Perú | Pese al reclamo en las calles, el Congreso rechaza por quinta vez adelantar las elecciones

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Por quinta vez el Parlamento archiva adelanto de elecciones

Con un 90% de rechazo (encuesta IEP), el Congreso de la República volvió ayer a enviar al archivo una propuesta de adelanto de elecciones. Legisladores de izquierda y derecha nuevamente dejaron en evidencia la falta de voluntad política para atender esta demanda de la ciudadanía.

El archivo de ayer se produjo en la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Hernando Guerra García, sobre quien recae la principal responsabilidad para este fracaso en la aprobación de un dictamen sobre adelanto de elecciones.

Hace apenas una semana, Guerra García había considerado como irresponsable someter a votación el predictamen y dijo que haría los esfuerzos para alcanzar un consenso, en tanto había más tiempo para deliberar sobre el tema.

Textualmente, esto fue lo que dijo: “La ciudadanía puede tener claro que esto todavía no tiene un acuerdo. No será responsable de mi parte el someterlo a votación. Vamos a hacer más intentos por alcanzar un consenso. Creo que eso es lo que se necesita, en este momento que tenemos más tiempo”.

Tal declaración corresponde a la sesión de la Comisión de Constitución del pasado martes 7. Pues bien; Guerra García no honró su palabra y ayer apresuró la votación del predictamen, sin siquiera dar explicaciones claras sobre las dudas acerca del cronograma y el periodo recortado del nuevo mandato.

Predictamen defectuoso

Una de las principales dudas del predictamen era la fecha de la primera vuelta: diciembre del 2023. El documento no garantizaba la viabilidad, tomando en cuenta el mínimo de siete meses que han planteado los organismos electorales para este tipo de elecciones.

Si la propuesta de Hernando Guerra se aprobaba con 87 votos en el Pleno, el Congreso hubiera tenido que esperar hasta agosto para su ratificación, pues se trata de una reforma constitucional sobre el recorte del mandato de las autoridades.

Ahora bien, si el dictamen era ratificado en el Pleno en agosto, ya solo quedaban cinco meses hasta diciembre, con lo cual no había garantías de viabilidad en el predictamen, conforme a los planteamientos de los órganos electorales.

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Esta observación fue expuesta el martes 7 por el legislador Luis Aragón (Acción Popular). El fujimorista Guerra García tuvo una semana y no desarrolló explicación alguna ni replanteó las fechas pese a contar en su despacho con ocho asesores y técnicos que demandan un gasto promedio de 62.000 soles mensuales.

Otro aspecto del predictamen es que se proponía que el mandato del nuevo presidente y los nuevos congresistas sería solo por el periodo de cuatro años y tampoco hubo mayor razonamiento en el documento.

Por su parte, Eduardo Salhuana (APP) opinó que las elecciones podrían desarrollarse en abril del 2024. Pero Hernando Guerra no agotó esfuerzo alguno para intentar buscar consensos sobre esta segunda opción.

Con la certeza de que el predictamen iba a ser rechazado por la mayoría de congresistas, el fujimorista ayer decidió someterlo a votación, sin efectuar ningún cambio, en relación con la semana pasada. Y así ocurrió: doce votaron en contra y solo nueve lo hicieron favor (ver detalle de la votación en el cuadro).

Aferrados a sus curules

Desde las bancadas de izquierda, nuevamente surgió el pretexto de la no inclusión en el predictamen del referéndum para la asamblea constituyente.

Los legisladores, sin embargo, no insistieron ni dieron pelea para que el tema siga siendo debatido. Optaron por lo más fácil, que fue la votación en contra para enviar todo al archivo. Así lo hicieron Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alex Paredes (Bloque Magisterial).

Con esta decisión de la comisión, todo queda en suspenso, al menos hasta agosto, cuando inicie la nueva legislatura.

Y pretenden “criminalizar” la libertad de expresión

La Comisión de Justicia, que preside Perú Libre, aprobó ayer un dictamen para modificar el Código Penal y así aumentar las penas para los delitos de difamación y calumnia.

El acuerdo fue adoptado a pesar de los argumentos en contra de la Defensoría y el Ministerio de Justicia.

La Defensoría precisó en un oficio que un aumento de la pena sería contrario a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues hay una incidencia directa en la libertad de expresión.

El sector Justicia explicó que el Congreso no ha sustentado debidamente las razones que justifican el aumento de las penas.

Ayer el presidente de la comisión, Américo Gonza (Perú Libre), no desarrolló ningún argumento ante estas observaciones.

Al contrario, su colega Alex Paredes (Bloque Magisterial), sostuvo: “Aquí no hay que tener miedo a una criminalización del derecho a hablar o de expresarse”.

El dictamen fue aprobado con siete votos de Doroteo (AP), Salhuana (APP), Alex Paredes (BM), Waldemar Cerrón (PL), Flavio Cruz (PL), Américo Gonza(PL) y Alejandro Muñante(RP).

La Prensa


La Misión de Solidaridad Internacional presentó el informe final de su visita a Perú

La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales argentinos, hizo público este lunes un informe final detallado con el registro de los asesinatos y la represión en Perú, ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En el acto realizado en el Congreso de la Nación en Buenos Aires, se exhibió un dictamen jurídico de los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, quienes plantean que el expresidente Pedro Castillo fue mal destituido o, en otras palabras, “nunca fue destituido legalmente”.

La misión argentina visitó territorio peruano el mes pasado para relevar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de la crisis política y social que estalló en diciembre con la detención de Castillo. “Vimos un despliegue y una ostentación de fuerzas que, por lo menos, yo no vi en ningún lado”, aseguró durante la presentación del informe Juan Grabois, dirigente social y parte de la comitiva.

“Hablamos de una cantidad de muertos que en ningún gobierno se puede sostener”, planteó Grabois en conferencia de prensa desde el Anexo C del Congreso de la Nación, y agregó que el trabajo de la misión, al menos sirvió para hacer visible la situación. “Ese será nuestro aporte y ojalá permita que la justa resistencia del pueblo peruano sea victoriosa y Perú vuelva al camino de la democracia y la plena participación política y social”, sostuvo el también abogado y escritor.

El Informe, que estará disponible a partir del martes en las redes de la misión, detalla el accionar represivo del Estado peruano y las vulneraciones a derechos fundamentales. La metodología utilizada consistió en entrevistas a víctimas o familiares de las mismas que tuvieron contacto con situaciones represivas en calidad de testigos o en primera persona. Parte de las denuncias fueron relevadas en el epicentro de la represión, condensada en las regiones sureñas de Perú, donde la población sufrió la mayor violencia policial.

La misión advierte que el Estado peruano debería ser investigado por incurrir en delitos de lesa humanidad. Además se agrega la vulneración de derechos fundamentales, la criminalización de la protesta cercenando el derecho de reunión, de asociación, de peticionar a las autoridades y a la libertad de expresión.
La defensa de Castillo

Por otra parte, Zaffaroni y Croxatto sostuvieron que Castillo sigue siendo el presidente de Perú, debido a que la acusación, según su criterio, no respetó el procedimiento contemplado en la Constitución Nacional peruana y el reglamento del propio Congreso. Plantearon incluso que los congresistas que votaron de forma “irregular” son pasibles de “antejuicio político” al haber “instrumentado un golpe de Estado blando contra Castillo, no respetando el debido proceso interno de acusación constitucional”.

Lo que corresponde legalmente para los letrados argentinos es reponer a Castillo en el cargo, abrirle una acusación constitucional y recién entonces “suspenderlo, destituirlo o inhabilitarlo si fuera el caso”. Castillo, de acuerdo a Zaffaroni y Croxatto, debería poder defenderse en un proceso formal y hablar ante el Congreso.

El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras la destitución de Castillo el pasado siete de diciembre dejó unos 60 muertos en todo el país, ante los reclamos de renuncia contra Dina Boluarte y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas. El accionar represivo del Estado fue repudiado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, e incluso potencias como Estados Unidos.

Página 12

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