Balance del gobierno de Duque: asesinatos de líderes, violaciones de DDHH y otras cifras

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Asesinatos de líderes, violaciones de DDHH y otras cifras del gobierno Duque según INDEPAZ

En vista de la ceremonia de posesión, el próximo domingo 7 de agosto, del nuevo ejecutivo que guiará el presidente electo Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ, publicó un informe que detalla cifras del gobierno saliente de Iván Duque.

El Observatorio de Derechos Humanos y Conflicto de INDEPAZ, a través del informe titulado “Cifras durante el gobierno de Iván Duque” analizó en cifras el mandato del presidente saliente teniendo como fecha de corte, en la mayoría de los hechos investigados, el 7 de agosto de 2018 y el 01 de agosto de 2022.

En este periodo de tiempo un total de 957 líderes/as defensores/as de derechos humanos fueron asesinados/as. 220 fueron los casos registrados de desaparición forzada y 555 los secuestros. Los firmantes de paz que perdieron la vida de manera violenta fueron 261, mientras que en 545 eventos las comunidades tuvieron que desplazarse de manera forzada. La cifra de masacres resultó de igual manera muy elevada: 313 casos registrados que causaron la muerte de 1192 víctimas.

Violencia policial y Paro Nacional 2021

Otra gran cuestión acerca de las cifras de violencia general durante el mandato de Duque abarca la violencia policial, sobre todo por lo visto durante al Paro Nacional de 2021, en donde quedó constancia de múltiples agresiones por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes, cuyas acciones han sido reprimido con violencia y estigmatización social.

Durante el gobierno saliente fueron 421 los homicidios reportados cometidos presuntamente por la Policía Nacional. En el Paro Nacional, teniendo como fecha de corte el 28 de abril 2021 y el 15 de julio de 2021, tan solo tres meses, 83 fueron los asesinatos registrados perpetrados por policiales.

En el mismo plazo de tiempo, el informe reporta una totalidad de 1747 casos de violencia física, dentro de los que figuran 96 víctimas de lesiones oculares y 35 víctimas de violencia sexual. La estigmatización social ante mencionada se vio reflejada sobre todo en los fueros ordinarios, de hecho, INDEPAZ denuncia 66 montajes judiciales a cuestas de jóvenes manifestantes.

Homicidios, departamentos afectados y responsabilidad

50179 fueron los casos totales de homicidios durante el cuatrienio Duque, con un pico registrado en 2021, cuando la tasa de homicidio subió a un 26,9%. Sin embargo, el dato no resulta comparables con la tasa de homicidio en los PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) y PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que registró en 2021 respetivamente un 58,5% y un 48,9%.

Alarmantes, por otro lado, las cifras de violencia contra la población LGBTQUI+: desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2021 fueron reportados 584 homicidios y/o feminicidios, de los que una gran parte, 254, en 2021.

A nivel nacional los departamentos mas afectados por los asesinatos de líderes/as, firmantes y masacres son el Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. Tumaco (Nariño) fue indicado como el municipio más afectado en todo Colombia.

El informe señala además la responsabilidad de los hechos violentos ocurridos durante el mandato de Iván Duque: en el 43,3% de los casos no se atribuyó ninguna responsabilidad. Las AGC o Clan del Golfo son responsables del 17,92% de los hechos, siguen los grupos residuales de las ex FARC-EP, con un 16,23%, otros grupos narcoparamilitares (11,09%), el ELN (10,7%) y, finalmente, la Fuerza Pública (0,72%).

Observaciones

Dentro de las observaciones que INDEPAZ sacó de su informe se puede leer:

  • «Los responsables materiales de los asesinatos, masacres, amenazas y desplazamiento forzado son en su mayoría grupos armados ilegales. Entre los presuntos responsables se han señalado en primer lugar, a los narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo, en segundo lugar, a los grupos disidentes y residuales del proceso de paz con las FARC-EP, en tercer lugar, al ELN y en cuarto lugar a la fuerza pública.
  • La responsabilidad material de los hechos violentos tiene detrás la autoría intelectual y la alianza cómplice, beneficiosa o de conveniencia de agentes económicos y políticos legales e ilegales.
  • La responsabilidad política del gobierno de Iván Duque ha sido señalada en el Congreso de la República y en pronunciamientos de organismos internacionales, quienes se encuentran preocupados por la no implementación integral del Acuerdo de Paz. Es un grave hecho el que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, CNGS, en 5 años no haya dotado al Estado de la política pública para el desmantelamiento de conductas y organizaciones que atentan contra la paz.
  • El incumplimiento de los acuerdos, -por ejemplo en los temas de Reforma Rural Integral y política de drogas y sustitución de cultivos de uso ilícito-, ha facilitado la recomposición de grupos armados, de mafias con conexiones en empresas lavadoras de activos y con agentes del Estado.
  • La falta de efectividad en la protección de comunidades y del liderazgo social, está directamente relacionada con la estrategia de seguridad la cual considera que la población de pequeños productores y comerciantes en zonas de economías ilegales dominadas por el narcotráfico o por mafias, es parte de la cadena criminal, sus reclamos son vistos con frecuencia como formas de protección de carteles nacionales e internacionales. La visión de seguridad nacional y de la presencia estatal en los territorios afectados críticamente por la historia de violencia armada y disputas por rentas, lleva a ver como sospechosas a las organizaciones sociales regionales que se han opuesto a la militarización y a la erradicación forzada de los cultivos de coca.
  • El discurso gubernamental y del partido de gobierno que califica de ilegítimo al acuerdo de paz y que ataca permanentemente a la justicia transicional y a los beneficios políticos para los excombatientes de las FARC que están cumpliendo con los acuerdos y con los programas de reincorporación, se ha convertido en un aliciente que consideran legítimo para estigmatizarlos, aislarlos social y políticamente. Esta falta de ambiente para la reincorporación ha facilitado la agresión criminal con centenares de homicidios de excombatientes«.

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