Brasil | Casi 800 indígenas fueron asesinados durante el gobierno de Bolsonaro

Personas indígenas se manifiestan contra el gobierno de Bolsonaro, en Brasilia, en septiembre de 2021.ERALDO PERES (AP)
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Los ataques a indígenas se duplicaron durante los años de Bolsonaro: casi 800 fueron asesinados

Por Joan Royo Gual

Los pueblos indígenas brasileños suelen decir que llevan resistiendo exactamente 523 años, el tiempo que hace que las carabelas portuguesas asomaron en la línea del horizonte. El informe anual del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), divulgado este jueves, prueba que en los últimos cuatro años, el primer presidente abiertamente beligerante contra la causa indígena en la historia de la democracia les obligó a hacer un esfuerzo extra: durante el Gobierno de Jair Bolsonaro la violencia se multiplicó exponencialmente; fueron asesinados 795 indígenas, 180 de ellos en 2022.

En las casi 300 páginas de documento, esta organización ligada a la Iglesia católica recopila datos oficiales de todos los Estados del país para hacer un retrato exhaustivo de los ataques de los últimos años, que vincula estrechamente a las políticas del expresidente. Los casos de violencia contra las personas indígenas (asesinatos, amenazas de muerte, lesiones corporales, racismo o violencia sexual) llegaron a una media de 373,8 al año, con un aumento del 54% respecto a los cuatro años anteriores (bajo los gobiernos de Michel Temer y Dilma Rousseff).

“La intensidad y gravedad de esos casos no pueden comprenderse fuera del contexto de desmonte de la política indigenista y de los órganos de protección ambiental durante los cuatro años bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro”, indica el informe. El expresidente, por ejemplo, llegó al cargo prometiendo no dedicar “ni un centímetro más” de tierra a los indígenas, y así lo hizo, a pesar de que la Constitución obliga a reconocer legalmente los territorios ocupados históricamente por las poblaciones nativas. El Gobierno intentó reiteradamente aprobar leyes para permitir explotar las tierras indígenas y deshidrató desde dentro los órganos que deberían proteger a estas comunidades, lo que a la postre derivó en un escenario de conflictos, indefensión e inseguridad jurídica en el campo. Tan solo en 2022, hubo 309 casos de invasión y explotación ilegal de recursos.

El año pasado, en Estados como Mato Grosso do Sul, Maranhão y Bahía, las disputas por la tierra y la falta de protección derivaron en asesinatos de indígenas en los que incluso participaron agentes policiales como “seguridad privada” de terratenientes, denuncia el informe. En la tierra indígena Comexatibá, en el sur de Bahía, el pataxó Gustavo Silva da Conceição, un chaval de apenas 14 años, fue asesinado durante uno de los varios ataques de grupos que los indígenas definen como “milicianos”. Los casos así son recurrentes. En el Estado de Mato Grosso do Sul, el granero de donde cada año salen miles de toneladas de soja hacia el mundo, los guaraní kaiowá se enfrentan desde hace décadas al todopoderoso sector agrícola brasileño. Tras reivindicar como territorio ancestral la hoy registrada como hacienda Guapoy, hubo una expulsión violenta por parte de la Policía Militar que acabó con un muerto, Vitor Fernandes, y decenas de heridos.

Ninguno de estos asesinatos tuvo una repercusión mediática comparable a los del periodista británico Dom Philips y el indigenista Bruno Pereira en junio del año pasado. Sus cuerpos fueron descuartizados y quemados en el Valle del Yavarí, la región del mundo con más pueblos indígenas no contactados. El informe certifica que poco después del terrible homicidio continuaron las amenazas a indígenas de la región.

Especialmente grave es la situación de los indígenas yanonami, en el norte del país, en la frontera con Venezuela. En los últimos años, el discurso permisivo de Bolsonaro con la minería ilegal en tierras indígenas provocó la llegada de más de 20.000 garimpeiros en busca de oro. El presidente, lejos de desautorizar la actividad, llegó a visitar una excavación ilegal en la tierra indígena Raposa Serra do Sol para explicitar su apoyo. Entre las muertes más cruentas del año pasado, el informe cita la de una adolescente yanomami de 12 años que fue violada y asesinada por garimpeiros en una aldea de la región de Waikás, una de las más afectadas por la minería ilegal.

Las invasiones contaminan los ríos con mercurio, lo que a su vez acaba con la pesca, principal fuente de alimentación de estos indígenas. El resultado de años de negligencia estatal saltó a la vista el pasado mes de enero, cuando las imágenes de adultos y niños yanomami famélicos, con las costillas a la vista, dieron la vuelta al mundo. El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva montó una compleja operación para expulsar a los garimpeiros, pero las consecuencias tardarán en desaparecer. Uno de los datos más escalofriantes del documento se encuentra en la categoría sobre muertes por “omisión de poder público”, sobre todo por falta de asistencia sanitaria. Entre 2019 y 2022, murieron un total de 3.552 niños indígenas de entre cero y cuatro años por este motivo, un 35% más que en los cuatro años anteriores.

De esas muertes, el CIMI identificó 1.504 que se dieron por causas evitables, como diarrea, fiebre, neumonía o desnutrición. El territorio yanomami, de nuevo debido a la invasión de los garimpeiros, fue el más afectado. A pesar de que aquí vive apenas el 4% de los indígenas brasileños, el 17,5% de las muertes por ausencia de políticas públicas adecuadas se produjo aquí, con 621 niños fallecidos en los últimos cuatro años. Los especialistas afirman que el número podría ser mayor, ya que hay puntos de muy difícil acceso donde los garimpeiros aún ocupan los precarios puestos de salud repartidos por la selva. El informe habla en varias ocasiones de genocidio y pide la creación de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad, como la que se instaló para investigar los crímenes de la dictadura militar.

El País


Brasil registrou quase 800 indígenas assassinados durante governo Bolsonaro

Por Leandro Melito

Sob a presidência de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, foram registrados 795 homicídios de indígenas. No ano passado, houveram 180 casos no país.

Os dados constam no relatório Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – 2022, lançado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) nesta quarta-feira (26).

Na edição desta quinta-feira (27), o programa Central do Brasil traz uma reportagem que mostra os principais destaques da publicação anual do Cimi.

Roraima e Amazonas, estados onde está a Terra Indígena Yanomami (TIY), somaram 208 e 163 assassinatos de indígenas sob Bolsonaro, respectivamente. Em terceiro lugar aparece o Mato Grosso do Sul, com 146 casos. Juntas, as três unidades federativas foram responsáveis por 65% do total de mortes violentas no período.

O Cimi também aponta que os três estados que acumulam os maiores índices de assassinatos de indígenas também são os campeões no número de suicídios. Entre 2019 e 2022, foram totalizadas 535 mortes de indígenas por suicídio, sendo 74% deles no Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima.

«Esse relatório, diferente dos outros, fecha um ciclo da perversidade, de quatro anos de brutalidades. É por isso que a gente se preocupou em trazer os dados compilados dos últimos quatros anos. Porque no governo do inominável havia um roteiro programático do genocídio», pontuou Roberto Antonio Liebgott, organizador do relatório do Cimi.

O evento de lançamento do relatório ocorreu na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e contou com a presença de lideranças indígenas e representantes da CNBB e do Cimi, dentre eles, Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Dom Roque Paloschi, presidente do Cimi e arcebispo de Porto Velho (RO); Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Cimi.

Em 2022, a postura anti-indígena do governo Bolsonaro também se refletiu no aumento de conflitos por direitos territoriais, com 158 registros em todo o país. Já a exploração exploração ilegal de recursos, invasões possessórias e danos ao patrimônio dos indígenas somaram 309 casos, pelo menos em 218 terras indígenas de 25 estados do país.

A reportagem completa está disponível na edição desta quarta-feira(27) do programa Central do Brasil no YouTube do Brasil de Fato.

E tem mais! 

Greve no cinema

Nos Estados Unidos, os atores de TV e cinema se somaram à greve dos roteiristas que começou em maio. Pedro Paiva, nosso correspondente em Nova York, conversou com o diretor executivo do sindicato sobre as reivindicações da categoria que parou Hollywood.

Destruição ambiental

Mais de 50 famílias do Assentamento Veredão, em Chapadinha, no Maranhão, estão ameaçadas por uma empresa do agronegócio de São Paulo. Mesmo com a situação, licença ambiental foi expedida em favor da empresa, o que vem sendo questionado pela Federação Maranhense dos Trabalhadores Rurais.

Central do Brasil é uma produção do Brasil de Fato. Ele é exibido de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 13h, pela Rede TVT e por emissoras públicas parceiras.

Brasil de Fato

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