Uruguay | Terrorismo de Estado: debate sobre delitos permanentes y continuados

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Llamada peyorativamente “Ley de Impunidad”, proclaman la protección para quienes ejercieron el terrorismo de Estado durante la dictadura militar en Uruguay.

Una encendida polémica ha traído la propuesta de beneficiar con la prisión domiciliaria a los militares de la última dictadura en Uruguay (1973-1985).

Catalogados ahora como “personas de mayor riesgo”, atendiendo a su edad, en Uruguay se propone un proyecto de ley para otorgar este beneficio a reclusos adultos mayores de 65 años de edad.

El proyecto de Cabildo Abierto fue presentado durante la pandemia. Resulta que ahora ellos acuden a los mismos organismos internacionales, que previamente criticaron, y significan que lo hacen para beneficiar a la población penal adulta mayor, que es mínima en Uruguay.

Dicen que quieren un trato diferencial para los adultos mayores, o adaptar la legislación para descompresionar el sistema carcelario, que alberga una población penal de unas 14.010 personas.

Solo el 1 por ciento es mayor de 65 años de edad en las cárceles de Uruguay. Mientras otros se preguntan, por qué no se ocupan de rehabilitar a los presos más jóvenes.

Consecuente Cabildo

Cabildo Abierto es un partido político uruguayo fundado en 2018, que la oposición llama el Vox suramericano.

Con una ideología conservadora y evidentemente de derechas, salió a la luz cuando aún era comandante en jefe del Ejército Uruguayo Guido Manini Ríos. Mejor señal imposible, para proponerlo entonces como precandidato a la Presidencia de la Republica.

Al ser destituido en marzo de 2019 por el presidente Tabaré Vázquez, se convirtió en candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto.

Actualmente, con este proyecto de Ley, el partido da continuidad a varios procedimientos de impugnación al sistema judicial por delitos cometidos en la dictadura militar.

Concretamente objetan procesamientos y condenas por tales delitos. En esa línea están las críticas a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ahora les conviene avalar.

También el cuestionamiento al exfiscal de Corte, Jorge Díaz, quien lideró en 2017 la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, una transformación dificultosa y rodeada de polémica.

Voces críticas como la del diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, dijo que el alejamiento de Díaz era “muy bueno para el sistema”.

Ley de Caducidad

Uno de los “atributos” del Cabildo Abierto es que insistió en restaurar la Ley de Caducidad.

Llamada peyorativamente “Ley de Impunidad”, proclaman la protección para quienes ejercieron el terrorismo de Estado durante la dictadura militar en Uruguay (1973-1985).

Bajo la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada en 1986, cuando se marcó el fin de la transición del Gobierno dictatorial al democrático, los crímenes perpetrados por funcionarios militares o policiales durante el golpe de Estado no pudieron ser juzgados.

Esto se hizo contra las normas y principios del derecho internacional, que obligan a todos los Estados a abstenerse de adoptar legislaciones que impidan juzgar hechos históricos calificados como crímenes de lesa humanidad, tal cual sucedió con el terrorismo de Estado.

En el ámbito del derecho interno, la ley se aprobó influida por la coacción militar, fue dictada bajo amenaza de las Fuerzas Armadas de un desacato institucional.

Cuando comenzaron las primeras citaciones judiciales, dijeron que no se iban a presentar y amenazaron con la desobediencia.

Por lo tanto, se forzó al Poder Legislativo a votar algo que permitiera que las Fuerzas Armadas quedaran impunes por los crímenes cometidos.

Además, la Ley de Caducidad viola el principio republicano y constitucional de la separación de poderes, porque quien decide qué caso se juzga y qué caso no, es el Poder Ejecutivo.

Familiares de detenidos desaparecidos

Al día siguiente de su aprobación, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Mfudd) y las viudas de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, dos legisladores asesinados en Buenos Aires, convocaron a la recolección de firmas para llevar a cabo un referendo revocatorio de la Ley de Caducidad.

Fueron adelante, aunque el desafío era inmenso. El artículo 79 de la Constitución de 1967 exigía la firma de la cuarta parte de los ciudadanos habilitados para votar, es decir, para ese caso específico se requerían de más de 550.000 firmas.

La iniciativa concitó la adhesión de organizaciones sociales, del movimiento sindical y casi inmediatamente el apoyo de las fuerzas políticas representadas por el Frente Amplio.

Se sumó a la iniciativa en enero de 1987, aún antes de que la campaña organizada por la Comisión Nacional Pro Referéndum se lanzara públicamente. En 1989 el Frente Amplio (FA) asumió y promovió el referendo derogatorio.

En 2009, otras voces, entre estas la del expresidente de Uruguay, José Mujica, consideraban inoportuno el plebiscito, ya que coincidiría con el acto electoral, algo así como una especie de distractor.

En esa votación la posición de cada elector que no se pronunció sobre el tema, fue conmutada como voto en contra de la anulación. Al tiempo que hacían otras consideraciones tendientes a equiparar la justicia con la venganza, claro que en términos más populares.

En 2010, el FA fue golpeado por una polémica interna, que derivó en desacatos frente al debate legislativo para neutralizar los efectos de la ley.

Actualmente, el proyecto presentado por Cabildo Abierto, que beneficia a los presos de la dictadura que están en la Cárcel de Domingo Arenas, fue rechazado por el FA.

En las elecciones presidenciales de 1999, el FA dio su primer gran paso. Abarcó la mayoría de las bancas de senadores y diputados puestas en juego.

Seis años después fueron el oncólogo Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y el exguerrillero tupamaro José “Pepe” Mujica (2010-2015). El FA gobernó el país durante 15 años caracterizados por importantes conquistas sociales.

Delitos de lesa humanidad

El polémico proyecto del Cabildo Abierto aclara en su contenido que se aplicaría a los mayores de 65 años de edad, salvo a aquellos a quienes la Fiscalía impute de violación.

La benevolencia incluye también al homicidio agravado o -y aunque no lo dice literalmente- crímenes de lesa humanidad, siempre que hayan sido cometidos después del año 2006, fecha en que fue incorporado como delito al ordenamiento jurídico uruguayo.

Un resquicio que les permite la ley, muy bien aprovechado.

Específicamente están aludiendo a los presos de la dictadura militar. Es claramente una salvedad referida a esas personas, para que ellos puedan acceder a la prisión domiciliaria.

En ese sentido el FA expresó su rechazo al proyecto de ley, con un llamado a la movilización popular. La Mesa Política Nacional del FA sostiene que ese proyecto busca “beneficiar a los 20 reclusos de la Unidad 8 de Domingo Arena, presos por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar”.

El FA expresó en un comunicado su rechazo “al nuevo intento de generar marcos legales, con la intención de reinstaurar la impunidad sobre las aberrantes acciones desplegadas contra la población durante los años de la dictadura cívico – militar, dónde se desarrolló el terrorismo de Estado con un elevadísimo costo en muertes, desapariciones, cárcel, tortura y exilio”.

También “emplaza al presidente Luis Lacalle Pou y al expresidente Julio María Sanguinetti, a ratificar o rectificar la afirmación aparecida en un medio de prensa, en el sentido de que ellos ya habrían dado ‘el ok, hace unos meses’ para la aprobación del mencionado proyecto”.

“Al mismo tiempo -agrega la declaración del FA- denuncia la operación puesta en marcha por sectores nostálgicos y a través de referentes de la propia derecha, con el fin de confundir y reescribir la historia reciente sobre la base de la teoría de los dos demonios”.

La única certeza de una dictadura es la de sus efectos, como la impunidad ante el crimen.

Así que la “teoría” intenta convencer de que la manera de no regresar a los demoniacos: “caos” y “horror”, implica aceptar y convivir sumisos con sus efectos.

¿Dónde queda la vigencia del delito de desaparición forzada, que no prescribe mientras la persona siga desaparecida?

Son las huellas indelebles que dejó la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) en todos los familiares de los casi 200 detenidos desaparecidos. Ellos siguen buscando a sus seres queridos y reclamando justicia.

La marcha del silencio

La primera se realizó en 1995. La multitud parte desde el Monumento a los Detenidos Desaparecidos de América Latina hasta la reconocida como Plaza Libertad.

Los familiares de los desaparecidos por la dictadura uruguaya se encaminan por la avenida 18 de Julio, principal arteria de Montevideo (capital), así como por varias ciudades de Uruguay y en el resto del mundo, donde apoyan su causa.

En el 2020 fue suspendida por primera vez debido a la pandemia. Pero la virtualidad despertó una participación histórica, expuso la asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos.

Levantan carteles de las personas cuyo paradero nunca fue dilucidado por las Fuerzas Armadas. Desde 2002, equipos de antropólogos han logrado encontrar restos de seis detenidos desaparecidos.

Además de Eduardo Bleier en 2019, quien fue desaparecido en 1975, fueron encontrados en predios militares: Roberto Gomensoro en 2002, Fernando Miranda y Ubagésner Cháves Sosa en 2006, Julio Castro en 2011 y Ricardo Blanco en 2012.

Actualmente, las investigaciones continúan y el pedido de Justicia es algo que la sociedad exige, tras 48 años desde que comenzó la dictadura uruguaya.

“Seguimos buscando, es algo justo que pedimos, no estamos pidiendo cosas extraordinarias, no estamos pidiendo cosas en contra de la patria, ni de la sociedad, estamos pidiendo una cosa razonable: que los cuerpos aparezcan”, afirma un familiar.

“¿Dónde están? No al silencio, ni a la impunidad. Memoria, verdad y justicia”, enfatiza.

“Desde Madres y Familiares estamos convencidos de que los vamos a encontrar a todos. Tardaremos más o menos y tardaríamos mucho menos, si las Fuerzas Armadas dejarán de ser cómplices de la desaparición forzada y dieran toda la información”.

Expresiones antidemocráticas en el Parlamento han sido referidas por el Partido Cabildo Abierto, como las del senador Guido Manini Ríos, quien durante una sesión cuestionó a la Justicia por enviar a prisión a un exmilitar, acusado por el asesinato del exmilitante Iván Morales Generalli, en 1974.

Quién le pone coto, teniendo en cuenta que Manini Ríos es el representante del alto mando del Círculo Militar o asociación gremial de militares retirados.

El secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, dijo que “en términos generales” cree que una ley que establezca la prisión domiciliaria “tanto para civiles, como para militares, como para quienes sean”, es “algo humanitariamente razonable”.

Por lo tanto, “en principio, la sustancia del tema (le parece) adecuada”. “Más allá del detalle del proyecto”, considera la idea como “humanitaria” y no cree “que nadie pueda estar demasiado en desacuerdo”.

En un comunicado que difundieron colectivos como la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT – FUCVAM – Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos – CRYSOL – Colectivos Contra Toda la LUC – Fundación Mario Benedetti – Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano – Memoria en Libertad”, entre otros, indicaron que se pretende “sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de lesa humanidad, por penas de prisión domiciliaria”.

“Tal sustitución supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos”, señalaron los colectivos.

Agregaron que de acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que fue ratificada por Uruguay, “el crimen de desaparición forzada constituye un delito permanente y continuado”.

Por lo cual “sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios”.

Golpe de Estado

El 27 de junio de 1973 el entonces presidente, Juan María Bordaberry, disolvió el Parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Fue resistido por gran parte de la ciudadanía y por la totalidad de los trabajadores agrupados en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), así como por el Movimiento Estudiantil, principalmente representado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) de la Universidad de la República, quienes realizaron una huelga general de 15 días de duración, la más larga de la historia hasta el momento.

Las Fuerzas Armadas detuvieron a dirigentes de izquierda y a otros ciudadanos sin posición política, acusándolos de sedición durante todo el tiempo que duró la dictadura militar, es decir, hasta 1985.

Los integrantes de partidos considerados “de izquierda”, que quedaron vivos, fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas.

Los de los partidos tradicionales fueron liberados, sin dejar por ello de ser sospechosos en todo momento y sometidos a vigilancia permanente.

En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas unas 200 personas.

La huella social, los reclamos de la verdad por los movimientos sociales, ahonda un tránsito histórico y persistente por la justicia. Se abrió así un terreno de debate, del que dependerá la configuración cívica e identitaria de Uruguay.

Telesur

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