De Brasil a Argentina: lecciones de lawfare y de solidaridad – Por Carol Proner

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De Brasil a Argentina: lecciones de lawfare y de solidaridad

Carol Proner*

Cuando hablamos de lawfare en el caso de Brasil, hay que señalar que se trató de una estrategia de  injerencia en la cual, bajo el argumento del combate a la corrupción, en el marco de la cooperación internacional y por intermedio de una mega operación involucrando sectores de la policía federal, fiscales, jueces y medios de comunicación, se ha creado un teatro de legalidad con el fin de persecución política y económica y con el fin general de desestabilización geoestratégica del país.

Esta cooperación internacional es algo debería ser verificado por todos los estados soberanos reconociendo la comprobada vulnerabilidad asociada al sistema financiero hegemónico y sus instituciones de manutención. Con vista a combatir la corrupción sistémica transnacional, los Estados Unidos tienen el poder de accionar una serie de entidades públicas, semi-estatales, privadas y mismo secretas para mover un mecanismo extremamente agresivo contra empresas y ciudadanos en cualquier lugar del planeta.

La puerta de entrada es el Foreign Corrupt Practices Act, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que prohíbe a los ciudadanos y entidades de sobornar a funcionarios gubernamentales para beneficiar sus intereses comerciales. Creada en 1977 para combatir corrupción dentro del propio país, con el paso de tiempo, la FCPA se aplica en todo el mundo y se extiende específicamente a las empresas que cotizan en bolsa y su personal, incluidos los funcionarios, directores, empleados, accionistas y agentes.

Es un mecanismo excelente para promover concurrencia empresarial, especialmente tras las enmiendas realizadas en 1998, que permiten que la FCPA también sea aplicada contra empresas y personas extranjeras que, ya sea directamente o a través de intermediarios, ayuden a facilitar o realizar pagos corruptos en territorio estadounidense. Eso para resumir, pero podríamos seguir comentando los cruces posibles entre esa legislación y otras dedicadas a combatir al narcotráfico y al terrorismo.

Eso ha sido el telón de fondo que involucró al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Comisión de Valores Mobiliarios, a funcionarios del FBI y a la investigación relacionada a Petrobras, Odebrecht y otras empresas estatales y nacionales de Brasil. En este proceso, hemos percibido la injerencia internacional a través de agentes del FBI en el Ministerio Público, dando lugar a una trama estratégica de uso de la cooperación técnica para favorecer intereses internacionales.

Hoy nos damos cuenta de que hay una metodología que afecta a los países de la región y no solo a Brasil —de forma diferente porque los países son diferentes y tienen sistemas políticos distintos— al igual que países europeos como Alemania y Francia que, tras duras pérdidas, decidieron cambial legislación para proteger sus economías. Un caso emblemático ha sido Alstom francesa, donde se ve claramente el derecho como nueva arma de guerra económica y estratégica.

En Brasil, se pueden aprender lecciones sobre vulnerabilidad observando el comportamiento de sectores del sistema de justicia que cooperaron con la práctica de la competencia. Las autonomías judiciales, el empoderamiento de fiscales y procuradurías sin el cuidado soberano y, fundamental, conectados con los medios de comunicación y sus intereses, generó una trampa incontenible para el poder de turno.

El sistema acusatorio con los medios hegemónicos en contra de la corrupción generó el combustible necesario para legitimar condenas mediáticas antes de cualquier proceso y sin respecto a las garantías del debido proceso legal. Se compromete definitivamente el principio de la presunción de inocencia cuando los medios de comunicación provocan una condena antes del proceso y es bastante más fácil que un juez actúe de modo arbitrario cuando la opinión pública está esperando que pueda resolver el problema del combate a la corrupción. Eso es lo que pasó en Brasil en contra de Lula y de inúmeras otras personas asociadas a los gobiernos progresistas de Lula y Dilma Rousseff.

Creo que el caso brasileño puede servir de alerta para toda la región. El primer lugar por las características que he mencionado, de las asimetrías en el sistema de competición internacional con el argumento de combatir la corrupción. Pero también para entender que las autonomías judiciales deben de tener límites porque los fiscales no han sido elegidos por el pueblo y sus mandatos acusatorios ni siempre respectan los patrones éticos y las garantías fundamentales de las personas y mismo de reputación de las empresas que, en última instancia, también representan empleo, ingresos y un lugar en el marco económico y estratégico de un país.

Es importante decir que nos enteramos de lo sucedido gracias a una filtración de un hacker que demostró las conversaciones entre fiscales, el juez principal del caso, periodistas y otros para producir acusaciones y condenas mismo antes de iniciar el proceso contra Lula. El Supremo Tribunal Federal revocó las condenas contra el expresidente luego de que se demostrara la voluntad anticipada de condenar, incluyendo autorización de escuchas ilegales hasta mismo en la oficina de sus abogados, prácticas de inducción de testigos y otras que violan absolutamente las normas de un justo proceso.

Para vergüenza absoluta de la justicia brasileña, que en gran medida permitió que la Operación Lava Jato avanzara sin censurar al famoso juez Sérgio Moro, quien llegó a ser Ministro de Justicia bajo Jair Bolsonaro, la Suprema Corte finalmente declaró a Moro como un juez parcial y sospechoso, anulando todos los procesos donde actuó como juez. Actualmente el expresidente está completamente libre de procesos y acusaciones, tiene sus derechos políticos rehabilitados y es el favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre de 2022, signo de que la sociedad ha comprendido que hemos vivido una tremenda farsa jurídica.

Pero ni todas las vulnerabilidades están superadas. Algo que se ve en otros países es el avance de las autonomías judiciales actuando en contra de proyectos progresistas y estatales en toda la región. Diputados y líderes políticos son objeto de linchamientos mediáticos y condenas a priori, algo que dificulta mucho el funcionamiento de la justicia con imparcialidad y plenas garantías de defensa.

El caso actual de Cristina Fernández de Kirchner está relacionado con el método que se llevó a cabo en Brasil. En el período comprendido entre 2015 y 2019, la expresidenta fue denunciada y procesada una decena de veces por miembros del poder judicial vinculados al entonces presidente Mauricio Macri. También hay pruebas de que se realizaron operativos de inteligencia y vigilancia contra Cristina y su entorno, así como escuchas ilegales y filtraciones similares a lo ocurrido con Lula y sus abogados de defensa.

Pero lo más impresionante, frente a lo ocurrido con Lula, es la prisa procesal de las causas contra CFK encaminadas a una posible inhabilitación para evitar que se presente a las elecciones de 2023. El caso “Vialidad” es bastante escandaloso en ese sentido porque, aun teniendo modificado algunos términos de la acusación inicial, los jueces del Tribunal negaron a la defensa de CFK la oportunidad de ampliar su declaración indagatoria. A partir de septiembre se llevarán a cabo los alegatos de las defensas y la sentencia podrá dictarse a finales de este año.

Recordemos que el próximo año es el año de las elecciones presidenciales en Argentina, cuando las causas llegarán a la apelación ante la Cámara Federal de Casación, y finalmente, a la decisión de la Corte, cuando la sentencia será definitiva. Ni Casación, ni la Corte tienen plazos reglados para resolver, dejando margen al uso político de la causa en vísperas de elecciones presidenciales, conforme alerta del grupo de juristas CLAJUD/Grupo de Puebla.

Recordemos que el caso del triplex de Guarujá contra Lula, completamente anulado por la Corte Suprema de Brasil, avanzó con velocidad inédita desde la condena de Sérgio Moro (julio de 2017) al Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (enero de 2018) y resultó en la condena anticipada (marzo/abril 2018) de 580 días de prisión sin pruebas.

¿Cuánto le costó a Brasil esta asombrosa prisión política? ¿Cómo calcular el daño al futuro del país, el impedimento de Lula en las elecciones de 2018 y el ascenso de Jair Bolsonaro al poder? ¿Cómo calcular las pérdidas políticas y sobre todo económicas y estratégicas de la operación Lava Jato para destrozar la cadena de óleo, energía y construcción civil de Brasil?

En un contexto de creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, esta es quizás la mayor lección que el caso del lawfare en Brasil puede enseñar a Argentina y otros casos latinoamericanos. Lo que está en juego va más allá de la persecución política e involucra la condición de autonomía y soberanía popular y democrática de una sociedad. Se juega con la disfuncionalidad de los funcionarios del sistema de justicia y su descompromiso con la sociedad y el Estado. Son piezas de un juego jurídico malicioso que, como objetivo final, miran la desestabilización de Argentina para que reine el caos y, una vez instalado, haga prevalecer los intereses de rapiña.

*Carol Proner es abogada, profesora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, integrante coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia – CLAJUD/Grupo de Puebla.

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