Chile | 50 años del golpe: el Estado deberá pagar millonaria indemnización a 20 detenidos y torturados en la dictadura

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Corte de Apelaciones confirma indemnización a 20 detenidos y torturados de la UTE: serán más de $1.000 millones

Por Diego Bravo

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el pago de una indemnización por parte del fisco a 20 funcionarios y estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (ex Universidad Técnica del Estado) que fueron detenidos y sometidos a torturas por parte de agentes del Estado en septiembre de 1973, al momento del golpe militar.

En total, serán $1.615.000.000 los que desembolsará el fisco por concepto de daño moral, que es también una confirmación de una sentencia dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago.

En el fallo de primera instancia se estableció: “La obligación de reparación íntegra entonces emana de la aplicación preferente al derecho internacional de los Derechos Humanos para cumplir los compromisos que el Estado chileno ha contraído y aplicar dichos tratados de buena fe. Normas internacionales que son de ‘aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5 de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían aludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno y que invoca el Consejo de Defensa del Estado en resguardo de los intereses fiscales”.

En la misma línea, se consigna que los crímenes de lesa humanidad y “las acciones de reparación integral no han prescrito, puesto que la condición de imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria en este caso, emana de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos a la luz de los principios generales del derecho internacional que tiene rango supra legal, por aplicación del artículo 5 de la Constitución Política de la República, ya citado; sin que pueda invocarse derecho interno de menor jerarquía para desatenderlas, por lo cual también las alegaciones principal y subsidiaria de prescripción de la acción de responsabilidad serán desestimadas”.

Las personas reparadas fueron Sergio Muñoz Cáceres, Luis CIfuentes Seves, Héctor Peña Soto, Carlos Vega Pizarro, Gregorio Suárez, Bustos, Emilio Daroch Fernández, María Geraldina Lisham Guerrero, Carlos Galaz Muñoz, Eduardo Nallar Abud, Mario Navarro Cortés, Fedora Demsky Verdugo, Érica Osorio Araya, Sergio Moscoso Bustamante, Aldo Leal Labrín, Marcela Lizana Fuentes, Rimski Reyes Ramírez, Álvaro palacios González, Eduardo Tourrel Navarrete, Iris Aceiton, Venegas y Juan Bautista Martínez Amigorena. Los montos van desde los $90 millones a los $40 millones.

ADN Radio


Informe Valech: Gobierno propone levantar secreto como ayuda al Plan de Búsqueda

La intención del Gobierno para levantar el secreto del Informe Valech tiene como finalidad ayudar en el trabajo que realizará el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, presentado la semana pasada en el marco de la próxima conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende y dio inicio a la cruenta dictadura de Pinochet (1973-1990).

Así lo explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, este martes en la excárcel de Valparaíso, hoy convertida en un parque cultural, hasta donde llegó junto a sus pares de la Segpres, Álvaro Elizalde, y de las Culturas, Carolina Arredondo.

Fue en 2003 cuando el entonces Presidente Ricardo Lagos mandató la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a cargo del sacerdote Sergio Valech, al que debe su nombre, con la idea de aclarar las identidades de quienes fueron víctimas de torturas y privación de su libertad por motivos políticos durante la dictadura.

Por seis meses, la instancia escuchó a más de 36 mil personas y logró calificar a 27.225 como víctimas durante ese periodo. Sin embargo, el Estado asumió el compromiso de no publicar los vejámenes a los que fueron sometidos las víctimas de crímenes de lesa humanidad; una decisión históricamente cuestionada por organismos de DDHH que han pedido revertirla.

En ese marco, Cordero presentó en Valparaíso una agenda legislativa con proyectos en la materia, que abordarán la calificación jurídica de una persona ausente por desaparición forzada, la tipificación de ese delito y también el alzamiento del secreto del Informe Valech.

«El levantamiento parcial consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de los informes Valech I y II, en los mismos términos que los tiene actualmente el instituto Nacional de Derechos Humanos», expuso.

«La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan, trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes, previo consentimiento de las víctimas o sus herederos», aclaró.

El ministro sostuvo que, «de igual modo, se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto, en los mismos términos en que ha venido sucediendo en la actualidad», sentido en el cual precisó que, «del total de víctimas, actualmente se han requerido un poco más de 8.000 carpetas con sus testimonios y sus antecedentes».

También se buscará permitir «la posibilidad de que, respetando la voluntad de las víctimas, (a través de) los Tribunales de Justicia se pueda permitir el acceso a los antecedentes, al igual como sucede en el caso de Valech II», agregó Cordero.

Mientras que el ministro Elizalde explicó que «en esto quiero ser bien enfático y el ministro Cordero también lo fue: son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información, de hecho en la actualidad pueden requerir su carpeta con todo su testimonio, y adicionalmente los tribunales de justicia han requerido información que sea relevante para las investigaciones que están llevando adelante, pero al mismo tiempo, nos parece que el análisis global de toda la información contenida en la Comisión Valech pudiera entregar antecedentes adicionales en el marco del Plan Nacional de Búsqueda».

Reiterando que «algo bien importante: si una víctima obviamente se opone, está en su legítimo derecho y nosotros siempre vamos a respetar finalmente las decisiones de las víctimas».

La iniciativa fue cuestionada por la diputada RN Ximena Ossandón, quien señaló que le parece «impresentable que sea el propio Presidente de la República quien esté traicionando a todas aquellas personas que decidieron usar este mecanismo y no ir a los tribunales de justicia».

«Le pediría al Presidente que tuviera más cuidado, más cautela en este afán de protagonismo, yo creo que se le está pasando la mano», puntualizó la integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz (PC) declaró que «a nosotros nos parece extraordinariamente positivo en lo que dice relación con el Plan Nacional de Búsqueda y mantener secreto sobre esos testimonios es contrario absolutamente a los estándares internacionales, porque equivale a un verdadero pacto de silencio».

Los 17 años de la dictadura de Pinochet dejaron cerca de 40.000 víctimas, entre torturados y presos, y más de 3.200 opositores ejecutados, de los cuales un tercio permanece aún desaparecido, según datos oficiales.

Las víctimas de desaparición forzada llegan a 1.469 personas. Hasta la fecha, según las autoridades, solo 307 cuerpos han sido hallados.

Cooperativa


50 años: Chile Vamos realiza declaración conjunta y evita hablar de Golpe de Estado

Por Diego Vera

Los partidos de Chile Vamos emitieron una declaración conjunta de 7 puntos sobre los 50 años del Golpe de Estado de 1973, pero evitando usar ese concepto y hablando sobre un “quiebre de la democracia”.

“Este año se cumplen 50 años desde el quiebre de la democracia que, en septiembre de 1973, marcó la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente nuestra convivencia, con efectos cuya huella pesa hasta hoy en nuestras relaciones y confianzas”, inicia la declaración.

Entre los 7 compromisos que indica Chile Vamos destacan el respeto a los Derechos Humanos, el compromiso por la paz, la libertad de pensamiento y de expresión, o la seguridad.

. Nuestro compromiso con la democracia, comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias.

2. Nuestro compromiso con la Constitución y las leyes, respetando en toda acción el Estado de Derecho.

3. Nuestro compromiso con los derechos humanos, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad.

4. Nuestro compromiso con la paz y la buena convivencia, condenando toda expresión, movimiento o llamado que se valga de la violencia o el terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos.

5. Nuestro compromiso con la promoción de la dignidad humana en todas sus formas, como fuente de libertades y de garantías sociales que comprometen a todos y cada uno.

6. Nuestro compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas, en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad.

7. Nuestro compromiso con la seguridad del país y su población, fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen dicha labor.

El documento cierra con un llamado al presidente Gabriel Boric, para “que enfatice los aspectos que nos unen, sin odio ni resentimiento, velando porque el próximo lunes 11 de septiembre quede atrás la violencia política y sea una jornada pacífica y segura para todos”.

Además de no utilizar el concepto de Golpe de Estado, en el comunicado tampoco hablan sobre la dictadura militar (1973-1990), ni tampoco hacen mención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sobre los detenidos desaparecidos.

Biobio

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