Colombia | En una marcha en su apoyo, Petro denunció un “golpe blando” y anunció dos nuevas reformas

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“Quieren sacar al presidente”: el discurso de Petro desde la marcha por las reformas

El presidente Gustavo Petro acompañó las manifestaciones de este miércoles 7 de junio a favor de su gobierno y de las reformas sociales que se tramitan en el Congreso. Se unió a las marchas desde el edificio Murillo Toro, por la carrera séptima, en Bogotá, y se detuvo en la Plaza de Bolívar para ofrecer un discurso a la ciudadanía, en el que habló de hechos recientes, relacionados con los audios de Armando Benedetti, al caso de Laura Sarabia y a las reformas que se encuentran trabadas en el Legislativo.

En sus declaraciones se refirió a los medios de comunicación, a la Fiscalía, al Congreso y a los grupos económicos y empresariales. “Hemos vista una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel”, ofreció un ejemplo. También se refirió a las filtraciones y noticias que ha sacado la revista Semana: “Nosotros no chuzamos teléfonos (…) allanaron otra vez las oficinas de la Presidencia. Semana ordena y el CTI obedece”, dijo.

De acuerdo con el primer mandatario, hay un plan para “destruir el apoyo popular del Gobierno”, y aislarlo de la ciudadanía y dejarlo solo. Según dijo, las fuerzas políticas y económicas a las que se refiere, quieren generar presión para hundir las reformas en el Congreso y luego sacarlo de la presidencia, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al Gobierno para que pase lo mismo del Perú, es decir, sacar al presidente y meterlo a la cárcel”. Agregó que hay sectores que quieren un cambio de administración y elegir a un nuevo presidente, que según él sería el presidente del Senado del próximo periodo legislativo. “Eso se llama un golpe blando. Pedro Castillo en el Perú estaba solo, pero Petro no está solo. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo saldrá de cada rincón”, dijo.

Pidió al Congreso que apruebe las reformas

“Hemos presentado las reformas que el pueblo demandó y le solicitamos con todo el respeto, de nuestra propia humildad y nuestras ganas de justicia, que aprueben las reformas que garantizan los derechos al pueblo colombiano”, pidió Petro desde la Plaza de Bolívar.

En el Congreso se tramitan la reforma a la salud, laboral y pensional, que el Gobierno ha denominado como reformas sociales. Esos proyectos se encuentran trabados en el Congreso por falta de consenso y el único que logró superar su primer debate, con gran dificultad, fue la reforma a la salud.

De acuerdo con Petro, la solicitud al Congreso “no es violenta, irrespetuosa o armada. Esta es una solicitud popular que nace del pueblo excluido”. Insistió en que las reformas son un mandato popular, legitimo tras su elección como presidente en mayo de 2022. Si bien pidió la aprobación, dijo que hay espacio a discutirlas, como “lo hemos hecho durante meses”.

Respecto a las iniciativas gubernamentales también dijo que los textos no son radicales, “como la prensa ha dicho. Son apenas unas reformas que tratan de garantizar derechos esenciales simples, pero fundamentales de la gente. Cómo se va a decir que es perverso, negativo y que no sirve”.

¿Qué dijo sobre la crisis gubernamental?

“Nosotros no chuzamos teléfonos”, dijo el presidente Petro, quien informó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) allanó este miércoles las oficinas de Presidencia. “Abrimos las puertas, porque no tenemos nada que ocultar. Entraron a unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, vieron los aparatos y solo hay computadores para definir las avanzadas del presidente por las regiones. (…) No encontraron una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie”, aseguró.

Por el contrario, reiteró que hubo chuzadas contra el Pacto Histórico durante el periodo de campaña presidencial y que para ese caso, “no se ha investigado ni un delito. (…) Fueron horas y horas de grabación, que entregaron a los medios y nadie dijo nada”.

Finalmente, sugirió que la presión ejercida por la opinión pública tiene a exmiembros de su gobierno con dificultades de salud y que la información filtrada “puede llevar a seres humanos al suicidio”, aunque no se refirió a nombres en específico.

El espectador


Servicios públicos y Ley 30: el presidente Gustavo Petro anuncia nuevas reformas

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, durante un discurso en la carrera Séptima de Bogotá, que las reformas sociales van a seguir y que el siguiente semestre llegarán al Congreso de la República las reformas a la Ley 30 y a los servicios públicos.

«Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia», aseguró el jefe de Estado.

«Serán los proyectos del próximo semestre: la reforma a los servicios públicos para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia», aseguró el mandatario durante una jornada de manifestaciones a la que convocó para respaldar las reformas sociales que por estos días tramita el Congreso.

Y agregó: «Vamos por la reforma de la Ley 30 de educación superior para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano poder vivir con dignidad. Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia de la República».

Sin embargo, estos dos proyectos estaban en la agenda legislativa del Gobierno para este semestre, pero no se tramitaron.

El mandatario aseguró que su Gobierno está cumpliendo a sus electores y por eso llevarán esas iniciativas al Legislativo: «Esos cambios que el país necesita y esperamos que las diferentes fuentes del Congreso de la República sepan escuchar este pueblo. Sepan escuchar esta solicitud respetuosa y sepan entender que el respeto no es debilidad. Que el pueblo Colombiano no ha abandonado al Gobierno».

Precisamente, el mandatario le pidió al Congreso que apruebe las reformas sociales, pues son, dijo, «una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la gente excluida, de la base de la nación colombiana. Les solicitamos aprueben lo que el pueblo de Colombia aprobó en las urnas. Es un mandato popular que podemos discutirlas como durante meses lo hemos hecho. Podemos aceptar cambios, pero ninguno que afecte la posibilidad de las garantías de los derechos de la gente».

«Vamos por un trabajo digno. Vamos por una salud en las casas de la gente gratuita y para toda la población en todo el territorio nacional. Vamos porque cualquier viejo, cualquiera vieja de nuestra patria tenga un bono pensional decente con el cual poder existir», remató el mandatario por este tema.

El tiempo


Diálogos con ELN: presidente Petro y “Antonio García” anunciarán cese al fuego

Con la presencia del presidente Gustavo Petro y del máximo jefe del ELN, Antonio García, se cerrará el tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y esa guerrilla, en La Habana, Cuba. Se espera que también anuncien un acuerdo de cese al fuego bilateral.

El anuncio del viaje lo hizo el propio jefe de Estado durante las marchas de apoyo a su paquete de reformas. “Mañana voy a Cuba, voy a algo que puede ser muy importante para Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país. Va a ser difícil todos lo sabemos, más difícil de hacer la guerra es hacer la paz”.

El evento de cierre del tercer ciclo que está previsto para las 2 p.m. hora de Colombia. Esta ronda de negociaciones arrancó el pasado 2 de mayo. También se prevé que Eliécer Erlington Chamorro, conocido en la guerra como Antonio García, estará presente, ya que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, reveló el pasado 5 de junio que suspendió las órdenes de captura en contra del comandante guerrillero.

Desde el pasado 5 de junio se está especulando sobre la posibilidad de que este jueves se anuncie el acuerdo de cese al fuego bilateral, ya que el propio presidente Petro filtró en un mensaje de Twitter un aparte de un documento en el que se enunciaba que esa medida sería de carácter nacional y regiría por seis meses, a partir del 8 de junio.

La foto, que fue borrada a los pocos minutos, dejó claro que el tema fue discutido con la cúpula militar, ya que en la imagen se ve al director de la Policía, general William Salamanca; al comandante General de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla; y al comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina Gutiérrez. En el documento proyectado se lee: “Orden de inicio: responsabilidad de cada una de las partes y de la mesa. Evaluación: cada mes para verificar aciertos y oportunidades de mejora, siguiendo su vocación de continuidad y progresividad”.

Se espera también que al final de este ciclo se den a conocer detalles de un acuerdo sobre los mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de diálogo. Esas fueron las metas que se propusieron las partes al iniciar este tercer ciclo, en medio de una crisis desatada tras el ataque del ELN a una patrulla militar en el Catatumbo que dejó 10 uniformados muertos.

Este sería el primer encuentro entre el presidente Petro y Antonio García, tras la instalación de la mesa de diálogo el pasado 21 de noviembre de 2022. Los dos se han trenzado en discusiones públicas a través de Twitter y en varias ocasiones sus trinos han puesto en aprietos a los equipos negociadores que se han encontrado en Venezuela, México y ahora en Cuba.

Este encuentro es significativo, ya que el tema del cese al fuego ha sido motivo de discordia entre las partes, desde que el pasado 31 de diciembre el presidente Petro anunció en Twitter que había un acuerdo al respecto con el ELN y con otros cuatro grupos armados. El asunto generó el primer desencuentro entre las partes e hizo que el gobierno suspendiera el decreto que ordenaba el cese de operaciones ofensivas contra esta guerrilla.

Ese desencuentro hizo que el segundo ciclo en México empezara, el 13 de febrero, con reclamos por parte de la delegación que encabeza Pablo Beltrán para que se respetaran los conductos acordados para hacer los anuncios bilaterales.

Esa ronda, que terminó el 10 de marzo, concluyó con el llamado Acuerdo de México que incluye una declaración de principios y la agenda de negociación detallada de seis puntos. Ese día las partes anunciaron que habían dado pasos hacia el cese al fuego bilateral y temporal. “Abrimos de par en par las puertas de la participación ciudadana, entre más baje el ruido de las armas, más deben subir las voces de la gente que quiere construir la paz”, afirmó en ese momento el jefe del equipo negociador del gobierno Otty Patiño para explicar que cese al fuego y participación de la sociedad iban de la mano.

El 29 de marzo, tras el ataque del ELN a una patrulla militar en El Carmen, Norte de Santander, que dejó 10 soldados muertos y ocho más heridos, el presidente Petro puso en duda la voluntad de paz de esa guerrilla. Reunió de emergencia a su equipo negociador y a los embajadores de los países garantes y acompañantes, para exigir que durante este tercer ciclo se pactara un cese al fuego y de hostilidades bilateral.

Y ese ha sido el tema de mayor discusión entre las partes, al punto de que extendieron el ciclo una semana más. La idea del Gobierno ha sido exigirle a la guerrilla un cese de hostilidades que amplíe la protección a las comunidades que más han sufrido los rigores del conflicto. Incluso, que pueda alcanzarse un cese multilateral con otros actores armados.

Para Petro, un cese de operaciones ofensivas entre la Fuerza Pública y la guerrilla es insuficiente, ya que la mayor afectación a la población civil proviene de los enfrentamientos entre ilegales y de acciones directas de éstos sobre civiles con reclutamiento de menores de edad, secuestros, amenazas y confinamientos a comunidades y ataques a liderazgos sociales.

El viaje del presidente Petro a Cuba ocurre en medio de la tormenta política que causaron las filtraciones, enfrentamientos y acusaciones mutuas entre dos de sus más cercanos colaboradores, la exjefa de Gabiente Laura Sarabia y el exembajador en Venezuela Armando Benedetti. Ese capítulo ha dejado señalamientos de uso indebido del polígrafo a una exempleada de Sarabia, la aceptación de que hubo interceptaciones ilegales por parte de las autoridades a una particular y acusaciones de una supuestada entrada irregular de dineros a la campaña electoral del Pacto Histórico.

Estos avances con el ELN le darían un aire adicional a la política de paz total de Petro que ha sufrido varios tropiezos, tras la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo y con las disidencias de las FARC comandadas por Iván Mordisco, grupos con los cuales no se ha avanzado en la instalación formal de mesas de diálogo.

Las claves para un cese al fuego exitoso

Para esta negociación, las partes evaluaron la experiencia del cese al fuego de 101 días que pactaron el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN en septiembre de 2017, en cuanto a involucrar a la Iglesia y a las comunidades de los territorios en el monitoreo y veeduría.

La creación y activación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que contará con la participación de la MAPP OEA y la Misión de Verificación la ONU en Colombia serán claves para que el cese funcione y se fortalezca la confianza entre las partes.

Uno de los grandes interrogantes será si en el acuerdo se incluyen dentro de las conductas prohibidas acciones contra la población civil como el secuestro, la extorsión, la instalación de minas antipersona y la vinculación de menores de edad al conflicto

El Espectador


Cientos de personalidades de la izquierda internacional denuncian un “golpe blando” contra Petro

Emma Jaramillo Bernat

El respaldo que Gustavo Petro no ha encontrado en Colombia, donde su favorabilidad cae en las encuestas, llega de la mano de intelectuales, políticos y líderes sindicales de izquierda de 35 países. Este miércoles se ha dado a conocer una carta en su apoyo que firman más de 370 personalidades de las más distintas latitudes —desde Canadá hasta Argentina; desde Bélgica hasta Senegal.

“Un golpe blando está en marcha”, dice la misiva que suscriben, entre otros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el jurista español Baltasar Garzón, el líder laborista británico Jeremy Corbyn y el excandidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon. Los firmantes consideran que los poderes tradicionales “se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”. Y hablan con nombres propios: señalan a la Procuraduría, con Margarita Cabello al frente, y a la Fiscalía, a cargo de Francisco Barbosa, de perseguir “activamente a los representantes del Pacto Histórico”.

“A menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”, señala la carta, también firmada por el expresidente colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero.

Varios congresistas del Pacto Histórico, el movimiento político oficialista de Petro, están siendo investigados por la Procuraduría. El documento menciona a Alex Flórez, Alexander López, David Racero, Susana Gómez, mejor conocida como Susana Boreal, y a María José Pizarro, una de las negociadoras del Gobierno con el ELN, pero hace énfasis en el caso del senador Wilson Arias, contra quien se abrió un proceso por lo que la carta llama el supuesto “delito” de “pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021″.

Para los firmantes —entre los que también resaltan el activista estadounidense Noam Chomsky y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau—, las acciones de la procuradora, a quien califican como una “estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque”, constituyen una “violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos”.

Dichos procesos “pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas”, indica el texto, y dificultan que las reformas de salud, laboral y pensional que busca adelantar Petro en el Congreso puedan llegar a buen puerto. “El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían ‘paz total’ al país”.

Petro argumentó, el 29 de mayo pasado, que se estaba llevando a cabo un “golpe blando” en su contra, que afectaba su formación en el Congreso. Lo hizo justo después de la decisión del Consejo de Estado de anular la elección como senador, por doble militancia, de Roy Barreras, uno de los hombres clave para sacar adelante sus reformas. Luego aclaró que se refería al fiscal general y a la procuradora general, que se estarían comportando como actores en una guerra jurídica contra el Gobierno y sus aliados, justamente lo que argumenta la misiva. Dos días más tarde la bancada del Pacto Histórico pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interviniera para evitar ese “golpe blando”.

El País

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