Chile | Gobierno constituye Mesa Regional de Trata de Personas para «abordar de forma conjunta» los efectos del crimen organizado

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El Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció la conformación de una Mesa Regional de Trata de Personas.

Esta definirá los protocolos intersectoriales sobre la atención a víctimas de trata de personas por medio de mecanismos de coordinación entre los servicios de asistencia y protección a víctimas con prestaciones en ámbito de salud, asistencia jurídica, regulación migratoria, asistencia social, educación y un retorno asistido y protegido de las víctimas hacia su país de procedencia.

Esta comisión asesora estará compuesta de 22 instituciones públicas, de las cuales destacan la Subsecretaría del Interior; Delegación Presidencial; Ministerio Público; Justicia; Relaciones Exteriores; Defensa; Mujer y Equidad de Género; PDI y Carabineros.

Tendrá como objetivo lograr desarrollar acciones institucionales e intersectoriales que favorezcan la prevención del delito de trata de personas, la protección de sus víctimas y la persecución de las organizaciones criminales que se encuentren detrás de su realización.

La delegada presidencial RM, Constanza Martínez, indicó que «la conformación de esta mesa nos permite abordar de forma conjunta y sostenida los efectos del crimen organizado y la trata de personas como resultado de este. Delitos de esta magnitud no pueden quedar impunes por lo que hemos discutido mecanismos para la prevención y persecución de estos junto a la protección de las víctimas».

Cabe destacar que el Ministerio del Interior se encuentra actualmente elaborando la Política Nacional contra el Crimen Organizado para establecer una respuesta efectiva contra el mismo.

Es por eso que el seremi de Justicia, Jaime Fuentes, apuntó que «la estrategia de implementación regional de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas es una medida de reforzamiento en el combate contra el crimen organizado, previniendo, reprimiendo y sancionando esta modalidad por la cual obtienen ganancias ilícitas por medio de la explotación de personas, objetivándoles como bienes económicos y despojándoles de su agencia como sujeto de Derechos Humanos».

«Nos encontraremos frente a uno de los delitos más graves contra los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas, por lo que esta mesa tendrá como objetivo también recibir, acompañar y reparar a las víctimas», adicionó.

Según información que maneja el Gobierno, entre 2011 y 2021, se han logrado identificar 309 víctimas en 52 causas formalizadas. El 45% son víctimas de sexo masculino y el 54% de sexo femenino, todos en su mayoría con fines de explotación sexual. De ese total, se han identificado 25 víctimas niños, niñas y adolescentes.

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