El gobierno prorroga el régimen de excepción por otros 30 días

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Aprueban prórroga para 30 días más de régimen de excepción

El gabinete de Seguridad aprobó este martes un nuevo decreto para realizar una prórroga de 30 días más en el régimen de excepción. Durante la mañana, la presentación de la iniciativa se realizó dentro del Salón Azul en el pleno legislativo y fue recibida por Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

El dictamen se aprobó con dispensa de trámite y a través de la votación nominal y pública con 67 votos a favor y 15 en contra, reafirmando por tercera ocasión el decreto número 333, firmado el 27 de marzo de 2022. “El régimen de excepción va a continuar siempre y cuando el objeto de la mismo sigue, y las maras y pandillas siguen (…) Es necesario extirpar por completo el cáncer de las pandillas”, mencionó el diputado de NI Walter Coto durante la discusión de la iniciativa.

Desde que la Asamblea Legislativa aprobó una segunda prórroga del régimen de excepción, el 26 de mayo pasado, las capturas reportadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública han ido en disminución. Esta es la tercera ocasión que se extiende el plazo para otorgar las facultades a la Policía Nacional Civil (PNC). El diputado de NI, Romeo Auerbach, se refirió a que las pandillas son un “cáncer” y expresó que “nos vemos en 30 días para un tema similar”, dijo.

Hasta el 19 de junio, el total de detenidos era de 41,346. Sin embargo, las denuncias de detenciones arbitrarias siguen siendo constantes por familiares de capturados durante el régimen.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, aseguró que someterán a revisión el sistema penal del país y aclaró que “el esquema que tenia el Estado no era el indicado”.

Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, mencionó que se han producido 77 homicidios durante 86 días del régimen de excepción.

La Prensa Gráfica


Aprueban ampliar alcances de adquisiciones en el régimen de excepción

El gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, también pidió a la Asamblea Legislativa ampliar los alcances del régimen transitorio que permite agilizar las adquisiciones de bienes y servicios en el marco del régimen de excepción y que estará vigente mientras dure dicho régimen. El decreto se aprobó con 64 votos y por medio de dispensa de trámites.

El “Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado, en el marco de la Declaratoria del Régimen de Excepción” se aprobó el 24 de abril de 2022 y se reformó el 25 de mayo de 2022 para incluir a la Fiscalía General de la República (FGR).

Con la reforma propuesta se agregó en el título de las adquisiciones “para la ejecución de obras y todo tipo de inversión por parte del Estado”.

Esta norma autoriza al Órgano Ejecutivo emitir y ajustar los instrumentos normativos para realizar contrataciones y adquisiciones para cumplir el régimen de excepción, a través de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) del Ministerio de Hacienda.

“De manera que se simplifique y facilite la obtención de los bienes y servicios y la ejecución de obras y todo tipo de inversión necesarios”, dice el decreto propuesto.
La reforma agrega un artículo 1-A que lo declara de orden público.

“El presente decreto es de orden público y sus disposiciones son de carácter especial y prevalecerán sobre cualquier otra que la contraríe”, dice el artículo añadido.

Con este régimen especial no se aplican las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), que es la normativa de compras para el Estado.

Diario El Mundo


Cristosal documentó testimonios sobre torturas dentro de centros penales

En el marco del Día Mundial de los Refugiados, Cristosal presentó este lunes una actualización del registro de casos que ha realizado de desplazamiento forzado durante el régimen de excepción, en el que informaron sobre las vulneraciones sistemáticas a derechos humanos.

Cristosal mencionó que tiene el registro de dos testimonios de personas liberadas que estuvieron en centros penales durante el régimen, quienes confirmaron haber sido víctimas de tortura. Hasta el momento han decidido no realizar una denuncia por temor y por los traumas que les ocasionaron las vulneraciones a sus derechos humanos.

Del 25 de mayo al 15 de junio, 23 casos fueron reportados. Según los datos que recopiló la organización, identifican a 12 personas fallecidas en el penal de Izalco, seis en el centro penal Mariona; uno en un puesto policial y una en un centro de detención no determinado. Al menos diez de los casos evidenciaron lesiones que llevan a presumir homicidios violentos.

Dos personas fallecieron porque no recibieron sus medicamentos, otras dos por presunta tuberculosis. Una por infarto durante la detención en la bartolina policial, y otras cinco personas de las que se desconoce la causa de su muerte. La organización mencionó que esto significa una falta de atención en salud oportuna.

Para Cristosal, en este nuevo período, han comprobado que en El Salvador se están perpetrando sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos. Además, alerta a la población y comunidad internacional al considerar que en el país se está creando un escenario propicio para perpetrar crímenes de lesa humanidad.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los crímenes de lesa humanidad se entiende como: asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.

El registro de Cristosal expone que los principales hechos violatorios denunciados son detenciones arbitrarias en un 97.4 por ciento, un 22 por ciento de allanamientos ilegales, 17.3 por ciento de secretismo en procesos judiciales y un 12.1 por ciento de torturas, maltratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, los señalados por estas violaciones, en su mayoría, son personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES).

El Salvador

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