¿Para qué sirve la hermandad latinoamericana? – Por Ariadna Dacil Lanza

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

¿Para qué sirve la hermandad latinoamericana?

Ariadna Dacil Lanza

La integración en América Latina, particularmente la promovida por los gobiernos de centroizquierda y progresistas, está en crisis. Y es que las urgencias materiales y domésticas mandan. A ellos se les aplica la máxima de Hegel: «Buscad primero comida y vestimenta, que el reino de Dios se os dará luego por sí mismo». Centrados en resolver las urgencias de sus comarcas, los gobiernos progresistas latinoamericanos ya no encuentran incentivos en el vecindario.

La escena internacional es, evidentemente, tormentosa. Para América Latina, implica capear las tensiones del ascenso de China –uno de los principales socios comerciales de la región– y el declive relativo de Estados Unidos. Se trata de dos potencias imbricadas que, por momentos, esbozan intentos de desacople y que demandan al resto de las naciones relaciones monogámicas. Cada país atiende su juego, y solo en los momentos en los que la culpa (o el cliché) los invade, los mandatarios progresistas repiten viejos mantras sobre la «hermandad latinoamericana». Esta aparece como un vínculo platónico, emocional y «superestructural» con los vecinos. Pero en un mundo entrópico nadie sabe muy bien para qué la quiere. Los saludos y las fotos compartidas entre los gobiernos englobados bajo las categorías de «nuevo giro a la izquierda» o «nueva ola progresista» –entre los que se incluyen México, Perú,

Argentina, Chile, Bolivia y ahora Colombia– eluden la heterogeneidad y los escasos niveles de integración concreta entre ellos. Permanecen las palabras de rigor, pero faltan los hechos que las sustenten.

Cuerpo fragmentado

Así como el infante en sus primeros meses de vida solo logra percibir los distintos miembros de su cuerpo en forma separada –incluso sin sentir que le pertenecen realmente–, los recientes gobiernos progresistas llegan con un cuerpo fragmentado. Aunque en algunos países ha habido experiencias progresistas precedentes, el «nuevo ciclo» no solo parece tener diferencias con el primero, sino que reúne a gobiernos «primerizos» (en países como México, Perú o Colombia no hubo antes «marea rosa») con otros que retornan al poder luego de pasar por la oposición y, en no pocos casos, por una crisis de identidad política.

Si en los primeros 2000 el progresismo parecía en un franco ascenso –y las diferencias entre los distintos gobiernos se licuaban ante lo que era una verdadera ola posneoliberal–, en esta década el entusiasmo parece ser más nacional que regional. Y es que el momento es distinto: si a principios de los 2000 el desafío era forjar una nueva hegemonía tras décadas de gobiernos neoliberales, ahora es evitar no solo las permanentes presiones de las derechas, sino las propias crisis internas de los espacios progresistas en el poder. En no pocos casos, esta «nueva ola progresista» se produce con líderes que buscan quitarse el lastre de «radicales» o «izquierdistas» (como son los casos de Gabriel Boric y ahora el de Gustavo Petro), para lo cual debieron apostar a gabinetes ensamblados que les otorgan una mayor diversidad ideológica y les permiten huir de los significantes críticos que les imputa la derecha. Además, para aprobar parte de sus programas, muchos de estos gobiernos debieron buscar apoyos legislativos por no contar con mayorías propias. Estas, y no otras, han sido las preocupaciones principales en este nuevo ciclo. El regionalismo, en tal sentido, ha debido esperar.

El panorama es claro cuando se lo observa país por país. En Argentina, Alberto Fernández fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner –la líder del mayor espacio político de la coalición peronista argentina– antes de someterse al voto popular. Juntos conformaron una coalición que no les alcanzó para controlar ambas cámaras en el Congreso –y en 2021 incluso perderían la mayoría en el Senado–, aunque sí para «apaciguar» las calles. El Frente de Todos exploró respuestas dubitativas en el gabinete para sostener la unidad y los recientes cambios –tres ministros de Economía en un mes, entre otros– dan cuenta de una situación doméstica en transformación. En Perú, Pedro Castillo llegó con menos recursos: un partido prestado con el que solo reunió 37 de 130 escaños del Congreso. Castillo no solo quedó fuera del partido, sino también con la bancada fragmentada y sorteando dos procesos de vacancia.

En Chile, durante el breve camino recorrido de Boric desde que asumió hace casi cinco meses, la prioridad fue que el sello electoral Apruebo Dignidad se tradujera en una alianza de gobierno más amplia, por lo que el presidente magallánico debió preparar un gabinete sumando a parte de la antigua Concertación para reunir voluntades en un Congreso que no controla. Además, la atención se centra en la campaña por el Apruebo en el plebiscito de salida de la Constitución, en tanto Boric sabe que eso condicionará desde la forma de su gobierno hasta las expectativas de cambio que lo llevaron a La Moneda.

Y la lista sigue: Gustavo Petro, recientemente elegido como jefe de Estado colombiano, es considerado el primer presidente de izquierda del país, algo que no necesariamente es visto como un atributo a la hora de gobernar. Por eso, 48 horas antes del balotaje el líder del Pacto Histórico llamó a formar un Gran Acuerdo Nacional con partidos de centro, con los que luego de la elección formó una alianza para que cedan su apoyo en el Congreso y a los que asignó carteras en su gabinete. En el caso boliviano, la mayoría con la que llegó Luis Arce al gobierno era fundamental para asentarlo en el poder luego del golpe de Estado y, si bien logró controlar la Asamblea Legislativa en 2021, el Movimiento al Socialismo (MAS) mantiene una interna por la sucesión entre quienes lideran el gobierno: Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, y el ex-presidente y jefe del MAS, Evo Morales. El caso de Andrés Manuel López Obrador en México es algo diferente, en tanto logró acceder al poder con mayorías parlamentarias propias, aunque perdió el quórum durante las elecciones legislativas en pandemia. Sus prioridades también han estado lejos de las alianzas progresistas –el Grupo de Puebla parece ser más del orden de lo testimonial–, y se han focalizado en acuerdos con Estados Unidos, su relación con algunos países centroamericanos y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La situación se muestra claramente diferente a la del primer ciclo progresista. No se trata solo de la carencia de mayorías propias en los Parlamentos, sino de las constantes crisis de los espacios de centroizquierda ante situaciones económicas adversas y presiones de las diferentes derechas.

Más allá de la homogeneidad o de las diferencias internas propia de todo gobierno, es palpable que los nuevos líderes progresistas se abocaron a conflictos nacionales. A la hora de buscar soluciones, no parecen encontrar incentivos en la «hermandad latinoamericana». Y es lógico que así sea. Muchos de los conflictos actuales –como los de la Araucanía en Chile o la trabajosa implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia– constituyen prioridades locales de cada gobierno y no demandan trazar solidaridades regionales. Al mismo tiempo, la migración venezolana ha empezado a movilizar a líderes como Boric y Castillo, quienes tímidamente han restablecido relaciones con Venezuela, aunque aún temerosos por su impacto en la opinión pública interna. Fernández, Arce, López Obrador y Castillo, que sí tuvieron que atravesar toda o parte de la pandemia de covid-19, no articularon medidas más allá de los ámbitos bilaterales, en los que el mayor hito fue la producción colaborativa de vacunas entre Argentina y México. La urgencia argentina en torno de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tema nuclear del gobierno de Fernández, obtuvo apoyos simbólicos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Pero en líneas generales, si bien la idea de la integración latinoamericana ha formado parte de sus discursos, aparece en un lugar desplazado.

Regionalismo zigzagueante

La doble crisis del regionalismo latinoamericano y del multilateralismo interamericano se produce en medio de una transición hacia un nuevo orden global. La disputa entre China y Estados Unidos genera rivalidades crecientes entre dos potencias que –ampliamente imbricadas, a diferencia de lo que sucedía con la Unión Soviética– pujan por su desacople y arrinconan al resto de los actores del tablero a optar por algún bando. Esas rivalidades se escenifican en temas que van desde la tecnología 5G hasta asuntos más focalizados como, por ejemplo, la base espacial china en Argentina. La disputa hegemónica se ha intensificado en el marco de la invasión rusa de Ucrania y ha implicado el pedido de las potencias occidentales a los países de América Latina de que adopten definiciones en torno de Rusia en foros como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el G-20. Y si bien Moscú no es China, el nuevo concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deja claro que, para esa organización, ambas naciones forman parte de un mismo eje y que representan las principales amenazas para Occidente. Se trata de la misma mirada que Estados Unidos ya había consignado en su última Estrategia de Seguridad Nacional.

Más allá de las afinidades o distancias ideológicas de los líderes progresistas con China, la creciente presencia en la región de la potencia asiática complejiza las definiciones y libra a cada nación a su suerte. Esas son las pocas decisiones que puede tomar América Latina, que, en este dilema, «vuelve a ser un rule taker» y no «un rule maker», es decir, una región sin «capacidad real de influencia».

En medio de un escenario internacional entrópico, los liderazgos progresistas de América Latina se preguntan, en voz baja, si queda algo de regionalismo latinoamericano, de qué tipo sería y para qué podría servir. Si se observan los antecedentes, hay un zigzagueante recorrido de cambios de estructuras que ha dejado ese regionalismo exhausto . Si en el periodo que va desde los primeros años del siglo XXI hasta 2015, instancias como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Celac y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se vieron fortalecidas y revitalizadas, los años  siguientes estuvieron caracterizados por la salida de varios países de algunas de esas instancias, con el consecuente intento de forjar estructuras alternativas -con nuevas identificaciones ideológicas, alejadas de las previas-, como la creación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) o el Grupo de Lima. En paralelo, los rezagados de la etapa anterior crearon instancias de articulación política como el Grupo de Puebla, mayormente habitado por sectores de oposición (salvo México y luego Argentina a partir de la victoria de Fernández). Este último grupo logró funcionar de forma articulada para conseguir asilo para Evo Morales luego de que este fuera depuesto. Sin embargo, no tuvo ningún otro logro significativo y hasta ahora no ha funcionado más que como un club de debate político.

Asimismo, muchos de los gobiernos progresistas, aun cuando parten de posiciones más o menos similares, no han priorizado el comercio entre sí. Si el comercio intrarregional fue clave en los años de la primera oleada progresista, en la actualidad existe un escenario más bien fragmentado.

Frente al ascenso de China como uno de los principales socios comerciales de países de la región como Chile, Brasil, Argentina o incluso la CAN y el declive relativo de Estados Unidos –salvo para países como Colombia, Venezuela y Ecuador–, las iniciativas de integración regional atraviesan situaciones de «irrelevancia, estancamiento o desmantelamiento». Las dinámicas comerciales, como afirman los investigadores Esteban Actis y Bernabé Malacalza, «refuerzan la primarización o la escasa diversificación de las economías e incrementan los incentivos para buscar atajos bilaterales fuera de los espacios de convergencia regionales». El caso más reciente es el del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien no solo impulsa la firma de un Tratado de Libre Comercio con China, sino que también anunció que solicitará el ingreso de su país al Acuerdo Transpacífico (TPP11), el cual fue impulsado por Chile y cuya ratificación aún se encuentra en el Senado del país trasandino. Aunque, como sostuvo la analista Julieta Zelicovich, hay un hiato entre los planes de Lacalle Pou y su concreción, lo cierto es que el tema eclosionó en la última cumbre del Mercosur, en la que Uruguay se abstuvo de firmar la declaración conjunta.

En tanto, Boric –que llegó al balotaje presidencial con un programa que leyó bien el contexto porque eliminó la idea previa de pedir el ingreso pleno de Chile al Mercosur– envió una delegación a la última cumbre del bloque como una suerte de asociado, y allí su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, lo definió como una «prioridad» para el gobierno chileno. Esto no solo desató polémicas en el país, sino que dista de ser una realidad, ya que el Mercosur es apenas su cuarto socio comercial, luego de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso, funcionarios del gobierno de Boric fueron objeto de críticas cuando se reunieron con grupos que alientan un «Chile sin Tratados de Libre Comercio» o exhibieron posiciones críticas del buque insignia de administraciones previas –en particular, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del que México y Perú también son parte–. Además, Chile es miembro de la Alianza del Pacifico y tiene numerosos tratados de libre comercio firmados, y lo cierto es que América Latina perdió importancia como mercado para los chilenos, aun cuando el proyecto de Constitución, en sus escasas referencias a la política exterior, «declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales».

En el caso de López Obrador, su decisión de elegir a Estados Unidos como primer país a visitar como presidente fue anticipatoria y emblemática. El principal tema del mandatario mexicano fue la entrada en vigor del T-MEC, que definió como «un gran acuerdo». El T-MEC buscó actualizar términos y condiciones del viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero no significó un cambio en la dependencia mexicana de Estados Unidos. En tanto, los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) lograron repuntar la caída de los dos años previos de los niveles de intercambio intrarregionales en 2021. Sin embargo, estos aún son bajos.

En suma, el grado de integración regional se mantiene en los niveles mínimos históricos, similares a los existentes a mediados de la década de 1980.

Regionalismo platónico

El tipo de prédica latinoamericanista que caracterizó a la primera ola de gobiernos progresistas se ha apagado, pero no se ha ido. En rigor, existen algunos conatos de esa prédica, aunque atenuados. Las tensiones que despierta la situación de Venezuela y, en menor medida, la de Cuba y Nicaragua, sigue siendo una herida abierta que, dentro del progresismo, está lejos de suturarse. Esta lesión a la unidad no ha quedado atrás en pos de un pragmatismo que permita superar las diferencias entre los gobiernos actuales y ha permeado las relaciones regionales e interamericanas. De hecho, en la última Cumbre de las Américas se teatralizaron nuevamente esas rivalidades. Estados Unidos debió asumir el costo de su decisión de no cursar invitaciones a Caracas, La Habana y Managua.

Por esas exclusiones recibió el desplante de los líderes de México y Bolivia, además del amague de ausentarse de parte de Argentina –revertido con promesas de encuentros bilaterales– y las críticas de la mayoría de los líderes asistentes, entre ellos Fernández, Boric y Castillo. Brasil también planteó la posibilidad de no asistir, pero por la fría relación entre Jair Bolsonaro y Joe Biden. Las dos posiciones más antagónicas fueron, por un lado, la de Bolivia que, como parte del Alba, mantuvo una reunión con sus pares días antes en La Habana en rechazo a la decisión de Washington de marginar a aquellas tres naciones; mientras que en el otro extremo estuvo Colombia, que mantuvo su alineamiento 100% con Estados Unidos (sin embargo, la victoria de Petro alumbra un posible posicionamiento alternativo en instancias similares). El caso de Castillo ha sido el más ecléctico, ya que se ha abstenido de hacer críticas a los tres países en la mira de Estados Unidos y, a la vez, ha restablecido relaciones con Venezuela después de cuatro años sin embajadores. Además, se ha despegado del Grupo de Lima, que en los años previos reconocía a Juan Guaidó como presidente venezolano. Sin embargo, los tres cambios de cancilleres que hizo Castillo, además de la ruptura con su partido Perú Libre, hizo que las posiciones en política exterior entraran en una deriva.

Las tensiones y diferencias entre los mandatarios americanos ya se habían hecho patentes durante la carrera por la sucesión del mando en el Banco Interamericano de Desarrollo y los cuestionamientos al accionar de la desahuciada Organización de los Estados Americanos (OEA). De esta última incluso se intentó una suerte de reemplazo en medio del relanzamiento de la Celac en 2021. «La Celac en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe de alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías», soñó López Obrador durante la sexta cumbre del bloque en septiembre pasado, en línea con las ilusiones que despertó en muchos cuando dos meses antes propuso sustituir a la OEA por otro organismo «no lacayo de nadie». Bolivia ha sido el abanderado de la causa anti-OEA. Sin embargo, Castillo –que con Perú Libre definía a la OEA como «un organismo de control geopolítico de Latinoamérica y el Caribe», además de criticar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Internacional de Derechos Humanos– llegó a pedir que una comitiva de la OEA «se instale en el Perú» para «luchar contra la corrupción» y firmó acuerdos con la organización en este sentido.

Una vez que asumió la Presidencia de Chile, Gabriel Boric mostró una actitud más pragmática respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Su posición se mantuvo crítica con los tres países excluidos de la Cumbre en Washington, pero pidió su participación. La postura argentina fue similar respecto a la OEA (pidió que no legitimen más procesos de desestabilización en la región), pero no en sus críticas a Venezuela, Nicaragua y Cuba, respecto a los que, en general, ha tenido posiciones menos confrontativas que las de Boric. El presidente chileno suspendió la presencia de Chile en Prosur y apostó por Celac, aunque advirtió que «hay que dejar de crear organizaciones en función de las afinidades ideológicas de los mandatarios de turno», entre las que mencionó a «Prosur, Unasur o el Grupo de Lima y la serie de siglas conocidas». «No sirven para unirnos y avanzar en la integración». A la par, la designación de Antonia Urrejola como su canciller fue cuestionada por algunos países latinoamericanos por haber formado parte de la OEA en tiempos del golpe de Estado en Bolivia y de presidir la CIDH, desde donde hizo duras críticas al gobierno de Nicaragua y al de Venezuela. Sin embargo, esas críticas ocultan sus declaraciones sobre el accionar del gobierno de Iván Duque durante las protestas en Colombia o a la represión durante el gobierno de Jeanine Áñez, que también condenó duramente.

Lo que vendrá

La crisis del regionalismo latinoamericano excede nítidamente a la de las formas en que el progresismo ha percibido esta materia. Sin embargo, la experiencia de la primera «marea rosa», plagada de instituciones y acuerdos regionales, marcó a fuego la experiencia regionalista. Si bien muchos esperaban que, ante el regreso de una ola progresista a la región, se produjera también el de una serie de pactos regionales que dieran prioridad a las posiciones de América Latina, esto ha estado lejos de verificarse en la práctica. Una ola de regresos progresistas más débiles y una serie de ascensos de nuevos liderazgos que hacen una primera experiencia en un contexto mucho más crítico que el de los primeros 2000 han contribuido a un escenario en el que las declaraciones sobre la «patria grande» y la «hermandad latinoamericana» no resultan más que frases vacías. Para algunos, el eventual triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones brasileñas podría modificar ese panorama, pero no es claro que eso vaya a ser así. De ganar, Lula deberá resolver un panorama nacional complejo, y no es evidente que, más allá de sus apuestas regionales, pueda volver a reproducirse el marco de la década de 2000-2010.

Esta nueva ola progresista atiende hoy conflictividades locales y busca atajos para mantenerse en pie. Y aunque en términos declamativos no son pocos los que hablan del valor de la integración, nadie sabe muy bien, en este contexto, para qué les haría falta. Quizás el primer paso sea definir eso: la identidad de un nuevo regionalismo. Pero no es lo que está sucediendo.

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