Brasil | Se analizan 234 expedientes de la gestión de Bolsonaro que involucran “secretos” de Estado
Revisarán expedientes de la gestión de Bolsonaro considerados secretos
La Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil volverá analizar 234 casos de solicitudes de datos vía Ley de Acceso a la Información (LAI), a partir de la decisión del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva de revisar las reglas de secreto de los documentos de la Administración Pública Federal.
“A partir del despacho del Presidente de la República, se determinó que revisemos y reanalicemos los casos que involucren secreto por motivos dudosos, en el sentido de banalizar el secreto y lesionar la política de transparencia pública”, reveló el ministro de la CGU Vinicius Carvalho.
Carvalho presentó este viernes una evaluación inicial de los resultados obtenidos hasta el momento, que incluyó los gastos con la tarjeta corporativa de los expresidentes de 2003 a 2022.
Según la CGU, entre 2019 y 2022 se registraron 511.994 solicitudes de acceso a la información y de ese total 64.571 fueron denegados total o parcialmente.
“Lo que me llamó la atención fue que, de ese total, solo 2.510 fueron apeladas a la CGU, lo que revela que mucha gente se da por vencida en el camino, luego de que su solicitud inicial fue denegada. El porcentaje de recursos hechos a la CGU es inferior al 5%”, dijo el ministro, según la estatal agencia Brasil.
De los 234 casos de solicitudes de información que serán analizados o revisados por la dependencia, 111 presentaron como justificación que se trataba de seguridad nacional; 35 presentaron como explicación cuestiones que atañen a la seguridad del Presidente de la República o de sus familiares; 49 eran sobre información considerada personal; y 16 tenían que ver con la protección de actividades de inteligencia.
“A partir del lunes, quienes solicitaron esta información comenzarán a recibir los resultados de las decisiones de la CGU”, informó Carvalho.
Para el ministro, los números presentados “hablan más de lo cuantitativo que de lo cualitativo”, y estos últimos “hay que mirarlos con cuidado”.
“Por eso, nos interesan más los datos relativos a los argumentos presentados que los números”, dijo.
El funcionario justificó la decisión de las revisiones en que “en los últimos años se registraron algunos retrocesos importantes en relación al acceso a la información y toda la política de transparencia de un gobierno abierto”.
Con base en el material analizado, evaluó que el Ejecutivo de Jair Bolsonaro terminó “usando ciertas categorías para ampliar el secreto, con el fin de dificultar el acceso a la información” de los datos personales para situaciones en las que no encajan.
“La transparencia es un resultado lógico del principio de publicidad de nuestra Constitución, que ayuda mucho a mejorar las políticas públicas y monitorear la acción del gobierno. Por lo tanto, es algo instrumental”, evaluó.
Aunque evitó mencionar casos concretos ante las consultas de la prensa, se supo que entre los expedientes que serán revistos hay casos de personas que entran y salen de edificios públicos; el asesinato de la concejala del PSOL Marielle Franco; el gasto del expresidente Bolsonaro en motocicletas; los pagos de honorarios a artistas realizados por Caixa; y los préstamos de nómina realizados por beneficiarios del Auxílio Brasil.
Además, hay casos de registros de armas de fuego; listas de pasajeros en vuelos de la Fuerza Aérea; y compras públicas en las que participen el Ejército y las Fuerzas Armadas.
Carvalho reseñó que un funcionario que no cumpla con la Ley de Acceso a la Información es “pasible de rendir cuentas”, pero dejó en claro que la CGU será muy cuidadosa para evitar injusticias. “Lo que evaluamos es el argumento que se dio”, subrayó.
Para fortalecer el Sistema de Acceso a la Información, la CGU presentó algunas propuestas, entre ellas la creación de programas de orientación y formación; la evaluación cualitativa de las respuestas a las solicitudes utilizando la inteligencia artificial para reducir los recursos a niveles superiores; y la estandarización de procedimientos.
En su campaña proselitista, Lula había prometido que revisaría el secretismo impuesto por Bolsonaro, y el 1 de enero, apenas asumió, firmó un acta ordenando a la CGU revisar los procesos bajo secreto.
“Puede haber una situación u otra que amerite una reflexión más profunda, pero los casos seleccionados fueron para que la reevaluación se haga en el sentido de una mayor apertura; de eso no hay duda”, afirmó Carvalho.
CGU revisa regras de acesso à informação do governo federal e vai derrubar sigilos de Bolsonaro
Nova política do órgão foi uma determinação do presidente Lula em decreto assinado em 1º de janeiro, dia de sua posse
A Controladoria-Geral da União (CGU) revisou as regras da política de acesso à informação do governo federal e, com isso, vai liberar uma série de informações que foram decretadas sigilosas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O anúncio foi feito em entrevista coletiva concedida pelo ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, na manhã desta sexta-feira (3).
A decisão do órgão responde a um decreto assinado pelo presidente Lula (PT) no dia de sua posse no cargo, em 1º de janeiro, que determinou que a CGU revisasse, em até 30 dias, a imposição do sigilo de até 100 anos a documentos de Bolsonaro, da família dele e de atividades de Inteligência do Executivo.
Retrocesso
Em sua apresentação, o ministro destaca que, nos últimos anos, o Brasil testemunhou retrocessos na política de acesso à informação e de governo aberto, o que trouxe a necessidade de uma reavaliação dos processos anteriores.
«Qual que é a questão? Temos uma avaliação de que foi utilizado esse argumento de maneira desmesurada para coisas que não tinham absolutamente nada a ver com a segurança do presidente da República», afirmou Vinícius de Carvalho.
Quando e como as informações serão divulgadas?
Seguindo os parâmetros das novas regras apresentadas, a CGU vai analisar 234 casos de sigilo estabelecidos pelo governo Bolsonaro, distribuídos pelo seguinte argumento de recusa: 111 por ameaça à segurança nacional, 35 por ameaça à segurança do presidente, 49 por informações pessoais, 16 por serem atividades de inteligência e 23 de outros gêneros. A expectativa de especialsitas e organizações que atuam no tema é que boa parte deles devem ser derrubados.
Questionado se as informações do processo administrativo do Comando do Exército que envolve o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, poderiam a vir a público, Vinícius de Carvalho disse que «nas próximas semanas» os julgamentos «serão publicizados».
Vinícius de Carvalho explicou que, de acordo com o julgamento de novos pedidos de acesso à informação ou de requerimentos em andamento, as informações serão divulgadas por meio de pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) cadastrados no sistema do governo federal.
