Bolivia enfrenta cambios políticos trascendentales – Por Eduardo Paz Rada

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Bolivia enfrenta cambios políticos trascendentales

Eduardo Paz Rada*

Son varias las huellas características del momento actual que atraviesa el país. Entre ellas podríamos mencionar, en primer lugar, la incertidumbre y la falta de decisiones estratégicas de los principales conductores de la “Revolución Democrática y Cultural” en Bolivia.

También podríamos citar las variadas reuniones sostenidas, sin resultados efectivos, entre diversos actores: el presidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma; el presidente del Estado Plurinacional Luis Arce Catacora; el vicepresidente David Choquehuanca; diferentes ministros; dirigentes de los Movimientos Campesinos, Indígenas, Interculturales y Mujeres y de la Central Obrera Boliviana (COB). En tercer lugar, se constata la realización de gigantescas concentraciones y marchas de centenares de miles de hombres y mujeres de los sectores populares “en defensa de la democracia y el gobierno del MAS”.

Enfrente está la oposición neoliberal, conservadora y oligárquica, constituida en primer lugar por el Comité Cívico de Santa Cruz; los medios de comunicación empresariales; los partidos minoritarios de la Asamblea Legislativa, Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y CREEMOS de Fernando Camacho, actual Gobernador de Santa Cruz; algunas plataformas ciudadanas; y sectores sociales y agentes de la derecha latinoamericana instalada en Miami y Washington. Todo estos actores intentan repetir el libreto del Golpe de Estado de octubre-noviembre de 2019, aprovechando cualquier tema o asunto coyuntural y, ahora también, las disputas en el oficialismo.

La confluencia de conflictos regionales, políticos y sociales dentro y fuera del gobierno y del MAS contrasta con un panorama económico estable, en el cual los indicadores de crecimiento económico, exportaciones, balanza comercial, balanza de pagos, inflación, estabilidad monetaria e industrialización marcan resultados positivos, a pesar de las presiones negativas debidas a la crisis económica internacional post pandemia y a la Guerra de Ucrania.

Tensiones endógenas y exógenas

En este contexto general, los avatares que enfrenta el país se han acentuado aceleradamente por dos motivos. En primer lugar, por las acciones de la oposición y de las corporaciones privadas de comunicación en relación a la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. Pero también por los conflictos desatados dentro del bloque de poder constituido por el Pacto de Unidad (PU), la COB, los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, los ministros del gobierno central y la dirigencia del MAS. La confluencia de estos dos fenómenos abre así una serie de interrogantes sobre las perspectivas de las transformaciones históricas y revolucionarias desarrolladas en los últimos veinte años.

El paro de actividades es impulsado regionalmente por el Comité Cívico, la Gobernación y el denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Mediante la violencia y las acciones de los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), aquellos impugnan la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda -fijada por el gobierno para 2024- y piden su realización en 2023. El paro se extendió ya por más de tres semanas, provocando pérdidas estimadas por el gobierno en mil millones de dólares, así como la muerte de cuatro personas y diversos enfrentamientos violentos con la policía. El movimiento es conducido por Fernando Camacho y Rómulo Calvoquienes junto a Jeanine Añez -ahora presa y sentenciada a diez años de cárcel- ejecutaron el Golpe de Estado de 2019.

Camacho y Calvo representan a los sectores de poder regional, a los terratenientes del oriente, a las logias Toborochi y Caballeros del Oriente, y cuentan con el respaldo de grupos federalistas y separatistas. En las movilizaciones, los dirigentes demandaron a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas asumir posiciones adversas al gobierno, como lo hicieron en 2019 cuando se ejecutó un motín policial y se produjo la insubordinación de los altos mandos militares, lo que derivó en el derrocamiento de Evo Morales. Debido a su relación con los grandes agroexportadores soyeros y con los gobernadores de los estados brasileños limítrofes, estas logias esperaban mejorar su posición con una victoria de Jair Bolsonaro que nunca se produjo.

Ante esta situación, las organizaciones populares de la ciudad de Santa Cruz, las juntas vecinales de los barrios periféricos, los transportistas, comerciantes, vivanderas y gremialistas, es decir, todos los que eran perjudicados económicamente, se enfrentaron a la estrategia de paro. A ellos se sumaron los movimientos sociales de campesinos, mujeres, indígenas e interculturales del Pacto de Unidad y del MAS, quienes rodearon y cercaron la ciudad de Santa Cruz impidiendo el ingreso de alimentos y otros productos de consumo, generando una situación alta tensión y enfrentamientos violentos.

Rechazo al diálogo y al consenso

Mientras tanto, los medios de comunicación empresariales, especialmente los periódicos El Deber, Los Tiempos y Página Siete y los Canales UNITEL y UNO, desarrollaron campañas abiertamente conspirativas contra el proceso democrático, buscando generar apoyo al movimiento cruceño en otras regiones de Bolivia, especialmente en la capital. Sin cosechar respaldos demasiado importantes, se produjeron algunas marchas y concentraciones en Cochabamba, Tarija y La Paz que no tuvieron mayores repercusiones.

El presidente del Estado Plurinacional y las autoridades abrieron diversos canales de diálogo y debate en los nueve departamentos del país en torno a la definición técnica de la fecha del censo. Contaron para ello con el asesoramiento de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). El gobierno, después de realizar consultas con todas las gobernaciones, municipios, instituciones y universidades de Bolivia, y luego de realizar una Cumbre Nacional en la ciudad de Cochabamba, determinó establecer para el 23 de marzo de 2024 la fecha definitiva, dejando aislados a los sectores de derecha más radicales y violentos.

Los resultados del Censo serán importantes porque permitirán definir la distribución de recursos económicos en función del número de habitantes en cada departamento, municipio y universidad pública, así como la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones de 2025. Al respecto, el Tribunal Electoral Plurinacional firmó un acuerdo con la Cámara de Diputados y con el Ministro de Planificación para asegurar que los resultados censales sean entregados en septiembre de 2024.

A pesar de este consenso, los grupos radicales de la Gobernación y el Comité Cívico de Santa Cruz y sus grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista continuaron realizando operativos de violencia de carácter racista y discriminador contra comerciantes, vendedores de mercado y habitantes de los suburbios cruceños, la mayoría de estos migrantes collas, es decir originarios del occidente de Bolivia.

“Los resultados del Censo serán importantes porque permitirán definir la distribución de recursos económicos […] así como la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones de 2025”

Controversias en el gobierno y en el MAS

Paralelamente a estos hechos, los enfrentamientos verbales entre dirigentes sociales y políticos, parlamentarios y ministros dentro del oficialismo se fueron acentuando, al extremo de producirse divisiones en la bancada parlamentaria del MAS e inclusive pugilato entre diputados. El Ministro de Justicia, Iván Lima, asumió posiciones públicas solidarias con parlamentarios, dirigentes y periodistas de la oposición conservadora, y el diputado Rolando Cuellar abrió una campaña difamatoria contra el jefe y líder del MAS, Evo Morales, recibiendo el respaldo de algunos funcionarios públicos.

Por su parte, el segundo dirigente del MAS, Gerardo García, acusó a varios Ministros y al Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de realizar, desde sus despachos, campañas contra el MAS. Por otra parte, el parlamentario oficialista Héctor Arce lanzó denuncias de corrupción a autoridades de alto nivel del gobierno. Por otro lado, el ex Ministro de Gobierno Carlos Romero, quien no pudo frenar el motín policial de 2019, atacó duramente al gobierno por retrasar la fecha del censo, coincidiendo con la oposición oligárquica.

Las especulaciones giran alrededor del futuro político del MAS, del proceso de transformaciones conducido por este instrumento, y de las candidaturas presidenciales para las elecciones de 2025.  Dirigentes de segundo y tercer nivel se han manifestado por opciones diferentes, siendo las de Evo Morales y Luis Arce las principales. Como sea, según las normas electorales vigentes deberían realizarse elecciones primarias para dirimir las candidaturas.

Antecedentes de la conspiración

El paro tiene en el país antecedentes inmediatos, que se produjeron en septiembre y octubre de 2008, en medio del debate para la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante el primer mandato del Presidente Evo Morales, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos y recuperaron para el Estado las empresas privatizadas, se produjo un conato de guerra civil con epicentro en Santa Cruz y el oriente del país.

El movimiento, impulsado también por los Comités Cívicos y las autoridades regionales, buscaba entonces el separatismo territorial y político de las regiones. Aunque provocó una serie de enfrentamientos violentos y numerosas víctimas, los separatistas, auspiciados por terratenientes y agroexportadores, fue en ese entonces derrotado.

*Sociólogo y docente de la UMSA.

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