Allende, Estados Unidos y la CIA – Por Cecilia Vergara Mattei
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Allende, Estados Unidos y la CIA
Por Cecilia Vergara Mattei *
El proyecto de transformación socialista en democracia encabezado por el presidente Salvador Allende y los partidos de la Unidad Popular, constituía una respuesta única al desafío de los sesenta en América Latina de superar el capitalismo y la dependencia, con una fórmula que no fuera la revolución en su dimensión insurreccional o de lucha armada, sino en el completo respeto a las instituciones democráticas.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) desclasificó dos Informes Diarios del Presidente Richard Nixon que ofrecen nueva luz sobre el golpe militar respaldado por Estados Unidos en Chile el 11 de septiembre de 1973. Casi 50 años después de su redacción, estos documentos salen a la luz en respuesta a una petición formal del gobierno chileno, liderado por Gabriel Boric, con el objetivo de arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la historia chilena.
El primero de los informes, del 11 de septiembre de 1973, detalla que la CIA informó al entonces presidente de EEUU, Richard Nixon, que los oficiales militares chilenos estaban comprometidos en restaurar el orden político y económico en el país. Y señala que posiblemente carecían de un plan efectivamente coordinado para aprovechar la oposición civil. Este informe es considerado crucial para entender la perspectiva de Estados Unidos sobre los acontecimientos previos y posteriores al golpe.
El segundo informe, de una semana después, contiene información incorrecta que fue transmitida a Nixon, donde se afirmaba erróneamente que no había «evidencias de un plan de golpe coordinado de tres servicios» en Chile y advertía que los elementos exaltados de la Marina podrían actuar bajo la creencia de recibir automáticamente apoyo de otros servicios militares, lo que podría llevarlos al aislamiento.
Estos informes arrojan luz sobre la relación entre Estados Unidos y el golpe militar chileno de 1973. Durante años, estos documentos habían sido retenidos en su totalidad, generando interrogantes y especulaciones sobre el papel de Washington en el golpe y su posterior apoyo al régimen de Augusto Pinochet.
Peter Kornbluh, especialista en Chile del Archivo de Seguridad Nacional, destacó la importancia de estos documentos, aunque cuestionó por qué habían permanecido en secreto durante tanto tiempo. Expresó su deseo de que esta desclasificación impulse a la administración Biden a liberar otros documentos históricamente valiosos relacionados con el golpe y sus secuelas, a petición del gobierno chileno.
En los años setenta y ochenta, la Justicia fue cómplice del horror en Chile y Argentina, y también en otros países de la región, como lo sigue siendo en otros tantos en nuestros días. La dictadura de Augusto Pinochet, afín a la de Francisco Franco en España, formó parte del diseño de un sórdido plan de eliminación, secuestro y desaparición de oponentes políticos en el Cono Sur americano. El denominador común era el terror y la barbarie militar que seguían la doctrina de la Seguridad Nacional impulsada desde Estados Unidos, bajo el mando de Richard Nixon
Decía Regis Debray que Allende vivió como un epicúreo; se dio la muerte como un estoico, el cañón del arma apuntando su boca. Ese 11 de septiembre de 1973, el buen vividor Allende tuvo un final a la romana. No estaba previsto que entraría en la leyenda y permanecería en las memorias. Había dos hombres dentro de él y, desde fuera, hasta ese entonces, solo habíamos visto uno solo: un radical-socialista de buen humor, confiado en la muñeca, aficionado al pisco, a la buena comida, a las bromas y a las mujeres hermosas.
Porque Allende tenía sentido del humor, cosa rara en la izquierda, donde la seriedad es tradición, y no posaba al héroe que sería un día. No llevaba ni barba ni boina, el compañero presidente. Unos gruesos lentes de carey, un bigotito bonachón, la voz burlona y cálida, simpático, fraternal e incluso masón, como Pinochet, por lo demás. Tenía todo lo necesario, diría yo, para alejar las sombras fatídicas; y para engañar a su mundo.
La Unidad Popular no era nada punitiva ni puritana. Optimista. No estaba concebida para el odio ni para la agresividad, pasión negra y viscosa y lejos estaba el suicidio del presidente Balmaceda, en el siglo anterior. Los cacerolazos de los barrios ricos no llevaban a desdeñar las ostras, los maravillosos erizos y el sabroso vino blanco.
El juez español Baltasar Garzón, señala que la causa judicial que obligó al general chileno Augusto Pinochet a enfrentar a la justicia por sus crímenes, tiene como precedente inmediato la causa de las Juntas Militares de Argentina. Todo comenzó el 24 de marzo de 1996, fecha en la que se conmemoraban veinte años del Golpe de estado cívico militar en Argentina. Después del juicio a las juntas de 1985, Argentina vivía en un clima de impunidad generalizada, gracias a las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), así como a los indultos del presidente Carlos Menem.
Frente a esta situación, la Unión Progresista de Fiscales de España (UPF) decidió presentar una denuncia por los crímenes cometidos en la dictadura argentina ante la Audiencia Nacional española. El sistema de reparto quiso que la misma recayera en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que Garzón era titular entonces.
La denuncia invocaba el principio de Jurisdicción Universal que, dado el tenor literal del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de España de 1985, era amplio, puro, sin restricciones ni exigencias adicionales más que la configuración de los delitos enlistados en la norma. El 28 de marzo de 1996, Grazón dictó el auto de admisión por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
En la misma línea, en el verano de ese mismo año, el 4 de julio de 1996, de nuevo la asociación de fiscales progresistas (UPF), interpuso una denuncia en contra de los miembros de la Junta Militar chilena. Al frente del Gobierno se encontraba en aquel tiempo el presidente José María Aznar, que, inicialmente, se mantuvo distante, pero luego no escatimaron esfuerzos en detenerlo, con acciones y omisiones que contradecían el más mínimo sentido de la decencia.
Hoy, 50 años después, el sangriento golpe en Chile sigue siendo uno de los ataques más miserables, como lo fue el de Francisco Franco en España en 1936, contra el pueblo y la libertad democrática, que dieron paso a años de obscuridad y violación sistemática de los derechos humanos, recuerda Garzón.
Garzón escribe que “Nunca imaginé que firmaría la orden de detención para que Scotland Yard entrara en la clínica de Londres y arrestara a Pinochet. Fue posible gracias a las víctimas de la dictadura, que fueron denunciando desapariciones, asesinatos y torturas, frente a todas las adversidades
El escenario
La victoria electoral de la Unidad Popular en setiembre de 1970 fue un escenario bipolar en que se enfrentaban, por un lado, un proyecto socialista democrático, cuyo núcleos centrales eran la construcción de un área de propiedad social que permitiera un nuevo modelo de desarrollo y un conjunto de medidas que resolvieran los grandes problemas que acuciaban a los sectores populares, lo que incluía la participación y movilización de éstos.
Pero seguían actuando las fuerzas económicas y políticas nacionales e internacionales dominantes (Estados Unidos) que buscaban mantener y profundizar el statu quo y su lógica de acción y objetivo central desde el inicio (incluso antes de asumir el gobierno de Allende) era su eliminación.
En este escenario bipolar, (capitalismo vs socialismo en democracia en términos de proyecto, derecha vs izquierda en términos políticos, pueblo contra clases dominantes en términos sociales) en que inicialmente el centro político, la Democracia Cristiana y las clases medias no se identificaban con los dos polos y las Fuerzas Armadas mantenían su posición de respeto al gobierno, participando luego en él institucionalmente, la Unidad Popular debía realizar su programa para cumplir su promesa, atrayendo a las clases medias y su expresión política para hacerse realmente un gobierno mayoritario.
Y la derecha y los poderes económicos, por su parte, siguiendo su estrategia de eliminación o derrocamiento del gobierno para lo que podían utilizar cualquier medio (institucional o insurreccional), buscará impedir de diversas maneras la realización del programa y crear las condiciones para que el centro político se subsuma en su estrategia.
Para ello le entregó el liderazgo de la oposición buscando el derrocamiento constitucional del gobierno, y, al mismo tiempo, para que las Fuerzas Armadas perdieran su lealtad con el sistema institucional y derrocaran al gobierno legítimo, convirtiéndose en una dictadura portadora del proyecto de destrucción de la democracia y restauración y recomposición del orden capitalista.
*Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
