Tres escenarios posibles para Guillermo Lasso ante el juicio político
Estos tres escenarios tiene Guillermo Lasso ante el juicio político en la Asamblea Nacional
Enfrentar el juicio político en la Asamblea Nacional y que no se reúnan los 92 votos para destituirlo; ser destituido porque sí se alcanzaron los votos; o invocar la muerte cruzada para que se convoque a elecciones generales anticipadas, son los tres escenarios que tiene el presidente Guillermo Lasso para su futuro político ante el proceso que se desarrolla al interno del Legislativo por el presunto delito de peculado en la firma de un contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers.
Borrero asume tras destitución
En uno de estos tres escenarios, el vicepresidente Alfredo Borrero debe asumir la presidencia en apego al orden constitucional y es en el caso de que se concrete la destitución de Lasso mediante el juicio.
El vicepresidente asumiría el cargo por lo que resta de mandato y diferentes expertos coinciden en que de darse este escenario no sería algo nuevo en la historia política del país.
Sin embargo, mencionan que, una vez más, podría no terminar siendo la solución para la crisis política e institucional que atraviesa Ecuador e incluso cabe la posibilidad de que termine ahondando más los conflictos.
La poca aparición de Borrero ha sido uno los cuestionamientos que ha recibido en el tiempo que lleva en el cargo. No obstante, otros criterios aseguran que se ha limitado a cumplir las tareas asignadas por el presidente Lasso.
El 24 de mayo de 2021, Lasso, mediante decreto ejecutivo, encargó a Borrero la coordinación de las políticas públicas necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación.
Lasso supera el juicio político
Los votos de la llamada mayoría calificada, o sea 92, son los que se necesitan para censurar y destituir a un presidente dentro de un proceso de juicio político, según lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Sin embargo, hasta ahora se estima que habría 88 votos, los mismos con los que el Legislativo aprobó la resolución que dio vía libre al juicio político, moción planteada por Viviana Veloz, de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), quien es una de las interpelantes de Lasso.
Los otros 49 votos aún deben definirse para el día de la votación final.
En tanto, desde el Ejecutivo se sostiene que el proceso de juicio político es ilegítimo, pero que pese a esto el mandatario acudirá al pleno del Legislativo a ejercer su derecho a la defensa.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, fue el primero en reaccionar a la aprobación de la Asamblea de seguir con el proceso y la cuestionó.
“La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales”, indicó.
Lasso invoca la muerte cruzada
Esta es la primera vez que un mandatario será llevado a juicio político en el Parlamento con base en la Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, que se instaló en Montecristi (Manabí), y rige desde octubre de 2008 y también lo sería si Lasso decide disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales adelantadas invocando el artículo 148 de la Constitución.
Si el presidente finalmente decide invocar este mecanismo debe regirse por una de las tres causales que se establecen en la norma. De estas tres, solo una necesita obtener un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Estas son:
- Cuando a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).
- Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
- Por grave crisis política y conmoción interna.
El presidente puede ejercer esta facultad solo por una vez en los tres primeros años de su mandato. Luego que es invocado el artículo 148, en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
Asimismo, el Parlamento cerrará sus puertas por 90 días (tres meses), en tanto, el CNE desarrolla el proceso eleccionario.
Los 137 asambleístas que fueron electos en los comicios generales del 2021 dejarán sus funciones, aunque podrán postularse nuevamente a una reelección. Asimismo, el mandatario podrá optar por buscar ser reelecto.
Hasta que se desarrollen las elecciones y se concrete la instalación de la nueva Asamblea Nacional y del resto de autoridades, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.
No obstante, este escenario para diferentes analistas sería el menos deseable, ya que el Gobierno iría debilitado a enfrentarse con un correísmo que está en ascenso, luego de los resultados en las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero.
