Perú | Organizaciones de DDHH denuncian penalmente a Boluarte por los asesinatos de manifestantes

1.520

Organizaciones de DD.HH. presentaron denuncia penal contra Dina Boluarte

Organizaciones de derechos humanos y abogados independientes denunciaron penalmente a la presidenta, Dina Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas de diciembre en la región Apurímac.

La denuncia sostiene que, durante los primeros cinco días de manifestaciones en esa región, que iniciaron el pasado 7 de diciembre cuando Boluarte asumió la presidencia, se contabilizaron seis personas fallecidas, 83 personas heridas y decenas de personas detenidas.

«Cinco del total de los fallecidos fueron víctimas de proyectil de arma de fuego. Dos de ellas eran adolescentes y la mayor tenía solo 19 años», agrega el comunicado del Instituto de Defensa Legal, una de las tres organizaciones que entablan la demanda.

La denuncia está dirigida contra Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; el entonces ministro de Defensa y hoy jefe del gabinete, Alberto Otárola; el exministro del Interior, César Cervantes, el comandante general de la policía, Raúl Alfaro, otros dos mandos policiales y «contra quienes resulten responsables».

El documento judicial, que fue entregado el lunes a la Fiscalía de la Nación, contiene material audiovisual, documentos y testimonios de víctimas «que demuestran la comisión de ilícitos penales», aseguran los promotores.

«No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto (…) No solo los efectivos policiales, que fueron actores directos, son responsables penalmente» sino «también lo son autores mediatos», añadieron.

La denuncia se suma a otra investigación en curso de la fiscalía peruana para determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes durante la represión de marchas el pasado 15 de diciembre en el departamento de Ayacucho, donde murieron al menos ocho manifestantes.

Las protestas en el Perú, que estallaron luego de que Boluarte asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muertos.

En las manifestaciones se reclamaba la renuncia de la mandataria, un pedido que es respaldado por 76% de los peruanos, según una encuesta de Ipsos Perú, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.

Canal N


Gobernadores regionales y rectores de universidades piden a Dina Boluarte forzar adelanto de elecciones

En un documento denominado “Manifiesto por el Perú”, señalan que la crisis política es insostenible y la presidenta debe exigir al Congreso las reformas o renunciar

Un encuentro estratégico entre gobernadores regionales y rectores de universidades nacionales del Perú se llevó a cabo este lunes. Tras la cita, los Consejos Directivos de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) y la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) emitieron un documento denominado “Manifiesto por el Perú”. Además, se reunieron con la presidenta Dina Boluarte.

Junto a Alberto Otárola, la presidenta recibió al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, directivos de la ANGR. Estaban acompañados de los rectores de la universidad La Molina, Américo Guevara, y de la UNI, Alfonso López Chau, directivos de la AUNAP.

Este I Encuentro de la ANGR y de la AUNAP se convocó bajo el lema “Por la construcción de diálogos amplios a inclusivos para una salida democrática a la crisis del país”.

Allí se debatió en dos mesas, denominadas: “Análisis del contexto de convulsión social, en busca de salidas viables y sostenibles a la crisis política. Y la segunda: “Articulación de capacidades de las universidades nacionales con el desarrollo productivo de las regiones”.

El documento final es éste:

Crisis política es insostenible le dicen a Dina Boluarte

La comunicación de presidencia dice solamente que se trató “sobre el fortalecimiento de la educación y la unidad nacional”. Sin embargo, en la reunión se presentó el documento que pide exigir al Congreso adelanto de elecciones a 2023. Caso contrario, le piden a Dina Boluarte renunciar a la primera magistratura para hacer posible estas elecciones.

Además, constituir una comisión Investigadora independiente que determine responsabilidades en la muerte de ciudadanos que participaban en las protestas. Y por último, iniciar diálogos regionales para atender las demandas que plantean las poblaciones en protesta.

Además, hacen referencia a los 60 peruanos fallecidos durante las protestas, entre los que destacan a 17 menores de edad; las pérdidas económicas que superan los 2 mil millones de soles y las afectaciones al sector Educación, particularmente, la vulneración de la autonomía de la Universidad San Marcos y la amenaza a la Universidad Nacional de Ingeniería.

El Buho


Regiones del norte convocan a un paro el 18 y 19 de febrero

Por Rosa Quincho y Kleber Sánchez

El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca y expresidente de las rondas campesinas, Ydelso Hernández, sostuvo que Piura, Lambayeque, San Martín y Trujillo han confirmado su adhesión. Solo falta que aseguren las regiones de Cajamarca y Áncash.

Refirió que en Cajamarca, a pesar de que el alcalde Joaquín Ramírez ha anunciado para esos días la visita de ministros, los ronderos van a sacar adelante la jornada de lucha. “No es justo que tengamos muertos y heridos y en Cajamarca se pasen alegremente los carnavales”, protestó.

En Lambayeque habrá una marcha de sacrificio que consistirá en recorrer tres distritos de la región por casi cuatro horas.

El punto de preconcentración será el parque Obrero de la ciudad de Chiclayo a las 2.00 de la tarde. Posteriormente, los manifestantes se trasladarán hacia la localidad de Mochumí. Desde este lugar iniciarán una caminata por sus principales calles. Luego se dirigirán a Túcume y culminarán en Íllimo.

“Queremos que nuestros hermanos de los distritos de la provincia de Lambayeque se unan a las movilizaciones, porque muchas veces por la distancia no pueden estar presentes. Vamos a descentralizar las medidas”, manifestó el dirigente Wilmer Antón a La República.

“Tenemos la obligación moral y cívica de participar en esta movilización, que nos fortalecerá y, a la vez, nos unirá a más pueblos, porque estamos en las calles. Los invocamos a que participen en nuestras convocatorias regionales y nacionales hasta tumbar a Dina Boluarte”, se lee en un comunicado emitido por los dirigentes de Lambayeque.

Movilización en Puno

Ayer, pobladores que llegaron desde Coata y Capachica realizaron una movilización masiva en la ciudad lacustre. Ellos ingresaron por la zona norte de la capital de la región. Tras una bulliciosa marcha por las principales calles, los manifestantes llegaron a la plaza de Armas.

En la zona sur de Puno, en Desaguadero, todavía hay bloqueo de carreteras. En Juliaca también hubo movilización de organizaciones sociales con presencia de pobladores que arribaron del distrito de Arapa. No tuvo la contundencia de días anteriores. El desplazamiento fue de corta duración y tuvo carácter pacífico. Sin embargo, la actividad comercial y el servicio de transporte urbano en esta ciudad continuó restringido.

Comando Unificado entra en acción

El Comando Unificado, integrado por la Policía Nacional, el Ejército y la Marina de Guerra, creado para restablecer el orden en Puno, implementará un plan de operaciones denominado Perseverancia.

“Vamos a identificar a personajes y organizaciones violentistas que estén incurriendo en actos vandálicos y delictivos”, expresó el comandante general de la Tercera División del Ejército, Jhony León Rabanal, durante la ceremonia de reconocimiento al comandante general del Comando Conjunto de Puno, Edgard Rodríguez, realizada en el aeropuerto de Juliaca.

También dijo que tiene instrucciones de usar la fuerza no letal en casos extremos para restablecer el orden interno. Señaló que no permitirán la agresión a soldados o policías y que actuarán de acuerdo a ley en legítima defensa.

La República


Congreso: Citan a expresidente Pedro Castillo ante Comisión de Fiscalización

El expresidente Pedro Castillo ha sido citado a declarar mañana miércoles 15 ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en el marco de la investigación sobre una supuesta organización criminal familiar durante su gobierno.

El presidente del mencionado grupo legislativo, Héctor Ventura (FP), indicó que se ha remitido al exmandatario la citación. Además, se hecho la coordinación necesaria con el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de que se posibilite la declaración de Castillo, mañana desde las 9.00 horas.

En rueda de prensa, el parlamentario fujimorista indicó que se recabaría el testimonio del expresidente de manera virtual, teniendo en cuenta que se encuentra recluido en el penal Barbadillo.

Ventura consideró que, de negarse a colaborar con las investigaciones, “se podría tomar las acciones legales pertinentes”.

Recordó en ese punto que la Comisión de Fiscalización recibió facultades propias de grupo investigador para abocarse a dicho caso. “Si entorpece las investigaciones, podría ser denunciado por desacato a la autoridad”, insistió el parlamentario.

Refirió que el expresidente tiene la condición de testigo en esta investigación, pero podría pasar pronto a la de investigado.

Versiones en su contra

Dijo también que Castillo debe responder respecto a lo señalado ante la Comisión de Fiscalización por Salatiel Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Vivienda, quien afirmó que le entregaba dinero a él y al exministro Geiner Alvarado.

También debe pronunciarse sobre la versión dada por el mismo personaje, que señala que estos fondos los repartía la hermana del expresidente en reuniones desarrolladas en un mercado del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, indicó Ventura.

Andina


Fiscalía abre investigación preliminar contra Alberto Otárola por colusión agravada

El Ministerio Público abrió este martes una investigación preliminar contra Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, y contra Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo, como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada. También incluye a Carola Gisella Rodríguez Bringas, como presunta cómplice de dicho delito.

Esta investigación se da por la contratación de su excuñada, Carola Gisella Rodríguez Bringas, como asesora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con un suelo de 15 500 soles. Esta revelación fue dada a conocer en el semanario «Hildebrandt en sus Trece».

Alberto Otárola designó a Alfonso Adrianzén como su jefe del gabinete de asesores. Luego, al pasar como primer ministro, lo nombró como su secretario general, cargo en el que se quedaría hasta el 13 de enero.

El premier colocaría a Adrianzén para desempeñarse como ministro de Trabajo en reemplazo de Eduardo García. Este último renunció en protesta por las muertes registradas como consecuencia de los enfrentamientos durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.

Responden los investigados

Alberto Otárola negó que haya intervenido en alguna designación dentro del Ministerio de Trabajo y negó haber tenido comunicación reciente con Carola Rodríguez.

«En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare», indicó en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro Alfonso Adriánzen aseguró que la contratación de su asesora ya fue explicado, pero que no tiene problemas en responder ante la Fiscalía.

«El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del Premier para designarla. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes», escribió en su cuenta de Twitter.

Investigado por genocidio

Alberto Otárola afronta además otra investigación en la Fiscalía por el presunto delito de genocidio junto a la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Por este caso ya fue a declarar el pasado 23 de enero.

En este proceso también se ha incluido a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior. Esto debido a que formaban parte del gobierno durante las primeras manifestaciones que se reportaron en quincena de diciembre.

RPP

Más notas sobre el tema