Hablemos de “lawfare” – Por Laura Arroyo Gárate

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Hablemos de “lawfare”

Laura Arroyo Gárate

La palabra “lawfare” está entrando en nuestro léxico cotidiano. Se trata de un anglicismo que se ha abierto paso pero que no necesariamente cuenta con un conocimiento masivo sobre aquello a lo que alude. No se trata de una palabra en disputa, sino de una incorporación en gerundio durante este periodo histórico. El sólo hecho que una palabra se esté incorporando y consolidando es ya elocuente debido a que supone que la práctica a la que hace alusión se está normalizando o, cuando menos, sistematizando y, por tanto, construyendo, como hacen las palabras, una comunidad de sentido alrededor de ella. Y, en este caso particular, tenemos una alerta.

Para el abogado argentino y director de Investigaciones de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, Marcelo Maisonave, necesitamos entender de dónde viene la palabra “lawfare”. Se trata -nos dice- de una incorporación terminológica que viene de autores estadounidenses vinculados a los tiempos de guerras preventivas a finales del siglo XX, técnicas militares y batallas geopolíticas por vías del uso de la ley. Maisonave afirma que es de ahí desde donde esta palabra se ha adaptado particularmente a América Latina en los últimos quince años, y hace alusión a la reacción de los grandes centros de poder en nuestra región contra el ciclo de gobiernos progresistas que tuvo lugar entre 2000 y 2015.

Lo que señala Maisonave es fundamental para entender que, así como las palabras no son abstractas, creer que la ley se puede despojar de la lectura política o la ideología es también imposible. El “lawfare” lo realiza cualquiera que decide mal aplicar la ley contra un adversario específico. Se trata de una acción ejercida desde “los grandes centros de poder” y que, por tanto, va dirigida contra quienes disputan esos poderes en el terreno político. Esto explica, por ejemplo, que el “lawfare” empezara a ser utilizado particularmente en el periodo del ciclo de gobiernos progresistas en la región y que, hoy que vemos que la disputa política sigue abierta, vuelva a cobrar peso y atención.

Lawfare y poder mediático

Para la politóloga española y autora del libro “LAWFARE: Golpes de estado en nombre de la ley”, Arantxa Tirado, es importante advertir que esta estrategia judicial no se utiliza sólo contra los líderes de la izquierda, sino que al hacerlo se ataca a todo aquello que simbolizan y representan estos líderes. Ese es el caso, señala, de Lula da Silva quien pasó 518 días en la cárcel antes de que se anulara la sentencia que lo llevó a prisión y se reconociera que se violentaron sus derechos fundamentales, a la defensa y políticos durante el proceso judicial.

“Lawfare”, señalan los especialistas, es la estrategia detrás de otros casos en la región como lo son el de Rafael Correa y actualmente Cristina Fernández de Kirchner, quien sufrió un intento de magnicidio hace semanas. Tal vez, alguien podría pensar que no existe una relación directa entre el intento de asesinato contra la vicepresidenta argentina y la estrategia judicial desplegada en su contra, pero esta sería una visión incompleta. Lo cierto es que el “lawfare” no apunta el arma, pero incentiva, difunde y fomenta discursos de odio a partir de noticias o procesos que no han llegado a término, con la finalidad de deslegitimar, desprestigiar y destruir políticamente a un personaje político. Para hacerlo necesita de otra pata fundamental: el poder mediático.

Mediafare

Algunos analistas ya lo llaman “mediafare” y hace alusión a la pata mediática necesaria para que el “lawfare” funcione. La estrategia judicial no puede ponerse en práctica sin la complicidad de elementos corruptos del sistema judicial, pero tampoco sin el eco y altavoz de los medios de comunicación que muchas veces sentencian en portadas y titulares en condicional lo que aún no sentencian los tribunales. De este modo, fomentan un clima de crispación antes que los tiempos y el debido proceso sea cumplido y consiguiendo una sentencia social antes que judicial que, en algunos casos, nunca se da.

“Miente, miente, que algo queda”

Este es el caso del partido español de izquierda, Podemos, que ha recibido más de 16 querellas que han ocupado espacio radial, televisivo y escrito y que luego, cuando todas fueron archivadas por no encontrar pruebas para ninguna de ellas, no han sido siquiera comentadas con un porcentaje de la altisonancia que tuvieron cuando eran llevadas a los juzgados muchas veces con información falsa. Pero que una denuncia sea archivada parece ser lo de menos cuando la operación de desprestigio se ha puesto en marcha. Es una suerte de máquina del fango donde opera el lema “miente, miente, que algo queda”.

A partir de ello, los discursos falsos se abren paso, las discusiones donde se ponen en debate creencias versus la verdad comprobada se vuelven norma y, finalmente, el acoso político al que son sometidos quienes, en este caso, lideran la formación política cuenta con una puerta abierta por los poderes judicial y mediático.

 En el caso de Podemos, tanto Pablo Iglesias como Irene Montero fueron víctimas de acoso político durante 11 meses en las puertas de su casa, por un grupo de fascistas que estuvieron todas las mañanas de esos once meses gritando todo tipo de mentiras, insultos y amenazando tanto la tranquilidad de estos dos líderes políticos como la de sus tres hijos menores de edad.

Por ello es importante señalar que existe un vínculo directo entre esta estrategia que mal utiliza la ley y que cuenta con la complicidad de los medios de comunicación, y los actos de acoso, intimidación o, en el caso argentino, el intento de magnicidio contra Cristina Fernández. Un ciudadano, llevado por estos discursos de odio y mentiras, se siente legitimado para empuñar un arma. La pregunta es, ¿quién carga las balas?

Persecución antidemocrática

Quien ha llegado hasta aquí sabe que el “lawfare” no es otra cosa que una persecución completamente antidemocrática. Asimismo, que el “lawfare” no se aplica contra cualquiera, sino que se trata de una reacción de los grupos de poder contra quienes proponen modelos alternativos, democratización de esa arquitectura del poder o, en buena cuenta, impugnar el orden por el cual quienes ostentan poder lo ostentan. Proyectos de transformación y cambio que cuentan con una resistencia que no es sólo política, sino que, como vemos, encuentra en la vía judicial una forma de disfrazar los golpes de estado de este siglo.

Quiero cerrar esta columna citando a Victoria Rosell. Ella es una jueza española, actual directora general contra la violencia de género, pero, sobre todo, víctima de “lawfare”. Victoria ejerció como jueza una defensa férrea de los derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de las minorías que muchas veces ven en el sistema judicial un obstáculo antes que un aliado. Rosell decidió en 2015 dar un paso al frente para continuar defendiendo estas causas en un fuero distinto: el Congreso de los Diputados. Para ello se presentó como independiente en las listas congresales de Podemos.

 Desde ese momento fue víctima de una persecución judicial sin precedentes donde querellas sin pruebas, sin testimonios y sin argumentos lograron entrar a los espacios judiciales desde los que ella misma había forjado una carrera intachable durante décadas de su vida. Las portadas del diario El Mundo, los titulares en condicional, las tertulias dedicadas a analizar los casos que se le imputaban sin ningún indicio y las exigencias de ese mismo “periodismo” que se hacía llamar imparcial pidiendo que dejara sus cargos congresales constituyeron una orquesta que la llevó, finalmente, a dejar sus puestos.

Seis años después de esa orquestación, de manchar su nombre, de poner su vida privada en el espacio público, de acosarla política y judicialmente, logró una sentencia que todos sabíamos que llegaría: nunca hubo pruebas, nunca hubo caso, Victoria Rosell siempre dijo la verdad y vio vulnerados por ello sus derechos fundamentales.

Seis años de calumnias que son impagables. Y como bien señala Rosell, que tuvo la amabilidad de conversar con el equipo de “La batalla de las palabras”, la respuesta frente al “lawfare” no puede ser individual. Y no puede serlo, porque esta persecución tampoco es individual ni aislada. Para ella se trata de una “operación de las derechas que operan de esta forma, mal utilizando el sistema judicial hace mucho tiempo.” Sólo siendo conscientes del tipo de estrategia podremos hacerle frente. No son Rosell, Iglesias, Montero, Fernández de Kirchner, Da Silva, etc. Se trata de una colectividad de víctimas que hoy cuenta con estos apellidos y mañana contará con otros. La respuesta ha de ser colectiva y contundente. Y tendrá que ser internacional. La democracia está en riesgo.

* Estudió Linguistica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autora del podcast “La Batalla de las palabras”

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