Represión en Perú: al menos 20 personas murieron por armas de fuego durante las protestas de diciembre

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Por Roberth Orihuela Quequezana

Michael tenía solo quince años y cursaba el primero de secundaria en un colegio de la provincia de Huamanga, en Ayacucho. La mañana del jueves 15 de diciembre salió de su casa junto a otros vecinos y amigos a protestar pidiendo el cierre del Congreso y un nuevo proceso electoral. Su hermana Ana Luz cuenta que Michael quería ser abogado, pero también había aprendido algo de electrónica y reparaba los aparatos de la casa. “Voy a tener dos carreras y tendré mucha plata”, decía Michael. Pero esos sueños se apagaron en la tarde, cuando Michael y otros manifestantes se retiraban del perímetro del aeropuerto de Ayacucho, disuadidos por los soldados de las Fuerzas Armadas. Una bala le llegó por la espalda, le perforó el pulmón y el corazón, y murió casi de forma instantánea.

La muerte de Michael no fue la primera. Durante toda la semana de protestas en la región Ayacucho, entre el 12 y 17 de diciembre, se han contado nueve fallecidos más. Todos fueron víctimas de un Proyectil de Arma de Fuego (PAF) que miembros del Ejército o de la Policía dispararon en contra de sus propios compatriotas. Así lo indican las actas de defunción y los certificados de necropsia que los familiares ahora cargan como prueba de la masacre que se vivió en esta región del sur del Perú. Además, Convoca pudo corroborar con fuentes del Instituto de Medicina Legal, miembros de los nosocomios y Direcciones de Salud de las regiones —que accedieron a declarar bajo reserva por temor a las represalias— la causa por la que 22 compatriotas murieron durante las protestas.

Y es que Ayacucho no fue la única región donde la gente murió a causa de un balazo en la dura semana de protestas. En Apurímac el reporte indica que hubo hasta el momento seis fallecidos; tres de ellos por PAF. En la provincia de Pichanaqui, en la región Junín, tres comuneros muertos también fueron víctimas de una bala, igual que los dos fallecidos en la región Arequipa. El último fue Jhonatan Alarcón Galindo, un comunero de 19 años de la Comunidad Campesina Llaccomayo que agonizó por casi una semana luego de recibir un disparo en la cadera, que le produjo una hemorragia que los médicos no pudieron detener. Este campesino tampoco fue trasladado a Lima para un mejor tratamiento.

El balance es así: de los 22 muertos que han costado las protestas en el país, 20 son por un proyectil de arma de fuego y uno por un traumatismo provocado por una bomba lacrimógena que le cayó en la cabeza a la víctima. A ellos se suma otro joven que murió con la mitad del cráneo destrozado por lo que parece una explosión sin determinar. Se trata de Beckhan Quispe Garfias, un futbolista de 18 años que salió a unirse a las protestas y que terminó con el rostro destrozado y casi todo el lóbúlo frontal expuesto.

Su padre, Dany Quispe, asegura que fue un proyectil de un arma de guerra lo que alcanzó a su hijo. Sin embargo, no hay forma de corroborarlo porque el personal de Medicina Legal de Andahuaylas le entregó el cadáver sin el certificado de defunción ni el informe de necropsia. “Dijeron que iban a realizar estudios en Lima. Han pasado quince días y no me entregan nada. Yo lo ví. Es falso que fuese un explosivo. Parecía de un arma de guerra, porque allí llegaron policías del Vraem”, cuenta para este medio.

Para la especialista en antropología forense y fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense, Carmen Rosa Cardoza, la muerte de estas personas no es casualidad y muestran el uso desproporcionado de la fuerza que usaron los miembros del Ejército y la Policía para reducir las protestas al interior del país. “Es la típica muestra de vulneración de derechos humanos. Es claro que hay un descontrol por parte de las Fuerzas Armadas y la policía en la manera como intentaron controlar los disturbios. El uso de armas largas en tales situaciones solo conduce a la muerte de civiles”, advierte.

Este actuar no solo ha dejado muertos, sino decenas de heridos en todas las regiones donde se radicalizaron las protestas. Pero en especial en Ayacucho y Apurímac. De acuerdo con un informe entregado por la Dirección Regional de Salud de Apurímac, solo durante el 12 de diciembre el hospital de Andahuaylas colapsó debido a los 57 heridos que llegaron por diversas lesiones provocadas tanto por armas de fuego como por perdigones, bombas lacrimógenas o piedras. Entre ellos, una niña de 14 años que fue alcanzada por un perdigón en el ojo. La fuerza del disparo le dañó la retina. En Andahuaylas no hay forma de tratar estas lesiones y fue referida hacia Lima, d.nde los médicos del Hospital del Niño en Lima ya le realizaron una intervención, pero espera otra para el 13 de enero que definirá si pierde o no la vista.

Como si fuera una “guerra interna”

La nueva crisis política y social en el país inició el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado. No recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía y el Congreso se empoderó y terminó vacándolo por incapacidad moral. Su reemplazo fue su vicepresidenta Dina Boluarte. Al día siguiente empezaron las protestas, que pedían el cierre del Parlamento y un nuevo proceso electoral, y estuvieron principalmente concentradas en las regiones del sur del país. Apurímac y Arequipa fueron las primeras en levantarse. Campesinos y trabajadores bloquearon las principales vías de ingreso a las ciudades y así se mantuvo hasta el domingo 11 de diciembre, cuando las protestas se radicalizaron.

El primer fallecido fue D.A.Q. de apenas 15 años. Su muerte ocurrió cuando acompañaba a las protestas en Andahuaylas. Cursaba tercero de secundaria en el Colegio Libertador Simón Bolívar de Tapaya y quería ser operador de maquinaria pesada o Policía. Para superarse y ayudar a su familia, trabajaba los fines de semana como jornalero en la chacra. Así lo cuenta su cuñado Michael Quispe, quien lo acompañaba cuando una bala le atravesó el pecho. “Estábamos lejos, entre las chacras. No estábamos en la protesta, solo íbamos para transmitir lo que estaba sucediendo, los dos solos apartados de la protesta. De pronto escuchamos disparos y por el susto empezamos a correr, él volteó para apuntar la cámara y le cayó el disparo en el pecho”, narra el familiar de la víctima.

Para el segundo día de protestas ya se contaban seis fallecidos; uno de ellos en Arequipa. Miguel Arcana de 38 años murió luego de recibir un disparo en el abdomen en medio de una batalla campal que se dio en las inmediaciones de la comisaría de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado. Dejó dos niños menores huérfanos y al cuidado de su madre.

Con esto, el gobierno de Dina Boluarte decidió declarar el estado de emergencia, primero en Apurímac, luego en Arequipa y finalmente en el resto del país. Sin embargo, esta medida no hizo más que exacerbar los ánimos en la sociedad civil. Y en el transcurso de la tercera semana de diciembre, los muertos siguieron aumentando día tras día. Las regiones que tuvieron que llorar a sus muertos fueron Apurímac (6), Ayacucho (10), Junín (3), La Libertad (1) y Arequipa (2).

“La mayor cantidad de víctimas ocurrió en Ayacucho y Apurímac”, explica Cardoza. Y eso tiene una causa. La especialista advierte que en esas regiones las Fuerzas Armadas y la Policía actuaron como si se enfrentaran a grupos armados.

En este punto es necesario explicar que existen dos tipos de armas: las de carga múltiple, como las escopetas de perdigones de metal, y las de carga única, como una pistola, un rifle, que disparan balas. En el primer caso, los perdigones se abren como un cono en función a la distancia, es decir, pueden herir a una o más personas dependiendo de la distancia en la que se encuentren. Por otro lado, cualquier arma de carga única requiere ser apuntada para dar en el blanco, es por ello que se les puede denominar “armas de voluntad”.

En el caso de las protestas en las regiones del interior, las Fuerzas Armadas contaron con armas de carga única como se ve en imágenes; es decir, rifles que disparan balas. La Policía está además equipada con escopetas de perdigones, pero también han llegado a empuñar pistolas, como se ha visto fotos previas publicadas por Convoca.pe.

“Como dijera antes, las armas de fuego son ‘armas de voluntad’ y para usarlas se requiere apuntar a un blanco. Sería distinto si usara una granada para neutralizar a una persona dentro de un grupo, puesto que quien la lanza no tiene control sobre el radio destructivo de la misma. El hecho de usar un arma para la cual se requiere apuntar implica, por definición, una voluntad de impactar un blanco específico. Esto quiere decir que la distribución de las heridas de armas de fuego refleja la intención de las personas que las usan. Por eso no es casualidad que las personas muertas tengan lesiones en el tórax o la cabeza. Y así lo hemos visto en los vídeos que se han difundido. Eso no es casual”, explica Carmen Rosa Cardoza.

Así es como mataron al esposo de Liz Mariela Pablo, quien a sus 19 años ahora debe hacerse cargo sola de un niño de dos. José Luis Aguilar Yucra tenía 20 años y trabajaba como repartidor de la empresa de gaseosas Ñor Cola. Liz cuenta que su pareja no participó nunca de las protestas. La mañana del 15 de diciembre José Luis salió como siempre muy temprano a trabajar, según afirma. No estaba enterado de las protestas ni tenía intención de salir a marchar. Debía pagar el alquiler del cuarto donde vivían los tres y su mamá, que está a apenas tres cuadras del aeropuerto de Ayacucho, cerca del óvalo donde se dieron los enfrentamientos. José Luis volvió por la tarde y debía cruzar esa zona para llegar a su casa.

“Cuando estaba dando la vuelta a la calle le dispararon en la cabeza”, explica su esposa, quien además muestra el vídeo que un vecino grabó desde una ventana. El hombre llegó muerto al hospital. “Un día antes yo estaba feliz, porque estoy postulando para Veterinaria en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y había dado bien mi primer examen. Luego pasó esto. No sé qué voy a hacer. Ahora estoy en la casa de mis padres. Solo pedimos justicia”, dice Liz.

Cardoza explica que la distribución de heridas por arma de fuego es útil para diferenciar violaciones a los derechos humanos de situaciones de conflicto entre dos grupos armados. Por ejemplo, en un revelador estudio del antropólogo forense José Pablo Baraybar, titulado “Antropología forense y la causa más probable de muerte en casos de violaciones del derecho internacional humanitario: un ejemplo de Bosnia y Herzegovina”, publicado en 2006, este tomó como muestra 155 cadáveres de personas asesinadas en la guerra interna del país europeo. Encontró que 139 murieron inmediatamente luego de recibir el disparo y 16 porque no recibieron el tratamiento para salvarlos. Además, 66 murieron por disparos a la cabeza, 37 en el tórax, 18 en el abdomen y 10 en la cabeza y tórax.

“Un enfoque para investigar presuntas violaciones del derecho internacional humanitario” es lo que busca aportar, según sus datos, el estudio de Baraybar. Una posterior investigación académica del 2015 analizó 777 casos de violaciones a los derechos humanos en varios países incluyendo el Perú y los comparó con la distribución de lesiones en conflictos armados, llegando a la misma conclusión: en las violaciones a los derechos humanos las lesiones por arma de fuego en la cabeza/cuello y tórax/abdomen son las más comunes, mientras que en los conflictos armados suelen ser más frecuentes aquellas que ocurren en las extremidades.

Leonardo Hancco Chacca de 37 años murió con estas características. Una bala le perforó el abdomen y le destruyó el páncreas y los intestinos. Su esposa, Ruth Bárcena, cuenta que Leonardo era taxista y salió a unirse a las protestas porque “quería dejar un mejor futuro para sus hijos. Por eso pedía nuevas elecciones y una nueva Constitución. Sus únicas armas eran una pancarta y su voz. Él no ha ido ni con piedras ni con otra cosa. Se quedó fuera del aeropuerto. Y de pronto empezaron a disparar a matar”.

La viuda acusa que francotiradores, apostados en una casa de cuatro pisos que funciona como cevichería, fueron quienes le dispararon a su esposo y a otras personas. “Había ocho francotiradores. Desde allí le dispararon con [mira] láser. El 15 de diciembre en la noche llego a la unidad de cuidados intensivos donde lo intervinieron. El 16 volvieron a operarlo y a la 1:30 de la madrugada su corazón ya no resistió más. Los médicos me mostraron cómo la bala le destrozó el páncreas y los intestinos”, añade entre sollozos la mujer. Ahora tendrá que hacerse cargo de su hija de siete años.

Heridas que nunca sanarán

Fue un milagro que en Ayacucho y Apurímac no murieran más personas. Esto se puede concluir luego de ver la lista de heridos por armas de fuego que llegaron a los nosocomios de estas regiones. En Apurímac el conteo oficial señala 84 heridos, casi todos en la provincia de Andahuaylas. En Ayacucho el conteo anunciado por la Dirección Regional de Salud advirtió 61 heridos en la provincia de Huamanga.

Uno de los heridos fue el menor Einer, un estudiante de segundo año del colegio Túpac Amaru del distrito de Chinchero que salió de su casa cuando los policías empezaron a disparar contra los manifestantes el pasado 12 de diciembre. Su padre, Mateo Quispe, explica que él se encontraba trabajando en una cerrajería muy cerca cuando escuchó los disparos y luego le avisaron que a su hijo le había caído una bala en la espalda.

“Él no estaba en la protesta. Yo salgo a trabajar y su mamá también. Einer se quedó solo en casa. Los disparos se dieron muy cerca”, cuenta el padre desde el Instituto Nacional del Niño en San Borja, hacia donde fue referido el  menor de edad. El destino quiso que Einer cumpliera 14 años el pasado 20 de diciembre postrado en una de las camas del centro de salud. “Los médicos ya le han retirado la bala de la espalda. Estaba muy cerca de la columna. Dicen que fue suerte y me aseguran que volverá a caminar. Ojala así sea porque le gustaba mucho el deporte. Hacía vóley y natación”, añade su padre Mateo, quién además dice que no cuenta con recursos para mantenerse en Lima. Aunque el hospital le apoya con alimentación debe dormir todos los días en las sillas para no alejarse de su hijo.

De igual forma le pasó a la pequeña Abril, una niña de apenas 14 años que recibió un perdigón en el ojo izquierdo el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Andahuaylas. Su madre cuenta que ellos no participaban de las protestas. Esa tarde estaban volviendo de una reunión familiar y su hija iba detrás cuando vieron a la distancia los enfrentamientos. “Estábamos lejos, como a unas cuatro cuadras y decidimos tomar otra ruta. De pronto mi hija quedó en silencio y escuché detrás como la gente pedía ayuda para auxiliarla. Entré en shock, no sabía qué hacer. Estaba desmayada. Pero no teníamos forma de llevarla al hospital en ese momento por los bloqueos. Así que un joven nos llevó en su mototaxi hasta mi casa. Allí empezó a vomitar, lloraba y no podía dormir. No sabía qué hacer. En la madrugada la llevé al hospital. Los médicos me riñeron por no haberla llevado rápido, pero no podían hacer mucho”, explica Angelica Cisa, la madre de Abril.

Así que inmediatamente la refirieron hasta Ayacucho y luego a Lima. En el Hospital del Niño la intervinieron y le dijeron que su hija ya estaba mejor. “Nos llevaron hasta una casa de acogida con una monjas, pero mi hija empeoró. La llevé hasta el hospital 2 de Mayo, donde le hicieron tomografías y recién pudieron parar la hemorragia y los coágulos internos que se le estaban formando en el ojo”, narra la madre. Luego volvió al hospital del Niño donde siguen monitoreando su mejoría.

Abril tiene programada otra operación para el 13 de enero. Los médicos no le dan muchas esperanzas a Angélica de que su hija vuelva a recuperar la vista en el ojo izquierdo. “Cuando íbamos hacia Lima, ella (Abril) me preguntaba si volvería a ver y yo le decía que sí, que espere. ¿Qué le voy a decir si no vuelve a ver?”, pregunta Angélica.

“¿Qué será de mi hija? La presidenta Dina Boluarte y la ministra de Salud [Rosa Gutiérrez] fueron a visitar a mi hija y se comprometieron en ayudarla con todos los tratamientos. Espero que cumplan. Pero también dijeron que nos enviarían apoyo a la casa y hasta ahora ni un kilo de arroz o azúcar ha llegado”, cuenta Angélica. Y es que esta mujer es madre soltera de 8 hijos, dos de ellos estudian en la universidad, otros dos son menores y dos niñas (incluida Abril) estudian en el colegio. Cuando Angélica se fue por casi dos semanas a Lima, dejó a sus hijos solos y sin recursos. Tras conseguir que Abril se encuentre estable la dejó al cuidado de una de sus hijas mayores, quien vive en Lima en un cuarto alquilado. “Ahora estoy en Andahuaylas cuidando a mis hijos. Nosotros vivimos del día. Yo vendo condimentos molidos en el mercado como ají colorado, ajo y esas cosas. Cuando hay huelgas no tenemos ingresos”, añade Angélica, que no puede evitar quebrarse.

Angélica denuncia que otro de sus hijos también resultó herido de un ojo tras las protestas. Cuenta que él no estaba en la manifestación, sino estudiando en un instituto privado. “El director los hacía salir de a pocos para evitar que los policías los ataquen, pero por mala suerte lo agarraron a mi hijo y lo lastimaron. Lo llevaron al hospital donde apenas le dieron primeros auxilios y lo enviaron a la casa. Ahora no lo veo bien a mi hijo, tiene el ojo rojo, como si le hubiesen hecho daño. No sé qué hacer. Cuando vuelva a Lima por mi hija lo llevaré para que lo revisen. No importa, con mi propio dinero”, dice.

“Seguimos tratándolos como ciudadanos de segunda clase”

Al respecto, el titular de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo, se mostró preocupado por la forma en que las Fuerzas Armadas y la Policía han actuado para recuperar el orden interno. “El Gobierno debe garantizar la seguridad de todos, no solo de los policías y de los negocios. No ha pasado así lamentablemente. Además, queda claro que la Policía no tiene ni el equipamiento ni la capacitación para afrontar este tipo de situaciones”, señala.

Jugo además señaló que el caso de Ayacucho es el más lamentable. “Al día siguiente de declarar el estado de emergencia se produjo la muerte de nueve personas y otro más hace unos días que estuvo agonizando. Pero todos fueron por proyectil de arma de fuego. Por las imágenes que hemos visto, el riesgo que las Fuerzas Armadas corrían no les producía la obligación de disparar a matar. Es más, el artículo 3 del Decreto Legislativo 1095 señala en qué momento se puede ejecutar la violencia hostil y en Ayacucho no hemos visto eso. Fue un operativo completamente fuera de las reglas de control de manifestaciones y violador de los Derechos Humanos”, acota.

Respecto a la labor del Ministerio Público, que anunció investigaciones contra los que resulten responsables, Miguel Jugo señaló que ya se dio un primer paso al señalar a dos generales de las fuerzas del orden como quienes habrían dado la orden de disparar en Ayacucho. Se trata del general PNP Antero Mejía Escajadillo y el general de brigada EP Jesús Vera Ipenza. Sin embargo, Jugo señala que también debería responsabilizarse penalmente a la misma presidenta Dina Boluarte y a los exministros del Interior y Defensa, César Cervantes y Alberto Otárola, respectivamente. “También son responsables políticos los miembros del Congreso”, añade.

“Por lo tanto, lo que ha ocurrido en Ayacucho y el resto de regiones es un desproporcionado uso de la fuerza. Absolutamente aterrador”, agrega la experta forense Cardoza, quien además espera que el Ministerio Público haya acudido al lugar donde ocurrieron los hechos y recuperado las evidencias para identificar a los presuntos responsables que dispararon dichas armas. “¿Es posible dar con quién disparó la bala que mató a una persona? En teoría, sí. Se necesita recuperar los casquillos y el arma: se puede identificar la marca del percutor, que es como una huella digital (única). Para ello es fundamental que los Fiscales hayan requisado las armas de los efectivos a los que les fueron asignadas y pedido la lista de quienes estuvieron en las zonas donde murieron los manifestantes”, puntualizó Cardoza

Por este motivo, Miguel Jugo señala con desánimo que posiblemente las familias de los muertos no encuentren justicia, al menos dentro del país. “Temo que el caso deba llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta deberá sancionar al país para que se den reparaciones civiles a los deudos”, indica. Justamente el jueves en la tarde la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó hasta Ayacucho, donde se reunió con los deudos y escuchó sus denuncias. Prometieron volver en enero con más información para ayudarlos en el camino legal que ahora les tocará llevar.

“Lo más grave es que el mismo gobierno no lamenta las muertes. Solo basta ver los pronunciamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes han alabado el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas, pero no han dicho nada sobre los fallecidos. Y lo peor es que no parece haber indignación en la población de la capital. En Lima recordemos que bastaron dos muertos [Inti Sotelo y Bryan Pintado] para sacar a Manuel Merino del gobierno en el 2021. Lamentablemente seguimos viendo a los compatriotas del interior como ciudadanos de segunda clase, que siguen siendo objetivo de discriminación, racismo y abandono”, termina Miguel Jugo.

Finalmente, el adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, señaló a este medio que desde su institución solicitaron al Ejecutivo que cree un mecanismo de reparación inmediata para los deudos de los fallecidos y las personas heridas. “Los deudos necesitan atención, quién los atienda a nivel psicológico, social y económicos. Y para los heridos, el Estado tiene que garantizar su plena recuperación”, dijo. La Defensoría del Pueblo sugiere que sea un mecanismo parecido al que se aplicó en los casos de las movilizaciones de protesta donde murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. “No podemos esperar los procesos penales, indemnización que tomará años, los dejaría en total indefensión. El mecanismo que se creó alrededor de Inti y Bryan, puede ser un ejemplo, lo hemos planteado a la PCM, aún no recibimos respuesta. Confíamos en que este pedido sea atendido prontamente”, puntualizó.

Al respecto, el martes el Gobierno instaló una comisión que determinará las reparaciones a los deudos de los fallecidos y heridos. Hasta ahora el monto del apoyo económico solidario no se ha determinado y todavía están elaborando una propuesta para presentar al Consejo de Ministros. Además, el ministro de Justicia, José Tello, aceptó en conferencia de prensa que aún no se ha reunido con los familiares de fallecidos, pero dijo que lo haría pronto. “Hay que contactarlos con propuestas claras, como los alcances del apoyo económico y el soporte como la defensa pública”, acotó el alto funcionario.

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