¿Una Constitución indigenista en Chile? – Por Domingo Namuncura

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Domingo Namuncura*

Hasta nuestros días, Chile y Uruguay son los únicos países que ostentan el triste antecedente de que para estas naciones los indígenas no existen constitucionalmente. Y el Estado avaló múltiples expresiones de abuso, violencia, discriminación y racismo, con la pretensión de “integrar” a los mapuches, aunque fuese a la fuerza, para convertirlos en “chilenos” puros.

Pinochet, en 1979, dictó el Decreto Ley 2.568 y declaró sin ningún pudor: “Las tierras indígenas dejarán de llamarse indígenas e indígenas sus habitantes”. No hay otra ley o norma en nuestra América morena en donde los gobernantes se hayan atrevido a tanto: declarar la inexistencia de la condición indígena por decreto.

Se hace un lugar común que sectores conservadores e incluso no tanto, como algunos “progresistas”, se refieran a la inclusión de derechos indígenas en el proyecto de nueva Constitución como el resultado de una influencia negativa para la República por parte de los Pueblos Indígenas. Me recuerdan las admoniciones colonialistas de la Iglesia por la espiritualidad salvaje de los nativos, hablantes de lenguas extrañas y practicantes de costumbres primitivas. La Corona y la Iglesia coincidieron en la necesidad de “evangelizar” a los infieles sin importar mucho los medios, fuese mediante la violencia o la cruz, o ambas cosas.

Con el paso del tiempo, y después de dos siglos de guerra con los “nativos” mapuche, España comprendió que era tiempo de conciliación y, mediante importantes Parlamentos, llegó a entender que la paz tenía el precio de un gran acuerdo y esto se tradujo en varios tratados en donde el pueblo Mapuche fue reconocido como Nación y sus territorios desde el Bío Bío al sur fueron considerados como “soberanos”.

Con la llegada de la República, los españoles avecindados, criollos y mestizos, curas y obispos y el naciente ejército “libertador” se entregaron –por fin, y ya liberados del “yugo español”– a la construcción del Estado nacional de Chile, y en el primer reglamento constitucional de 1811 simplemente desconocieron la existencia de los indígenas en tanto representantes de pueblos originarios y anteriores al naciente Estado, y los excluyeron para siempre del ordenamiento jurídico, hasta la Constitución de Pinochet reformada el 2005. Para siempre. “Somos todos chilenos”, se dijo, “no hay otros pueblos en un territorio que es único e indivisible. Aquí se habla una sola lengua”, y hasta hace unos años se profesaba de manera obligatoria una sola religión, la católica.

Concluida la guerra de la “Pacificación de La Araucanía” (un eufemismo, por cierto), les llegó su hora a los Pueblos Indígenas y Mapuche en particular. Sus tierras ancestrales fueron confiscadas y se les asignaron guetos (reducciones). Las constituciones, desde 1823 hasta hoy, desconocieron literalmente su existencia.

Hasta nuestros días, Chile y Uruguay son los únicos países que ostentan el triste antecedente de que para estas naciones los indígenas no existen constitucionalmente. Y el Estado avaló múltiples expresiones de abuso, violencia, discriminación y racismo, con la pretensión de “integrar” a los mapuches, aunque fuese a la fuerza, para convertirlos en “chilenos” puros. Pinochet, en 1979, dictó el Decreto Ley 2.568 y declaró sin ningún pudor: “Las tierras indígenas dejarán de llamarse indígenas e indígenas sus habitantes”. No hay otra ley o norma en nuestra América morena en donde los gobernantes se hayan atrevido a tanto: declarar la inexistencia de la condición indígena por decreto.

El pueblo Mapuche ha resistido estoicamente estos embates. Finalmente, en el año 2004, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (PPII) reconoció ante el país las enormes y extensas injusticias cometidas en Chile con el aval, omisión y/o complicidad y acción directa del Estado en contra de los Pueblos Indígenas, y formuló más de 100 recomendaciones, entre otras, el reconocimiento constitucional de sus derechos, las autonomías territoriales, su lengua, tradición y costumbres, su organización tradicional, su cultura y espiritualidad y sobre todo su condición de Primeras naciones y/o Pueblos Originarios anteriores al Estado. Esto, en el año 2004. Es decir, 15 años antes del estallido social y 18 años antes del referéndum próximo para aprobar una nueva Constitución, plurinacional e intercultural, con reconocimiento constitucional de sus derechos. Lo ya propuesto al país en el año 2004.

Como estamos regidos por una Constitución de hierro heredada de la dictadura militar, con reformas leves en lo sustancial y con leyes orgánicas de amarre perpetuo, las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato fueron pasadas por alto y no hubo voluntad política suficiente para abordarlas. Tuvo que ocurrir el estallido social del 18 de octubre del 2019 para abrir de par en par las puertas que hoy nos permiten visualizar un mejor destino para los Pueblos Indígenas, los que después de 212 años de exclusión estarán incluidos en la nueva Constitución.

¿Por qué no se trató como extremistas, indigenistas, exacerbados, etc., a los integrantes de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato en el 2004? Porque sus recomendaciones, a pesar de la justicia de su reconocimiento de las responsabilidades del Estado, no iban a ser viables en el sistema político dominante. Pero ahora, cuando esa viabilidad se ha construido en una Convención Constitucional, mandatada por el pueblo chileno, y el mundo conservador observa con extrema ansiedad (de ahí su virulencia) que todos los cambios que frenó por décadas, a sangre y fuego con la dictadura y luego con un sistema político, económico y electoral que les permitió mantener controlada una limitada democracia, tales modificaciones se van a producir y los Pueblos Indígenas van de la mano con estos nuevos procesos que se abrirán, se empeñan entonces en desarrollar nuevamente, y como lo hacen siempre cuando sus intereses están en juego, una intensa campaña de desprestigio hacia la Convención y sus constituyentes, y están poniendo a los Pueblos Indígenas a la cabeza de una inventada catástrofe institucional, apuntando a un verdadero apocalipsis jurídico y poco menos que advirtiendo la inminencia de una Revolución social de “insospechadas consecuencias” al declarar a Chile como Estado plurinacional e intercultural y su autonomía territorial y sus derechos como pueblos ancestrales.

¡Se aproxima un caos!, exclaman. ¡Los indígenas secuestraron la Convención! ¡Estamos ante una Constitución indigenista! Los más sórdidos han señalado que la autonomía territorial separará a las regiones y que los chilenos tendrán que sacar pasaporte para entrar a La Araucanía, etc. Divertidos o no, los nuevos motes hacia los indígenas –¡se les pasó el tejo!, ¡quieren más privilegios que los chilenos!– hasta el exabrupto –¡que se vayan de Chile!…– son todas expresiones que dan cuenta de algo tristemente más penoso: que siendo Chile una nación con un gran nivel de desarrollo social y cultural, socio del club de los países de la OCDE (nada menos), con premios Nobel de Literatura que pasean por el mundo sus obras (en donde los indígenas son mejor tratados), parte de su población (particularmente conservadora) insiste en quedarse anclada en el siglo XIX y nostálgica de una cultura colonial.

El proyecto de nueva Constitución viene a ser un gran esfuerzo por descolonizar nuestra cultura y por hacer patente lo que Chile siempre ha sido: plurinacional, diverso, intercultural, nutrido por culturas que le dan un sentido único. Como dijo una vez el cardenal Silva Henríquez: Chile somos todos, en verdad, pero también somos diferentes y entre todos debemos brindarnos un mutuo respeto.

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