción de cerca de un centenar de jueces del sistema judicial, entre otras acciones condenadas a escala internacional.

Bukele dijo también que estas peticiones se realizaron antes de que surgiera la propuesta de la Ley de Agentes Extranjeros, con la cual se busca controlar el financiamiento a distintas organizaciones que velan por los derechos humanos y son críticas al oficialismo. “Nunca recibí una solicitud directa al respecto; pero sí nuestra Canciller, a quien le exigió detener su aprobación, so pena de perder toda la ayuda internacional”, publicó el mandatario.

Momentos más tarde, Bukele dijo que EUA no reconoce la disminución de homicidios. Hoy el Tesoro reiteró en su documentación oficial que eso fue producto de las negociaciones con pandillas.

Bukele reveló también que, tras la salida de Manes de El Salvador, el nuevo encargado de negocios de la Embajada, Brendan O’Brien, solicitó una reunión, en la cual el mandatario lo recibió ayer y divulgó las imágenes de esta sesión, a pesar de que se trataba de una sesión privada.

Estas nuevas acciones se aumentan una vez más las tensas relaciones entre los gobiernos de Bukele y del presidente Joe Biden. En mayo de este año, cuando la Asamblea destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema, Washington expresó su preocupación por la dirección que tomaba el país.

En mayo y julio, el gobierno estadounidense publicó listas de funcionarios presuntamente corruptos en Centroamérica, entre ellos la jefa de despacho de Bukele, Carolina Recinos y otros funcionarios de Bukele.

La Prensa Gráfica

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