Gobierno de Boric y prioridades internacionales – Por Roberto Pizarro H y Luis Herrera M

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Roberto Pizarro H y Luis Herrera M

La política exterior no tiene fines autónomos, sino es un componente sustantivo de toda estrategia de desarrollo. El tipo de apertura externa que caracterizó a nuestro país en los últimos cuarenta años ha sido consistente con el modelo productivo exportador de recursos naturales y funcional a la existencia del lucro en el área social, como la educación, salud y previsión. Es lo que hay que cambiar.

En efecto, el desarrollo se confundió con crecimiento y exportación de materias primas. Y, a diferencia de los países asiáticos, por ejemplo, la política exterior no se utilizó para impulsar transformaciones para agregar valor a los procesos productivos y se renunció al desarrollo de la ciencia y nuevas tecnologías. La apertura externa indiscriminada, sin regulaciones, sirvió de apoyo entonces al neoliberalismo interno.
Así las cosas, la política exterior, de forma unilateral o mediante los Tratados de Libre Comercio (TLC), consolidó el extractivismo, multiplicando las exportaciones, pero principalmente de recursos naturales. Al mismo tiempo, esa política abrió sin restricciones las puertas al capital internacional, facilitando de paso también su instalación en las AFP, ISAPRES y universidades.

Este crecimiento, centrado en el aumento de las exportaciones de materias primas, conformó una economía regresiva desde el punto de vista del desarrollo humano, generando empleo precario, desigualdades sociales y regionales, depredación del medio ambiente y el agotamiento progresivo de los recursos naturales.

Así las cosas, la estrategia neoliberal ha encontrado crecientes límites productivos y sociales. La escasa diversificación económica ha frenado tanto la productividad como el propio crecimiento y, paralelamente, la apertura indiscriminada al capital internacional ha servido para consolidar el lucro en educación, salud y previsión.
Por otra parte, la subordinación de la política exterior a la política comercial y, muy especialmente a los TLC, alineó sin cuestionamientos la diplomacia chilena con las exigencias de los países desarrollados, distanciando en cambio a nuestro país de América Latina y de los países del sur. Esta política ha obstaculizado y perjudicado, en la práctica, potenciales esfuerzos para actuar junto a los países del sur frente a los poderes mundiales en temas determinantes de la agenda internacional: flujos financieros depredadores, propiedad intelectual, controversias empresa estado, medio ambiente, entre otros.

Las transformaciones económicas y sociales que se ha propuesto el gobierno de Boric exigirán entonces modificar la política exterior, incluyendo la apertura al capital internacional en el área social.

En efecto, para llevar a cabo una efectiva diversificación productiva, tanto las políticas unilaterales de comercio exterior como los acuerdos comerciales no pueden ser “neutros” en cuanto a aranceles, capital financiero, inversiones externas, o propiedad intelectual. Se deberá discriminar en favor de los sectores industriales o de aquellos procesos productivos, que agreguen valor y conocimientos a la nueva matriz productiva. Del mismo modo, la nueva concepción de derechos, que terminará con el lucro en educación, salud, previsión y vivienda, exige cerrar las puertas o al menos regular estrictamente la inversión externa en esos sectores.

En consecuencia, habrá que introducir criterios claros en favor de un relacionamiento externo objetivamente consistente con los cambios productivos y sociales internos que se han propuesto.

Resulta útil, entonces, identificar los países cuyas experiencias resultan comparativamente más relevantes en relación con los cambios que el gobierno de Boric quiere llevar a cabo, para intentar alcanzar con ellos vínculos más estrechos (“estratégicos”, se podría decir). Consecuentemente, habrá que apuntar especialmente a aquellos que hayan alcanzado ostensibles avances tecnológicos y de diversificación productiva y que, simultáneamente, hayan promovido un desarrollo humano integral, como componente preponderante.

Entre ellos, se destacan los países nórdicos, por sus logros en áreas de gran impacto social (salud, educación, género, vivienda, participación ciudadana, etc.), y normativa laboral (negociación colectiva entre trabajadores, empresarios y estado). A esto se agregan políticas de permanente innovación tecnológica (con cooperación público-privada), las que han transformado su pasado extractivista en economías altamente desarrolladas. Dado sus grado de afinidad con muchos de los objetivos centrales del futuro gobierno de Chile, los países nórdicos deberían servirnos de referentes, y privilegiar una alianza con ellos resultará fundamental.

Por su parte, países como Australia, Nueva Zelandia, Corea del Sur, e incluso China, son así mismo ejemplos destacados de transformaciones productivas sustantivas. Sus respectivas economías originalmente extractivistas y/o atrasadas tecnológicamente han experimentado también un salto extraordinario en su desarrollo. En las experiencias de estos países sería plausible encontrar políticas específicas a tener presente para avanzar en nuestras propias transformaciones productivas y sobre todo en lo referido a incorporar ciencia, innovación y nuevas tecnologías a nuestra economía.

Esas prioridades, que calificamos de estratégicas, no excluyen, por cierto, la mantención fluida de relaciones económicas y diplomáticas con la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia y otros países de relevancia en el actual contexto mundial. Sólo queremos destacar que la propuesta de transformaciones del gobierno de Boric encuentra mayor afinidad con la experiencia y actual realidad de los países nórdicos y los señalados de la cuenca del Asia-Pacífico.

Finalmente, nos parece ineludible recuperar las relaciones vecinales, en que lo diplomático es preponderante, pero que también ofrece amplias oportunidades económicas, hasta ahora desaprovechadas. Por tanto, hay que priorizar las relaciones con América Latina en general, y con los países limítrofes en particular.

Nuestro proyecto de país, y la posibilidad de incidir con mayor presencia política en el contexto internacional, se encuentra ligado indefectiblemente a América Latina y al mundo en desarrollo. Chile debe tener una política exterior de acercamiento y cooperación económica y diplomática, especialmente activa con aquella parte del mundo con la cual comparte intereses y problemas, aún en medio de las dificultades que presenta actualmente la institucionalidad regional.

Las relaciones con los países de la región no son siempre fáciles. Contingencias políticas y diferencias ideológicas dificultan a veces los vínculos. Sin embargo, será tarea de una futura diplomacia, la identificación de intereses comunes que sirvan de base para relaciones diplomáticas pragmáticas, constructivas, y mutuamente aceptables, sin comprometer las respectivas visiones estratégicas.

La integración regional, más allá de contingencias políticas, debe ser el punto de referencia de las relaciones de Chile con nuestros vecinos. Gabriel Boric ha sido claro en señalar que es preciso superar las pasiones ideológicas y las contingencias políticas, si queremos que nuestros países se entiendan en América Latina y se integren económicamente. Compartimos plenamente ese juicio. Un bloque sudamericano nos permitirá enfrentar los desafíos del siglo XXI en mejores condiciones. No podemos promover esquemas de integración que incluyan a unos países y excluyan al resto. Hay que aprender de la Unión Europea.

En suma, la ruptura con el neoliberalismo que se propone el programa de Boric debe desplegar una política internacional que efectivamente ayude a ese propósito. En el nuevo gobierno, la diplomacia, el comercio, las inversiones, la ciencia y la tecnología deben concebirse como fuerzas de apoyo a la transformación productiva, pero también como instrumentos para garantizar una sociedad de derechos sociales.

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