El gobierno pide a la Fiscalía que investigue filtración de informe sobre el caso Ayotzinapa

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Encinas pide que la FGR investigue filtración de información del caso Ayotzinapa

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, condenó la filtración de la información que la Comisión de Ayotzinapa entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, dijo el funcionario después de que medios nacionales difundieran parte de la información que se presentó tachada en el Informe sobre el caso Ayotzinapa que el Gobierno de México publicó en agosto.

“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, expuso Encinas en su cuenta de Twitter.

El funcionario pidió que la Fiscalía General de la República inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable “de esta grave filtración”.

Encinas ha destacado que el Informe del caso Ayotzinapa que presentó tiene una narrativa diferente a la supuesta “verdad histórica”, sin tortura y sin violar la ley.

La Secretaría de Gobernación informó anoche que se presentó denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa.

En la denuncia se señala al juez por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

Hace unos días, el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo, recordó la Segob.

Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, agregó.

El 14 de septiembre, el mismo juzgador también dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos.

En total, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados, de acuerdo con información oficial.

Expansión


Familiares de los normalistas no acompañan denuncia contra juez

Por Jessica Xantomila

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron a conocer que no acompañan la pretensión de denunciar penalmente a jueces que han absuelto a implicados en este caso, ello luego de que el viernes pasado el gobierno federal denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al juez de distrito Samuel Ventura Ramos, quien ha liberado a 120 acusados.

Asimismo, la representación jurídica de los familiares de las víctimas, al igual que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, condenaron la divulgación ayer en redes sociales del supuesto informe sin testar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), presentado ante los medios de comunicación en agosto pasado con parte de su contenido testado debido a que, se informó, hay temas que están en proceso de judicialización y son datos de carácter procesal que no se deben entorpecer.

Respecto a la denuncia contra Ventura Ramos por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte, el Centro Prodh señaló que no acompañan estas acciones, ya que fiscales y (agentes de) ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues por sus acciones y omisiones se llegó a este extremo.

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, dijo que debido a que las personas absueltas estaban acusadas con la versión de la mal llamada verdad histórica, construida en la administración anterior del ex presidente Enrique Peña Nieto, en realidad no es sorpresivo que se estén dictando estas sentencias, ya que mucha de esa prueba (contra los acusados) es ilegal o se obtuvo acudiendo a la tortura.

Por ello, no nos parece que lo principal sea señalar responsabilidades del Poder Judicial. Más bien deberíamos de estar hablando de cómo rinden cuentas los fiscales y los ministerios públicos que con base en la tortura construyeron una investigación manipulada y propiciaron que después se dictaran estas sentencias absolutorias, comentó a La Jornada.

El Centro Prodh también externó su preocupación sobre la información de que la FGR, de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión. En este sentido, adelantó que analizarán los alcances legales de esa decisión, al igual que la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.

Divulgación del supuesto documento sin testar

En cuanto a la difusión del supuesto informe sin testar que fue entregado a la FGR por la Covaj, Encinas pidió a la fiscalía que emprenda una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración.

Aseveró que esto lejos de ayudar a la investigación, la perjudica y abre paso a la impunidad. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, subrayó en redes sociales. En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado, sostuvo.

El Centro Prodh enfatizó que el que se divulgue contenido del informe revictimiza a las familias, e indicó que ante dicha acción debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, y no a la prensa.

Las principales conclusiones que señaló la Covaj en su investigación es que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado con un encubrimiento al más alto nivel, entre funcionarios federales, estatales, municipales y militares, y que no hay indicios para afirmar que los 43 normalistas desaparecidos estén vivos.

La principal línea hallada por la actual comisión apunta, a diferencia de la versión del pasado, que los normalistas no fueron incinerados juntos en el basurero de Cocula, pues se les separó al menos en tres grupos en la salida de la terminal de autobuses de Iguala, Guerrero.

La Jornada

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