Argentina | A qué se enfrentan las personas LGBT+ a la hora de alquilar

Foto: Ariel Gutraich
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Por Luciana Rosende

Depósitos más altos, doble exigencia en las garantías y “sugerencias” de comportamiento son algunas de las situaciones discriminatorias a la hora de alquilar.

En Jujuy, en Córdoba o en Buenos Aires. En habitaciones de hoteles o en departamentos. Con o sin contrato. En las situaciones más diversas, un punto en común: para personas del colectivo LGBTI+, el acceso a la vivienda en general y al alquiler en particular está plagado de dificultades. Las masivas, que atraviesan a la multitud inquilina. Y las específicas, con todas las estadísticas en contra y el sello de la discriminación.

Con la Ley de Alquileres puesta (otra vez) en discusión y con una crisis económica e inflacionaria de alcance federal y creciente, el panorama es especialmente crudo para las feminidades trans. Pero la problemática –acuciada por el impacto de la pandemia- golpea también a otras minorías y disidencias. A madres solas con hijes, a migrantes, a parejas igualitarias.

Según una encuesta realizada en 2020 por la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), el 60% de las personas consultadas no podría pagar el alquiler en mayo de aquel año, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, con aislamiento vigente e incertidumbre reinante. El mismo relevamiento mostraba que, en el caso de la población LGBTI+, ese porcentaje llegaba al 100%.

Ayer y hoy

“Cuando hablo del acceso a la vivienda, me remite a una línea de tiempo donde las violencias se van sosteniendo y reproduciendo a pesar de los avances en materia de conquistas de derechos”, dice Sofía Zurueta. Tiene 37 años, trabaja como acompañante terapéutica y se define como mujer cis lesbiana.

La línea de tiempo que repasa incluye los hitos del movimiento feminista y también las situaciones de discriminación con las que se topó al buscar un techo. Así ordena los hechos: antes y después de la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en julio de 2010.

“Soy de Jujuy, de San Salvador. Antes de la conquista del matrimonio igualitario, más o menos en 2006, buscaba una vivienda para alquilar con la compañera de vida que tenía en ese entonces y fuimos a un lugar donde nos habían dicho que había una habitación disponible. Apenas se dieron cuenta que éramos pareja, perdimos la chance», relata.

«Repentinamente no había más habitaciones, sin dar ningún tipo de explicación. Simplemente nos tuvimos que ir sin la posibilidad de acceder. Fue una cuestión discriminatoria y violenta por ser una pareja homosexual de mujeres. Mientras no habían visto que éramos pareja, estaba todo bien y el ingreso era inmediato. Fue muy alevoso”, recuerda.

Los avances que no alcanzan

Años más tarde y ya con el matrimonio igualitario como posibilidad legal, le pasó otra vez. En Córdoba y con otra compañera. “Fue distinto: no fue un problema acceder a alquilar, lo pudimos hacer. Pero vivimos situaciones de violencia y de una forma también acoso por parte de uno de los propietarios. Solía ir supuestamente a ver cuestiones de la vivienda e irrumpía de una forma y con unas maneras que eran muy insinuantes. Más o menos, tirarse encima», relata Sofía.

Las mujeres vivían situaciones de intromisión e irrupción en sus espacios cotidianos, que resultaban al menos, violentos. «Era muy alevoso también. Lo vivimos como una intromisión acosadora, una presencia que nos molestó mucho”, cuenta. “Todo eso desde una situación de poder, porque la situación económica no era fácil y acceder a una vivienda, tampoco. Estaba esa relación de ver cómo ponerle un freno y marcarle los puntos evitando llegar a una confrontación donde te dejen en la calle. La hostilidad en el barrio era constante, con hijos de vecinos que gritaban improperios, hasta nos han tirado piedras”.

En 2022 y pandemia mediante, el panorama para Sofía no cambió demasiado. En la ciudad más rica del país, el único techo accesible fue el de una habitación de hotel en Constitución. Pero la dificultad extra apareció, una vez más.

“En una situación general donde es muy difícil la cuestión habitacional, donde acceder a un alquiler es muy difícil, lo más accesible termina siendo habitaciones en hoteles en malas condiciones. Y que son carísimos, con mucha especulación”, se queja. “Nos ayudaron a conseguir esa habitación y resultó que mientras no sabían que éramos pareja estaba todo bien. Pero una vez que la persona encargada se enteró, nos mandó un mensaje para requerirnos cierto comportamiento. Algo que a ninguna pareja hetero se le requiere en ningún lado. Para nosotras, estaba vedada cualquier demostración afectiva en los espacios comunes del hotel. Algo cotidiano que se puede ver en la calle, en cualquier lugar público, una mirada, una caricia, para nosotras en el hotel estaba vedado”.

Sin garantías

“Es la penalización de una forma de vida”, define Luci Cavallero, lesbiana, feminista, miembro de Ni Una Menos. Desde ese espacio, ella sostiene la alianza con la agrupación de inquilines. Con esa frase resume los obstáculos específicos que enfrenta el colectivo LGBTI+ para acceder a alquilar un techo. Sobre todo, las feminidades trans.

“Hay toda una problemática de ingresos y de dificultad en el acceso al alquiler que viene incrementándose desde la pandemia y no se le dio respuesta. En ese marco general, encontramos además dificultades específicas para ciertas poblaciones: mujeres con hijes que no conviven con su pareja, lesbianas, gays, personas no binarias y un recrudecimiento en el caso de las feminidades trans”, enumera.

Y detalla: “Es una población estadísticamente no propietaria. Con formas de vida que escapan a la forma de transferencia de propiedad de las familias heterosexuales. Eso se junta con una mayor tasa de informalidad en el trabajo, peores ingresos. Todo redunda en una dificultad en el acceso al alquiler”.

La vulneración de derechos se potencia para ellas, en un marco general que no beneficia a las y los inquilinos. Al contrario: la desregulación manda. “No hay ninguna instancia del Estado nacional que esté abocada a regular relaciones entre inquilines y propietaries. En ese marco se dan episodios de discriminación que expresan situaciones de poder en propietaries e inmobiliarias. Son los que pueden elegir quiénes quieren que sean sus inquilines”, contrasta Cavallero.

 

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Una expulsión permanente

Ante un mercado formal de alquileres que las expulsa, las feminidades trans y las trabajadoras sexuales en la Ciudad de Buenos Aires suelen vivir en hoteles y pensiones. O buscan estrategias ante un abanico de opciones que se reduce. “Hay toda una forma de acceso a la vivienda en alquiler de manera colectiva. Pero es también cada vez menos posible: hay menos casas grandes disponibles para alquilar y son altísimos los precios”, apunta Cavallero.

Todo esto, en un contexto donde hay cada vez más casas vacías. Al menos, en la Ciudad de Buenos Aires. Según un informe elaborado a fines del año pasado por la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías -integrada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- casi una de cada 10 viviendas porteñas permanece desocupada. Mientras que el déficit habitacional alcanza al 11,6 por ciento de los hogares, unas 300.000 personas residen en villas y asentamientos, otras 7.500 (cerca de 10 mil, según estimaciones más recientes) están en situación de calle y un 35 por ciento de las familias pagan alquiler.

“La pandemia generó un problema laboral para quienes hacían trabajos informales como las trabajadoras sexuales. Por mucho tiempo no pudieron ejercer en las calles y eso hizo que empezaran a acumular deuda por alquiler. Por eso subieron tanto los desalojos de feminidades trans en pandemia, incluso con el decreto que los prohibía”, dice en relación al Decreto 320, firmado en marzo de 2020 y luego prorrogado hasta 2021, que en un marco de “emergencia pública” por la pandemia de coronavirus establecía la suspensión de los desalojos.

En aquel marzo de 2020, en una entrevista en la Televisión Pública, el presidente Alberto Fernández tuvo que referirse al tema. Fue ante la pregunta de Diana Zurco, primera conductora trans del noticiero estatal. Tras recibir pedidos de ayuda de mujeres trans que estaban siendo desalojadas, la periodista le planteó el tema al mandatario. Fernández anunció el decreto, condenó el hecho y definió a los responsables como “miserables”.

Con garantías (que no rompen con la discriminación)

Para Yanina Chávez, de 32 años, no fue una cuestión de falta de recursos, ni de informalidad laboral, ni de carencia de garantía. En diciembre de 2020, se convirtió en la primera mujer trans en ingresar a Trenes Argentinos. Fue un hito en su vida, que le permitió dejar la prostitución a la que había tenido que recurrir como fuente de ingresos durante más de una década. Con el recibo de sueldo, el dinero para el depósito y una garantía, quiso alquilar un monoambiente en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. Por ser trans, le dijeron que no.

“Me pasó con una inmobiliaria en Carapachay. Había visto un monoambiente que me gustó mucho. Cuando la persona me estaba llevando a mirar otros departamentos, empezó a notar mi voz. Primero me preguntó si era provinciana, dije que sí. Después, si era trans. Dije que sí. El trato empezó a cambiar. Volvimos a la inmobiliaria y dije que me quería quedar con el monoambiente. Me pedía una seña de 25 mil pesos. La entregué. En total tenía que pagar 110 mil pesos, 54 mil solamente de honorarios. Yo había preguntado si la Ley de Alquileres regía y me decían ‘no eso no existe’. Fue en agosto del año pasado”, cuenta Yanina. La norma 27.551 estaba vigente desde el 30 de junio de ese año.

Yanina notó que los obstáculos crecían. Pusieron en duda la validez de la garantía –emitida por una profesional- y hasta le pidieron el número de la inmobiliaria con la que había negociado antes, para consultar referencias. “Nadie pide eso”, se indigna. Finalmente, le dijeron que pasara a buscar la seña, que no podría firmar el contrato. “Les dije ‘en vez de darme tantas vueltas, me hubieran dicho ‘no te alquilamos porque sos trans’. Dijeron ‘no, nada que ver, tengo un amigo gay’”.

Aún con un recibo de sueldo de una empresa estatal como Trenes Argentinos, Yanina sentía el estigma sobre su modo de vida. Su identidad, asociada a la prostitución. “Sentía eso. Que pensaban que lo quería usar para eso el monoambiente. A pesar de mi recibo de sueldo y de que no lo necesitaba. Igual tienen esa idea”.

Propietarios con odio a las diversidades

Gigi Krein integra las Consejerías de Vivienda, un espacio que busca dar una mano a las y los más golpeados por la crisis habitacional, los desalojos y la especulación. “Ahora que se está rediscutiendo la Ley de Alquileres sería importante -y se puede hacer- agregar un artículo que establezca que bajo los principios de no discriminación no se le puede negar un alquiler a nadie. El eje que llevamos siempre es el de las niñeces, pero incluimos a la población migrante y disidencias”, explica.

“Esta falta de acceso a la vivienda y a alquileres, sumamente abusivos, para la comunidad LGBTI+, es algo que la Ley de Alquileres podría eventualmente subsanar. O al menos dar una mejor base para seguir luchando por derechos fundamentales. Pero nadie está hablando de esto”, lamenta.

Para Thiago Leis, el aspecto legal no alcanzaría. En septiembre del año pasado, contó por Twitter una situación que se viralizó: “No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”. Fue tras un alquiler fallido en Colegiales. La persona que lo había ayudado en la búsqueda, y que hacía de intermediaria con los dueños, simplemente le explicó que el propietario “es homofóbico”. Tras compartir su caso, lo contactaron al menos cinco personas que habían atravesado situaciones similares.

“Es lo que ya vivía Emma, trasladado al ámbito de contactarse con un privado para alquilar. Fue un problema más. Pero no en relación a la ley, sino a la reacción de las personas. Las actitudes de las personas cuando ocurre algo así superan a las leyes. Uno no puede obligar a que alguien sienta o no algo. Odio, en este caso”, analiza el joven, a punto de recibirse de cientista político.

“Creo que lo que más podemos hacer, y lo que más rinde, es que hagamos una especie de pedagogía con la visibilización de estos casos. Lo que más efecto positivo produce es que las personas puedan empatizar con las historias de otras personas. Cuando eso pasa, puede cambiar algo. Cuando alguien piensa ‘no me gustaría que eso suceda, que me rechacen a mí o a mi pareja por cómo es uno de los dos’. Eso puede cambiar a las personas odiadoras de diversidades”, desea.

Hecha (y deshecha) la ley

Impacte o no en la situación específica del colectivo LGBTI+, del futuro de la Ley de Alquileres –y de lo que ciertos sectores quieren hacer con ella-, depende la situación de miles y miles de inquilinos e inquilinas a nivel nacional.

“Nos aliamos con el sindicato de Inquilines Agrupades porque se produjo una campaña, motorizada por los grupos inmobiliarios en articulación con los grandes medios y referentes de la oposición, para culpabilizar a la Ley de Alquileres, que no se cumple por todas las dificultades para acceder a la vivienda», explica Luci Cavallero, de Ni Una Menos.

«Se generó un sentido común para poder avanzar en derogar los derechos más progresivos de la ley: la actualización anual, la posibilidad de quedarse tres años en la misma vivienda. Una vez que se hizo un trabajo político importante informando y convenciendo a legisladores del Frente de Todos, que presentaron un proyecto más progresivo. Se evidenció que la oposición quería flexibilizar más las cláusulas progresivas”, resume Cavallero. Y resalta: “Es importante seguir defendiendo la Ley de Alquileres y pedir regulaciones en este momento de tanta crisis de ingresos”.

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