Colombia: Un programa de gobierno que se escribió en la calle – Por Jimena Montoya
Colombia: Un programa de gobierno que se escribió en la calle
Jimena Montoya*
El año 2022 será recordado en la historia de Colombia y Latinoamérica como el año en el que se logró derrotar al uribismo, proyecto que a través del sicariato y terrorismo sembró de miedo al país cafetalero. Por primera vez una coalición de izquierda alcanzó el gobierno. Una victoria que el pueblo anhela se convierta también en grandes transformaciones, en respuesta a la demanda popular que se expresó en la calle.A fines de mayo de este año inició un reñido proceso electoral que se definió en segunda vuelta por una diferencia de tres puntos y culminó el 7 de agosto con la asunción de la alianza del partido Pacto Histórico, integrada por Gustavo Petro como fundador y militante del movimiento político Alianza Democrática M- 19 en la década del 90 y Francia Márquez, líderesa social afrodescendiente, activista medioambiental, por los derechos humanos y feminista.
Petro, quien al asumir la presidencia y como un primer gran gesto pidió que trajeran la Espada de Bolívar como símbolo de su historia política, llegó con la experiencia de distintos procesos electorales en los que la izquierda colombiana hizo síntesis y logró desplegar políticas tendientes a disminuir los niveles de desigualdad y violencia. Francia por su parte, primera mujer afrodescendiente que ocupa el cargo de vicepresidenta y participante de los diálogos de Paz en La Habana como víctima de la violencia, representa la lucha en defensa del territorio, los derechos humanos y el medio ambiente.
La candidatura de ambos y el posterior resultado electoral no puede interpretarse si no es a la luz de las protestas que hubo en el país. A pesar de la violencia de estado que sufrió durante tantas décadas, el pueblo colombiano salió a la calle en octubre de 2019 y estalló en masivas movilizaciones contra las políticas neoliberales de Duque materializadas en un “Paquetazo” y protagonizó dos grandes paros nacionales en noviembre de 2020, y en abril de 2021, en un escenario de pandemia, donde el número de víctimas por violencia económica, política y militar fue en ascenso.
La organización popular fue amplia y emergieron, como en Chile, las Primeras Líneas de jóvenes que con escudos improvisados encabezaron el enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra las fuerzas represivas del Estado y también “Las mamás de Primera Línea”, que salieron a las calles a tejer redes de protección y denuncia en contra del abuso policial. La batalla también se dio en las redes sociales y desde los medios alternativos, fundamentales para saltar el cerco mediático para informar las cifras de detenciones, heridos, desaparecidos y jóvenes abusadas por miembros del ESMAD, escuadrón represivo. Primó así en la población no movilizada y en numerosos organismos internacionales de DDHH un amplio rechazo a la represión estatal desatada contra el Paro Nacional. La imagen del presidente Iván Duque se desplomó hasta alcanzar un 76% de valoración negativa.
En este contexto de síntesis de esos procesos de insurgencia popular la alianza del Partido Pacto Histórico acumuló la fuerza que se expresó en las urnas, y logró la victoria electoral aún con sus candidatos amenazados de muerte. Tales acontecimientos, que conforman importantes puntos de inflexión en la historia colombiana, se alinean en una trayectoria que acumula enfrentamientos y luchas entre dos proyectos históricos diametralmente opuestos.
Por un lado, el proyecto que hemos categorizado en anteriores escritos como las fuerzas de la guerra. Un conjunto de relaciones históricas, identificadas con el conservadurismo y permeadas por los intereses norteamericanos, responsables de la balcanización de Latinoamérica y del asesinato de miles de trabajadores y trabajadoras, campesinos, líderes sociales y políticos. Fuerza social que abrió paso a la implementación del “Plan Colombia”, que además de ser un andamiaje para la violencia institucional y el paramilitarismo, se constituyó en una estrategia de implementación del modelo neoliberal en el país, apoyado en el narco estado.
Por otro lado, la fuerza social en la que confluyen las comunidades indígenas, líderes sociales comunales y políticos que tiene como interés la defensa de sus territorios y del pueblo colombiano, que llamamos las fuerzas de la paz, siempre que entendemos, junto con la investigadora colombo venezolana, María fernanda Barreto la Paz como instrumento de Justicia Social. Esta fuerza tiene parte de su historia en las denominadas Autodefensas Campesinas, grupos que se crearon en la necesidad de la defensa del territorio, donde liberales, comunistas, cristianos, comenzaron un proceso que confluyó en 1964 la fundación de dos de los movimientos guerrilleros más importantes de Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional de Colombia, fuerzas que intentaron tomar el poder por la vía del sufragio, como fue la experiencia de Unión Patriótica a mediados de los 80´s, la cual se consolidó como tercera fuerza electoral, pero feneció debido a los constantes asesinatos de sus dirigentes.
Revertir años de soledad
La nueva alianza gobernante tomó el poder en un contexto difícil si se tiene en cuenta que, según cifras oficiales, el 2021 cerró con 39.3% de la población en condición de pobreza, cifras de la violencia que no dan tregua y un acuerdo de Paz sin cumplir.
En sus primeros meses de gestión el Gobierno de Petro y Francia ha ido tomando acciones en sintonía con el programa político y las consignas de la campaña, que intentaron recoger la demanda popular: protagonismo de la mujer y enfrentamiento al cambio climático, que implica potenciar el desarrollo económico del país “de una Economía Extractivista hacia una Economía Productiva” y el cumplimiento de los Acuerdos de Estado con los firmantes de la Paz, la sociedad y la comunidad internacional, como elementos medulares.
Un gran hito ocurrió el 26 de septiembre, cuando se acordó la reapertura del paso fronterizo (Puente Internacional Simón Bolívar) entre Colombia y Venezuela, a siete años de su cierre. Este acontecimiento fue un paso fundamental en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, suspendidas desde 2019. El Gobierno Colombiano, a cargo de Iván Duque, como piedra angular en continuidad con el uribismo, de la plataforma de combate en contra de la Revolución Bolivariana, había prestado su reconocimiento al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.
La reapertura de fronteras y de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones es de gran importancia para la región ya que, en palabras de Barreto, un factor que hace prioritario el control del territorio colombiano son “los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, la principal «amenaza inusual y extraordinaria de los Estados Unidos en la región”. Lo cierto es que ambos pueblos, históricamente vinculados por lazos de solidaridad y hermandad, se saben aliados. El siempre memorable Hugo Chávez así lo entendía cuando otorgó la nacionalidad automática y refugio a millones de colombianos que llegaron a la República Bolivariana de Venezuela desplazados de sus territorios por la violencia y la pobreza.
En materia económica, al día siguiente de asumir su mandato, Petro propuso una osada -para la historia colombiana- Reforma Tributaria, que fue aprobada tres meses después, tras negociaciones con la oposición y algunas concesiones. El texto propone recaudar 5.797 millones de dólares, a partir de la disminución de las exenciones inequitativas, con el eje puesto en los hidrocarburos y el sector financiero, las personas naturales con más altos ingresos y algunas empresas de productos alimenticios ultraprocesados y bebidas azucaradas. De igual manera busca evitar la evasión y la elusión tributaria, a través del fortalecimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que, según el preámbulo de la Reforma tiene como finalidad “contribuir a reducir la deuda social histórica que tiene el Estado colombiano con sus habitantes», destinando la recaudación a programas sociales para los sectores más vulnerables.
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), que se realizó en noviembre pasado en Egipto, el presidente pronunció un vehemente discurso y declaró que “es hora de la humanidad y no de los mercados”. Presentó un decálogo con la finalidad de revertir los daños causados por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y cuestionó a la OMC y al FMI al plantear que “la banca privada y multilateral también debe dejar de financiar al sector de los hidrocarburos”. Recién electo, el presidente había prometido poner a Colombia al frente de la lucha mundial contra el cambio climático y pidió un diálogo entre los países de América y EEUU, para poner en consideración la transición energética y el hecho de que los gases que se emiten allá se absorben el sur, a través de la Amazonía.
A nivel regional, esta nueva inclinación en favor del progresismo en el tablero suramericano, resta un miembro activo del grupo del inefable Grupo de Lima y se abre la posibilidad de relanzar procesos de integración, restituir el proyecto bolivariano que se reafirma en las relaciones bilaterales de cooperación entre Colombia y Venezuela, con la propuesta de reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), o la propuesta de reflotar la Unasur. Dichos espacios deberán priorizar la agenda de la paz como tarea impostergable y urgente, así como los procesos de integración económica para asumir acuerdos de intercambio comercial soberanos.
Paz, con Justicia Social
El proyecto de Ley para alcanzar Paz Total trabaja sobre la construcción de regiones de paz, que se establecieron en el Acuerdo de 2016, conocidos como PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), además de la eliminación del servicio militar obligatorio, para prestar “Servicio Social para la Paz”. Otro punto clave es la apertura de las conversaciones con el ELN y otras organizaciones armadas, como la Nueva Marquetalia del sector de las FARC-EP que se encontraban suspendidas desde el 2016. En ese sentido, desde el 17 de septiembre, varios de estos grupos atendieron el llamado de Petro. En esta nueva serie de conversaciones participan como países garantes Cuba, Venezuela y Noruega, mientras que Chile y España son acompañantes.
En agosto, apenas iniciado el mandato, se impulsó un proyecto de protección a líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz en un intento de revertir las oscuras cifras que informa Indepaz: en los últimos cuatro años 957 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1.192 víctimas.
Alcanzar la “Paz Total” en Colombia que implica acabar con la violencia y desigualdad en el país parece aún una utopía dada la complejidad del panorama. Los asesinatos continuos de Líderes y Lideresas firmantes de los acuerdos de 2016 y la designación de Colombia como “aliado estratégico” de la OTAN desde abril-mayo, por decisión de Duque, entre otros múltiples factores, dan cuenta del vigor con el que se mantiene el aparato de las fuerzas de la guerra en Colombia.
A pesar de ello, la fuerza social de la paz tiene la oportunidad histórica de avanzar para la reconstitución de un nuevo tejido social, a partir del impulso de procesos organizativos, la eliminación la violencia y la desmercantilización que permita proyectar un futuro hacia la Paz con Justicia Social.
*Licenciada en Comunicación Social. Miembro del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico- CLAE
