Más allá del acuerdo: quebrar la valorización financiera y construir el proyecto de las mayorías – Por Paula Giménez

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Por Paula Giménez*

No puede entenderse la situación en que se dirime el acuerdo con el FMI anunciado por el presidente Alberto Fernández, sin tener en cuenta el problema estructural e histórico de la política (y la economía) argentina: la llamada valorización financiera, que establece los vínculos entre fuga de capitales y endeudamiento.

En tanto régimen social de acumulación, o modelo económico, la valorización financiera es un proceso en el que la entrada de divisas a través del endeudamiento en dólares, es utilizada para valorizarse y rápidamente fugarse. Este es el problema de fondo, y tiene claros responsables.

Después de realizar una historización del endeudamiento argentino desde el 1976, en tiempos de Martinez de Hoz hasta el desendeudamiento de Néstor Kirchner, la vicepresidenta Cristina Fernandez denunció en Cuba la deuda tomada por Macri en 2018 como insostenible e ilegítima, basada en una demostrada violación de los estatutos del Fondo y la utilización de dicha deuda sólo para la fuga de capitales.

El mismo Macri lo reconoció el 7 de diciembre de 2021, al señalar: “la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo”. (Diario Perfil, 8/11/2021). También lo hizo el propio FMI, de la mano de Odd Per Brekk, vicejefe del departamento de Asia y Pacífico del organismo, quien el 22 de diciembre pasado lanzó un informe en el que reconoce también que el préstamo otorgado durante 2018 no fue utilizado para los fines convenidos (Diario Ámbito, 22/12/2021).

La crónica de la valorización financiera y la deuda ilegítima del macrismo.

El ciclo de valorización financiera se (re)inaugura con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015. Comienza con un proceso de desregulación y liberalización de los mercados, permitiendo el ingreso de capitales extranjeros. Según un informe del BCRA, 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país entre diciembre de 2015 y 2018 tuvieron su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. Argentina volvió a emitir deuda en moneda extranjera y, con eso, volvió a darle poder de fuego en la economía doméstica a los Fondos Financieros de Inversión Global (FFIG).

Una crisis crediticia llevó a una serie de corridas cambiarias seguidas de devaluación. En mayo de 2018, el BCRA perdió 5000 millones de dólares en una semana. Allí es donde Macri anunció el inicio de las negociaciones con el FMI, de las que resultó la concesión de un préstamo en junio de 2018 que operó como “seguro de cambio” para el capital especulativo. Así se coronó el camino de la estrategia neoconservadora, con el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne como garante, y Templeton, JP Morgan y otros fondos como los principales actores financieros responsables de la corrida cambiaria de abril.

Dujovne renunció tras la contundente derrota del macrismo en las primarias presidenciales del 11 de agosto de 2019. Entre agosto y octubre de ese año, las elecciones primarias y las generales, ocurrió una nueva corrida cambiaria con una brusca devaluación. En ese marco, se produjo una pérdida de reservas de 17.000 millones y se fugaron 23.000 millones de dólares, casi la mitad del monto del préstamo otorgado por el FMI.

El ciclo se cerró con la imposición de un fuerte control de cambios, con restricciones y cupos a la compra de dólares, anunciadas por Macri y efectivizadas por Sandleris, ex titular del BCRA. La alianza Cambiemos recibió un país desendeudado en diciembre de 2015 y entregó uno completamente saqueado y en ruinas en diciembre de 2019. ¿Qué hubo en el medio? Un ciclo de valorización financiera.

Fuente: Informe “Argentina: Patria o FMI. Primero se crece después se paga”, CLAE, Octubre 2021.

Para entender la magnitud del saqueo en números: Según el BCRA, “el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas de dólares adquirió US$ 41.124 millones en concepto de formación de activos externos y, en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló US$ 16.200 millones en compras netas durante el período, un total combinado de US$ 57.324 millones” (Portal NODAL, 12/11/2021). Esa fuga fue, impunemente, a parar a paraísos fiscales.

En la Apertura de Sesiones del Congreso en marzo de 2020 Alberto Fernández expresó: “los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda” (Portal Va con firma, 17/082021).

La historia no es nueva

La Valorización Financiera es el mismo proceso que operó en la profunda crisis de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y en la de 2001, que concluyó con la salida anticipada de Fernando De La Rúa.

Alfonsín se vio en negociaciones por una deuda también ilegítima tomada por la dictadura militar, donde infructuosamente intentó, mediante el Plan Austral y el Plan Primavera, cumplir las condiciones que imponía el FMI. En 1988 el Fondo rechazó los términos planteados por el gobierno argentino y Alfonsín se retiró prematuramente, para inaugurar la etapa ya conocida del menemismo, donde se profundizó la internacionalización financiera.

Durante este período, la fuga de capitales constituyó un fenómeno permanente. Para 1995, 11.455 millones de dólares fueron fugados de Argentina, marcando un aumento del 583 % en comparación con el año anterior. Así para el año 2001, el stock de activos financieros externos del sector privado representaba cerca del 40% del PIB en el caso de la Argentina, alcanzando máximos históricos (Kulfas, 2007).

En este contexto, en diciembre del 2001 se desató una de las peores crisis económicas y sociales que la Argentina haya visto. En cuanto a deuda, durante los 10 años anteriores a la crisis, la Argentina firmó cuatro acuerdos sucesivos de financiamiento y hubo un aumento constante del saldo del crédito pendiente frente al FMI. En esos años el FMI realizó cerca de 50 misiones entre 1991 y 2002, principalmente en los sectores fiscal, monetario y bancario. Las condiciones impuestas por el FMI tampoco han variado respecto de aquella época: reducción del déficit fiscal, imponer políticas de ajuste, reducir el protagonismo activo del Estado en la economía y realizar reformas estructurales al mundo del trabajo (vía reforma al sistema jubilatorio y la flexibilización laboral).

Retomar la historia reciente de nuestro país permite entender la crónica de una estafa anunciada y las condiciones en que se desarrollan las negociaciones del gobierno con el FMI desde su entrada a la Casa Rosada. Este problema estructural de la economía argentina explica el poder de fuego que el sector financiero especulativo tiene para llevar adelante maniobras desestabilizadoras.

La soga al cuello: Recorrido de las negociaciones ante la deuda insostenible 

Hay que agregar que, como dice Cristina, a la pandemia macrista, se sumó la pandemia sanitaria a los 99 días de gobierno. En ese contexto, Alberto Fernández y el ministro de economía Martín Guzmán encabezaron las negociaciones con el FMI y los fondos tenedores de deuda. En mayo de 2020, luego de una corrida cambiaria sobre el dólar blue, que alcanzó entre el 14 y 15 de mayo, un máximo de $138, un grupo de acreedores encabezados por BlackRock, presentó una contrapropuesta de renegociación de la deuda argentina bajo Ley extranjera.

Con apoyo del FMI, las rondas de negociación culminaron con el anuncio de Guzmán, el 31 de agosto, de un acuerdo con el 99% de los acreedores de deuda bajo Ley extranjera. Este hecho fue el que condicionó el acuerdo con el FMI cerrado recientemente en enero de 2022.

En 2021, Alberto Fernández puso nuevamente en escena la ilegitimidad de la deuda contraída en tiempos de macrismo. El 1 de marzo, en la Apertura de Sesiones del Congreso, instruyó iniciar una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la toma de deuda ilegal con el FMI en 2018. Las acciones, sabemos, todavía no prosperaron. El Poder Judicial todavía le debe explicaciones a la democracia argentina y a su pueblo.

El 4 de marzo, promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece, entre otros puntos, que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación. La Ley había sido aprobada por unanimidad en el Senado, pero votada en contra por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica en Diputados.

En los meses siguientes, Alberto Fernández y Martín Guzmán recorrieron Europa buscando apoyo para negociar con el Fondo y el Club de París. Las consignas son extensión de plazos y quita de sobretasas. Como resultado, Guzmán anunció el 22 de junio pasado un acuerdo con el Club de París sobre los vencimientos de la deuda.

En el marco de las elecciones primarias de medio término, realizadas el 12 de septiembre, con un resultado desfavorable para el Frente de Todes, Crisitina Fernández de Kirchner rompió el silencio en una carta que publicó el 16 de septiembre, donde dió a conocer las diferencias al interior de la coalición. Hace hincapié en que hay que alinear salarios, jubilaciones y profundizar el control de precios de los alimentos, para que el crecimiento no se lo queden “tres o cuatro vivos nada más”, algo que ya había expresado en diciembre de 2020.

La vicepresidenta fue crítica con lo que considera una “política de recorte fiscal equivocada”. Los números lo evidencian. A pesar de los índices de recuperación económica, lo que no se recuperan son los salarios, los presupuestos ministeriales se sub ejecutaron, los alimentos aumentan sus precios y no se renuevan las ayudas sociales para la asistencia de la Pandemia, como el IFE, con el 41% de población por debajo de la línea de pobreza.

Mientras tanto, Fernández y Guzmán siguen en diálogos y negociaciones con el Fondo. Un día después de la carta, el 17 de septiembre, se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 622/21, donde se incorporan los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por 4.330 millones de dólares al presupuesto 2021 con el único fin de pagar los inminentes vencimientos programados en la deuda contraída en 2018 por el macrismo ante el mismo organismo. Es decir, se usaron los DEG (especie de “moneda”) del Fondo para pagarle al propio Fondo.

Octubre de 2020 transcurrió en medio de la presentación de renuncias de funcionarios asociados a la conducción de Cristina, cambios de gabinete, movilizaciones de calle y golpes económicos.

Los actores financieros pusieron en juego sus herramientas de desestabilización, en lo que puede interpretarse como una carrera preelectoral de los mercados hacia las elecciones generales de noviembre. El 19 de octubre, el riesgo país tocó un máximo de 1652 puntos, superando el último récord de septiembre de 2020. Los bonos argentinos en Wall Street perforaban el piso de los U$S35 y el dólar blue aumentaba la brecha cambiaria.

En el medio, sucedieron las dos movilizaciones más grandes del período, las “dos plazas” en el marco de la celebración del 17 de octubre, con el sector del kirchnerismo “duro” movilizando el mismo 17 con el “no pago al FMI” como consigna y, al día siguiente, el 18, marchó el sector más “moderado”, con la CGT y el Movimiento Evita como principales protagonistas, que sostuvieron la consigna de acuerdo pero con condiciones a favor de las y los trabajadores.

A partir de aquí, los medios hegemónicos pusieron en el centro de la escena a Máximo Kirchner, conducción de La Cámpora, quien realizó varios actos preelectorales y viralizó la consigna “primero se crece, después se paga”. Mientras tanto, los sectores concentrados rechazaron el control de precios de alimentos emprendido por Roberto Felleti, desde la Secretaría de Comercio Interior y amenazó con desabastecimientos. Así lo advirtió Mario Grinman, dirigente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Por su parte, el Presidente Fernández siguió intentando cerrar alianzas internacionales que generaran mejores condiciones para lograr el acuerdo con el FMI. El 2 de noviembre, durante la Cumbre Climática de Glasgow, coordinada por el Presidente Joe Biden, pidió a los líderes globales una mayor flexibilidad en plazos y tasas “para honrar la deuda” y expresó que Argentina “está dispuesta a vincular parte del pago de la deuda a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde que Argentina necesita” (Diario Clarín, 2/11/2021), alineándose al plan global de transición energética.

Reacomodadas las fichas del tablero político después de las elecciones generales del 14 de noviembre de 2021, con un resultado desfavorable para el Frente de Todes (que perdió mayoría en el Senado, aunque aumentó el caudal de votos en comparación con las primarias), los ejes centrales de la agenda rondaron sobre la falta de control de la inflación, la subida del dólar blue, el estallido de casos por la variante Omicron, las negociaciones previas al tratamiento del Presupuesto 2022 y la carrera contra el tiempo para cerrar el acuerdo con el FMI, ante los inminentes vencimientos de los plazos en marzo de 2022.

El 15 de noviembre, Alberto Fernandez, anunció el envió de un proyecto de Ley al Congreso de la Nación Argentina que consiste en un programa económico de base para un acuerdo con el FMI, denominado Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Fernández señaló al respecto: “el programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el Staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martin Guzman”. Y aclaró que el mismo se hará “sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social. El superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, nunca del ajuste” (Diario El Cronista, 29/11/2021).

Los sectores económicos financieros, tensionaron al gobierno desde la agenda pública, planteando “la falta de confianza de los mercados” y la “incertidumbre” provocada por “la falta de un plan” del oficialismo. Nicolas Viveros, estratega de renta fija de Capital Markets Argentina (CMA), indicó: “Había un par de factores principales que podían impactar positivamente en los bonos, que eran las elecciones y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De estos factores, el primero no terminó de convencer al mercado en cuanto al resultado y el segundo parece que se está dilatando permanentemente”, con una “desconfianza generalizada en el Gobierno” por parte de inversores locales y extranjeros y la “falta de un plan económico sostenible, todo esto en un contexto de bajas reservas, alta inflación y una alta expectativa de devaluación” (Diario El Cronista, 23/11/2021)

En este contexto, Cristina Kirchner, volvió a romper el silencio el 27 de noviembre. En una carta publicada por Twitter, con centralidad en las operaciones mediáticas sobre su papel en las negociaciones con el Fondo. Bajo el título “De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades”, expresó que “la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”. Pero aclaró: “¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas. (…) Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”.

La previa de un acuerdo a contrarreloj

El mes de diciembre transcurrió en medio de las acaloradas discusiones en dos frentes: con una oposición intransigente y envalentonada por el resultado electoral en relación al Presupuesto 2022, y con el FMI para seguir afinando unas mejores condiciones para el acuerdo.

El 2 de diciembre pasado, Alberto Fernández, desde la 27° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, pidió al FMI “que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales” (Diario Ámbito, 3/12/2021).

Días después, luego de las conversaciones que funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA sostuvieron en Washington con el FMI, el organismo realizó un Informe sobre el préstamo a Argentina. El documento, publicado el 10 de diciembre, observa, a pesar del pedido del Presidente, que “serán necesarias más conversaciones” y establece por primera vez una hoja de ruta para bajar la inflación, en la cual se destaca la reducción “gradual” del déficit, la acumulación de reservas y la baja del financiamiento del Banco Central al Tesoro. Podemos decir que ya se podían vislumbrar las viejas recetas y condiciones conocidas del Fondo.

En esta previa, con un acuerdo a contrarreloj, se desarrolló el debate sobre el Presupuesto y su posterior rechazo opositor en la Cámara de Diputados. A pesar de que dichos sectores ya venían anticipando el rechazo, basándose en que no podían aprobar un presupuesto sin conocer lo que contenía el proyecto, o sin acceder a la letra chica del plan plurianual con el FMI, su negativa finalmente tuvo como excusa la intervención del diputado Máximo Kirchner. Así lo expresó Ritondo, presidente del PRO en la Cámara.

El rechazo al Presupuesto condicionó de forma negativa a Argentina en la previa del acuerdo. Tal como lo declaró Guzmán, la aprobación era “la base de la programación macroeconómica que se tomaba como escenario para las negociaciones”. El mismo Presidente Fernández, al respecto, afirmó que “Kristalina Georgieva se vio sorprendida por la no aprobación del Presupuesto. Le pareció algo raro que pudiera ocurrir en un país. Objetivamente es un retroceso” (Diario Ámbito, 19/12/2021).

El economista Alfredo Zaiat analiza dicha jugada como un “golpe blando” de la estrategia desestabilizadora de la oposición. “Una oposición que voltea el Presupuesto 2022 y pone en riesgo la negociación de refinanciación de deuda con el FMI. Las corporaciones mediáticas de derecha que festejan y promueven esas movidas. El poder económico las avala con el silencio. Cada una de esas piezas conforma el tablero de la avanzada desestabilizadora sobre el gobierno del Frente de Todos. La oposición copia al Cavallo de 1988”. (Diario Página 12, 19/12/2021).

El año cierra con el pago de US $1.855 millones al Fondo en lo que fue el segundo vencimiento de capital. Así, el diario El Cronista sentenció que “se rompió el chanchito y ya no hay dólares para postergar el acuerdo por la deuda con el FMI”, agregando que “con el pago de casi U$S1.900 millones la Argentina extinguió casi la totalidad de los U$S4.334 millones en DEG que el organismo envió hace apenas cuatro meses, como parte del aporte extraordinario a los países miembros para combatir la crisis desatada por la pandemia de Covid-19” (Diario El Cronista, 22/12/2021).

Cristina Fernández lo explicó en una nota publicada en sus redes sociales el 18 de enero titulada “Pandemia Macrista vs. Pandemia COVID-19”. Allí observa que en el año 2021, la pandemia macrista fue más costosa que la sanitaria: 1,1% del PBI (en dólares) vs. 0,9% (en pesos), respectivamente. Con la “yapa” de que el macrismo sacó las divisas que necesitaba Argentina para pagarle al FMI, ya que éste solo acepta pago en dólares.

Recuperando la experiencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la denominada “crisis europea de los PIIGS” de 2010-2012 que, perdiendo ante Mariano Rajoy y el derechista Partido Popular, tomó la decisión de “correrse a un costado para que el partido resurja”, la economista Delfina Rossi, hace una pregunta interesante: “¿tiene la Argentina una alternativa mejor que un acuerdo (bueno o malo) con el FMI? Está claro que el pecado original en este caso lo produjo Macri y la complicidad obtenida por el propio Fondo, ahora bien, ¿cuenta la Argentina con los engranajes políticos y el resorte económico para torcer al establishment?” (Portal El cohete a la luna, 30/01/2022).

Ensayamos aquí una breve respuesta: existe una fuerza social y política, representada por las figuras de Cristina y Máximo Kirchner, que sí cuenta con el caudal político y electoral para hacer de resorte político y confrontar con el FMI y sus aliados locales, pero que hoy no maneja los resortes institucionales del país. Quienes sí manejan dichos engranajes político-institucionales no pueden (o no quieren) llevar adelante dicha confrontación, por los intereses en disputa que se encuentran representados.

Sabemos que lo económico es lo primero, pero lo político es lo principal. Reconocer la deuda como legítima fue decisión política. Responsabilizar a quienes firmaron una deuda fraudulenta, denunciar las irregularidades y exigir su revisión fueron algunos de los hechos que confirman un camino que marcó Cristina, allá x 2019, en Cuba. Un camino que el gobierno no transitó. Por eso se hace difícil ver alternativas a la firma del acuerdo. Porque ya estamos jugando en su cancha. La salida, sabemos, no es fácil, pero deberá incluir  indefectiblemente apostar a desatar las energías de lucha de la fuerza social nacional y popular, que ha dado reiteradas muestras en la historia de lo que es capaz cuando pone a funcionar sus engranajes políticos.

* Psicóloga. Mg. en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Analista argentina del Centro Latinoamericamo de Análisis Estratégico (CLAE)

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