Las múltiples dimensiones del Terrorismo de Estado en Uruguay – Por Carla Larrobla

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Las múltiples dimensiones del Terrorismo de Estado en Uruguay

Por Carla Larrobla*, especial para NODAL

EL 27 de junio de 1973 el presidente Juan María Bordaberry emitió el decreto de disolución de las cámaras. Ese gesto marcó el fin de un proceso y consumó el Golpe de Estado en Uruguay. A partir de ese momento comenzaría un período dictatorial de 13 años marcado por el Terrorismo de Estado.

El camino que condujo a tal evento da cuenta de un proceso signado por el avance del autoritarismo y la apelación a instrumentos constitucionales ya existentes, que fueron acompañados por la aprobación de marcos legales que ampliaron las potestades del Estado y de las Fuerzas Armadas permitiendo el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos. El marco legal de la dictadura quedó establecido en democracia, siendo está una de las particularidades de este proceso que Álvaro Rico ha llamado: el camino democrático a la dictadura.

Una de las características principales de la dictadura uruguaya es la prisión masiva y prolongada. Aproximadamente 6000 uruguayos fueron procesados por la Justicia Militar y cumplieron su condena en los centros de reclusión. La cifra en cuestión refiere justamente a los procesamientos, pero a ellos deben sumarse una enorme cantidad de ciudadanos que fueron detenidos y recluidos sin procesamiento posterior. De muchos de ellos no existen registros en la documentación estatal mientras que otros son consignados como “internados” bajo Medidas Prontas de Seguridad. De esto se desprende la dificultad de establecer una cifra concreta pero al mismo tiempo da cuenta de que uno de los instrumentos más utilizados por los organismos de seguridad consistía en la detención arbitraria de cualquier persona que pudiera ser objeto de sospecha.

Es importante recordar que el pasaje por los centros de reclusión provoca una huella traumática en la memoria y en los cuerpos de las personas que padecen el desconcierto, la tortura y el terror.

Es este mecanismo uno de los pilares sobre los que se sostiene el clima de miedo y desconfianza que comenzó a recorrer a la sociedad toda. De allí que sea importante afirmar que el terrorismo de Estado “nos pasó a todos” pues todo el entramado social se vio afectado por sus efectos y por la intención de desarticular los lazos sociales que habían posibilitado, y aún hoy perviven, el desarrollo de prácticas de solidaridad y de unión.

Una país panóptico

Siguiendo en esta línea es interesante detenerse en la idea de la vigilancia y el control que fue ejercido sobre la sociedad. Más allá de las comisiones de censura que se generaron para el contralor de todas las expresiones artísticas y culturales, las agencias de inteligencia del Estado desarrollaron mecanismos de vigilancia que muestran una aspiración totalitaria en términos de control. Asociaciones de padres, de venta de productos, clubes sociales, reuniones familiares, cualquier evento que permitiera el nucleamiento de personas era objeto de un servicio de vigilancia.

Este montaje de control y vigilancia sobre toda forma de expresión social o ciudadana es parte de un proceso que cobra fuerza a finales de los años 60, pero cuya implementación legal y normativa data, como ya mencionamos, de los gobiernos conservadores y dictatoriales de los años 30. Así la censura a los medios de comunicación, el contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de la difusión de determinadas noticias, la prohibición de libros, autores, músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., queda establecida legalmente antes del Golpe de Estado.

A partir del 1974, todo ciudadano que quisiera desempeñar un cargo público o que realizara un tramite frente a un organismo del Estado, debía presentar el Certificado de Fé democrática que, sumado al estudio de sus antecedentes, le proporcionaba una clasificación: A- B- C, dependiendo de su “peligrosidad” y/o de su comportamiento en función de los parámetros establecidos.

Desaparición a dos orillas

Otra de las formas más perversas de expresión del Terrorismo de Estado estuvo signada por la acción desaparecedora. 197 uruguayos fueron detenidos y desaparecidos durante la dictadura.

Si bien el primer desaparecido data del año 1971 (aún en democracia), es importante hacer hincapié en que las dinámicas represivas a los servicios uruguayos tuvieron un giro a partir de 1976 y la profundización del Plan Cóndor. En este caso, los operativos represivos de desaparición forzada cobraron una nueva dimensión, siendo masivos y concentrándose en la República Argentina. Allí operaban de forma conjunta las fuerzas uruguayas y argentinas en el desmantelamiento de organizaciones nacionales que se habían exiliado en la vecina orilla. Muchos de estos uruguayos fueron trasladados de forma ilegal a Uruguay, desconociéndose el paradero de sus cuerpos hasta el día de hoy.

Una mención especial merecen los niños apropiados durante este proceso, cuya identidad fue robada y sustituida, en el caso de Uruguay 13 niños fueron restituidos y 3 continúan desaparecidos.

Asesinados bajo responsabilidad del Estado.

Entre 1968 y 1985, 202 personas murieron bajo responsabilidad del Estado, muchos de estos decesos se produjeron en enfrentamientos entre organizaciones revolucionarias y servicios de seguridad, pero muchos otros fueron producto de la negligencia médica, la falta de atención, la tortura física y psicológica.Los suplicios padecidos en los centros clandestinos de detención y tortura, las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los presos y las presas políticas, todos estos elementos generan un espiral de deterioro y sufrimiento que, en muchos casos, culminó con la muerte en interrogatorios o la autoeliminación.

Otro de los aspectos del terrorismo de Estado se configura en torno al exilio de miles de personas, que debieron abandonar el país ya sea porque el gobierno sancionó su expulsión, porque sus nombres formaban parte de listas de requeridos o porque el despliegue de la represión ponía en riesgos sus vidas y las de su familia. Así se inició un largo peregrinaje que tuvo distintas características según el grado de involucramiento y participación política de los que emigraban. Es interesante señalar que las agencias de inteligencia llevaban un riguroso control sobre las actividades que realizaban los uruguayos en el exterior, dando cuenta, una vez más, el desdibujamiento de las fronteras en el marco de las coordinaciones represivas regionales e internacionales.

El 27 de junio marca el inicio de la agudización de un proceso, donde el Estado no cumplió con su función primordial: garantizar los derechos de los ciudadanos, por el contrario, se instaló un clima de avasallamiento normalizado.

El terrorismo de Estado permite desmontar cualquier teoría sobre la existencia de “dos demonios” pues no es equiparable la violencia desplegada desde el poder que la ejercida por organizaciones sociales. Porque esa violencia instaló un clima de miedo y terror en todos los espacios de la vida social. Por eso es fundamental recordar que estos procesos nos involucran a todos y que sus efectos aún perduran.

*Profesora de Historia. Magister en Ciencias Sociales. Investigadora en temas de historia reciente.

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