Gobierno de Pedro Castillo ¿Proceso constituyente o destituyente? – Por Vicente Otta Rivera

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Vicente Otta Rivera*

Que el martes 7 de diciembre último, las fuerzas golpistas del congreso hayan sufrido estrepitosa derrota es producto de que la figura presidencial no alcanza el severo deterioro que la reacción esperaba. La calle no lo ha abandonado.

Forzar un golpe parlamentario en estas condiciones corría el riesgo de convertir en víctima, tanto a él como a la izquierda. Es una eventualidad que no desean asumir. Por consiguiente, los ríos de tinta y sin fin de horas de emisiones electromagnéticas continuarán exagerando, cuando no fabricando noticias y escándalos contra el gobierno de Pedro Castillo, buscando el cometido de las fuerzas conservadoras: la vacancia presidencial y el cierre de la opción del cambio constitucional.

El cambio constitucional es objetivo principal del actual proceso político

La constitución fujimorista de 1993 es la restauración del dominio oligárquico bajo nuevos ropajes, con careta tecnocrática y servil del capitalismo trasnacional que asume forma neoliberal desde el Consenso de Washington en 1990.

Los rezagos del régimen de servidumbre se mantienen en la cultura racista de los actuales neo oligarcas, y en la exclusión de los cholos y subalternos. No hay que olvidar que el tributo indígena se mantiene, hasta 1920, como Circunscripción vial, que era el trabajo gratuito obligatorio durante 30 días al año en obras de carretera.

En esencia, las bases de la igualdad social para los indígenas se producen recién con la Reforma Agraria de Velasco Alvarado el año 1969. Las hondas repercusiones e implicancias raciales y étnicas de los 50 años post velasquistas y su emergencia virulenta en los procesos electorales últimos, es incomprensible sin el reconocimiento de este factor de vital importancia

Sociólogos y opinologos repiten hasta el cansancio la peculiaridad de un país que alberga un 70% de informalidad económica y social, valorado como virtud o como defecto según la conveniencia. Este fenómeno de existencia real, mirada en el largo plazo, debe leerse como el gran sector de la sociedad que, desde su inicio republicano, nunca fue incorporado por el estado y la sociedad oficial. Ese 75% de indígenas y subalternos que, desde el inicio de la independencia, fue excluido del estado criollo oligárquico.  Pervive hasta la actualidad, con la denominación de informalidad.

Esta nefasta herencia colonial y republicana es lo que, en periodos de agudas tensiones sociales, eclosiona con sus expresiones racistas y discriminatorias. La casta dominante que rechaza la igualdad social y el gobierno de los cholos y excluidos.

El estado artificialmente republicano de 1821, reciclado con la constitución fraudulenta de 1993, es el sustento del actual poder oligárquico-neoliberal. Por eso la solución requiere de modo insoslayable el cambio del régimen actual y de la constitución que lo sustenta.

La vida y la historia muestran el anacronismo del actual Estado

La candidatura de Perú Libre, desde semanas previas a su emergencia protagónica el 11 de abril, presenta la alternativa de asamblea constituyente y perfila una propuesta radical que se corporiza en un rostro cholo coronado de un sombrero campesino.

Esta candidatura que los sectores del establishment presentan como algo folclórico, lleno de impertinencia y defectos (de lenguaje, imagen) adquiere visos de realidad ante el descrédito del modelo vigente y de las fuerzas políticas que lo representan, esto es, el 80% de los partidos políticos participantes.

Los 200 mil muertos que producen la pandemia, el desastre de la atención sanitaria y los flagrantes actos de corrupción de presidentes y ministros, no solo evidencian la inoperancia del régimen fujimorista establecido con la constitución de 1993, sino revelan su inviabilidad futura en la administración y dirección del país.

Es el poderoso catalizador de las críticas que las fuerzas socialistas y democráticas venían realizando, y que eran silenciados por el monopolio mediático derechista y la dispersión social. El descarado asalto del gobierno, que los sectores mafiosos más avezados del congreso, con Manuel Merino como cabecilla, realizan la primera semana de noviembre del 2020, es la gota que rebalsa el vaso del descontento y malestar acumulado en todo este tiempo.

Movilizaciones de noviembre 2020 y triunfo electoral abren el curso constituyente

La primera quincena de noviembre pasado, las movilizaciones ciudadanas masivas rechazan el golpe parlamentario de Merino y su pandilla congresal.
Los resultados del 11 de abril, que decide la incursión de Pedro Castillo en la primera vuelta y su acceso a la presidencia en la segunda, es hijo de estas movilizaciones; las acciones masivas muestran que el poder corrupto es vulnerable y precario. El ánimo indignado y las acciones callejeras llenan las ánforas de esperanza y produce el triunfo de Perú Libre y Pedro Castillo.

El llamado a cambiar la constitución actual adquiere legitimidad y se incorpora al discurso político electoral. En la izquierda para cohesionar un mensaje de cambio radical, y en la derecha para impedirlo o bloquearlo desde adentro. Las propuestas de reformas y cambios de algunos articulados que levantan algunos partidos políticos derechistas o centro-derechistas (Partido Morado, uno de los primeros) traducen la política de “cambiar algo para que nada cambie”.

La tenaz y frontal campaña de los sectores pro vacancia no se produce solo porque se niegan a aceptar la derrota electoral, es principalmente porque Castillo llega al gobierno con el discurso de cambio constitucional. Los grupos de poder tradicionales, oligarquía reciclada, transnacionales y los nuevos ricos acunados por la corrupción fujimorista, la educación chatarra y el narcotráfico cierran filas contra el peligro del cambio de régimen.

Es lo que no debe perderse de vista por Pedro Castillo ni los sectores sociales que lo eligieron y lo siguen apoyando. Como señalara el candidato Pedro Castillo en reiteradas ocasiones: era el candidato del pueblo, no de Perú Libre, por eso había que votar por él. Encarnaba la propuesta del cambio popular, hay que tener presente este compromiso y exigir su cumplimiento

Una gestión eficaz de la pandemia y la crisis económica fortalece la gobernabilidad

A contracorriente del feroz y constante ataque de la reacción y de frecuentes errores del ejecutivo, en estos 130 días de gobierno se han obtenido logros importantes. El Ministerio de Salud informa que a la fecha se ha logrado avanzar con el 71% de la población objetivo vacunada contra la COVID-19, con dos dosis a nivel nacional.

Estas cifras ubican al Perú entre los cuatro países de América Latina, después de Brasil, Colombia y Argentina, con mayor cantidad de vacunados por población.
De mantenerse este desempeño positivo, al cierre del presente año la vacunación debe cubrir al 80% de la población objetivo.

De otro lado, la economía marcha en buen pie.  Según el último informe del Banco Mundial el PBI tendrá un crecimiento económico de 11.3% este año, la cifra más alta de la región. Y las expectativas de crecimiento económico del Perú para el próximo año se estiman en un 3.4 %, que igualmente es un buen resultado.

Todo lo cual permite estabilizar la vida económica y social del país retomando el curso de las diversas actividades económicas y comerciales, el turismo y el transporte.

Urge mejorar la eficacia y reducir los errores de la gestión política

Lo reseñado brevemente sobre logros tangibles en la gestión actual permite albergar expectativas razonables para metas mayores. La reactivación económica más amplia y dinámica, el restablecimiento de los circuitos turísticos y los negocios gastronómicos y otros servicios (transporte interprovincial, teatros, cine, peñas, centros de belleza) que permiten la ocupación de cientos de miles de emprendedores, pequeños negocios y artesanos. Proporcionan ingresos y dinamizan los mercados locales y regionales.

Los estudios arrojan que se ha incrementado la pobreza en 5% en las zonas rurales y 11% en las zonas urbanas, respectivamente. Que se traduce en incremento de la desnutrición infantil y anemia, que se venía reduciendo, aunque lentamente.

La educación presencial es una de las actividades urgentes e inmediatas a regularizar. La ausencia de cobertura adecuada de internet a nivel nacional, provincias alejadas y zonas rurales, la carencia de equipos informáticos y la precaria capacitación de profesores y estudiantes, limitan seriamente un aprendizaje adecuado por vía electrónica. Hay que evitar que se produzca otro año más de educación precaria.

Las poblaciones vulnerables enfrentan el flagelo de la delincuencia, que se incrementa con el aumento de la pobreza. La mejora de los ingresos y el empleo son decisivos para evitar el aumento de la criminalidad. Y por cierto una mayor eficiencia en la policía nacional y el sistema judicial. Estos aspectos de la vida social son las que más afectan a los pobres y requieren mayor y urgente atención.

Esto solo puede producirse si existe estabilidad política y social, políticas publicas enfocadas en estas acciones y una gestión política mínimamente eficiente. Todos estos factores no pueden garantizarse en las condiciones actuales, y tienen que hacerse lo más pronto posible.

Gabinete de amplia presencia popular nacional y fuerza social organizada

Son las dos condiciones básicas para que el actual gobierno gane legitimidad y derrote la tenaz campaña golpista de las fuerzas conservadoras que siguen desconociendo el resultado electoral.

Pedro Castillo debe honrar el compromiso de la campaña electoral: candidato del pueblo. Que debe traducirse en un gabinete amplio, probo y eficiente, reuniendo a profesionales y políticos de probada solvencia moral y capacidad de gestión pública.

Un gabinete de este perfil y un premierato con expertise y reflejos políticos, le dará solidez al gobierno y optimizará la gestión pública. Capaz de tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.

En la medida que las dos tareas prioritarias de gobierno: control de la pandemia y adecuado manejo de la economía, están en buen nivel, una sensible reducción de los permanentes yerros del ejecutivo permitirá, sin ninguna duda, que su legitimidad mejore y que la amenaza golpista sea derrotada.

El seis de este mes se emitió el pronunciamiento: en defensa del proceso de cambios, la unidad popular-ciudadana y las izquierdas, en que se presenta el rechazo a la ofensiva golpista de la reacción y un balance critico de lo actuado por el actual gobierno. El documento suscrito por once organizaciones sociales y políticas concluye haciendo un llamamiento a la unidad y movilización del pueblo peruano.

Consideramos que este pronunciamiento debe convertirse en el inicio de una amplia articulación de las fuerza sociales y políticas democraticas, de la formación de una coalición democrática y popular que se convierta en el soporte del proceso constituyente, apoyando la estabilidad y gobernabilidad del país.

Una nueva constitución solo es viable si producimos el cambio de la correlación de fuerzas actualmente existente, que es desfavorable a los intereses del cambio social. La lucha tiene que darse en la cotidianidad de la vida social y en la esfera de lo político.

Lograr su imbricación es el escenario ideal para conjugar y potenciar la capacidad de organización y movilización de las fuerzas democráticas.
Las elecciones municipales y regionales a realizarse el próximo año deben convertirse en un momento decisivo para el cambio de la actual correlación de fuerzas. Si las propuestas democráticas y socialistas logran un triunfo contundente, se afirma la gobernabilidad y se consolida el cambio constitucional.

* Sociólogo de la Uiversidad Mayor de San Marcos, analista en diversos medios peruanos e internacionales

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