El hambre en Colombia, no solo producto de la Covid-19 – Por María Victoria Rojas Porras y Sara Del Castillo Matamoro

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por María Victoria Rojas Porras y Sara Del Castillo Matamoro*

El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria y nutricional son temas de los que hoy se habla en el país con más frecuencia en medios masivos, foros, debates, así como publicaciones alternativas y oficiales, producto de la controversia mediática suscitada por el informe de FAO-PMS “Puntos críticos de hambre. Alertas tempranas sobre la inseguridad alimentaria aguda febrero-mayo de 2022”1, en la que ubica a Colombia como uno de los 20 países donde la inseguridad alimentaria aguda puede llegar a niveles extremos durante el presente año.

Es cierto que en este momento se conjugan múltiples factores que exacerban la crisis en materia alimentaria, pero es, por decir lo menos, irresponsable y deshonesto culpar de tal realidad a la pandemia por covid-19. Como también es deshonesto descargar la responsabilidad de esta crisis social y humana, como detonantes de fenómenos que amenazan la vida, la dignidad y la integridad de millones de personas en el país, a los sucesos que hoy ponen en vilo al mundo: los conflictos bélicos que estallan a las puertas del territorio europeo.

Es una realidad que afecta a cientos de miles. El informe, como debe ser reconocido y valorado para la posteridad, se acerca de manera crítica a la situación que padece un amplio sector de la sociedad colombiana, pese a lo cual, por cuenta de cuidar su imagen internacional, el gobierno lo desatiende. El informe dice: “es una alerta temprana para que se adopten medidas humanitarias urgentes en 20 “focos del hambre”; donde es probable que parte de la población se enfrente a un empeoramiento de la inseguridad alimentaria aguda en los próximos meses, que pondría en riesgo sus vidas y medios de subsistencia”.

Las reacciones desde todas las latitudes y sectores no se han hecho esperar, sin embargo, es también reprochable el oportunismo y amarillismo frente a una situación que convierte en números a los miles de hambrientos que habitan el país, promoviendo soluciones que no tocan los determinantes estructurales del hambre en Colombia, exacerbada por la inestabilidad política y social, efectos económicos desprendidos o potenciados por la pandemia de covid-19, y crisis migratoria; las soluciones en las que se agazaparán los de siempre recuerdan la máxima de X. Montagut: resolviendo el hambre con migajas.

Lo que es urgente entender para actuar

Por el contrario, es imperativo mostrar que las acciones y omisiones de los gobiernos de las últimas décadas han conducido de manera inexorable al debilitamiento de la estructura productiva agroalimentaria nacional, como de las políticas sociales orientadas a la garantía de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.

Ante una realidad que es inaudito ocurra en un país que cuenta con todas las condiciones naturales y humanas para que no tome cuerpo, es preciso mencionar la importancia de la articulación entre la agricultura, la alimentación y la nutrición. Aunque pareciera que la relación es evidente, en términos de política pública y sus acciones de implementación se nota una escisión entre sectores determinado por los enfoques de corte mercantilista y neoliberal adoptados por estas.

Por ejemplo, en cuanto a la agricultura, los recursos destinados para su fortalecimiento han favorecido de manera notable al segmento agroexportador, y no para la producción de alimentos básicos para la población, propiciando una tendencia hacia la dependencia alimentaria.

Como lo señala López Hernández2, en alimentos básicos como el arroz, maíz, trigo, cebada y plátano, sus importaciones vienen en franco aumento desde finales de los 90. En cuanto a la firma y entrada en vigor de los Tratados de Libre Comercio (TLC)3, menciona que no han contribuido al aumento y diversificación de la canasta exportadora de productos agropecuarios y, por el contrario, sí han propiciado un crecimiento en la importación de estos.

Sumado a lo anterior, algunos TLC impulsan la minería, la explotación petrolera y los agrocombustibles. Los campesinos, que siguen resistiendo en un campo abandonado por el Estado, sin contar con bienes y servicios básicos, continúan produciendo alimentos sin garantías de rentabilidad, sin contar con infraestructura pública para transportar, comercializar y almacenar los alimentos, mientras las plataformas de supermercados comienzan a inundar los municipios y los espacios tradicionales –como las plazas de mercado– empiezan a ser reemplazados, lo que también afaecta usos, consumos y calidad de vida.

En cuanto a la situación del empleo, el país se caracteriza según la Ocde4, por el elevado desempleo y la alta presencia de un mercado informal, así como una escasa calidad de los puestos de trabajo, realidad que contribuye ampliamente a perpetuar la desigualdad de ingresos y la pobreza relativa. Al respecto de las políticas de seguridad social, los diseñadores de las políticas públicas las han ajustado a los designios del mercado, mediante la privatización, la reducción del gasto social y el resquebrajamiento de los mecanismos de solidaridad intergeneracional para sustituirlos por un enfoque asistencialista, que ha ocasionado mayor exclusión y empobrecimiento de las poblaciones, especialmente de mujeres, adultos mayores, así como de comunidades rurales y étnicas.

Mas acá del informe Focos del Hambre 2022

Las políticas de alimentación y nutrición en Colombia, que, si bien han sido concebidas con la intención de mejorar la situación en esta materia, suscriben también enfoques como el del manejo social del riesgo, que lejos de reconocer a los ciudadanos como sujetos de derechos, los considera como sujetos de carencia, en gran medida, responsables de su desgracia.

De acuerdo con los datos de las Encuestas de la Situación Nutricional para Colombia, 2005, 2010 y 2015, la inseguridad alimentaria y nutricional de los hogares para dichos años ha presentado prevalencias de 40,85, 57,7 y 54,2 por ciento, respectivamente. La última medición nos indica que, de cada dos hogares en el país, uno sufre de inseguridad alimentaria y nutricional.

Otra de las manifestaciones de los problemas alimentarios en Colombia se refleja en la situación nutricional, cuya tendencia evidencia la malnutrición que se presenta en todos los cursos de vida, por ejemplo, el exceso de peso afecta al 24,4 por ciento de la población entre 5 a 12 años, al 17,9 por ciento entre 13 y 17 años, mientras persiste el retraso en talla. En el caso de los adultos entre 18 y 64 años el 56,5 por ciento presenta exceso de peso.

Pero, ¿cuáles son las implicaciones de la situación descrita? Entre otros factores problemáticos, nos interesa enfatizar en que el predominio de la producción de agroexportables, los TLC, las orientaciones asistencialistas y ultra focalizadoras de las políticas públicas, se traduce, respectivamente, en someter al país a una situación de vulnerabilidad frente a la inestabilidad del mercado globalizado, el incremento de los costos de los insumos agrícolas, la volatilidad de los precios de los alimentos y su financiarización, la profundización de conflictos de tenencia, uso y vocación de la tierra, costes ambientales como el deterioro de los suelos, las fuentes hídricas y la pérdida de biodiversidad, impactos sociales como la precarización laboral, empobrecimiento, dietas poco diversificadas y homogeneizadas, problemas de salud asociados a la malnutrición, desplazamiento de comunidades campesinas y étnicas de sus territorios, minando sus formas de vida, sus conocimientos, cultura y su relación con la naturaleza.

A este complejo escenario de factores preexistentes que configuran los elementos estructurales de la crisis alimentaria actual, es necesario agregarle otro, que nos ha golpeado por más de sesenta años en el país: el conflicto armado interno, cuyas causas están estrechamente vinculadas con la acumulación, acaparamiento de recursos como la tierra y la exclusión de numerosos sectores populares del sistema político, todo esto por parte de las élites económicas y políticas. Por paradójico que parezca para un país como Colombia, es necesario recordarle a la vicepresidenta y canciller que el conflicto armado y la inseguridad alimentaria y nutricional (Insan) están intrínsecamente relacionados en un odioso círculo. El hambre y la Insan pueden ocasionar conflicto y asimismo el conflicto generar hambre e Insan, por lo que no es descabellado tocar temas como la violencia, conflicto e inestabilidad política cuando se habla de hambre.

Asuntos intencionalmente olvidados a retomar urgentemente

El informe sobre los Focos del Hambre en la narrativa por países reporta que “los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y los grupos armados no-estatales han provocado nuevas oleadas de ataques violentos, con 61.000 nuevos desplazados internos entre enero y septiembre de 2021, tres veces más que en 2020”, generando situaciones de conflicto que exacerbaran el hambre, como deuda acumulada.

Con la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto en 2016, pactado entre el gobierno nacional y la desmovilizada guerrilla de las Farc se consideraron varios puntos que pretenden transformar las condiciones de inequidad e injusticia, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto, la baja presencia del Estado y el auge de las economías ilegales.

El punto 1, de Reforma Rural Integral (RRI) plantea diferentes mecanismos para dirimir los conflictos de tenencia, uso y vocación de la tierra, para el fortalecimiento de las economías campesinas, familiares, comunitarias y étnicas, con especial énfasis en la agricultura para la producción de alimentos, el cierre de brechas urbano-rurales con la provisión de bienes y servicios, entre otros elementos centrales para dignificar y reconocer la vida de los campesinos y campesinas y las comunidades rurales.

No obstante lo acordado, y a pesar de las obligaciones derivadas de este pacto, los datos del Décimo Informe de verificación de la Implementación del Acuerdo Final de Paz –Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional-Cerac-Cinep– sobre su implementación muestran que el Fondo de Tierras, una de las herramientas para brindar el acceso a ella para los campesinos con muy poca tierra o sin esta, apenas cuenta con el 46,2 por ciento de las hectáreas estipuladas y solo se ha entregado el 7,8 por ciento de lo previsto. Es evidente, de seguir así va a ser muy difícil cumplir con lo acordado en el tiempo que le resta al Fondo.

Sobre la formalización de la tierra, todavía no se adopta el Plan Masivo de Formalización, no se ha creado la Jurisdicción Agraria, ni se han constituido las Zonas de Reserva Campesina. En cuanto al Catastro Multipropósito, solo se ha realizado en cuatro municipios priorizados, lo que representa un avance de solamente el 5,4 por ciento. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) tuvieron un adelanto con la formulación participativa de los planes de acción para la transformación regional (Patr) y en la elaboración de las hojas de ruta única (HRU) para la implementación y aprobación de proyectos, sin embargo, la puesta en marcha de estas herramientas todavía no despega en los territorios.

Por justicia social, de género, ambiental y alimentaria

No es de extrañar que, con tal panorama, el advenimiento de la pandemia por covid-19 haya puesto en jaque la precaria estructura que sustenta la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales en Colombia. El logro pleno del derecho a la alimentación requiere del reconocimiento por parte del Estado de sus obligaciones para crear las condiciones favorables que propendan por una alimentación sana, suficiente, sostenible y culturalmente aceptable para todos y todas, fin para el cual es clave que se fortalezca el quehacer público en torno a estos asuntos, que se propicien los gobiernos horizontales en los distintos niveles territoriales con el firme propósito de incluir las demandas de los movimientos sociales, así como el derecho a la soberanía alimentaria. Lo anterior, en un marco de redistribución de recursos proclive a hacer realidad la justicia social, de género, ambiental y alimentaria.

1 WFP and FAO. 2022. Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: February to May 2022 Outlook. Rome. https://doi.org/10.4060/cb8376en
2 López Hernández, D. (2012). Disponibilidad de alimentos básicos en Colombia 2000-2010: ¿producción nacional o importaciones? Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
3 Ocampo, J. A. (2014). Misión para la Transformación del Campo. Bogotá.
4 OCDE. (2015). Colombia. Políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo.
5 En esta versión, para la evaluación de INSAN se empleó la escala de seguridad alimentaria en el hogar que Álvarez et al. Adaptaron y validaron en hogares urbanos y rurales de las nueve subregiones de Antioquia y Medellín.

* Rojas es Magister en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Investigadora del OBSSAN y Profesora de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional -Universidad Nacional de Colombia. Del Castillo es Lic. Educación. ND. Magister en Desarrollo Social, PhD en Ciencias Sociales. Directora OBSSAN y Coordinadora Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional -Universidad Nacional de Colombia.