La vuelta de la dictadura: un año de régimen de excepción en El Salvador – Por Héctor Silva Ávalos

Gang members are secured during a police operation at Izalco jail during a 24-hour lockdown ordered by El Salvador's President Nayib Bukele in Izalco, El Salvador, photograph released to Reuters by the El Salvador Presidency on April 25, 2020. El Salvador Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.
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La vuelta de la dictadura: un año de régimen de excepción en El Salvador

Héctor Silva Ávalos*

Al presidente Nayib Bukele le ha venido bastante bien el año que ya dura el régimen de excepción en El Salvador. Él, acompañado de la mayoría oficialista de diputados en el Congreso, decretó las medidas extraordinarias, que en esencia consisten en limitar los derechos constitucionales de los salvadoreños, el 27 de marzo de 2022, después de una masacre provocada por las pandillas MS13 y Barrio 18, una matanza en la que Bukele y los suyos también tienen responsabilidad.

El ministro de seguridad del gobierno, un exfiscal vinculado a policías y operadores políticos que han trabajado con el narco, pidió once veces la renovación del régimen de excepción. Y así vive El Salvador desde entonces: con derechos limitados, con 65 mil nuevos presos, con una Policía y un Ejército que imponen su fuerza en el territorio, buena parte de las veces de forma ilegal: capturando sin órdenes de arresto y golpeando a los arrestados aunque sean mujeres embarazadas.

A Bukele todo esto le ha venido muy bien desde el principio. El régimen de excepción le permitió al presidente muchas cosas, acaso la más importante es que le permitió perfeccionar su narrativa mesiánica, asegurar las preferencias de la opinión pública y hegemonizar la conversación política en torno a la seguridad pública.

En El Salvador ya poco se habla de la precaria situación financiera del Estado, que sigue siendo precaria, del fracaso espectacular de la aventura Bitcoin, del robo a mano alzada de fondos públicos que, una semana tras otra, los diputados de Bukele legalizan sin reparos.

Se habla de los abusos que comete la fuerza pública, de la estigmatización y de la criminalización a la que los voceros del gobierno y sus troles someten a quienes son demasiado débiles para responder; se habla de eso pero en voz baja: el miedo sigue creciendo sin parar, tanto que muchos entre quienes antes del régimen de excepción solían alzar la voz, desde el periodismo, la academia, la política o el sector privado, hoy guardan prudentes silencios.

También se habla poco de la reelección que el presidente, con el régimen de excepción en su quinto mes de vida, anunció en un acto lleno de militares y estética patriotera el Día de la Independencia de 2022. Nayib Bukele apenas habla de eso porque le basta con los videos, los tuits y los medios oficiales para reproducir, casi sin réplica, la propaganda sobre el régimen de excepción, sobre su guerra contra las pandillas y sobre la vuelta de la paz pública a El Salvador, un país que en 2015 tenía unas de las tasas de homicidios más altas del planeta.

Pero, en cuanto a narrativa, el éxito más importante de Bukele es que la propaganda ha opacado el asunto del pecado original en el que se basa este régimen de excepción. Fue él, el presidente, el que puso su músculo político para afianzar el pacto con los liderazgos pandilleros que empezó a construir cuando era alcalde de San Salvador, allá por 2015. Fue él, el que ordenó a sus funcionarios, Osiris Luna y el carcelero en jefe y Carlos Marroquín, el secretario de asuntos de pandillas, facilitar el uso de recursos públicos y de instalaciones penitenciarias para mantener vivo el pacto. Esas son, al menos, las conclusiones a las que llegaron decenas de fiscales salvadoreños y funcionarios estadounidenses que investigaron el asunto. Y cuando ese pacto se rompió, y los liderazgos pandilleros optaron de nuevo por matar, por abrir las válvulas dicen ellos, Bukele parió su hijo político más querido: el régimen de excepción.

La parafernalia también ha servido a Bukele para intentar echar tierra a otro asunto que le lastima el costado, que es la protección que su gobierno, incluidas su fiscalía y su Corte Suprema de Justicia, que son suyas a pesar de que los principios democráticos y las leyes digan otra cosa, sigue ofreciendo a líderes importantes de las pandillas, como Élmer Canales Rivera, el Crook, a quien el secretario Marroquín llevó hasta Guatemala para facilitarle la evasión de sus deudas con la justicia salvadoreña. Esto mientras Rodolfo Delgado, el fiscal general de Bukele que antes de serlo fue defensor de un empresario que lavaba dinero de las pandillas, protege a otros líderes de la extradición a Estados Unidos.

En los últimos meses, se habla mucho también de los resultados del régimen de excepción. La prensa salvadoreña independiente y varios medios internacionales han ido al terreno, sobre todo al barrio La Campanera y a otros de la periferia de San Salvador, y han visto cosas que han cambiado, que las pandillas ya no son visibles como antes, que la violencia ha bajado, que algunas fronteras invisibles ya no existen y que en un numero importante de barrios los vecinos viven más tranquilos. Visto eso, no ha faltado quien se haya apresurado a anunciar el fin de las pandillas. Pero el asunto es mucho más complejo.

Parece innegable que las pandillas se transformaron, al menos en sus rangos más bajos en las calles, y que la arremetida del Ejército y la Policía ha llevado una calma envenenada a muchos barrios del país; una calma que lo será mientras el habitante de ese barrio baje la cabeza ante el uniformado y no le toque en suerte convertirse en un arrestado entre los miles que la fuerza pública ha hecho para, entre otras cosas, llenar cuotas de presos impuestas por sus jefes para alimentar la narrativa del régimen de excepción. Es decir, ahí donde las pandillas tradicionales se han transformado se ha creado una nueva pandilla, uniformada está y con permiso para matar. Por ahora, esos nuevos dueños del territorio identificados con logos policiales y militares mantienen la calma tensa. Por ahora.

La calma también se mantiene en las cárceles, donde gracias al régimen de excepción, los presos y presas pueden pasar semanas sin ver a un juez, meses sin saber nada de sus familias, y donde, a falta de institución contralora alguna -Bukele manda en todas- no hay garantías de asistencia médica adecuada y los abusos se repiten a diario según las denuncias hechas por organismos de derechos humanos. El régimen también ha servido a Osiris Luna, el mandamás en las cárceles, para perfeccionar un sistema de corrupción que incluye pagos obligatorios de los familiares por la alimentación de los presos y pagos por visitas.

Cada vez que los voceros del régimen hablan de los presos, desde que eran 12 mil hasta hoy que rondan los 65 mil, dicen, sin cifras probatorias a la mano, que todos los detenidos son terroristas o pandilleros. Detrás de la afirmación se adivina la esencia dictatorial del gobierno Bukele: el presidente y sus funcionarios deciden, sin que medie intervención judicial, quién es culpable y quién no. El presidente y su aparato arrestan, encarcelan, juzgan y sentencian, como en cualquier dictadura de viejo cuño.

La otra gran víctima del régimen de excepción es el órgano judicial, cuya independencia Nayib Bukele y sus diputados cercenaron de forma rápida y eficaz para convertirla en lo que es ahora, una oficina pasapapeles del régimen. Tan irrelevante es la judicatura que, según confesión de la procuradora de derechos humanos, otra de los apéndices del régimen, es el Ejecutivo el que decide quién sale libre de las cárceles de Bukele.

Todo esto es posible porque El Salvador ya es, en la práctica, una república que no funciona, un sistema político en el que no hay separación de poderes porque el presidente los controla todos, un lugar en el que no hay acceso a la información pública, en el que la fuerza pública actúa sin control de otras instituciones y en el que el sistema de justicia no es más que un arma política. Hasta ahora las elecciones han sido libres, pero a partir de 2024 dejarán de ser legítimas porque, a pesar de repetidas prohibiciones constitucionales, el presidente se presentará para la reelección.

Como ya lo dijeron otros, el principal fruto del régimen de excepción es uno envenenado, es la consolidación de una dictadura con apariencia de república en la que nada funciona con estándares democráticos, sino según la voluntad del presidente. En esa dictadura, como en tantas antes que ella en tantas partes del mundo, hay una paz inicial aparente que, con los años, se transforma inevitablemente en sumisión absoluta, en hambre, precariedad y, al final, en caos. Porque cuando la pandilla criminal que hoy, uniformada y al mando de Nayib Bukele, controla buena parte del territorio salvadoreño deje de ser popular y vea cuestionado su poder responderá con el arma más importante a su alcance, que es la violencia del Estado.

*Periodista salvadoreño. Fue editor en español e investigador senior de la Fundación InSight Crime. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana de San Salvador y en la Universidad de Barcelona. Trabajó como reportero y editor en La Prensa Gráfica de El Salvador durante 15 años. Fue diplomático en Washington y fellow en el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. En 2014 escribió Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador (1993-2013) y fundó Revista Factum. Ha colaborado con varios medios centroamericanos, con El País de España y The New York Times entre otros

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