Perú | Juez define la prisión preventiva de Castillo
PJ evalúa este jueves 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y Aníbal Torres
El juez supremo Juan Carlos Checkley reprogramó para este jueves a las 8:30 a.m. la audiencia en la que evaluará el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo y el ex primer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y otros.
El magistrado aclaró que según el Código Procesal Penal si el fiscal requiere prisión preventiva, la detención preliminar se mantiene hasta la realización de la audiencia. Esto, añadió, debe ponerse en conocimiento de la policía de la Diroes, en Ate.
Hasta que el magistrado emita un fallo, el golpista exmandatario permanecerá detenido. El pedido de prisión preventiva fue presentado por el fiscal supremo Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
En la víspera (el martes), Checkley había aprobado la disposición de la Fiscalía de la Nación de formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Castillo y Torres. En el caso del golpista exmandatario es como presunto coautor de rebelión, y, alternativamente, conspiración, y también como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública.
Mientras que Torres es investigado -en su calidad de exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros- como presunto coautor del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.
Torres permanece en la clandestinidad desde el último sábado, al haber sido incluido en la investigación tras el golpe de Estado dado por el entonces presidente. Él acompañaba a Castillo en el vehículo en el que fue detenido el pasado miércoles 7, cuando fugaba rumbo a la Embajada de México.
Horas antes, la Corte Suprema confirmó la detención preliminar por siete días para el exmandatario al concluir que hay indicios de haber perpetrado una tentativa de rebelión al dar un golpe de Estado.
Pese a la convulsión social que sufre nuestro país, Castillo aprovechó el martes pasado su participación en una audiencia judicial para azuzar e instigar a la población a que continúe con los actos de violencia que se desarrollan desde los últimos días.
En la audiencia se evaluó la apelación de la detención preliminar en su contra por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
Castillo inició sus alegatos indicando que se encontraba “injusta y arbitrariamente detenido”, para luego empezar un discurso político. Sin embargo, al advertir el matiz de su intervención, el presidente de la Sala Suprema Permanente, César San Martín, cortó su participación y le aclaró que ese no era el espacio para dichas “proclamas”.
Castillo alcanzó a realizar un llamado para que sus seguidores lo acompañen hoy, entre la 1 p.m. y 2 p.m., hora en que, según él, vence su detención preliminar de siete días que cumple en la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía Nacional (Dinoes), en Ate.
“Quisiera dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, su esfuerzo, su lucha y su identificación. Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo.
Además, aseguró que no había cometido conspiración o rebelión, delitos por los que es investigado en la fiscalía. Luego, en una carta enviada a través de sus abogados, Castillo arremetió contra la presidenta Dina Boluarte y volvió a hacer un llamado al pueblo “para seguir atentos y optimistas”.
“Señora Dina, mira el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, leyó ante la prensa Raúl Noblecilla, uno de sus abogados.
Los actos de violencia que se desarrollan en el país –que según informes policiales también vienen siendo instigados por congresistas cercanos a Castillo– han dejado seis ciudadanos fallecidos y más de 120 policías heridos.
Tentativa de rebelión
La sala presidida por San Martín confirmó la detención preliminar de Castillo Terrones al determinar que sí hubo flagrancia en la comisión del presunto delito de rebelión que le imputa la Fiscalía de la Nación.
Por ello, declaró improcedente la apelación a la detención de Castillo.
En sus argumentos, el tribunal supremo determinó que el delito de rebelión no solo puede configurar el alzamiento en armas, sino que basta el mero intento. Por tanto, en el caso del vacado ex jefe del Estado, el presunto delito se habría consumado al disponer en un mensaje a la nación un estado de excepción que, por lo menos, “importaba” el alterar el ordenamiento constitucional y la paz pública.
Además, se agregó, se incentivaba a las Fuerzas Armadas al uso de su armamento (así no se haya usado). En ese sentido, se concluyó que la presunta tentativa de rebelión se dio con “toda rotundidad”, ya que el mensaje televisado del entonces presidente no fue un simple anuncio, sino “una voluntad de alteración” del orden constitucional.
“Cuando emitió el pronunciamiento televisivo el investigado Castillo Terrones, varias personas se encontraban en el ambiente [con él]. En especial el doctor Aníbal Torres; la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; el ministro del Interior, Willy Huerta; el ministro de Defensa, Emilio Bobbio”, remarcó el juez.
Por ello, San Martín Castro explicó que los elementos aportados hasta el momento por la fiscalía son suficientes “para estimar la tentativa de rebelión o conspiración” por parte de Castillo.
Sobre los peligros procesales, señaló que al no tener el respaldo esperado, Castillo Terrones se habría querido fugar al intentar dirigirse hacia la Embajada de México, para concretar un pedido de asilo político.
El abogado Ronald Atencio, defensa de Castillo, había solicitado su libertad alegando que no se había configurado una flagrancia del delito de rebelión, y que su patrocinado tampoco se había querido fugar.
Ante ello, la fiscal suprema adjunta Sylvia Sack Ramos argumentó que Castillo fue en contra de la “intangibilidad del régimen constitucional” para impedir las investigaciones por corrupción que se siguen en su contra.
La procuradora adjunta de la Procuraduría General del Estado, Lilia del Río Farro, argumentó que Castillo sí habría incurrido en el delito de rebelión y solicitó confirmar la medida.
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