Chile está actualizando su constitución para el siglo XXI. EU debería seguir su ejemplo – Por David Adler
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por David Adler*
La constitución de los Estados Unidos solía ser considerada un modelo para las democracias de todo el mundo, pero sus instituciones anticuadas y la ausencia de derechos han garantizado su influencia en declive.
«Mi misma constitución”, escribió Thomas Jefferson en una carta de 1789 a James Madison, “naturalmente vence al cabo de 19 años”. Dos siglos después de su fecha de vencimiento, los ciudadanos de los Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de una constitución redactada por 55 hombres que poseían cientos de esclavos humanos, miles de acres en tierras y millones de dólares en riqueza heredada. Derechos fundamentales negados, instituciones fundacionales paralizadas y crisis existenciales ignoradas: estos son los efectos secundarios de un marco legal que no ha sido modificado significativamente en más de medio siglo.
Estados Unidos no está solo. Decenas de constituciones en todo el mundo fueron escritas por dictadores, colonizadores y ocupantes militares para consagrar instituciones que son antidemocráticas por diseño e incapaces de hacer frente a crisis como un planeta que se calienta rápidamente. En algunos casos, como en el Reino Unido, la constitución nunca se redactó en absoluto, lo que asentó el sistema político sobre una base precaria de normas y convenciones que líderes como Boris Johnson se han mostrado demasiado ansiosos por descartar.
Cuando un comité de varios partidos se reunió en 2013 para revisar el caos constitucional del Reino Unido, su recomendación fue nada menos que radical: que el gobierno debería considerar “los preparativos para una convención constitucional en todo el Reino Unido”.
Pero mientras tanto EU como el Reino Unido siguen atrapados en un punto muerto constitucional, la República de Chile acaba de concluir su propia convención nacional para reemplazar el decreto de 1980 del dictador Augusto Pinochet y su gobierno militar. El producto de la convención es un documento visionario que no solo actualizaría, ampliaría y promovería los derechos básicos de los chilenos (a la salud, la vivienda, el aborto, el trabajo decente y un planeta habitable), sino que también establecería un nuevo estándar para la renovación democrática en el siglo XXI.
Al igual que la de los Estados Unidos, la constitución chilena actual fue redactada en condiciones extremadamente antidemocráticas. Pinochet llegó al poder en un sangriento golpe para derrocar al presidente Salvador Allende y se puso a trabajar en el diseño de una constitución que consolidaría el poder ejecutivo, limitaría la representación democrática y consagraría el fundamentalismo del libre mercado. Junto a una camarilla de economistas conocidos como los “Chicago Boys” por su formación en la Universidad de Chicago, Pinochet puso al país en un camino de neoliberalización tan extrema que Chile se convertiría en el único país del mundo con un sistema de agua constitucionalmente privatizado.
Las consecuencias de la constitución de Pinochet fueron demasiado fáciles de predecir, y serán demasiado familiares para los lectores de los Estados Unidos de donde se originaron sus ideas. La desigualdad se disparó: Chile se convirtió en el país más desigual de la OCDE, con una brecha de ingresos 65% superior al promedio de la OCDE; la riqueza combinada de sus multimillonarios asciende al 25% del PIB. Explosión de la deuda: las tasas de matrícula de Chile se encuentran entre las más altas del mundo, atrapando a los estudiantes en ciclos de pago de deuda que pueden durar toda la vida .
Precariedad acelerada: el porcentaje de empleos con contratos de corta duración ha aumentado a 30, mientras que aproximadamente la mitad de todos los trabajadores informan que no pueden ahorrar lo suficiente para financiar su jubilación. Incluso su famoso sistema de agua privatizada colapsó: millones de habitantes de Santiago se quedan regularmente sin acceso a agua corriente , mientras Chile entra en un período de grave estrés hídrico.
En octubre de 2019, millones de chilenos salieron a las calles para protestar por estas condiciones intolerables. Iniciadas por un aumento en las tarifas del transporte público por parte del presidente en funciones Sebastián Piñera, las protestas se convirtieron rápidamente en una revuelta contra todo el orden constitucional del país: su ortodoxia neoliberal, su gobierno autoritario, su ausencia de protección de los derechos humanos que se exhibieron tanto en las elecciones de Pinochet régimen asesino y la violenta represión de Piñera a las protestas de 2019. “Constituyente o nada!”, gritaban los manifestantes: asamblea constituyente o nada.
Un año después, los chilenos asistieron en números récord a votar en un plebiscito especial organizado a raíz del movimiento de protesta: el 78 % votó a favor de una nueva constitución y el 79 % a favor de una convención de ciudadanos electos para redactarla, en lugar de políticos de carrera.
En un momento en que las democracias están asoladas por la polarización violenta, la convención de Chile ha trazado un camino hacia la renovación pacífica. Dirigida por mujeres, la convención reunió a trabajadores, pueblos indígenas y partidos de todo el espectro político para redactar una nueva constitución en el transcurso de un año de cuidadosas deliberaciones. El resultado es un documento que responde directamente a las crecientes crisis de desigualdad, inseguridad y cambio climático. La constitución establece nuevos servicios públicos universales de salud, educación y agua potable. Otorga derechos a la naturaleza y protege los glaciares, parques y grandes cuerpos de agua de Chile de la minería ambientalmente desastrosa. Y –cuatro décadas después del decreto de Pinochet– finalmente convierte a Chile en una democracia plena, con paridad de género en las instituciones públicas, autodeterminación de los pueblos indígenas.
Pero la campaña para deslegitimar la constitución de Chile ya está en marcha. Incluso antes de que la convención tomara asiento, los comentaristas del Wall Street Journal la habían calificado de “misión suicida”. Desde entonces, se ha librado una implacable “guerra digital” para desacreditar la nueva constitución mediante la difusión de mentiras y desinformación sobre su contenido. Un senador chileno en ejercicio afirmó falsamente que la constitución cambiaría el nombre, la bandera y el himno nacional del país, en un video que se volvió viral en todo el país. La paridad de género se burla como «despertó».
Los derechos de los trabajadores son “divisivos”. Y la soberanía indígena es el camino hacia una “Monarquía indígena”. En su editorial instruyendo a los chilenos a votar en contra de la nueva constitución, The Economist colocó el nuevo texto en un rollo de papel higiénico. El objetivo de los ataques es simple: asustar a los chilenos para que defiendan un statu quo indefendible.
Pero los chilenos no se desaniman. Después de todo, The Economist elogió el “rápido éxito” del golpe de Pinochet en 1973, y la mayoría de los partidos que actualmente llaman a rechazar la nueva constitución son los mismos que votaron para mantener a Pinochet en el poder en el plebiscito de 1988 que puso fin a su mandato. Más de un mes antes de la votación de septiembre, la coalición para apoyar la nueva constitución está creciendo en todo el mundo, entusiasmando a todos, desde feministas hasta evangélicos, desde políticos estadounidenses hasta profesores de la Universidad de Chicago.
“Es una especie de milagro que haya llegado tan lejos”, dijo Tom Ginsburg, profesor de la Universidad de Chicago. El voto “Apruebo” sigue rezagado en las encuestas, pero el entusiasmo por el plebiscito va en aumento. “Este 4 de septiembre volverá a ser el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino”, dijo el presidente Gabriel Boric.
Pero su destino es el nuestro también. En el siglo XX, la constitución de los Estados Unidos reinó como el modelo a emular por las democracias de todo el mundo. Ya no: sus instituciones anticuadas y la ausencia de derechos han garantizado su influencia decreciente. Ahora, Chile ha mostrado el camino hacia un nuevo orden constitucional, rico en derechos, sensible a las necesidades tanto de las personas como del planeta, que puede servir de ejemplo para el mundo en el siglo XXI.
Porque, como incluso Thomas Jefferson reconoció en 1789, “la tierra pertenece a los vivos, y no a los muertos”. Desde Chile de regreso a los EU, que un nuevo movimiento para la renovación democrática ahora cobre vida.
* Economista político y coordinador general de la Internacional Progresista. Publicado en The Guardian
