Ecuador: “La lucha es la madre de todos los derechos” – Por Paula Giménez

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Ecuador: “La lucha es la madre de todos los derechos”

Por Paula Giménez*

Luego de 18 días de protestas sostenidas que dejaron al menos 6 muertos, el gobierno y las organizaciones indígenas firmaron el jueves 30 de junio un acuerdo de Paz, en una mesa mediada por la iglesia, donde el gran ausente fue el presidente Lasso.

En la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito, el ejecutivo aceptó reducir  el precio del combustible 5 centavos de dólar adicionales a los 10 que ya le había quitado. El Gobierno se comprometió además a derogar el estado de excepción vigente, dictaminado por el presidente Guillermo Lasso en las provincias donde, según argumentó, se  concentraban “la mayoría de actos violentos” de las protestas. Además, continuará la mesa de diálogo que durará 90 días para terminar de negociar otras mejoras.

Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, sentenció con fuerza: “la lucha es la madre de todos los derechos”.

Así, en un comunicado firmado por la CONAIE junto ECUARUNARI, organización que aglutina a los pueblos indígenas de la sierra; CONFENIAE, que nuclea a las organizaciones de la Amazonía y FENOCIN, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras se difundieron los logros de los 18 días de lucha:

  • Baja del combustible y subsidios focalizados para sectores campesinos, agricultores, transportistas, pescadores, etc;
  • No ampliación de la frontera petrolera para la protección de los territorios y los derechos colectivos de las comunidades indígenas;
  • No explotación minera en zonas protegidas;
  • Plan de fortalecimiento del control de precios para alimentos de primera necesidad;
  • Declaración de la emergencia en el sistema de salud pública, para el abastecimiento inmediato de insumos y medicamentos;
  • Suba de 5 dólares al Bono de Desarrollo Humano y subsidios y créditos para el fomento de actividades productivas; el compromiso de elaborar un proyecto de Ley para la reforma de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Los acuerdos serán monitoreados por la instalación, por 90 días, de una mesa de diálogo que retomará los puntos iniciales que fueron demandados al inicio del Paro y los acuerdos alcanzados hasta el momento.

Desde la Casa de la Cultura, la CONAIE también declaró: “No renunciamos a la resistencia, si no cumplen en 90 días volveremos millones”, festejando los resultados de la negociación como un triunfo del pueblo ecuatoriano y las organizaciones, que llevaron adelante el Paro Nacional: “¡Solo la lucha nos ha permitido conquistar derechos! Le pusimos a temblar al poder y mostramos nuestra capacidad”.

“Por la contundencia del paro, Lasso solo apareció en cadenas de televisión y nunca se sentó a la mesa del diálogo, sin embargo su gobierno se vió obligado a atender al pueblo”, sigue expresando el comunicado.

En la tarde del miércoles 29 de junio, Lasso había profundizado el enfrentamiento al decretar el estado de excepción en 4 provincias para enfrentar las protestas, “garantizar la integridad de los ciudadanos” y “restablecer el orden público”.

“El gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos”, dijo Lasso al país al informar sobre el fallecimiento de un sargento de las fuerzas armadas, tras un extraño ataque a un convoy de camiones cisterna que transportaban combustible en la Amazonía.

Leyendo en telepronter, el banquero presidente, un confeso admirador del ex mandatario colombiano Álvaro Uribe, había anunciado el día anterior que se levantaba de la mesa de negociación con los movimientos indígenas. Luego de la suspensión del diálogo, tres sesiones y más de 18 horas de debate, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó el pedido de destitución de Lasso con 11 abstenciones, 42 votos en contra y 84 a favor.

La votación quedó muy cerca de los 92 votos requeridos para que la moción fuera aprobada. Ante la encerrona por vía callejera e institucional, Lasso decidió el camino de la confrontación con las organizaciones sociales y encendió todas las alarmas internacionales.

El mismo presidente, autor de la militarización de Quito y promotor de un proceso represivo calificado por Amnistía internacional como “una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, estableció un parte aguas entre muertos de primera y  muertos de segunda, e hizo su aporte al discurso dominante respecto de la figura del enemigo interno, ahora en el rostro de un indigenismo “terrorista”.

El Paro Nacional, desatado el pasado 13 de junio, tiene como antecedentes las protestas en 2019, 2020 y 2021, con una pandemia que recrudeció las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y campesino-originarias, encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, volvieron a encolumnarse detrás de un pliego de demandas de 10 puntos que exigía condiciones mínimas de vida, debido al aumento en los precios de los alimentos y del combustible, y agregó un reclamo por la imposibilidad de la población de hacer frente al endeudamiento, tanto de las familias con los bancos como del país por la elevada deuda externa que tiene un país cuya economía está dolarizada.

En marzo de 2022, la deuda pública consolidada del Ecuador llegó a USD 62.718 millones, lo que equivale al 56,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La canasta básica familiar cuesta cerca de $730 dólares, mientras el salario mínimo está en $425 dólares y sólo 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras perciben un salario igual o mayor al mínimo.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó uno de los pagos a Ecuador en medio del paro. Un giro que es la continuidad de la renegociación o canje de la deuda en bonos por USD 17.375 millones (en agosto de 2020) y a la firma del acuerdo económico con el FMI en septiembre de 2020, renegociado en 2021.

En esta oportunidad, el FMI aprobó el desembolso de mil millones de dólares, cantidad que corresponde al crédito de 6500 millones de los que el país ya recibió 4800 millones. El Gobierno de Ecuador tiene previsto que el FMI haga otro desembolso de 700 millones de dólares para diciembre de este año. Dependerá tal vez, de cuánto haga la coalición de gobierno actual para avanzar en otra de las cláusulas -o la letra no tan chica- del acuerdo con el organismo:  la privatización del Banco Central de Ecuador (BCE).

Guillermo Lasso en una alocución televisiva y traducida a lengua originaria, celebró haber alcanzado la paz, como “valor supremo”, prometió la reconstrucción del país y  agradeció la mediación de la iglesia, al anunciar lo que fue refrendado en el acta de Paz.

Pese a esto, la trayectoria del conflicto deja ver que en Ecuador se abrió una disputa en relación al programa económico neoliberal que afecta a las grandes mayorías, y que se resume en la consigna impulsada por la Coalición UNES, la alianza correísta, en las elecciones presidenciales de abril del año pasado, cuando afirmaba que la elección era entre “la banca o el país”.

Sin embargo, la disputa actual está lejos de ser entre correísmo y anticorreísmo, como lo aseguró la fuerza neoliberal en posición de gobierno. El campo popular ecuatoriano arrastra serias dificultades en sintetizar política e institucionalmente una fuerza social y de calle que jamás dejó de impugnar al neoliberalismo y a la dolarización del país, un modelo económico que destruyó la industria, el empleo formal y la dignidad de millones de ecuatorianas y ecuatorianos. En el campo progresista ecuatoriano, como en otras partes de América Latina, abundan cuadros políticos sesgados por el oenegeísmo y la socialdemocracia europea.

La situación en Ecuador no deja de ser un reflejo particular del proceso que transitan actualmente la mayoría de los países del mundo, donde la crisis superpuesta de Pandemia y guerra se traduce, cada vez más, en un deterioro constante del nivel de vida de las grandes mayorías. El aumento de precios, como manifestación de los problemas alimentarios y energéticos que el mundo vive, es un combo explosivo para la economía de un país dolarizado, que no cuenta con instrumentos soberanos de manejo de su política económica.

La actual coyuntura, entonces, profundiza el deterioro en las condiciones de vida de la población ecuatoriana, al tiempo que termina impulsando la lucha de las grandes mayorías organizadas, ante un gobierno que se muestra decidido a no atenderlas ni representarlas. El masivo festejo en las calles con las que miles de ecuatorianos y ecuatorianas recibieron los anuncios de la dirigencia de la CONAIE y las organizaciones que llevaron adelante las negociaciones, principalmente en la ciudad de Cotopaxi, demuestra la amplitud de la base social de la lucha en Ecuador.

Refleja la fuerza moral resultante de la victoria en el enfrentamiento de un pueblo que no tiene ya nada que perder. Fuerza moral y material que se constituye en la organización de las mayorías en las calles, donde se van tejiendo nuevas relaciones, contrapuestas a las de un sistema que intenta imponer día a día el sometimiento y la obediencia. La importancia reside en el proceso de desarrollo de consciencia, ante la demostración efectiva de que es posible avanzar en las conquistas populares mediante la organización y la lucha.

Seguramente, el gobierno de derecha encabezado por Lasso, sabe que peligran sus privilegios ante un pueblo decidido a recuperar su dignidad, por lo que puede estar especulando con ganar tiempo y desarticular la iniciativa popular. La fuerza política y social que se constituyó en el Paro Nacional en los últimos años, obligó al gobierno a realizar concesiones, y romper la continuidad del programa que imponen en el país los organismos internacionales, entre ellos el FMI, con la complicidad de las oligarquías locales.

El pueblo ecuatoriano dio muestras de la existencia de un proceso organizativo, un actor (el indigenismo), capaz de aglutinar, con iniciativa y capacidad de enarbolar un programa con demandas populares. La posibilidad de avanzar más allá del cumplimiento de demandas económicas y derechos básicos para las mayorías dependerá, como nos lo demuestra la historia y las experiencias recientes de América Latina -Colombia, Chile o Perú-, de la capacidad de sostener y profundizar estos procesos organizativos para la constitución de un proyecto con iniciativa popular que recupere definitivamente la dignidad de las mayorías sociales.

* Paula Giménez es psicóloga y Magíster en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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