El Salvador | El Congreso aprueba juicios “masivos” para los detenidos durante el régimen de excepción

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Asamblea omite observaciones de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema en reformas a la Ley contra el Crimen Organizado

Por Denni Portillo

La Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas aprobó ayer disposiciones transitorias para poder realizar juicios masivos a las personas detenidas bajo el régimen de excepción, y reformas a la Ley contra el Crimen Organizado (LCO), pese a que estas últimas recibieron varias observaciones por parte de la presidencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Dichas observaciones fueron hechas por la magistrada Sandra Luz Chicas, en la reunión del pasado martes por la tarde. En esta, la magistrada presidenta comentó que la iniciativa le fue entregada apenas un día antes de la reunión para que las estudiara y pudiera emitir opinión.

Pese al tiempo en contra, Chicas le hizo observaciones a varios de los artículos, desde señalamientos a disposiciones que podrían quedar como «decorativas» hasta otras que consideró podrían convertir a los jueces en «pasapapeles».

“Me preocupa esta parte, porque dice que con solo la vista deberá ordenar la práctica. ¿Qué pasa si falta un requisito, si no ha motivado? Pareciera que el juez va a ser solo pasapapeles”.
Sandra Luz Chicas, presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ.

La presidenta de la Sala de lo Penal hizo dichas observaciones ante el hecho que si la FGR considera necesario solicitar al juez que reciba una declaración anticipada de testigos, víctimas o peritos, a este le baste solo con ver la solicitud para aprobar y ordenar dicha diligencia.

«Me preocupa esta parte, porque dice que con solo la vista deberá ordenar la práctica. ¿Qué pasa si falta un requisito, si no ha motivado? Pareciera que el juez va a ser solo pasapapeles y no va a poder valorar», indicó Chicas sobre los riesgos de aprobar la reforma con dicha redacción.

La magistrada consideró que había reformas que sí eran positivas (como la utilización de recursos electrónicos para la presentación de solicitudes y documentos en sede judicial), pero también advirtió que debía tomarse como referencia la Convención de Palermo (de la que El Salvador es firmante) y que regula los temas relacionados al combate del crimen organizado.

De hecho, el oficialismo se refirió a la reforma a la LCO únicamente mencionando el aumento en la pena a los cabecillas de las pandillas y omitiendo el resto de artículos. Sin embargo, Chicas objetó también dicho aumento de pena.

«La observación es el principio de proporcionalidad, porque pudiera haber una crítica técnica de que se diga que se le está poniendo más pena al que dio la orden que al que directamente mató. Hoy por hoy, el autor directo, el coautor y el mediato tienen igual pena, ni más ni menos», explicó la presidenta de la Sala de lo Penal.

Pese a esas y otras observaciones, la comisión dictaminó la reforma sin leer el dictamen públicamente. Hasta ayer, cuando se leyó en plenaria, se pudo notar que no fueron tomadas en cuenta las sugerencias hechas por la magistrada Chicas.

“Estas reformas son para hacerle el trabajo más liviano a la FGR, que ya no tenga que investigar; con acusar tiene que avanzar el proceso”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Disposiciones

Ambas normativas fueron entregadas por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el 11 de julio, cuando fue aprobada la décimosexta prórroga del régimen de excepción; y fueron abordadas en la comisión de seguridad el pasado martes.

Villatoro y el fiscal general, Rodolfo Delgado, dieron su visto bueno a las iniciativas con las que se pretende juzgar a las personas detenidas durante el régimen de excepción. Según datos del oficialismo, las capturas ya suman más de 71,000.

Sin embargo, con anterioridad, Villatoro ha reconocido que a dicha cifra se le deben descontar las más de 5,000 personas que han sido liberadas luego de que no se les pudiera comprobar vinculación con pandillas, y que no han recibido ninguna reparación por parte del Estado por el tiempo pasado en detención provisional.

Las disposiciones transitorias para ordenar el procesamiento de imputados, explicaron los funcionarios, permitirán que los detenidos sean juzgados en grupos. En lugar de individualizar casos, se realizarán juicios colectivos en los que se juzgará la pertenencia a una pandilla, a la que se le imputarán diferentes delitos.

“Se le está atribuyendo (a la FGR) la facultad de agrupar individuos; cosa que debería ser competencia de un juez”.
Johnny Wright Sol, Nuestro Tiempo.

Esta aplicación de medidas fue cuestionada por legisladores de oposición, que argumentaron con base en los riesgos de que personas inocentes sean mezcladas con pandilleros y acaben purgando penas sin haber cometido delitos.

«Es un esquema diseñado para cumplir con el propósito del Gobierno de mantener a todos los detenidos en la cárcel, con una condena firme; hacer estas condenas de tipo masivo, como las capturas, violentando el debido proceso y los derechos indivuales de los imputados», indicó el diputado Johnny Wright (Nuestro Tiempo).

Mientras, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) cuestionó el nuevo plazo de 24 meses que la FGR tendrá para realizar dichas agrupaciones de detenidos.

Según las disposiciones, si un detenido pasa esos dos años sin ser incluido en un grupo a juzgar, será liberado definitivamente. «Va a esperar dos años en prisión, siendo inocente. Y al final no va a haber ninguna responsabilidad para quien le acusó de forma injusta», criticó Ortiz.

La Prensa Gráfica


«Aprueban aumentar la pena de Carcel para cabecillas de pandillas»

Por Julio Villarán

Diputados de la fracción mayoritaria de Nuevas Ideas, y fracciones aliadas, aprobaron este miércoles las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de aumentar las penas carcelarias para los cabecillas de grupos criminales.

“La población y el salvadoreño honrado tiene quién los represente y este pliego de reformas viene a darle cumplimiento a la pronta y cumplida justicia que jamás se llevó a cabo”, expresó el parlamentario Mauricio Ortiz.

Actualmente, la normativa establece penas máximas de hasta 45 años para los jefes de pandillas, pero la propuesta aprobada contempla el aumento de tres tercios en la condena. Es decir, que podrían llegar a purgar hasta 60 años de reclusión.

“Con esto buscamos que aquellos que están delinquiendo vean que El Salvador ya no es el país en donde hacen lo que quieran. Eso se acabó”, expresó el presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Seguridad, Eduardo Amaya, mesa de trabajo que emitió los dictámenes favorables.

Por su parte, el diputado William Soriano dijo que en materia de seguridad son pocos los países que han podido entregarle a su población resultados irrefutables y argumentó que las medidas tomadas por esta nueva Asamblea Legislativa han sido oportunas y eficientes.

“Pasamos de ser el país más violento del mundo, sin guerra activa, a ser un país que ha establecido y ha entregado un modelo eficiente a la región de cómo devolverle la paz y la tranquilidad a la población. Trabajaremos hasta capturar al último pandillero”, afirmó Soriano.

Aprueban disposiciones transitorias

Los parlamentarios también aprobaron, con 67 votos, disposiciones transitorias especiales para brindar herramientas al Órgano Judicial y con ello poder ordenar el procedimiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022.

Actualmente, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que 71,976 personas han sido detenidas acusadas de cometer delitos relacionados con las pandillas.

Estas disposiciones son una herramienta que le brindará facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo procedimientos transicionales, que incluye la agrupación de los imputados por estructura delictiva.

Con esto se pretenden ordenar todas las capturas que se han realizado en el marco del régimen de excepción. Esta iniciativa agilizará los procesos judiciales en contra de los capturados.

“Las disposiciones ofrecidas por la Fiscalía vienen a brindar orden a la hora de procesar a esas organizaciones. Ya no existirá esa dualidad de procesos, además se establece un plazo máximo de 24 mases para que se lleven a cabo ese proceso (investigaciones)”, manifestó el parlamentario Amaya.

El legislador explicó que el proceso penal actual lleva más de cinco etapas y con las disposiciones especiales se busca hacerlo más simple y objetivo.

“Si leemos la reforma, esta vuelve más funcional el proceso, más efectivo y dota de herramientas a la Fiscalía en el proceso probatorio. También se puede solicitar una prueba anticipada de testigos, algo normal en otras estructuras procesales de otros países”, aseguró sobre la temática el parlamentario Jorge Castro.

La Página

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