Chile | Las deudas de los gobiernos y el Parlamento para enfrentar los incendios forestales – Por Pablo Parra Soto

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Pablo Parra Soto

En el año 1999, se señaló que, si Chile no reducía significativamente el factor de ocurrencia de los incendios forestales en algunos sectores de mayor riesgo, las plantaciones forestales podrían verse afectadas por incendios de características catastróficas cada 12 a 17 años. En esa oportunidad se sugirió que los programas de protección deberían poner mayor énfasis en la prevención de la ocurrencia, y no en el incremento de recursos para el combate, ya que en una condición de tormenta de fuego los recursos nunca son suficientes.

En el periodo 1999-2000, producto de los incendios forestales se vieron afectadas 3.087 ha de plantaciones forestales (de especies introducidas al país) y 6.439 ha de bosques y matorrales nativos. En el periodo 2009-2010 la superficie afectada de plantaciones se incrementó a 15.598 ha, mientras que la de bosques y matorrales nativos se incrementó a 41.253 ha. Durante la temporada 2016-2017, que es conocida como la temporada de la “tormenta de fuego”, se vieron afectadas 281.487 ha de plantaciones forestales y 202.774 ha de bosques y matorrales nativos. Producto de la tormenta de fuego, se emitieron alrededor de 100 millones de toneladas de CO₂, lo que corresponde al 90% del total de las emisiones de Chile en el año 2016. Esta cifra es equivalente a 23 años de emisiones de CO₂ de todos los vehículos livianos de pasajeros que transitaron durante el año 2017 en la RM. Desde el año 2017 al año 2021 se han visto afectadas 352.053 ha de plantaciones forestales y 310.224 ha de bosques y matorrales nativos.

Según González et al., (2020), los costos incurridos por el Estado durante el año 2017 ascendieron a 362,2 millones de dólares, lo que equivale a 635,3 dólares por ha que se pueden desagregar en el combate de incendios (39%), la reconstrucción de viviendas (39%) y el apoyo a sectores productivos (16%), entre los principales. Esta estimación de costos estaría subestimada al no incluir el impacto sobre flora, fauna, suelo, el turismo, pérdida de bienes, salud de las personas y otros servicios ecosistémicos relevantes. Si se incorpora lo señalado, la estimación del costo en US$/ha variaría entre 4.500 y 16.000.

Dentro de los costos de salud, no se puede desestimar a la salud mental. Los impactos psicológicos que se pueden desencadenar al vivir la traumática experiencia de enfrentar un incendio forestal: muerte de familiares o amigos(as), pérdida de viviendas, desarticulación temporal de las familias y redes, pérdida de empleos, desplazamiento forzado, destrucción de espacios comunes o simbólicos, conflictos sociales que se producen o potencian en este contexto. En estos escenarios se genera una dinámica de convivencia con el riesgo donde se instala la sensación de que una catástrofe puede ocurrir en cualquier momento, lo que constituye un factor de estrés que provoca altos niveles de preocupación al percibir que hay limitadas o nulas posibilidades de prevenir o prepararse frente a estos eventos.

De estos párrafos se desprende que la superficie forestal afectada se ha incrementado a través de los años, como también que los incendios forestales generan grandes costos que van más allá de lo económico, afectando valores naturales y sociales que son igual o más importantes. Cuando ocurre un incendio forestal, la primera institución que se despliega para el combate es CONAF, servicio forestal reconocido a nivel nacional e internacional por su amplia experiencia en incendios forestales. Es importante precisar que el trabajo de CONAF no solo se focaliza en el combate, sino que también en medidas de prevención, capacitación y educación de la población para así reducir los riesgos de incendios forestales. Posteriormente, cuando los incendios forestales se extinguen, apoya a los territorios mediante la creación de programas que buscan contribuir a la recuperación de servicios ecosistémicos dañados y destruidos. Es decir, el servicio forestal está presente antes, durante y después de los incendios forestales. Un aspecto no menor a resaltar es que CONAF es la única institución del Estado que asume responsabilidades en esta materia. Si bien, es cierto que CONAF tiene las competencias técnicas para hacerse cargo de esto, ¿Qué es lo que exime al resto de ministerios y empresas a colaborar con el factor más relevante para enfrentar a los incendios forestales?, hablamos de la prevención.

El Estado y sus instituciones públicas no han asumido directamente esta obligación, descansando de esta gran responsabilidad en CONAF, una institución sobre exigida cada temporada de incendios. Si se aprecian las causales históricas de los incendios forestales, ¿Cómo abordan la responsabilidad de prevención los ministerios de energía, obras públicas, minería y vivienda y urbanismo? Por otra parte, ¿Cuál es la responsabilidad privada no solo en la prevención, sino que también en el uso de territorios y recursos?

Contemplando los pronósticos señalados en el año 1999, ¿En qué se ha avanzado para hoy estar mejor preparados frente a incendios forestales?, ¿De quiénes depende que se avance para garantizar la seguridad en los territorios? Muchas veces se critica (justificadamente o no) la gestión que realiza el gobierno de turno frente a estas situaciones catastróficas, sin embargo, en el parlamento hay representantes de la ciudadanía que tienen una enorme responsabilidad en levantar preocupaciones, realizar propuestas y dialogar con el gobierno de turno para llevar adelante cambios que permitan evitar situaciones de catástrofe. ¿Cómo han respondido a ese desafío?, a continuación, se mencionan algunos aspectos que tienen relación directa con los incendios forestales y que a la fecha no han sido resueltos por los gobiernos y el parlamento:

1. Diversos actores han solicitado que sea necesario contar con una nueva institucionalidad que promueva un nuevo modelo forestal que garantice la seguridad de la población en un contexto de crisis climática, donde sus instrumentos obedezcan a necesidades colectivas por sobre individuales, pero a la fecha esta solicitud no ha sido acogida. Independiente de la causa que los provoque, los incendios forestales se están generando principalmente en plantaciones forestales de monocultivos exóticos de gran escala, y a la fecha no hay ninguna iniciativa legal para limitar su extensión a nivel predial, extra predial y territorial, provocando en varios casos que estas sean colindantes con viviendas y centros urbanos. Tampoco se sabe si en función de la extensión de estos monocultivos las empresas cuentan con el número apropiado de cuadrillas de brigadistas para el combate en caso de incendios. El sector privado tiene que asumir mayores responsabilidades en ese aspecto, sencillamente porque no es aceptable que año a año el sector público esté obligado a disponer de una exorbitante cantidad de recursos para el combate de incendios.
2. Las acciones que hoy desarrolle el sector forestal son claves para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, no solo preocupándose de crear nuevos bosques con enfoque ecosistémico, sino que también manteniendo a los que actualmente hay y recuperando a aquellos que han sido dañados. Contemplando aquello, ¿Cómo ha avanzado la iniciativa legal para establecer la prohibición de 30 años para cambios de uso de suelo en áreas afectadas por incendios forestales, y otras actividades que sean incompatibles con la recuperación de la cobertura vegetal?, ¿Cuándo se le va a dar urgencia a la modificación de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal o a una nueva Ley de Fomento a la Forestación con un enfoque adaptativo a los efectos del cambio climático?
3. Según lo señalado por la Mesa de Biodiversidad de la COP 25 (2019), en el país no existen políticas públicas que regulen la construcción de viviendas e infraestructura según las condiciones de habitabilidad de su emplazamiento, riesgo de incendios y otros desastres; se trasgreden las disposiciones normativas dispuestas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, lo que se ve agravado por la inexistencia de inscripciones y recepciones de obras en los municipios; existe un déficit de normas que resguarden las nuevas condiciones de habitabilidad, por insuficiencia de actualización de la clasificación de usos de suelos, falta de actualización de planes reguladores y, en general, de la integración de la gestión de riesgo de desastres a la política pública que vincule la identificación de áreas de riesgo y las características de habitabilidad que se debiese recomendar o exigir. El modelo instalado en Chile está promoviendo la expansión urbana en zonas rurales, permitiendo la construcción de viviendas y condominios en zonas de alto riesgo y aisladas de servicios básicos. Bajo el slogan “ven a vivir en la naturaleza” se ha justificado la expansión de un negocio que señala que en el sector urbano ya no hay más espacio para crear nuevas viviendas, y que ante la necesidad que hoy se enfrenta en el país, el negocio inmobiliario no debe tener una regulación restrictiva ya que hay una “crisis de viviendas”. Sin embargo, poco se habla de los “superdueños” que concentran gran cantidad de propiedades en espacio urbano (¿La crisis realmente es por falta de espacio o falta de regulación en la concentración de la propiedad?, ¿Qué se está proponiendo para avanzar en resolver los puntos señalados?
4. ¿Qué sucede con el reglamento de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) en el marco de Ley N°21.074? A través de los PROT se orientará la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación. Tendrá carácter vinculante, condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos, y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. La planificación territorial contemplando la realidad urbana y rural debe abordar riesgos de un modo adaptativo, configurando el paisaje en función de su capacidad de carga. No puede haber más postergación de este tema solo por el hecho que genera incomodidad en sectores productivos.
5. Es posible que en Planes Reguladores Comunales haya plantaciones forestales exóticas en uso de suelo clasificado para viviendas u otro urbano, como también viviendas en zonas clasificadas como de protección o forestal. ¿Qué sucede con la responsabilidad municipal en la revisión y actualización de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT)? Por otra parte, ¿Las municipalidades están desarrollando ordenanzas para la prevención de incendios forestales?, ¿Establecen alguna limitación de expansión a empresas forestales e inmobiliarias, o solo los ven como socios estratégicos porque aportan recursos a la municipalidad?
6. Actualmente, tampoco hay regulaciones a gasolineras o industrias que manejan materiales altamente combustibles en cuanto que el lugar de emplazamiento no esté cerca de bosques ni en zonas catastradas de alto riesgo de incendios, lo cual implica una seria amenaza para los ecosistemas colindantes, la vida, el bienestar de las personas y la infraestructura, ¿Qué sucede con la evaluación ambiental estratégica?
7. ¿Por qué después de lo vivido el año 2017 no ha se le ha dado urgencia a una Ley de Incendios Forestales? No es posible que la atención a los incendios forestales por parte de los gobiernos y parlamento solo se focalice entre los meses de diciembre y febrero, y que de marzo en adelante el único servicio que se preocupe de la siguiente temporada de incendios sea CONAF. La actitud que transmiten las autoridades es que ya controlados los incendios no hay nada de qué preocuparse, hasta que sucede de nuevo y volvemos a entrar al ciclo de respuestas reactivas. Las autoridades políticas deben tener en consideración de que no hay que abusar del esfuerzo de brigadistas que arriesgaron su vida para enfrentar a los incendios, y tampoco desestimar el dolor de las personas que perdieron más que bienes materiales.

Con todos estos antecedentes y temas pendientes por resolver, queremos reflejar que hay varios factores que inciden en que se provoque un incendio forestal, y por ello, dar a entender que la responsabilidad para reducir el riesgo no solo depende de CONAF y el sector forestal, sino que de todas y todos. En escenarios tan complejos como el de cambio climático, el país debe asumir la modernización del actual modelo de desarrollo, pues corresponde a una necesidad imperante, y no debemos acostumbrarnos a vivir regularmente situaciones catastróficas cuando existen alternativas para evitarlas y aminorarlas. Para abordar los incendios forestales, la política pública debe consolidarse transversalmente y avanzar a la integralidad. Sin embargo, también es necesario que exista una nueva Ley de Incendios Forestales y que esta contemple la prevención, control y la articulación del Estado para la recuperación de bienes, servicios y valores destruidos por los incendios forestales. Es momento de actuar legislando en temas que se han postergado durante años, pensando en el bien común por sobre el privado, y por ello, desde la Agrupación de Ingenieros(as) Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) exigimos al Gobierno y al parlamento que recuperen la credibilidad respondiendo a la demanda y presión social, trabajando de manera coordinada y regulando de manera más estricta a sectores productivos, resolviendo los vacíos legales y deficiencias institucionales que empeoran estas situaciones catastróficas.

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