El movimiento feminista y la política institucional: una cuenta pendiente en México – Por Estefanía Veloz

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El movimiento feminista y la política institucional: una cuenta pendiente en México

 

Por Estefanía Veloz*

La visibilidad del movimiento feminista latinoamericano ha invitado a una reflexión colectiva sobre el lugar que éste ocupa en los proyectos de nación emergentes de América Latina y sobre el rumbo programático del mismo movimiento. México, por su parte, convive entre la inercia del movimiento del sur, que ha influenciado el actual estallido feminista con la marea verde, y la estática del norte que definió los últimos 40 años del feminismo mexicano sobre todo desde la academia. De ahí que la experiencia mexicana pueda vislumbrar una mirada más amplia desde ambos mundos.

A pesar de la intensa militancia política por parte de las identidades que conforman el movimiento feminista, esa participación en partidos que se tiene en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y otros países, en México no es común. Al contrario, en el feminismo mexicano la militancia estorba y desprestigia. Esto debido a que en los gobiernos neoliberales se incentivó, con mucho dinero público, la inserción de activistas en organizaciones e instituciones internacionales con tal de que no hicieran política, siendo el precio de no aceptar dicha oferta el desprestigio de las compañeras y colegas. De esta manera, la institucionalización de la perspectiva de género limitó la política feminista.

Últimamente parecería haber consenso entre las distintas fuerzas políticas del Congreso sobre la agenda de género; un ejemplo de esto es la conquista de paridad constitucional, lo cual no es un logro menor, pues no es lo mismo una cámara de representantes con 58 mujeres, como la del periodo de 1988 a 1991, que una de 241 mujeres como la que existe hoy.

Desafortunadamente, el consenso entre las legisladoras de izquierda y derecha se limita a un par de temas. Esto se hace evidente cuando notamos que la derecha habla de violencia doméstica, pero no de derechos reproductivos. Son mujeres que se ponen el pañuelo morado y no el verde, como si realmente fuera posible estar sólo en contra de algunos agravios, y no de todos. Un indicador de que quizá nuestras representantas han ignorado la transversalización de la perspectiva de género.

Del mismo modo, cabe recalcar que una gran parte del movimiento feminista en México se limitó a buscar la igualdad judicial, mientras que otra aprovechó un acuerdo con cierta agenda que la derecha compró para legitimarse. Las mismas diputadas del partido conservador -PAN- fueron las primeras en impulsar, en ese acuerdo con la izquierda, el castigo penal ante los feminicidios, el acoso sexual y político, pero a cambio, se rehusaron a despenalizar el aborto y a impulsar políticas firmes de redistribución del ingreso, a pesar del histórico atraso económico y social de las mujeres en el país.

Nada de esto es casualidad. Desde los años 90, el discurso punitivista ha sido el emblema del neoliberalismo para disciplinar las exclusiones del sistema y suspender el conflicto social. Fue un autoengaño instrumentalizado por el feminismo institucionalizado –mujerismo despolitizador—, aquel que no cuestiona las relaciones de poder y se limita únicamente a suplantar espacios directivos de grupos sociales y corporativos.

Un gran sector, no sólo del movimiento sino también de la sociedad, tiene la falsa creencia de que el aumento de penas funciona como un elemento disuasivo, siendo que es el poder judicial el que reproduce relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Es en ese lugar que el movimiento feminista y el feminismo institucional se encontraron, de ahí que en los últimos años las marchas feministas desembocaran en la exigencia colectiva de prisión preventiva para violadores y feminicidas. Y haciendo caso al pueblo en la lucha por los “avances” en la agenda feminista, estos delitos fueron adheridos a la reforma constitucional del artículo 19, párrafo segundo, en materia de prisión preventiva oficiosa, lo cual se trata de un placebo, pues de nada sirve aumentar las penas o recluir durante el proceso a feminicidas y violadores si no se toca el problema de un sistema donde no se repara el daño a las víctimas y tampoco se rehabilita ni contiene realmente a los victimarios.

En este sentido, desde la presente administración el feminismo mexicano logró dos avances: la promoción de la igualdad de género desde el gobierno federal con el reconocimiento de la violencia política de género y la imposición de un sistema punitivista como respuesta a la violencia machista. Esto es resultado del camino labrado por muchas mujeres que lograron establecer que la violencia sea un tema de interés público y que exista una categoría específica como violencia política de género ejercida por instituciones, partidos y medios de comunicación hacia aquellas que deciden formar parte de la vida pública.

Y aunque este triunfo trajo consigo la creación de un marco legal uniforme que se ocupa de la violencia política de género, se ha escapado la implementación de una mirada feminista en un espacio que se ha encargado de menoscabar la participación política: los medios de comunicación. En ellos, por décadas se han desarrollado estereotipos sobre el papel de la mujer en la sociedad reduciéndosele   a ser acompañante de cambios políticos y no protagonista. Se resisten a respetar la imagen de las candidatas y continúan creando sensacionalismo machista de su vida privada.

La integración de las mujeres en la política ha sido, en los hechos, una incursión importante que demuestra evidentes resistencias en una actividad aún dominada por los hombres.

Es de esta manera que, gracias a distintos mecanismos institucionales, las elecciones hoy en México tienen mayor paridad que en toda la historia del país, pero la falta de militancia política hace carente un avance colectivo: el único que verdaderamente puede normalizar la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Son las prácticas informales las que demuestran que la vida pública no es todavía un entorno favorable para las mujeres. Por ejemplo, la exclusión de feministas en el partido de izquierda que gobierna, o la falta de diálogo con el movimiento feminista y el rechazo constante a figuras feministas por parte de poderosos políticos de izquierda. En resumen, el feminismo ha logrado avances en el gobierno de López Obrador, sin embargo, no ha podido incrustarse como actora política.

El valor político del feminismo y sus luchas es sentarse en la mesa de toma de decisiones no para discutir solamente más herramientas en torno a la violencia que coloca a las mujeres en una posición pasiva frente al Estado, sino para construir una nueva visión del Estado y la sociedad.

Lo personal es político y al movimiento feminista mexicano le falta politizar sus espacios. Hoy es necesario tomar la cultura militante del sur y la visión institucional del norte, porque la realidad es que una no puede caminar sin la otra, dado que corren el riesgo de ser meramente testimoniales.

*Feminista, abogada, analista y comunicadora

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