Correa dice que Bélgica lo reconoce como perseguido político al brindarle asilo

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Correa dice que Bélgica lo reconoce como perseguido político

El expresidente de Ecuador (2007-2017) Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión en última instancia por corrupción y prófugo de la justicia en Bélgica, aseguró este domingo que ese país reconoció su condición de «perseguido político» al otorgarle el asilo, una situación que, en opinión del exmandatario, supone una «bofetada» al sistema judicial y al actual Gobierno ecuatoriano.

«La Convención de Ginebra es muy taxativa y entre las causales para dar asilo está la persecución política: (Bélgica) está reconociendo que somos perseguidos políticos, que no somos corruptos, que los delincuentes siempre han sido ellos», aseguró Correa en declaraciones a la emisora argentina Radio 10.

Bélgica concedió el asilo político a Correa, según ha dicho a Efe esta semana el abogado del exmandatario, Christophe Marchand.

En una resolución a la que tuvo acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica señaló que otorgaba a Correa el estatus de refugiado en el país, de donde es oriunda su esposa, Anne Malherbe.

Marchand dijo que la solicitud de asilo se había puesto en marcha en 2018, tras iniciarse en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado «caso Balda», y Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa.

«Esto es una bofetada al sistema judicial y obviamente al Gobierno, porque todo está manejado por el Gobierno de la época de (Lenín) Moreno (2017-2021) y ahora con Guillermo Lasso«, aseveró Correa, agregando que su condición de refugiado le brinda una mayor «seguridad».

Pedido de extradición

Esta misma semana, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó formalmente la extradición de Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho agravado en el caso «Sobornos 2012-2016».

En esa causa de corrupción fueron condenadas una veintena de personas, entre ellas ex altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico «habeas corpus», mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalmente a México.

El pedido de extradición, firmado por el presidente de la Corte, Iván Saquicela, y ratificado por diez jueces del alto tribunal, tardó cerca de dos años en emitirse debido a trámites procedimentales.

En este contexto, el exmandatario izquierdista afirmó que la Justicia ecuatoriana es un «hazmerreír mundial» y recordó que tanto Bélgica como Interpol siempre se han negado a cooperar con las autoridades de su país.

«En Ecuador todo está podrido, todo, todo, es una putrefacción total: jueces coptados, fiscales odiadores, prensa corrupta, que justifica cualquier barbaridad… Pero a nivel internacional hemos ganado absolutamente todo», expuso Correa, quien también acusó al presidente de la Corte de ser «un corrupto completo».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador deberá tramitar ante el Gobierno belga la reclamación judicial, conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y tratados internacionales posteriores.

La República


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EL GRUPO DE PUEBLA CELEBRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL GOBIERNO DE BÉLGICA LE CONCEDE ASILO POLÍTICO AL EXPRESIDENTE DE ECUADOR, RAFAEL CORREA

El pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas de Bélgica confirmó que el expresidente Rafael Correa ya es considerado como refugiado político dentro de ese país.

El Grupo de Puebla celebra esta decisión que marca un precedente en los casos de Lawfare (guerras jurídicas) en Latinoamérica, mediante el cual se utiliza la justicia para perseguir políticamente a los líderes progresistas. La consideración del expresidente de Ecuador Rafael Correa como asilado político, demuestra claramente la intención política de sus enemigos y la utilización de la justicia ecuatoriana para perseguirlo.

La tramitación de dicha resolución se inició en 2018 cuando el expresidente Correa puso en evidencia la persecución política en su contra que hoy existe en Ecuador. Parte de la evidencia que presentó al comisariado general de refugiados y apátridas tiene que ver con la documentación sobre los casos criminales en su contra con claras motivaciones políticas y el manifiesto interés de sus promotores por evitar el regreso del expresidente a su patria y truncar así su carrera política.

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