Colombia | Informe de la ONU denuncia a la policía por 28 asesinatos, torturas y violencia sexual durante las protestas

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Policía usó violencia sexual para castigar y humillar en el Paro Nacional: ONU

Entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en el marco de las protestas por el Paro Nacional, el país vivió jornadas de violencia extrema en las calles, que resultaron en asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, humillaciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Una protesta en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno Duque, terminó en 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún están desaparecidas. Las cifras son del informe que hoy publica la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia.

Se trata de un documento que saluda la apuesta del Gobierno por no perseguir ni criminalizar la protesta, pero en la que queda en evidencia, ante la comunidad nacional e internacional, una violación masiva de derechos humanos perpetrada por miembros de la fuerza pública. Fueron, según el documento, privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo. Todos estos episodios incompatibles con el derecho a la reunión pacífica y a otros derechos humanos.

De entrada, el informe de la Oficina del Alto Comisionado señala que entre esos tres meses de protestas y violencia desmedida, se registraron 46 asesinatos relacionados con las manifestaciones. De ellos, en al menos 28, existen “motivos razonables para afirmar” que los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública y 10 de ellos podrían estar vinculados miembros del Esmad. “De los 17 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, dice el informe sobre el Paro Nacional.

Para el Alto Comisionado, contrario a los estándares internacionales y la normativa nacional, varias de las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar a partir del 28 de abril fueron disueltas con un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, vulnerando el derecho de reunión pacífica. Además, dice el documento, “hay razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales”. A manera de explicación de estas irregularidades cometidas por la fuerza pública, el informe muestra un análisis sobre el uso de armas letales por parte de la Policía contra manifestantes pacíficos o transeúntes.

Llegaron a esa conclusión, luego del análisis a más de 2.000 piezas de material audiovisual, 623 entrevistas a víctimas y testigos, 505 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales y 373 reuniones con organizaciones de sociedad civil y personas que se encontraban protestando. Este trabajo les permitió confirmar, por ejemplo, que el 3 de mayo de este año, policías patrullaron por las calles de Siloé (Cali), uno de los barrios más afectados por esas jornadas de violencia, armados de fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Además del uso de armas letales, la Oficina también documentó polémicos episodios con artefactos menos letales.

Según el informe, se documentaron varios casos en los que la Policía, el Esmad o el Ejército usaron lanzadores de agua, gases lacrimógenos, incluyendo la denominada arma “venom” bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios. La Oficina asegura que existen razones fundadas para considerar que el uso inadecuado e indiscriminado de estas armas habrían causado la muerte y “graves lesiones físicas de personas, tales como traumatismo craneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes”. Su utilización, agrega el informe, se hizo sin tener en cuenta los estándares internacionales y procedimientos internos del Ministerio de Defensa.

Los departamentos más afectados

La investigación de la Oficina del Alto Comisionado explicó, a manera de contexto, que las protestas nacieron en un clima de profunda inconformidad con la situación de desigualdad que terminó de agravarse durante el confinamiento por el COVID-19. Para el trimestre enero y marzo de 2021, la tasa de desempleo fue 15,8 y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que, en enero de este año, casi la mitad de la población colombiana (48 %) estaba en una situación de inseguridad alimentaria. Para abril, el exministro Carrasquilla presentó la cuestionada Reforma Tributaria y el descontento por esa propuesta se transfirió a las calles. En todos los departamentos se dieron protestas.

Sin embargo, la Oficina asegura que las muertes en el marco de esas manifestaciones se concentraron en ocho departamentos: Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. El 71 % de los casos de muertes, agrega el informe, habrían sucedido en el departamento del Valle. En las entrevistas que realizaron los investigadores de este documento, los familiares de las víctimas fallecidas expresaron que los jóvenes que participaban en las protestas lo hacían porque querían generar cambios estructurales e institucionales para tener mejores oportunidades de estudio o trabajo y un futuro mejor para sus familias.

La mayoría de las personas fallecidas en el contexto de las protestas, dice el informe, fueron jóvenes entre 17 y 26 años, que vivían en barrios pobres y periféricos, “hijos/as de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o desescolarizados/as”. Además, 12 de las víctimas mortales no tenían nada que ver con las manifestaciones. “Entre los casos documentados de personas que murieron y que no participaban en la protesta es ilustrativo el caso de Einer Lasso Chará, un policía retirado de 60 años, quien falleció en Cali el 30 de abril por un tiro de arma de fuego presuntamente accionada por la fuerza pública”, agrega.

Otro caso similar es el de Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida en Siloé cuando recibió un disparo de arma de fuego en el contexto de una intervención de la fuerza pública. Otro caso es el de Christian David Castillo, de 26 años, quien se encontraba observando las manifestaciones en Suba (Bogotá) el 22 de junio, cuando fue impactado en la cabeza por una munición de gas lacrimógeno disparada por un miembro del Esmad. Según la Oficina, la Fiscalía inició investigaciones en contra de los uniformados en estos tres casos. Ahora, sobre los casos de muertes de personas que sí estaban participando de las protestas, el informe también tiene detalles.

“De los casos de muertes verificados por la Oficina, 35 habrían sido generados por arma de fuego. Entre las muertes por arma de fuego que la Oficina documentó, se encuentran las siguientes: el caso de Santiago Andrés Murillo Meneses, un joven de 19 años quien falleció en Ibagué (Tolima) por un disparo de arma de fuego en su tórax accionado por un policía motorizado; el caso de Jhordany Yesid Rosero Estrella, joven de 22 años fallecido el 31 de mayo por un arma de fuego accionada por un policía en Villagarzón (Putumayo); y el caso de Christian Delgadillo Sánchez, un joven que murió por impacto de bala en el cuello accionado por la fuerza pública en Cali el 4 de junio”, explica la ONU.

Violencia sexual y basada en género

De los temas más sensibles durante los tres meses del Paro Nacional fueron las denuncias de violencia sexual, al parecer perpetradas por uniformados de la fuerza pública. El caso de una joven en Popayán estremeció al país pues, luego de alertar sobre sus posibles victimarios, se quitó la vida. Ese caso fue uno de los analizados por la Oficina. En total, el Alto Comisionado recibió 60 alegaciones de personas víctimas de violencia sexual presuntamente cometidas por miembros de la Policía. El 80 % de ellas son mujeres (48) y 20 % son hombres (12). Aunque Bogotá fue el lugar en donde más se denunciaron estas presuntas conductas, la Oficina recibió casos de todo el país.

Seis en Medellín (Antioquia), una en Bello (Antioquia), una en Itagüí (Antioquia), tres en Barranquilla (Atlántico), tres en Soledad (Atlántico), 16 en Bogotá, una en Tunja (Boyacá), una en Facatativá (Cundinamarca), una en Acacías (Meta), cinco en Cali (Valle del Cauca), 11 en Palmira (Valle del Cauca), una en Yumbo (Valle del Cauca), cinco en Popayán (Cauca), cuatro en Pasto (Nariño), una en Bucaramanga (Santander). Los detalles que logró verificar la ONU sobre dos de estos casos, son escabrosos y mostrarían cómo fue que la Policía usó esta conducta ilegal para humillar y castigar a manifestantes, especialmente a mujeres por el hecho de tener ese género.

“En los dos casos verificados por la Oficina en Popayán (Cauca), las víctimas son una mujer de 18 años y un niño indígena de 17 años. La mujer de 18 años fue detenida arbitrariamente el 12 de mayo por parte de la policía y, de acuerdo a las alegaciones, fue víctima de agresiones verbales sexistas y de amenazas de violencia sexual por parte de la policía. Ese mismo día, mientras se encontraba detenido arbitrariamente, un niño indígena habría sido agredido física y verbalmente, incluyendo actos de violencia sexual (tocamientos) y amenazas de muerte, por integrantes de la policía. La víctima recibió además insultos racistas y homófobos”, dice el informe.

Otros dos casos verificados por la Oficina ocurrieron en Cali. Una mujer de 20 años fue detenida de manera arbitraria el 29 de abril de 2021 e integrantes de la Policía la habrían sometido a malos tratos y violencia sexual (tocamientos). “Con posterioridad a los hechos y tras haber interpuesto una denuncia penal por los mismos, la mujer fue víctima de amenazas por parte de personas no identificadas y tuvo que desplazarse forzadamente”, explica la ONU. Y el segundo, un caso de violencia sexual en contra de una mujer patrullera de la policía, cometido por personas violentas en un ataque contra un CAI de Cali (Valle del Cauca), el 29 de abril.

Sobre este delito, los hallazgos de la investigación son contundentes: en cinco casos documentados, la violencia sexual constituiría tortura y en otros ocho casos tratos crueles, inhumanos o degradantes. “De acuerdo a la información recopilada y contrastada por la Oficina, existen razones fundadas para sostener que en estos casos integrantes de la policía usaron la violencia sexual para castigar a las personas por su participación en las manifestaciones y para humillarlas por su condición de mujeres (…) Muchas de las violaciones registradas se cometieron en el marco de detenciones arbitrarias”, se lee en la investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Derecho a la libertad

En medio del caos que se vivió entre el abril y julio de este año, fueron miles las denuncias de detenciones irregulares a manifestantes en todo el país. Esta situación también fue verificada por esta investigación, cuya conclusión es que sí existieron procedimientos irregulares por parte de la fuerza pública que vulneró el derecho a la libertad. “Según lo ilustran los casos documentados por la Oficina, algunas de las detenciones se habrían dado sin el respeto de las salvaguardas esenciales para la protección de la libertad, como la falta de notificación de las razones de la detención, la falta de acceso a un abogado, la incomunicación con familiares y la falta de presencia del Ministerio Público durante los procedimientos”, dice el informe.

Además, el Alto Comisionado asegura que en ciudades como Bogotá, Medellín, Neiva, Pasto y en el departamento de Valle del Cauca, habrían sido usados lugares que no son oficialmente reconocidos y controlados para la privación de libertad, como estaciones de transporte público, instalaciones colectivas (coliseo cubierto), cultivos de caña de azúcar, instalaciones de peajes viales y camiones. Para la Oficina, la delicadeza del asunto radica en que las privaciones de la libertad que carecen de fundamento legal y en las que no se cumplen los procedimientos previstos por la ley, incrementan el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos.

Los desaparecidos

A manera de corte de cuentas, la Oficina del Alto Comisionado realizó un chequeo sobre qué es lo que se ha podido resolver, en materia de investigaciones, desde que acabó el Paro Nacional. Como resultado de los actos violentos cometidos en el contexto de las protestas por parte de particulares, la Fiscalía aseguró que se han adelantado 744 noticias criminales, se han hecho 160 imputaciones y se libraron 49 medidas de aseguramiento. Además, la entidad que dirige Francisco Barbosa le aseguró a la ONU que, sobre el delito de desaparición forzada, de los 627 casos denunciados, ya localizaron a 276 personas, 136 eran registros duplicados y 192 corresponden a registros inadmitidos.

Pero el dato preocupante que recibió la Oficina por parte de la Fiscalía es que el mecanismo de búsqueda urgente se encuentra activo para 27 casos. Es decir, que hoy en día, a punto de acabarse del 2021, todavía hay 27 personas que desaparecieron en el marco del Paro Nacional.

Violencia contra la fuerza pública

En medio de las noches en vela por los tiros al aire, los estruendos por el disparo de balas aturdidoras y el caos en el que terminaba la disolución de las manifestaciones, la fuerza pública también se vio afectada. Según el Gobierno, tres miembros de la Policía (hombres) habrían muerto al 31 de julio de 2021. Los casos son los del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, quien desapareció el 3 de junio en Cali y que fue encontrado muerto el 7 de junio en el río Cauca. El del policía Juan Sebastián Briñez Hernández, quien murió el 22 de mayo en Cali presuntamente por arma de fuego. Y el caso del capitán Jesús Alberto Solano, quien murió el 28 de abril en Soacha por arma blanca al intentar frenar un saqueo.

“Adicionalmente, la Oficina recibió información del caso de la muerte del investigador del CTI, Fredy Bermúdez Ortiz, quien, el 28 de mayo, fue linchado en Cali por un grupo de manifestantes en un bloqueo que lo acusó de ser un infiltrado en las manifestaciones”, agrega el informe. Además de las afectaciones a las filas de la Policía, el Gobierno también le entregó información a la ONU sobre afectaciones a bienes privados o públicos. Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, del 28 de abril al 10 de septiembre, se reportaron 2.049 bienes privados destruidos (491 establecimientos comerciales, 463 oficinas bancarias, 4.445 cajeros automáticos, 318 ambulancias, entre otros).

Revisar protocolos y transformar al Esmad

A manera de conclusión y recomendaciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró que “hay razones fundadas para sostener que en el contexto del Paro Nacional, se habrían cometido violaciones a los derechos humanos, tales como el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo”. A pesar de saludar las iniciativas del Gobierno para llegar a soluciones pacíficas, lo cierto es que el informe deja entrever una realidad de violación de derechos humanos.

Por eso, una de las recomendaciones de la ONU en la materia es que se revisen los protocolos y procedimientos de uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad para evitar el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. “El Estado colombiano debe tomar todas las medidas y acciones necesarias para asegurar que las autoridades encargadas de la gestión de las manifestaciones, en particular la fuerza pública, solo recurran a la dispersión de las manifestaciones en estricta observancia de las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos”, agrega la investigación.

Dos de las recomendaciones más contundentes del informe radican en una transformación, primero, al Esmad. Según su criterio, Colombia debería adoptar una transformación profunda a este escuadrón antidisturbios. Y el segundo cambio estaría más hacia el lado de la organización de la Policía. Al respecto, lo que recomienda la ONU es “impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Nacional, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas, así como valorar la pertinencia de transferir la policía del Ministerio de Defensa a un Ministerio de autoridad civil, para reforzar el carácter civilista de la institución y el enfoque sobre la seguridad ciudadana”, concluye el informe.

El Espectador


Cancillería respondió a informe de ONU sobre abuso de la Policía en el paro: “Serán sancionados los responsables” 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió al informe que elaboró la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que diseñó luego de adelantar una investigación sobre lo sucedido durante el paro nacional de 2021 desde el 28 de abril hasta el 31 de julio.

En ese sentido, la Cancillería de Marta Lucía Ramírez afirmó que el informe de la Organización de las Naciones Unidas lo recibe Colombia con respeto y responsabilidad. El documento, titulado “El paro nacional 2021: lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, abordó la situación de derechos humanos en Colombia, con ocasión del Paro Nacional acontecido entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021.

“En su análisis de lecciones aprendidas, la ONU reconoce que Colombia cuenta con un marco jurídico robusto en materia de protección al derecho de reunión pacífica; la política inequívoca de “cero tolerancia con los abusos de la fuerza pública” reiterada por el presidente de la República y la vicepresidenta y canciller, la celebración de los diálogos del orden nacional y regional, así como la instalación y funcionamiento de la Mesa Nacional para la Evaluación de las Garantías de Manifestaciones Públicas, creada con el fin hacer seguimiento y emitir recomendaciones para garantizar la protesta pacífica”, expresó la Cancillería.

El Gobierno nacional reveló que la ONU celebró otras medidas como el despliegue en todas las regiones del país de delegados de la Procuraduría y el visto bueno para autorizar la visita en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En lo concerniente al esclarecimiento de los delitos denunciados con ocasión de las protestas, la ONU destaca la resolución del fiscal general de la Nación, de fecha 31 de mayo de 2021, que establece que la justicia ordinaria es la competente para investigar los posibles excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de las jornadas de Paro Nacional; así como también la designación de más de 35 equipos especiales en todo el territorio nacional, para adelantar las investigaciones en contexto, privilegiando aquellas situaciones de mayor afectación a la población civil”, recalcó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sumado a ello, la Cancillería dijo que la ONU en el informe hace referencia a los avances que han tenido las investigaciones sobre las muertes relación edad en las jornadas de protesta social, en ese aspecto el Gobierno nacional aseguró que se priorizó la indagación de 278 casos de presunto abuso de autoridad y lesiones personales.

“En atención a lo planteado, el Gobierno Nacional reitera su respaldo al derecho a la reunión pacífica y condena de manera vehemente cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales. Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación. A su vez y coherente con su posición de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población, por lo que rechaza todo acto violento que desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional de nuestro país”, dijo el Gobierno.

En ese informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que, al parecer, uniformados de la Policía usaron violencia sexual, discriminación y racismo para castigar.

Así miso, la ONU alertó que durante las jornadas de protestas y manifestaciones en las calles se vivió una oleada de violencia y abusos. Entre los resultados que entregó la investigación de 46 casos certificados, se señala que 28 fueron “perpetrados” por la fuerza pública.

“De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública y que en al menos diez de estos casos podrían estar vinculados miembros del Esmad. En dos de los 28 casos, el presunto perpetrador habría sido un funcionario del CTI actuando por fuera de sus funciones. De los 17 casos restantes verificados, en diez casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, se desprende del documento.

Semana


No se puede estar al lado de la Policía para la foto y denigrarla e insultarla: Duque sobre informe de la ONU

En el marco de la ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, el presidente Iván Duque defendió la institucionalidad de la Policía y aseguró que no se puede hacer politiquería con el nombre de la institución.

Según el jefe de Estado, no se pueden construir aspiraciones políticas, lacerando el nombre de la Policía, es un acto de vileza y villanía, en respuesta al informe presentado por ONU, que responsabilizó a la Policía Nacional de 28 de las 46 muertes, en el marco del paro nacional que se desarrolló entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021.

Cabe indicar que el informe al que se hace referencia fue elaborado por un grupo independiente, liderado por el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, y que actualmente es aspirante al Congreso.

“No se puede estar del lado de la Policía para la foto y para el aplauso y para cobrar victorias, pero después a las más mínima estancia de oportunismo, lacerarla, insultarla y denigrarla”, afirmó el presidente Duque.

El mandatario también le respondió al candidato presidencial Gustavo Petro, quien dijo en su cuenta de Twitter, que “con la Policía Nacional no se debe matar jóvenes pobres, señor Duque; y no se debe dejar matar a los policías por mafias a las que llamaron “cerco diplomático” para que se tomaran la frontera”.

Según el presidente, las instituciones no pueden manoseadas con ataques electorales y mucho menos por aquellos que han sido beneficiarios de la impunidad.

“Pero quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia del país y que dejaron un macabro recuerdo, no pueden venir hablar de honor de quienes siempre han obrado siempre del lado de la legalidad”, señaló el jefe de estado.

El mandatario agregó que “nunca ha usado un alias, nunca ha empuñado un arma para justificar ninguna causa y nunca lo hará”.

Por último, Duque señaló que “esas personas que fueron beneficiarios de la impunidad y que nunca respondieron por esos crímenes, tratan de juzgar cuando no se han cumplido los respectivos procesos, sobre todo frente a quien los protegen y protegen a toda la ciudadanía”.

RCN


Documento oficial de la ONU: Colombia debe reformar de manera urgente la gestión de protestas para prevenir más violaciones a los derechos humanos

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