Reforma Agraria en Colombia: un viejo problema y una solución postergada – Por Vannessa Morales Castro, especial para NODAL

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Vannessa Morales Castro*, especial para NODAL

Con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Marquez en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia, el país asistirá a una serie de debates sobre las reformas necesarias para disminuir la desigualdad económica y social y poner punto final al conflicto armado de más de medio siglo que ha signado su historia reciente.

Algunas de esas reformas serán difíciles porque subyacen en la estructura de toda la sociedad colombiana como la reforma agraria. Esta se presenta nuevamente como una necesidad impostergable, no solo para dar cumplimiento a los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016, sino también para dar solución a los problemas económicos y sociales que presenta el país.

Para que esta reforma pueda ser exitosa se hace necesario recurrir a la historia y revisar algunos elementos que incidieron en el fracaso tanto de la ley 200 de 1936 como de la 135 de 1961. ¿Por qué fracasaron las reformas agrarias en el pasado? Y ¿Cómo esto debe alertar sobre el futuro de un tercer intento de reformar la propiedad sobre la tierra?

La primera pregunta se puede responder desde múltiples perspectivas, pero guarda relación con el valor de la tierra y la especulación. Siendo Colombia un país donde la industrialización fue limitada, los terratenientes conservaron un poder político y económico capaz de incidir en el direccionamiento de la política de tierras. La estrategia empleada tanto en 1936 como en 1961, fue la de ajustar la implementación de la reforma a sus intereses a partir de la modificación de plazos, conceptos y procedimientos.

Además de la realización de un catastro rural que le permita al Estado establecer con claridad el mapa de la propiedad rural, el nuevo gobierno priorizará el aumento de la producción donde será clave utilizar todas las tierras aptas incluyendo los latifundios improductivos. Se debe recordar que tanto la ley 200 de 1936 como la 135 de 1961, establecieron plazos para poner en actividad las tierras ociosas bajo la amenaza de expropiación.

La Ley 200 fue modificada por la ley 100 de 1944. Esta amplió el plazo establecido para demostrar la productividad en las tierras ociosas. El plazo original vencía en 1946, pero la Ley 100 lo postergó 10 años más, es decir que los terratenientes contaron con casi 20 años para adecuar sus tierras, tiempo suficiente para que los cambios políticos impidieran la ejecución de los términos. Este es un ejemplo de modificación de los plazos y preservar el statu quo.

Para la implementación de la ley 135 los gremios rurales alegaron en repetidas ocasiones que el Estado era el mayor latifundista del país y en esa medida eran sus tierras las que debían ser distribuidas, por eso la ley se orientó a la distribución de baldíos y no a la expropiación.

Otro mecanismo fue la modificación de los criterios de productividad que bajo el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) aceptó la siembra de pastos y la ganadería extensiva como prueba de explotación eficiente. Tanto del cambio de los plazos en 1944 como el cambio de criterios en 1972, se infiere una reticencia histórica de los latifundistas para pasar de un modelo de renta a un modelo de plusvalor.

Para presionar la producción Petro y Márquez anunciaron el impuesto de renta presuntiva. Este mecanismo fue ampliamente discutido a lo largo de la década del cincuenta y a fines de los sesentas. Aunque finalmente el impuesto fue aprobado en la ley 5 de 1973 nuevamente los terratenientes organizados en los grandes gremios lograron mediante el lobby que éste fuera modificado en 1975. Esta modificación estuvo acompañada de excepciones tributarias y de una amnistía fiscal para delitos tributarios.

El mayor retroceso que presentaron ambas reformas fue una vez transcurrieron 10 años, es decir que el problema en Colombia no ha sido el de aprobar las políticas, sino el de implementarlas y sostenerlas a lo largo del tiempo. En otras palabras el de hacer de la reforma agraria una política de Estado.
En ese sentido, Petro y Márquez pueden lograr un aumento del control sobre las áreas rurales con el nuevo censo agropecuario, pueden reconstruir la institucionalidad para impulsar y ejecutar la reforma agraria, pueden dar algunos pasos para aumentar la producción, e incluso y como lo ha afirmado Petro, pueden crear una alianza Estado-campesinado para este propósito, como lo intentó Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Pero si no se blinda la reforma agraria frente a la injerencia y el lobby de los gremios, si no se dan pasos decisivos para que el Estado recupere el control sobre las áreas rurales y si éste no recupera su autonomía frente a los poderes económicos todos los esfuerzos del nuevo gobierno pueden resultar en un fracaso más en la historia de las reformas agrarias en Colombia.

* Becaria Doctoral del CONICET, Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA, Trabajadora Social de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-UBA) e integrante del Observatorio Electoral de América Latina (OBLAT-UBA).