Paro en Ecuador | Continúa el diálogo y el Congreso retoma el debate sobre la destitución de Lasso

836

Se reinstalará nueva mesa de diálogo; Gobierno no acoge reducción de 40 centavos a combustibles

Después de 15 días de movilizaciones, la Conaie aceptó un diálogo con los cinco poderes del Estado para analizar su decena de pedidos de carácter económico y social.

La sesión de diálogo duró alrededor de siete horas. Cerca de las 22:00 de este lunes 27 de junio se decidió suspenderlo. Sin embargo, se lo retomará este martes 28 de junio de 2022 a las 09:00.

El diálogo de hoy concluyó con la premisa de que el paro continúa, según los dirigentes indígenas “el paro sigue, seguimos en la lucha”.

A medida que avanzó el conversatorio, luego de casi dos horas de intervenciones, el líder indígena Leonidas Iza pidió una reducción de 40 centavos a los combustibles y la eliminación de los Decretos 95 y 151.

A las 20:30 el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dio respuesta a esas peticiones.

Sobre el subsidio de combustibles dijo que este no se reducirá, tras hacer la consulta con el Ministerio de Finanzas. De esta manera las gasolinas extra y ecopaís se venderán en USD 2,45 y el diésel en USD 1,80, tras una reducción de 10 centavos anunciada la noche del domingo por el presidente Guillermo Lasso.

Sí se analizará un subsidio focalizado, dijo Jiménez, y pidió que la propuesta la haga la Conaie. Esto generó el rechazo del presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

Sobre los Decretos, se eliminó el número 95. Este expedía la política de hidrocarburos a través del Plan de Acción Inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero para los próximos 100 días contados a partir de la expedición. Fue emitido el 7 de julio del 2021.

El Decreto 151 no fue derogado, se introdujo modificaciones. Iza no aceptó esta reforma en el Decreto.

El Decreto 151 se refiere a un plan de acción en el sector minero para 100 días. Con ello se busca desarrollar una minería eficiente, responsable, que implemente las mejores prácticas en lo ambiental y social, según plasma el Gobierno en el documento.

La respuesta de Jiménez se dio después de un receso que duró cerca de dos horas y media y tras un anuncio en el que se aseguraba que ya no volvería a la mesa de diálogo. Esto también fue criticado por Iza.

Asimismo el líder de la Conaie pidió que Patricio Carrillo salga del Ministerio del Interior, a quien acusa de represión policial en contra de los manifestantes.

Añadió que las repuestas de Jiménez serán analizadas junto a los otros líderes indígenas.

La reunión se desarrolló en el Liceo Matovelle desde alrededor de las 15:00 de este lunes 27 de junio del 2022. Este encuentro se dio con mediación de la Iglesia. Participaron el líder de la Conaie, Leonidas Iza; el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; la presidenta del CNE, Diana Atamaint; el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, así como los líderes de la Feine y Fenocin. El presidente Guillermo Lasso no acudió al encuentro.

El Comercio



Legislatura de Ecuador retoma debate sobre destitución de Lasso

La Asamblea Nacional de Ecuador retomará hoy la sesión destinada a evaluar un pedido de destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso.

El debate se reanudará a las 11:00, hora Local, por convocatoria del presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela.

La sesión comenzó el sábado último, con la intervención de 32 asambleístas en más de siete horas, y continuó el domingo con un pedido de la palabra de 40, que concluyó con el pronunciamiento de 71 en casi ocho horas.

En ambas ocasiones, los parlamentarios expusieron sus puntos de vista sobre la solicitud impulsada por la bancada de la alianza Unión por la Esperanza (UNES) por grave conmoción social en el marco del paro nacional popular que cumple esta jornada 16 días.

El pedido de UNES, respaldado por los 37 miembros de ese grupo político, invoca los artículos 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 130, numeral 2 de la Constitución, que establecen los casos en los cuales el Legislativo puede destituir al jefe de Estado.

Los criterios presentados incluyeron coincidencias sobre la necesidad de respetar el derecho a la protesta social pacífica.

Otras opiniones señalaron que el presidente debe responder a las demandas del movimiento indígena y organizaciones sociales en reclamo de un gobierno con justicia y también la necesidad de precautelar el derecho a la seguridad jurídica en respeto a la Constitución y la estabilidad democrática.

Para muchos, la falta de empleo, de infraestructura adecuada en la educación, la inseguridad ciudadana y el alto costo de la vida son factores que motivaron las marchas nacionales en el país, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y apoyadas por otros sectores, repelidas con fuerte agresión policial y del ejército.

La discusión de esta jornada también tendrá en cuenta las comparecencias ante el Parlamento de los ministros de Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa Nacional, Luis Lara, remitidas a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

Prensa Latina


Tras 15 días de paro hay cinco muertes rodeadas de interrogantes

La jornada de manifestaciones y enfrentamientos llegó el 27 de junio de 2022 a su décimo quinto día. Y aunque la tensión bajó durante el fin de semana y el lunes, la escalada de la violencia durante las dos anteriores semanas dejó cinco muertos en el contexto del paro nacional.

Alrededor de estos fallecimientos hay dudas. Las organizaciones de derechos humanos hablan de un supuesto abuso de la fuerza de parte de policías y militares que participan en los enfrentamientos, mientras que el Gobierno se defiende y busca deslindarse de estas muertes

En todos los casos hay dos versiones: una desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de las organizaciones de derechos humanos, y otra desde los ministerios y vocerías del Ejecutivo

Ambos lados piden investigaciones para aclarar las circunstancias de las muertes.

La cuenta va en cinco

Johnny Félix Muenala

La primera muerte confirmada en el contexto del paro nacional se dio a conocer la mañana del 20 de junio de 2022, en el octavo día de la jornada. La Policía informó en su cuenta de Twitter que, esa madrugada, tres manifestantes habrían caído dentro una quebrada en horas de la noche. Uno de ellos falleció: Jhonny Félix Muenala.

El incidente ocurrió en el sector del redondel de Collas, en Guayllabamba, al norte de Quito.

Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la muerte es producto de una precipitación a una quebrada de 200 metros en un espacio sin iluminación, “por sortear justamente los lugares que estaban obstaculizando los manifestantes”.

Sin embargo, según la Alianza de Derechos Humanos, la víctima cayó dentro de la quebrada en medio del operativo policial. Y según el alcalde de Cayambe, Guillermo Curichumbi, el operativo habría sido de las Fuerzas Armadas.

Byron Guatatoca

José Félix Muénala tenía 22 años, y era habitante de Guayllabamba. Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito de homicidio.

La confirmación de la segunda muerte en el contexto del paro nacional se dio un día después, el 21 de junio, en el noveno día de protestas. Se trataba de Byron Guatatoca, de 42 años, un comunero kichwa que falleció en medio de enfrentamientos entre manifestantes, militares y policías en Puyo, capital de la provincia de Pastaza.

Este es el caso que más polémica ha causado. La muerte de Guatatoca se habría dado después del impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza que, según denunció la Confeniae con fotos de una tomografía, se le incrustó en la cavidad craneal. En redes sociales se difundió un video donde se puede ver a la víctima en el piso.

El Gobierno aseguró que esta muerte fue “consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo“. Pero luego, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, admitió que fue una muerte “accidental” y que la víctima falleció por el impacto de una bomba lacrimógena.

Amnistía Internacional analizó el caso y consideró “que la muerte fue causada por agentes de fuerzas de seguridad, muy probablemente policías, a través del uso excesivo de la fuerza”, por lo que instó a la Fiscalía a investigar el caso.

Henry Quezada Espinoza

El primer fallecido en Quito se reportó en el décimo primer día del paro nacional, el 23 de junio. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Henry Quezada Espinoza, de 29 años, en los alrededores del parque El Arbolito.

Fotografías del cuerpo circularon en redes sociales y fueron difundidas incluso por las cuentas de la Conaie. En ellas se puede observar a un hombre con varios impactos en el pecho.

Según la Conaie, Quezada murió “debido a trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones”. Habría sucedido en medio de los enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares desde horas de la tarde, en un intento de los manifestantes por ingresar a la Asamblea Nacional.

El Gobierno, sin embargo, aseguró que no usa perdigones ni ha usado, durante los días del paro nacional, ningún tipo de arma letal. Por lo que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, pidió transparencia en las investigaciones.

La Fiscalía abrió también una investigación por este caso.

Franco Íñiguez Camacho
El mismo 23 de junio, en el día 11 del paro nacional, falleció Franco Íñiguez Camacho, de 37 años. La víctima habría muerto durante un violento enfrentamiento en San Antonio de Pichincha, al noroeste de Quito.

Esa noche, un grupo de manifestantes en el sector de Calacalí emboscó a un convoy que transportaba alimentos, medicinas y combustibles a la capital. Los enfrentamientos dejaron 17 militares heridos.

En redes sociales circularon videos de los militares retirándose y abandonando sus camiones.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que Iñíguez fue “asesinado por fuerzas militares” con un disparo con arma de fuego. La organización difundió el informe de la autopsia, que revela que el hombre tenía una bala de plomo en el pulmón derecho.

Al igual que en los otros casos, la Fiscalía aseguró que abrió una investigación previa por la muerte de Íñiguez.

José Villa Romero

El quinto fallecido que aparece en las cuentas de la Alianza de Derechos Humanos es José Marcelino Villa Romero, de 39 años. Su muerte se confirmó el 22 de junio.

Según El Mercurio, Villa fue hallado muerto en el piso de una caseta ubicada en el costado de la Panamericana Sur, en el sector Y de Tarqui, a pocos metros de donde estaba bloqueada la vía, con llantas quemadas, troncos y piedras, debido al paro nacional.

La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos dijo, en su informe del 26 de junio, que el cuerpo de Villa “presentaba numerosos hematomas que daban cuenta de haber sido golpeado”.

Sin embargo, la Policía dijo que la autopsia reveló que Villa murió por una insuficiencia respiratoria causada por una cirrosis hepática. El fiscal Leonardo Amoroso, en rueda de prensa, aseguró que la muerte fue natural y dijo que el cadáver presentaba un hematoma en su estómago, pero que pudo ser provocado por una caída o golpe que no fue letal.

La cuenta de los heridos

La cuenta de los heridos durante los 15 días del paro nacional es algo más complicada, por la dispersión y la amplitud de las protestas. Sin embargo, la Alianza de Derechos Humanos contaba, hasta el 25 de junio, 64 incidentes de violación de derechos que habían resultado en:

123 detenciones.
Seis desapariciones.
166 personas heridas: tres de ellas en estado crítico, seis con heridas graves, seis con daño ocular, una con amputación parcial de brazo.
Cinco personas fallecidas en contexto de represión.

Según las organizaciones de este colectivo, existen además casos de lo que llaman ‘detenciones exprés’, es decir, casos en los que las personas son detenidas pero no entregadas a órdenes de un juez, sino que “las mantienen dando vueltas y (son) liberadas horas después”.

Del lado de la Policía, el ministro Carrillo informó que hay 218 policías heridos, de los cuales 20 continúan hospitalizados y 33 fueron dados de alta.

Durante las manifestaciones hubo también 30 vehículos y motos destruidas, además de daños en 15 unidades de policía comunitarias.

Primicias

Más notas sobre el tema