Así está el panorama de la despenalización del aborto en Latinoamérica

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La revolución de los pañuelos verdes se ha extendido por toda América Latina y ha conseguido que se tomen decisiones históricas en más de cinco países de la región. El logro más reciente, y también uno de los más importantes, se conoció este 21 de febrero, cuando la Corte Constitucional de Colombia decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación.

La puerta a Suramérica es el primer país de la región que avala una ventana tan amplia para realizar el proceso. Este es un hecho trascendental en Colombia, pues antes el aborto solo estaba permitido hasta la octava semana de embarazo. Además, estaba condicionado a tres causales: malformación del feto o que la mujer corriera peligro o hubiese sido abusada sexualmente.

“La decisión supone un avance en el reconocimiento de la libertad y autonomía reproductiva y sitúa a Colombia como el país con el modelo de plazos más amplio de todo el continente. El fallo también trae beneficios a las y los prestadores de servicios de salud, pues podrán realizar el procedimiento de aborto/IVE hasta la semana 24 sin enfrentar la amenaza de una persecución penal”, asegura Causa Justa, movimiento colombiano que interpuso la demanda para que se despenalizara el aborto en el país.

En otros países de la región donde se ha despenalizado el aborto, los plazos son mucho menores que el establecido en Colombia, sin embargo, siguen siendo amplios para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

En el caso de Argentina, el aborto es legal y se permite la interrupción voluntaria hasta la semana 14 de gestación. En el mencionado país el Senado aprobó la ley el 30 de diciembre de 2020 y posteriormente fue promulgada por el presidente Alberto Fernández en enero del año siguiente.

En orden de plazo para realizar el proceso siguen México, Cuba, Puerto Rico y Uruguay, donde las gestantes pueden interrumpir voluntariamente su embarazo antes de entrar en la semana 12 de gestación. Se resalta que Cuba y Puerto Rico despenalizaron el aborto desde el siglo pasado, exactamente en 1965 y 1973, respectivamente.

En otros países de Latinoamérica el aborto es permitido, pero siempre y cuando se puedan probar ciertas causales determinadas por las autoridades de cada territorio. Por ejemplo, en Chile, Ecuador y Brasil permiten a la mujer interrumpir su embarazo cuando la mujer corre peligro, fue víctima de violación o por inviabilidad del feto. En Bolivia y Belice también se contemplan estas variables e incluyen una adicional: el incesto y, en el caso de Belice, los factores socioeconómicos.

Países como Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica permiten la practica del aborto condicionada, pero su legislación es más cerrada y solo permiten el proceso en caso de que la mujer corra peligro.

A diferencia de los países mencionados anteriormente hay territorios en América Latina en los que el aborto está prohibido rotundamente. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití la interrupción voluntaria del embarazo está contemplada en los códigos penales y no hay excepciones.

Este es el mapa general de aborto en América Latina:

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Cabe resaltar que aunque países como Colombia y México hayan despenalizado el aborto en un tiempo determinado de semanas, esto no significa que el proceso de hay dejado de ver como un delito. En estos territorios el aborto se sigue contemplando en sus respectivos Códigos Penales.

Grupos feministas y en pro de los derechos humanos de toda América Latina señalan que mantener el aborto como delito, e incluso, no avalar el proceso bajo ninguna variable, es perpetuar la violencia contra las mujeres. Además, señalan que la interrupción voluntaria del embarazo debe pensarse desde el ámbito de la salud pública, pues al hacerlo desde el ámbito penal se permite que continúe la criminalización de mujeres que acceden a este procedimiento.

“Seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente. Los plazos sin duda reconocen en cierta medida la autonomía de las mujeres hasta una cierta etapa del embarazo, pero no se sustentan en razones científicas y niegan la capacidad de las mujeres para decidir como sujetos morales plenos”, sostiene Ana Cristina González Vélez, pionera del movimiento Causa Justa y cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Infobae

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