El gobierno colombiano ante un doble cerco – Por Philip Potdevin

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Philip Potdevin*

La apuesta del Presidente es que, a través del diálogo, los consensos y las coaliciones, aquellos que han gobernado el país estén dispuestos a consentir sacrificios que van en contra de sus intereses; pero sus propios errores lo ponen aún más lejos de logar el cambio social ofrecido

La dinámica del primer gobierno progresista del país, al aproximarse su primer año en ejercicio, genera más inquietudes que esperanzas entre quienes creyeron ser testigos de un decisivo cambio social en el país. Colombia, inmersa dentro de una compleja geopolítica regional, y un mundo no menos convulso, se asoma a tres años de una incierta situación marcados seguramente por la tendencia que ha quedado expuesta tras la llegada del Histórico (PH) a la Casa de Nariño.

En primer lugar, la insuficiente mayoría en el Congreso para adelantar las reformas sociales obligó al Gobierno, desde el primer día, a buscar compromisos y alianzas con la clase dirigente y partidos políticos tradicionales. Esos acuerdos, que al comienzo parecían iban a abrirle un camino expedito tenían –como en cualquier gobierno de coalición– una escasa probabilidad de éxito, en especial, ante la agenda de esas fuerzas de minar y desprestigiar ante la opinión pública cualquier probabilidad de arraigo de una iniciativa progresista en Colombia. Por ello el balance legislativo, tras el cierre de la legislatura, es tan pobre: la reforma tributaria con apenas logros de una tributación progresiva, la reforma política hundida, la de salud pendiente, y la laboral y la pensional postergadas. Igualmente, otros proyectos de ley presentados por el Gobierno –el de humanización carcelaria y la ley de sometimiento–, también se hundieron, al igual que el de la regularización del consumo de cannabis.

El anterior panorama era esperable; difícil imaginarse un escenario diferente en que los proyectos legislativos presentados por el Gobierno pudieran ser aprobados sin mayor discusión o tras debates con un mínimo porcentaje de ajustes y concesiones para salvar cada iniciativa. No solo no se consiguieron los objetivos oficialistas en el Congreso –a pesar de que este quiera presentar un balance favorable, sobre la base de la aprobación de la reforma tributaria y del Plan Nacional de Desarrollo–, sino que quedó visto que los años que le restan de dirección del país, serán de estériles logros, a no ser a costa de concesiones que van en contra del corazón programático del Gobierno o de un alto y cuestionable precio cuantificado en dádivas burocráticas. Lo mismo, ocurrió. en menor escala, durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, en la que su insuficiente representación en el Concejo capitalino lo dejó sin juego político para adelantar sus proyectos.

Por demás, el otro gran esfuerzo presidencial, el de la Paz Total con los diferentes grupos que continúan alzados en armas, desde las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el duro hueso del Eln –veterano de más de media docena de fracasados intentos de negociación–, sigue sin un horizonte claro de lo que pueda conseguirse dentro de esta presidencia. La fecha lanzada, con mucho optimismo, por el Presidente de un acuerdo con esta guerrilla para el 2025 de inmediato fue desmentida por Antonio Garcia, su comandante. Nada más contraproducente en un proceso de negociación que una de las partes demuestre afán en llegar a acuerdos, sin respetar lo avanzado con la contraparte.

Lo que el país ha presenciado en estos diez meses iniciales, de los 48 que marca la Ley, es algo relativamente inédito en la historia nacional, si bien es algo que muchas democracias se han acostumbrado a solventar: un gobierno elegido para sacar adelante profundas reformas sociales y económicas obligado a filtrarlas a través de parlamentos o congresos en donde no logra las mayorías. Al final, las parálisis de ello derivadas llevan a su desgaste.

En Colombia, esto no se había vivido de manera tan clara como ahora. Los gobiernos anteriores, desde el Frente Nacional hasta Duque, todos de centro-derecha, siempre sacaron adelante sus iniciativas a través de coaliciones concertadas con supuestos “partidos de oposición” que en últimas, en sentido estricto, no eran sino alternantes del poder compartido por una misma elite política, financiera y territorial. En ninguno de esos periodos presidenciales estuvo en juego el modelo económico social y político que ha regido el país desde su constitución. A lo sumo, quizás lo más audaz fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91 que permitió abolir la centenaria constitución de 1886 de Núñez, y darle al país una nueva carta política que inauguró un “Estado social de derecho” con acuerdos programáticos entre el Partido Liberal, el Conservador y el M19. Pero aún así, ni siquiera en esa Asamblea Constituyente se cuestionó el modelo de Estado sobre el que ha orbitado Colombia desde siempre, como tampoco se puso a riesgo el modelo económico neoliberal del país durante los diálogos de paz en La Habana con las Farc.

El Presidente Petro, que debió atenuar su programa político y social hasta revestirlo de un ropaje socialdemócrata –como lo señalaría cualquier ortodoxo, sea del siglo XIX, como Marx, del XX como Althusser o Lukacs o del XXI como Jappe, de los riesgos y limitaciones que genera toda socialdemocracia cuando se trata de dar vuelco a un sistema– para alcanzar la presidencia en el 2022, de todas formas arribó con una rica agenda de cambios sociales que cubre al conjunto de la estructura estatal y de gobierno.

Es decir, en el papel, la apuesta es refundar a Colombia desde adentro. En la realidad, es arremeter directamente al corazón de un país político y económico que lo ha usufructuado durante dos siglos bajo un único modelo económico que privilegia lo individual sobre lo social, el capital sobre el trabajo, la utilidad y rentabilidad sobre la inversión social, el interés particular sobre el público. Por ello, el pulso visto en los once meses de gobierno es asimétrico y desbalanceado: de un lado, el fortísimo poder político y económico del establecimiento, con su enorme peso e inercia; del otro, una mayoría, representada en el PH, relegada y marginada. El presidente Petro se enfrenta a lo que él bien anticipó: una dura oposición que desnuda el carácter conservador –en el sentido más amplio del término– de una sociedad que se rehúsa a ceder sus privilegios y prerrogativas.

En esas circunstancias, el mandatario ha tenido que lidiar con su propio lastre –un lejano pasado de excombatiente del M19– que ha sido magnificado y aprovechado, más ahora cuando está en el poder, por sus opositores haciéndolo aparecer ante la opinión pública como un peligro para la democracia, de allí los esfuerzos que ha debido hacer para convencer, no sólo con palabras sino con hechos a unos y otros, que él no es ni comunista, ni guerrillero, ni expropiador, ni dictador, sino todo lo contrario, un demócrata que abraza el capitalismo. “Bienvenido el capitalismo”, afirmó el día de su posesión, en una ambivalente declaración que reveló los extremos a los que debió llegar, en sus malabares ideológicos, para entrar al Palacio de Nariño como gobernante.

Ese esfuerzo, de procurar inscribirse dentro de una socialdemocracia del s. XXI, en un país de vocación eminentemente reaccionaria (diferente a los gobiernos europeos del Estado de Bienestar Social de la segunda mitad del siglo pasado), bajo el vestido de corte latinoamericano “progresista”, lo ha ubicado en una coyuntura donde su margen de maniobra es demasiado estrecho para sacar adelante sus reformas, pues debe transigir en el espíritu original de las propuestas sociales por cuatro causas principales.

La primera, lo dicho, la falta de apalancamiento propio en el Congreso que lo obliga a buscar coaliciones con partidos opuestos a la esencia de sus propuestas como son Cambio Radical, El Partido Conservador, el Partido de la U y el mismo Partido Liberal; la segunda, disminuir el calibre de sus propuestas para no aparecer como expropiador o enemigo de la propiedad privada; la tercera, para no disparar alarmas y generar animadversión entre los organismos multilaterales y los principales socios económicos del país como son Estados Unidos y la Unión Europea, y la cuarta, la propia inestabilidad que ha generado en su gabinete removiendo diversos responsables de ministerios De esa forma, el Presidente ha creado su propio cerco que lo limita en su autonomía. Son demasiados compromisos los que ha puesto en juego para mantener una precaria gobernabilidad.

Todo lo anterior lo logra a costa de lo que muchos analistas, entre ellos este propio medio, advirtieron desde el mismo momento de su triunfo electoral de no concretar su oferta electoral: la desilusión e insatisfacción de los movimientos sociales alternativos de todo tipo y de millones de campesinos y desposeídos del país que alcanzaron a mirar con esperanza que esta vez sí se estaba, por primera vez, ante un gobierno de cambio.

Es evidente que el Presidente no la tiene fácil, y que los tres años por delante parecen más sombríos que soleados. El fantasma del “golpe blando” seguramente no se evaporará del todo, pero es más probable que devenga innecesario, pues a la oposición le es más útil un gobierno maniatado, ineficaz y paralizado, pero vestido de legitimidad al que le dan un mínimo juego político para pasar unas tímidas reformas que apenas si enuncian pero no cambian el modelo social y económico del país, que acudir a las vías de hecho como es común en otros países de la región.

Sin embargo, desde otra perspectiva, el Presidente no hace mucho para mejorar su situación ante tanta presión que lo agobia. En primer lugar, resalta que la estrategia comunicativa del gobierno –sostenida básicamente en un único pivote de trinos a su cargo– es pobre e ineficaz. Lo dicen sus mismos escuderos. El senador Alexander López, presidente del Congreso en la legislatura que terminó el 20 de junio, y líder de la bancada del PH, admite en reciente entrevista:

No estamos comunicando bien. Tenemos graves problemas de comunicación. Y tenemos que mejorar, con nuestro Presiente a la cabeza, las relaciones con las altas cortes, con la clase política, con los gremios. Manejar las relaciones con la población en general, comunicarnos más con la ciudadanía. Por ejemplo, mientras en Colombia nos cuestionan las reformas, la Ocde ve con muy buenos ojos la laboral y la de salud”.

Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar, quien también, en reciente entrevista, afirma:

“[…] hay inconformismo. El país no está contento. A mí me parece que es muy positivo que la gente se manifieste. Eso es síntoma de vitalidad en la democracia, además hace mover al Gobierno”. Y luego añade: “El Estado es paquidérmico, es lento para ir a la contratación. El Estado no se mueve al ritmo que quisiera el Presidente para cumplir todas las promesas de campaña.” Y más adelante, coincide con Alexander López: “El Presidente está satisfecho con las cifras macroeconómicas. Le dije que, si la gente está inconforme, es porque el Gobierno no ha tenido un buen aparato comunicador y en eso tenemos que mejorar… hay mucha gente manipulada [por una estrategia de comunicación de la oposición] de una manera u otra. Yo no creo que una persona salga a protestar contra una reforma laboral que establece que a la gente la van a pagar más por trabajar los dominicales o las horas extras nocturnas. Eso no me cabe en la cabeza. Hay manipulación, porque me resisto a creer que un señor proteste porque le vamos a dar una pensión por haberle aportado años de trabajo a este país”.

Ambas perspectivas coinciden en lo principal: el gobierno carece de una buena estrategia de comunicación que pueda generar el suficiente contrapeso a una estrategia sencilla pero contundente del establecimiento: deslegitimar y desprestigiar al Presidente, su familia, al Gobierno y a sus funcionarios. Para ello hay una muy bien articulada red de medios escritos, hablados, televisivos, cibernéticos, editorialistas, columnistas, influenciadores y redes socuiales que acuden a todo, incluido a los fake news para alcanzar su cometido.

Hay muchos ejemplos que ponen en evidencia la ausencia de una estrategia sólida del Gobierno en este asunto. Por citar uno: basta ver o escuchar los canales de televisión y radio del Estado para darse cuenta de lo desaprovechados que están en una función que debería ser instrumental para los efectos de movilizar a la opinión pública para que comprenda y apoye las iniciativas que adelanta el Gobierno. El noticiero Rtvc emite como si fuera uno más entre tantos que son controlados por los grandes poderes económicos del país. Pero tampoco parece tener explicación alguna que, en las franjas de mayor audiencia, esos canales sigan transmitiendo enlatados de hace cincuenta años o películas de Cantinflas, como si no hubiera una estrategia de gobierno más importante por comunicar a las clases más desfavorecidas que necesitan de las prometidas reformas sociales.

Pero el asunto no termina allí en cuanto a la pobre estrategia comunicativa del Gobierno cuando este deja en la orfandad a los medios independientes y alternativos, aquellos que precisamente, sin renunciar a su independencia, pueden servir de contrapeso a la gran prensa y a la vez de amplificador y catalizador de las ideas, propósitos y logros del gobierno, en medio de una gran campaña orquestada para desprestigiarlo, en sus fines como a sus funcionarios de primer orden. Los medios alternativos, entre los que están, por supuesto, pero no únicamente, desdeabajo  y Le Monde  diplomatique edición Colombia, son ignorados y aislados. Para estos es prácticamente imposible conseguir una entrevista –ni con el Presidente, ni con la Vicepresidente, ni con los ministros ni ningún otro alto funcionario del gobierno; las repetidas solicitudes son ignoradas o contestadas en negativo–, una declaración, un adelanto de noticia, un informe privilegiado que permita a estos posicionarse ante la opinión pública como un medio influyente y al tanto de la realidad del país.

Es notable que el Presidente Petro se queje de los medios informativos –lo que la oposición llama “ataque estigmatizante contra medios de comunicación y periodistas– pero, al mismo tiempo no haga nada, o muy poco, por fortalecer y auspiciar una prensa alternativa, independiente y libre que potenciada por el acceso a información de primera mano le haga contrapeso a los grandes grupos económicos del país. Acciones tan sencillas que pasan, por ejemplo, por ayudar a financiarlos a través de suscribir a los ministerios y otras instancias del alto gobierno, a la par de anunciar en sus páginas o sitios web. Pero también, como ya se anotó, a dotarlos de información privilegiada que facilite su ejercicio informativo y los potencie como medios de obligatoria consulta.

Todo esto ha sido imposible de lograr durante este primer año de gestión alternativa, sin cambios de peso, además, en lo comunicativo y cultural. El esfuerzo de censar a los medios alternativos y comunitarios convocados al Teatro Colon de Bogotá terminó en poco más que nada, desnudando la pobreza que lo recubre en la materia referida.

Pero sus yerros no terminan allí. En un ejercicio de autocrítica, los ya mencionados Alexander López y Gustavo Bolívar, dos de los principales alfiles de Gustavo Petro, reconocen que la capacidad de ejecución del gobierno es baja. Se ha puesto demasiado peso en sacar adelante las reformas y se ha relegado lo que ya está al alcance del Gobierno para, a través de una buena gestión, adelantar cambios sociales de manera inmediata sin tener que esperar reformas tamizadas por los intereses de los partidos. Realidad con riesgo de prolongarse ya que en las semanas y meses que siguen toda la acción política estará marcada por la agenda electoral de octubre próximo.

Dice Bolívar: “No nos vamos a pasar otro semestre esperando se aprueben las reformas. Hay un país esperando ser incluido, ser redimido. Si uno mira la ecuación, la pobreza absoluta, la miseria, el hambre es la que empuja a los jóvenes a meterse en narcotráfico, guerrillas, paramilitares”. Por su parte, Alexander López, afirma: “Insistiremos en las reformas sociales. Eso es el plan A…Pero hay un tema importantísimo y es exigirles a los ministros y a los funcionarios que cumplan. Hoy, los ministros y los altos funcionarios del Estado tienen herramientas, tienen agendas, rutas, Plan de Desarrollo y tienen plata. Entonces vamos a apretar muy duro a los ministros para que ejecuten. Vamos a hacerle control político desde la bancada del gobierno a los ministros ya los propios funcionarios para exigirles que le cumplan al país”.

En medio de acción gubernamental, en disputa cada vez más abierta con el establecimiento, el panorama de los tres años por venir es desalentador. Una oposición cada vez más articulada entre sus distintos actores, una certera estrategia manipulativa mediática para exponer al jefe de Estado y su gobierno en todas sus particularidades, debilidades y errores, animando enfrentamientos entre los funcionarios del gobierno, y más significativo aún, el tratar de gobernar desconectado de las bases sociales que son la verdadera fuerza del país, y sin la necesaria y efectiva estrategia comunicativa –que debiera considerar a la diversidad de medios alternativos y comunitarios–, son los ingredientes de un explosivo coctel que puede llevar a cualquier lugar al país que esperó doscientos años a vivir un cambio profundo en sus estructuras.

Una espera y una realidad que impregna la decena de meses al frente de la gestión pública, en los cuales la apuesta del Presidente –algunos la pueden calificar de osada, corajuda e impetuosa, otros de cándida– es que, a través del diálogo, los consensos y las coaliciones, aquella sociedad que ha gobernado el país esté dispuesta a consentir sacrificios que van en contra de sus propios intereses. Otras apuestas históricas, en especial, la de los grupos insurgentes, de cambiar el sistema a través de las armas, se han demostrado igualmente estériles. Aún quedan opciones distintas para lograr una transformación social profunda, específicamente las que acuden a los movimientos sociales, a las organizaciones horizontales, a las comunidades de base de la sociedad que proponen que es posible un mundo diferente, una sociedad diferente, una vida para la multitud diferente.

* Escritor, integrante del consejo de redacción de Le Monde diplomatique edición Colombia

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