La venta de Eletrobrás perjudicará a Brasil – Por Mauro Borges Lemos

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Por Mauro Borges Lemos*

La privatización de Eletrobrás está por suceder. Además del propio gobierno, una parte importante de parlamentarios, especialistas del sector eléctrico y medios de comunicación consideran que su implementación es un paso importante hacia una mayor eficiencia en la economía. Los argumentos presentados aquí van en el sentido opuesto a esta corriente, con vistas a reducir el costo de energía limpia y aumentar la competitividad de la economía en un mundo globalizado.

Como muchos debates relevantes para la sociedad, la privatización de Eletrobrás cayó en la fosa común de las opciones ideológicas entre “liberales” (a favor) y “estatistas” (en contra). Con esto, el debate ha perdido la racionalidad necesaria para decisiones complejas.

Incluso con la creciente presencia de operadores privados en el sector eléctrico, hoy el grupo Eletrobrás posee el 30% de la capacidad total instalada de generación eléctrica (50,7 GW) y el 44% de las líneas de transmisión. También tiene participación mayoritaria en todas las usinas consideradas “estructurantes” de la matriz eléctrica brasileña: Itaipú, Belo Monte, Tucuruí, Santo Antônio y Girau.

La mejor manera de debatir la privatización, en los términos de la Ley 14.182/2021, es analizarla desde el punto de vista del papel de Eletrobrás en el suministro de energía eléctrica a la población. Este es un servicio esencial de utilidad pública. Por lo tanto, lo que importa es si la privatización afecta la eficiencia de este servicio esencial en términos de modicidad, universalidad y calidad.

La modicidad significa tarifas más bajas para los consumidores, los hogares y las empresas. El principal impacto en las tarifas proviene de la llamada “descuotización”. La ley de la privatización cambia el régimen de operación de gran parte de las centrales hidroeléctricas bajo concesión de la Unión a la Eletrobrás, a causa de la descontratación de la energía eléctrica bajo el régimen de “cuotas” para el régimen de “productor independiente”. Como estas usinas son antiguas, con las inversiones de construcción ya amortizadas, el precio de la energía generada por el régimen de “cuotas” se calcula por el costo de operación – incluyendo la remuneración del operador.
Estimaciones oficiales sugieren que el pasaje del régimen de “cuotas” al régimen de “productor independiente” significaría un aumento en el precio de la energía vendida a las distribuidoras, incluido el llamado “riesgo hidrológico”, de un promedio de R$ 93,00/MWh a un espectro estimado entre 164/MWh (MME promedio ponderado) y 250/MWh (valor máximo ANEEL).

Para mitigar este impacto, que aumentaría la tarifa a los consumidores, la ley reserva el 50% del valor de los nuevos otorgamientos de concesión para la Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), y el otro 50% para el Tesoro Público. Se espera que el monto total de la donación sea de R$ 67 mil millones.

Sin embargo, los especialistas son unánimes en considerar el monto de R$ 33,5 mil millones asignados a la CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) como insuficientes para neutralizar el impacto tarifario. El problema asociado a este aumento de tarifas representa aún más restricción al acceso a la energía por parte de las familias pobres.

El gobierno y los defensores de la privatización argumentan que uno de sus efectos positivos es traer “mayor eficiencia y competitividad” al mercado, lo que puede contribuir para la reducción del precio de la energía en el país.

Sin embargo, la dilución accionaria y la gestión profesional privada no garantizan para nada más competitividad en el sector, ya que la gobernanza de la “Eletrobrás privada” buscará maximizar los dividendos para sus accionistas y, para ello, ejercerá su poder de mercado sin las restricciones actuales del interés público por medio del control de la Unión.

La “Eletrobrás privada” tendría además el control de casi el 25% del mercado de suministro de generación de energía, constituyendose en un oligopolio privado con un importante poder de interferencia tarifaria. Dado que la ley no impide el cruce de capitales, lo más probable es que entre los nuevos accionistas en la venta de acciones se encuentren grandes players del sector ya establecidos en Brasil.

La cuestión de la mayor eficiencia de la gestión privada en el caso de los bienes concesionados de Eletrobrás también es falaz. Sin desafíos de gestión, los viejos activos (brownfields) de generación y transmisión son recursos de la sociedad brasileña que se amortizaron hace mucho tiempo. Lo que es muy diferente de inversiones en nuevos activos del sector (greenfields), en que la gestión privada puede ser mucho más eficaz (mayor flexibilidad sin interferencias políticas).

Por último, el aspecto de la calidad. Los elementos de “distracción” presentes en la ley de privatizaciones la vuelven aún peor. Esos elementos afectan indirectamente la calidad a causa del impacto ambiental, que se ha convertido en un tema crítico para el planeta, y directamente la modicidad y, por extensión, al acceso universal.

El impacto ambiental ocurre principalmente por la obligación de contratación de la expresiva cantidad de 8 GW de centrales térmicas a gas natural — ¡equivalente a una Tucuruí! — para energía nueva de reserva, cuyo despacho tendrá una rigidez del 70%, lo que perjudica a las fuentes renovables.

El impacto estimado es un aumento del 33% en las emisiones de CO2 por parte del sector eléctrico del país, lo que dificulta el cumplimiento de la NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) brasileña del Acuerdo de París. El efecto sobre las tarifas de R$ 52 mil millones hasta el 2036, según la EPE (Empresa de Pesquisa Energética), equivale al 80% del valor total de la concesión.

Excepto por justificativa ideológica, la privatización en los moldes propuestos no está técnicamente justificada y es perjudicial a los intereses de los brasileños. Un mejor modelo debería tener como objetivo reducir las altas tarifas eléctricas del país. Brasil podría seguir el camino de países ricos también abundantes en recursos hídricos, como Estados Unidos, Canadá y Noruega, con la reversión de viejas usinas a la Unión. La venta de aproximadamente el 40% de la electricidad generada y el 44% del transporte de energía (transmisión) al precio de costo causaría impactos sustanciales para los consumidores y contribuiría a un aumento de la productividad nacional. El futuro de Eletrobrás sin activos amortizados podría ser objeto de una discusión en la sociedad, sin mitos y sin prisas.

* Economista, fue presidente de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI), ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, en el gobierno de Dilma Rousseff, y presidente de la Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

Traducción: Mila Frati

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