Radiografía de un mercado que crece – Por Florencia Halfon Laksman

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Radiografía de un mercado que crece

Por Florencia Halfon Laksman

Decir que, en la Argentina, “el mundo narco se expande” es tan cierto como amplio. ¿Aumentó la venta de droga? ¿Hay más grupos organizados? ¿Las estadísticas muestran más violencia? No existen cifras que resuman todo eso pero sí algunas que podrían acercar respuestas. Tampoco hay números sobre la ampliación del territorio del narcotráfico porque no se conoce con precisión cuál es su alcance. Lo que existe son certezas, mundiales y locales, de que sube el consumo de todas las drogas ilegales. Sin necesidad de perspicacia, se puede llegar a la primera conclusión: si hay más consumo, se está vendiendo más. Surgen también registros del crecimiento del mercado ilegal de las armas, aunque eso se les podría adjudicar a diversos planes criminales, no sólo los que incluyen comerciar estupefacientes. Para hacer doble click en este tema, se puede incorporar una estadística pública, que se recoge todos los años, y es la cantidad de asesinatos intencionales que hay en el país. A diferencia del promedio argentino, que no viene sufriendo demasiados sobresaltos y que bajó en el último año, el far west desatado en la santafesina Rosario altera de manera notable los guarismos nacionales y la expectativa de un cambio inmediato.

Como “la maestría de Dios” que le dio a Jorge Luis Borges, según su Poema de los Dones, “a la vez, los libros y la noche”, o la biblioteca y la ceguera, los Estados nacionales, provinciales y municipales, en sus respectivas divisiones de poderes, tienen, al mismo tiempo, “con magnífica ironía”, los recursos y la impotencia. Para mayor precisión: el uso de la fuerza y la limitación económica. Porque su búsqueda es, desde hace años, la de intentar desarticular bandas que manejan un presupuesto siempre mayor -mucho mayor- al de cualquier gobierno.

Este dossier de Cenital se propone describir, a grandes rasgos, qué está pasando con el narcotráfico en la Argentina y también entender si la pandemia y la crisis económica son factores que inciden en una mayor penetración del negocio. ¿Qué sucede en los barrios populares cuando la vulnerabilidad los convierte en espacios todavía más permeables y se denuncian tiroteos con frecuencia? ¿Cuánto del problema es marginal y de las periferias? ¿Cuál es, en realidad, el problema?

La idea es recorrer las voces de dirigentes barriales, funcionarios, exfuncionarios, especialistas en la materia, y tratar de entender en qué consiste la ampliación del mercado de venta de drogas en territorios vulnerables a partir del encierro, de la necesidad de ingresos y de la falta de otras actividades, y comprender lo que sucede en plenos centros urbanos, donde también las balaceras se han vuelto recurrentes, como sucede en Rosario.

La intención de este trabajo es identificar cuáles son los actores -o algunos de ellos- que forman parte del conflicto, quiénes tienen responsabilidades y si existen posibles salidas de esta realidad, mientras la justicia se basa en una legislación núcleo con 48 años de historia y no concluye todavía si conviene o no que estas causas sean exclusivas de los tribunales federales o si tiene beneficios que intervenga la justicia local.

De las escasas coincidencias que pueden encontrarse entre los distintos partidos políticos de la Argentina, hay un diagnóstico que para todas las fuerzas es inapelable: durante la pandemia, el aumento del narcotráfico en los barrios populares resultó voraz y esa voracidad sigue avanzando hoy a la velocidad de la luz. Tiroteos todos los días en los pasillos, familias que se resistían a entrar en ese mundo hasta que vieron ahí la única forma de tener ingresos cotidianos y un cada vez mayor hermetismo, son algunas de las características de este momento.

EL PAÍS, EN NÚMEROS

Durante el informe de gestión de agosto en el Senado de la Nación, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, destacó que “la tasa de homicidios era de 4.6 cada 100.000 habitantes en 2021 y es una de las más bajas del mundo (…) Constituye la cifra más baja en los últimos 20 años y son certificadas por Naciones Unidas”. Los datos muestran una disminución de 0.7 cada 100.000 respecto de 2020. Además, el ministro enumeró acciones concretadas en su gestión para combatir el narcotráfico: los 17.675 procedimientos que se hicieron desde su asunción en septiembre del año pasado. “Hubo 15.685 detenciones, 1.733 kilos de marihuana y 6.222 kilos de cocaína incautados”, subrayó.

También destacó los acuerdos con organizaciones estadounidenses, como la DEA (Administración de Control de Drogas), la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y el FBI (Agencia Federal de Inteligencia), entre otros organismos internacionales “que permiten cruzar datos”.

Aseguró que el gobierno nacional ha enviado fuerzas federales a Rosario y que participa de operativos y detenciones. “Se elaboró un plan de operaciones en seguridad ciudadana para la provincia de Santa Fe y para Rosario”, aportó Ricardo Castillo, comandante mayor de Gendarmería por Santa Fe.

En junio, en Paraguay, el ministro tuvo un encuentro bilateral con su par del Interior, Federico González, para firmar un acuerdo de ayuda mutua en el combate contra el narcotráfico y la trata de personas. Este año, Fernández quedó al frente del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), que reúne a los responsables de las políticas de seguridad de los distintos países latinoamericanos para definir estrategias comunes. Hace una década, cuando era senador, presentó un proyecto de ley que planteaba la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal. El argumento: “Buscamos priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero atender la salud de quien consume y después atacar el narcotráfico”. Aquella propuesta no fue tratada en el recinto y por ahora no existe un proyecto similar desde el Poder Ejecutivo.

José Glinski, director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no tiene ninguna duda de que hay que cambiar la legislación en materia de drogas: “En principio, porque no genera ninguna herramienta eficaz en la persecución penal del narcotráfico y, en segundo término, porque tampoco atiende el uso problemático de sustancias ilegales. Es necesario modificar la ley, por la salud pública y para perseguir organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas ilegales”, dice para este dossier.

Consultado sobre los controles tecnológicos en las fronteras y la falta de algunos de ellos, algo que plantea el ministro porteño de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, el titular de PSA sostiene: “Cualquier medio técnico que ayude a analizar descargas, en la zona que sea, vía terrestre, navegable o aérea, siempre es bienvenido. En lo que no estoy de acuerdo es en que esa sea una solución. Cualquier cosa que mejore los controles para la detección de cualquier contrabando es bienvenida. Pero el país que más invierte en el control de sus fronteras es al que más drogas ilegales le entran, que es Estados Unidos. Soy más de la idea de que la inversión, sobre todo en materia de persecución del narcotráfico, tiene que estar puesta en capacitación para quienes llevan adelante la tarea de investigación y en elementos técnicos de análisis para pensar en la dimensión empresarial del delito. Las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial deberían orientar sus esfuerzos en entender a esas organizaciones como verdaderas empresas, que además tienen algunas actividades legales”.

¿ARGENTINA ES COLOMBIA?

“Nuestra realidad se parece a la de Brasil. Hay que despegarla de Colombia y México”, sentencia el histórico periodista de investigación Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. “La de Brasil es muy parecida a la nuestra porque San Pablo, que era un lugar industrial, obrero, con plena ocupación, vio destruido su mercado, su cordón industrial, cuando empezó a aparecer el negocio del narco. Esos grupos generan cosas desde las cárceles, se manejan casi regionalmente. El Primer Comando Capital (PCC), la banda criminal brasileña, ya está en la Argentina. En Brasil te dicen que, al no haber inversión en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, ellos ocuparon ese lugar”, amplía Del Frade.

No es el primero en mirar a Brasil como un posible reflejo de lo que vendrá. Por ahora, Colombia y México están a otra escala de lo que se comercializa. En la justicia argentina miran con preocupación los episodios criminales de las bandas brasileñas, que no sólo se dedican al narcotráfico sino que se financian con ese negocio y exportan la droga a la región y a otros continentes.

Para Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa Fe, la Argentina no va a vivir la realidad de países de la región como Colombia, México o Brasil en materia de drogas: “Nosotros no somos proveedores de los mercados más importantes del mundo. Todo el corredor internacional este-sur, que pasa por la Argentina, es el segundo corredor de importancia. El primero es Brasil, para que la droga colombiana llegue a Europa. Nosotros no somos ni mercados de altísima rentabilidad a nivel mundial, ni proveedores, ni productores de esas drogas. Lo que me preocupa a mí de la Argentina es la impericia de la política para entender estas cosas”.

La globalización hace lo suyo, también en materia criminal. Fuentes judiciales detallan que un cargamento de no más de un kilo de cocaína que empieza vendiéndose a dos mil dólares en Salta, se vende a 35.000 euros cuando llega a España y a 200.000 dólares si llega a Australia.

Como dice Del Frade, el PCC ya está en la Argentina: Néstor Fabián “Loko” Rojas seguía al mando de su organización desde el penal de Ezeiza y llevaba el nombre de “Primer Comando Capital”. Su plan era conseguir armas para mandarlas al PCC de Río de Janeiro. El Primeiro Comando da Capital es una organización criminal conformada por delincuentes brasileños que hoy están encarcelados pero, a la vez, es un espacio que surgió como respuesta a matanzas masivas que se produjeron en una prisión brasileña tras un motín. Ahora se los relaciona, por ejemplo, con la planificación de lo que luego fue el asesinato al fiscal paraguayo Marcelo Pecci durante su luna de miel en el caribe colombiano, el 10 de mayo. Cuatro de los cinco sospechosos confesaron el crimen y fueron condenados a 23 años de prisión.

ENTRE REJAS

La cárcel ya no es un limitante. Hace un año, un equipo de fiscales elaboró, a pedido del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, una lista de recomendaciones para controlar, dentro de las unidades penitenciarias, a los capos narco que siguen haciendo negocios desde ahí, a quienes calificó como una “amenaza latente”. Lo que ocurre en esos penales es un accionar delictivo parecido al de las bandas narco de Rosario o al de Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”. ¿Qué propusieron los fiscales? Fortalecer los mecanismos de requisa; asignar alojamientos conforme a los niveles de riesgo; extremar controles a los encargados de la seguridad y custodia; e instalar inhibidores en los pabellones que impidan que estas personas se comuniquen con el exterior sin un adecuado control.

En todos los ámbitos de regulación -policial, político, penitenciario, judicial-, aparecen conniventes pero también hay negligentes, un combo que contribuye a la dificultad de mejores resultados.

Hace unos meses, la juez federal María Servini denunció al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós, por supuesta obstrucción de la justicia. Dice la magistrada en su denuncia que, desde 2021, intenta investigar un caso de tráfico de drogas en la cárcel de Villa Devoto y no lo consigue porque el área de inteligencia criminal del organismo penitenciario fue desmantelada tras las demandas contra el macrismo por espionaje ilegal. A partir de esa denuncia de Servini, otros jueces federales de Comodoro Py revelaron que se encuentran con el mismo inconveniente: no existe forma, dicen, de investigar un delito intramuros sin colaboración interna porque nadie entra a un penal si no está preso o es parte del Servicio Penitenciario.

Garrigós fue consultada por este medio acerca de la denuncia de la jueza Servini y contestó: “A partir de una causa que se comenzó a investigar por escuchas ilegales, se labró un sumario administrativo que involucró, primordialmente, a la cúpula del organismo que estaba a cargo de esa tarea. Buena parte de esas personas fueron suspendidas, independientemente de su situación en la causa judicial, en el marco de la investigación administrativa. La dirección se desarticuló y las tareas se redistribuyeron en otras dependencias del SPF. En el marco de una causa iniciada por una denuncia contra personal de esa oficina que fue desarticulada y cuyo personal recibió otros destinos, y que en consecuencia no podían ser identificados por su pertenencia a esa dependencia, la jueza solicitó que el SPF hiciera tareas de inteligencia. El director de la unidad designó a un efectivo que solicitó implementos que el SPF no posee. A raíz de eso, la subdirectora nacional revocó la designación y puso a disposición de la jueza a otra persona con instrucciones de informar cualquier novedad al tribunal. Luego hubo una denuncia anónima ante la jueza, que dispuso extraer testimonios y remitirla a sorteo. No sabemos la suerte de esas actuaciones”.

Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) indica que en la cárcel se planifican “las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas)”. Dice también el documento que, “en la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular, ya sea de uso individual como también compartido entre diversas personas detenidas. Por cierto, se advirtió que el uso compartido de teléfonos celulares dentro de una unidad penitenciaria representa un problema adicional en el proceso de recopilación de información y producción de prueba, por cuanto hace más difícil identificar al usuario real de las comunicaciones”.

Consultada sobre el posible funcionamiento de bandas narco dentro de los penales, la interventora del Servicio Penitenciario Federal aseguró: “No tengo noticias de ninguna condena firme que dé sustento a esa afirmación. Ni siquiera contra (“Guille”) Cantero -líder de la banda Los Monos-. De momento, son afirmaciones periodísticas o aseveraciones que tienen otra intencionalidad. Mientras estos comentarios no tengan corroboración judicial efectiva, yo, desde mi cargo, no puedo darles verosimilitud que los conviertan en certeros”. Garrigós aclaró también que “esto no implica que el SPF no se aboque especialmente al control del ingreso de estupefacientes a las unidades. Contínuamente se requisan las visitas, los paquetes que dejan para las personas que vienen a ver y hasta al personal. Si algo aparece, inmediatamente se pone a conocimiento del juez competente. En cuanto a lo que hablen las visitas con las personas detenidas, ya sea personalmente o a través de teléfonos públicos que hay en los pabellones, el servicio penitenciario no puede interferir esas comunicaciones sin orden judicial. Sería violar la Constitución Nacional. Es delito”.

LA PROVINCIA MÁS POBLADA

Según el último informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense , que se imprimió en septiembre de este año y analiza las cifras de 2021, el año pasado hubo un incremento general de causas nuevas: “Se iniciaron en la provincia de Buenos Aires 71.447 por infracción a la Ley de Estupefacientes”, mientras que en 2020 habían sido 68.628 (más de 4% de suba). Dentro de ese rubro, lo que aumentó de un año a otro no fueron las causas por comercialización de drogas (41.756 en 2020 a 39.778 en 2021, bajó 4,74%) sino las causas de tenencia para consumo, que pasaron de 16.892 en 2020 a 24.787 en 2021, o sea, 46,74% más. Aun así, la mayoría de las causas vinculadas con drogas en territorio bonaerense tiene que ver con la comercialización (55,67% en 2021).

Dice el informe que “durante el año 2021, también se incautaron más de 4.400 plantas y plantines de marihuana, 12,6 kilogramos de cogollos y casi 36 de hojas de coca. Respecto a píldoras psicoactivas, se incautaron 747 pastillas/dosis de éxtasis; 6.611 pastillas/dosis de LSD y 4.715 pastillas genéricas”. Entonces, ¿se persigue a las bandas o a los consumidores? Desde la justicia federal, sostienen que la única persecución que vale la pena es la que se hace a las grandes organizaciones, aunque el juez Ariel Lijo advierte ante este medio que es muy difícil desarticular una banda si no se hace en sus comienzos. Varios de los consultados para este dossier sostienen que lo más habitual es que los grupos organizados en la venta de drogas utilicen a chicos menores de edad para el negocio del menudeo.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, propone hace tiempo discutir la baja en la edad de imputabilidad pero no recurre al argumento de que esos niños deben ser castigados con penas de prisión: considera que es una forma de intentar que los clanes narco dejen de buscar adolescentes con ese paraguas. “A todos aquellos con cabeza progresista, les digo que tenemos que cuidar a los chicos porque hoy, como son inimputables, son la mano de obra barata del narcotráfico. Salen a hacer cualquier cosa en la calle porque entran por una puerta y salen por la otra”, declaró en agosto el funcionario en una entrevista a Radio Mitre. “Hay que bajar la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que eso no necesariamente significa cárcel, sino que el Estado disponga de todos los mecanismos para recuperar al chico. Y, si no lo recuperamos, terminará muerto en un enfrentamiento entre narcos o con la policía”, completaba Berni.

La provincia de Buenos Aires tiene zonas calientes en materia de narcotráfico. En el informe del MPF, se observa cómo en Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes el porcentaje de causas abiertas es mayor que en el resto de las localidades.

Es de perogrullo mencionar que, al tratarse de la provincia con mayor cantidad de habitantes del país transita, en consecuencia, por realidades muy diversas. A comienzos de este año, tras la muerte de 24 personas que habían consumido cocaína adulterada que habían comprado en búnkeres de Tres de Febrero y San Martín, Berni designó a trece nuevos jefes en las dependencias de lucha contra el narcotráfico de la Policía Bonaerense. Antes, el ministro había decidió tomar el camino del control de daños cuando, a través de los medios, les mandó un mensaje a aquellos que habían comprado cocaína en esos búnkeres y les advirtió que no la consumieran porque era riesgoso. Aunque Berni desvinculó de aquel episodio su decisión sobre esas cúpulas de la fuerza, lo sucedido con la cocaína en los barrios vulnerables de Puerta 8, El Gaucho, Lanzone y La 18 expuso una red de protección policial de ese mercado ilegal. Poco después, un subcomisario de la Bonaerense quedó detenido, acusado de tener vínculos con los vendedores de droga arrestados en la causa.

Sobre los homicidios dolosos de la Provincia, un trabajo reciente publicado por el Observatorio de Políticas de Seguridad bonaerense (OPS) advierte que “uno de los emergentes más significativos es la reducción del 40% entre 2009 y 2021. Se pasa de una tasa de 8.5 homicidios cada 100.000 mil habitantes en 2009 a 4.5 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes en 2021”.

LAS VOCES

En este dossier de Cenital, vas a poder leer la demanda de Nacho Levy (de la organización La Garganta Poderosa) por medidas urgentes, mientras advierte que no hay figuras nacionales o mundiales para referenciarse en la problemática del narcotráfico y sus posibles soluciones. Otro dirigente barrial, Alejandro “Pitu” Salvatierra, cuenta sus padecimientos en torno al consumo y analiza que, si las fuerzas de seguridad “se pusieran duras, el narcotráfico no existiría”. Distinto piensa la exministra de Seguridad nacional Sabina Frederic, que cree que la salida del problema no depende de las fuerzas, aunque sí coincide con Salvatierra en que no se puede apuntar al consumidor para castigarlo. D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, muestra algunos puntos en común con Frederic: ambos sostienen que se debe discutir la ley de drogas, como plantea Glinski. Por su parte, Saín aporta la mirada sobre la violencia efervescente de Rosario y ofrece detalles del mercado narco menos violento pero que más recauda: el de sectores medios y altos. Hecha la invitación, pasen y vean.

CENITAL

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