Colombia | El gobierno busca el diálogo para la paz tras intento de desplazamientos forzados a familiares de ex combatientes de las FARC

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Excombatientes son desplazados por sus antiguos camaradas

Una paradoja viven unas 200 familias de excombatientes de las Farc que residían en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en el Meta, quienes tuvieron que huir de allí por amenazas de sus antiguos compañeros en la guerrilla, que hoy conforman las disidencias de las Farc.

Así lo denunció ayer el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) de Comunes, partido surgido de la desmovilización de la guerrilla, que detalló en un comunicado que los excombatientes sufrieron una «situación de desplazamiento forzado por parte de hombres y mujeres que se identificaron como Farc».

El CNR lamentó que los antiguos miembros de la guerrilla deban abandonar el territorio, ubicado en el municipio de Mesetas, que les «abrió las puertas en el camino hacia la búsqueda de la paz, luego de haber firmado» el acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

En total, denunció el organismo, son más de 200 familias las que tuvieron que huir y entre ellas había muchas madres cabeza de hogar; alrededor de 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos; hombres y mujeres de la tercera edad, y población con discapacidad.

Pérdida de proyectos

Los excombatientes denunciaron que por cuenta del desplazamiento perderán los proyectos productivos en los que trabajaban desde que se reincorporaron, que son de transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación de café y de sus cultivos derivados y ganadería.

También dicen que perderán la infraestructura que han construido en los últimos seis años, así como se verán afectadas otras comunidades aledañas que se veían beneficiadas, entre otras cosas, por las escuelas que hay en el ETCR Mariana Páez.

«Enorme daño hacen quienes creen que afectando a los y las firmantes de paz no se afectará a la comunidad», agregó la información.

Llamado al Gobierno

Esta semana el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que como parte de su política de paz total comenzará una mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, el grupo que según los excombatientes propició el desplazamiento.

En ese sentido, el senador Julián Gallo, de los líderes de Comunes, aseguró en Twitter que es «inaceptable que mientras Gobierno nacional anuncia inicio de conversaciones con las llamadas disidencias, estos grupos sigan asesinando, desplazando y amenazando los firmantes de paz».

Esto «sin que haya un pronunciamiento del Gobierno que les exija suspender ese tipo de atentados contra quienes estamos cumpliendo con el compromiso de la paz. Sin seguridad para firmantes de paz no habrá paz total».

Por ello el CNR hizo un llamado al Gobierno, a la comunidad internacional y a la ONU a «garantizar el derecho a la vida de los y las firmantes, el derecho a la paz al pueblo colombiano y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios».

La cifra

350 excombatientes de las Farc que firmaron el acuerdo de 2016 han sido asesinados, de ellos dos este año. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La Patria


Más de 200 familias de excombatientes fueron desplazadas por amenazas de disidentes de las Farc

Más de 200 familias de excombatientes de las Farc, entre los que se encuentran 86 mujeres y alrededor de 80 niños y niñas, que viven desde hace varios años en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en el departamento del Meta, tuvieron que huir de allí por amenazas de disidentes de las Farc.

Así lo denunció este miércoles el Consejo Nacional de Reincorporación del partido Comunes por medio de un comunicado, en el que dice que luego de varios años en los que estas personas construyeron familia, desarrollaron proyectos productivos, y edificaron sus viviendas, ahora tienen que abandonar su territorio.

“Desde este espacio en el que construimos familia, fortalecimos lazos de hermandad con las comunidades y batallamos contra la inclemencia y la desidia de gobiernos que quisieron hacer trizas la paz, hoy con la zozobra de nuestra comunidad y con los hijos e hijas de la paz tomados de las manos y algunos en brazos, debemos salir con nuestra moral en alto y con un niño o niña que pregunta ¿por qué?”, denunció el Consejo Nacional de Reincorporación.

Entre los proyectos productivos que se perderán por cuenta de este desplazamiento estarían la transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación del café y de sus cultivos derivados y dos de ganadería; así como la pérdida total de la infraestructura desarrollada en los seis años que lleva la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Ante este panorama le hicieron un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la directora de la unidad para la implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la directora de Agencias para la reincorporación y normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas, garantizar el derecho a la vida de los firmantes, y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios.

“La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato”, concluye el comunicado.

El País


“Gobierno no permitirá que excombatientes de Farc en Meta sean desplazados”

La Oficina del Alto Comisionado de Paz se pronunció este jueves sobre las denuncias que realizaron en las últimas horas excombatientes de las Farc en el Meta. Según los firmantes, las disidencias que operan en el territorio les dieron un plazo de 30 días para abandonar el ETCR Mariana Páez, ubicado en una vereda del municipio de Mesetas, Meta.

A través de un comunicado, esa oficina indicó que se activó un mecanismo de emergencia con el Ministerio de Defensa, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) para mitigar el riesgo de los habitantes de esta espacio territorial. Además, se llevó a cabo una reunión con delegados de los firmantes y “se convocó al grupo de crisis para atender la situación”.

Delegaciones de esas instituciones, junto al Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) y del Ministerio del Interior, partieron este jueves hacia Mesetas con la “misión de establecer, en consenso con los firmantes de paz, las condiciones que garanticen su permanencia en el ETCR”, dice el documento.

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Así mismo, en el comunicado se afirma: “El Gobierno no permitirá que los firmantes de paz y sus familias sean desplazados de sus hogares y obligados a abandonar sus proyectos productivos”.

De acuerdo con varios excombatientes que hablaron con Colombia+20 y que viven en lunes 14 de marzo, hombres de las disidencias del Estado Mayor Central convocaron a una reunión en la que les dieron el ultimátum para salir del ETCR.

“Los hombres que se autodenominan de las FARC, del Estado Mayor Central, convocaron al Consejo Administrativo, a Juntas de Acción Comunal y líderes de la zona a una reunión en la que dieron varias órdenes, entre ellas el plazo perentorio de 30 días para que todas las personas del ETCR ‘Mariana Páez’ salieran de ese territorio”, detalló a Colombia+20 William Betancur, líder de esa zona.

Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que fueron quienes amenazaron a los excombatientes, adelantan actualmente un proceso de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro y son uno de los grupos con los que se acordó un cese al fuego bilateral que empezó el pasado 1 de enero e iría hasta el 30 de junio de este año.

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Por eso, varias personas, entre ellas miembros de Comunes, senadores y e incluso los mismos habitantes del ETCR, pidieron que el Gobierno se pronunciara sobre el caso. La amenaza en sí misma es una señal, dicen, de que se está incumpliendo ese cese.

En el comunicado, la Oficina del Alto Comisionado respondió sobre ese tema e indicó que se activó “la línea directa humanitaria que se estableció como parte del cese el fuego bilateral” con esa organización.

“Cabe reiterar al EMC-Farc, y al país en general, que cualquier escenario de conversación de paz con el grupo armado parte inequívocamente del respeto por la vida y la integridad de la población. Ese compromiso fue asumido por los miembros del EMC-Farc al comienzo de este proceso”, dice el documento.

El Estado Mayor Central es una organización que no se acogió al Acuerdo de Paz firmado en el teatro Colón en noviembre de 2016.

El martes pasado, la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra 19 integrantes de esa disidencia con lo que le dio estatus político a ese grupo en un intento por una salida negociada al conflicto armado.

El Espectador


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